Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131226
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.226, "Sánchez, Gonzalo Nicolás y Miguelito, Rafael Antonio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 77.490 y acum. n° 77.501 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, de Lázzari.
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de febrero de 2017, rechazó por improcedente los recursos homónimos interpuestos por las defensas de Gonzalo Nicolás Sánchez y de Rafael Antonio Miguelito, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, que los condenó a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas para cada uno, por resultar coautores responsables del delito de homicidio en ocasión de robo (arts. 45 y 165, Cód. Penal) (v. fs. 65/81 con relación a fs. 21/40, legajo casatorio n° 77.490).
Frente a lo así decidido, los respectivos defensores de cada uno de los acusados presentaron recursos extraordinarios ante esta Corte. El señor defensor oficial adjunto ante la mencionada instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en beneficio de Gonzalo Nicolás Sánchez (v. fs. 97/123 vta.); y el señor defensor adjunto de casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, igual presentación efectuó en favor de Rafael Antonio Miguelito (v. fs. 125/130), los cuales fueron concedidos por el tribunal inferior mediante resolución de fs. 131/136.
A fs. 306 se tuvo por recibida -formándose anexo por separado- la presentación efectuada por el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitando ser admitido en calidad de amicus curiae, petición que este Tribunal desestimó por las razones dadas en la resolución del 30 de octubre de 2019 (v. anexo).
El señor defensor oficial de casación, doctor Mario Luis Coriolano, hizo una presentación ante esta Corte en beneficio de Gonzalo Nicolás Sánchez (v. fs. 274/284), oído el señor Procurador General (v. fs. 286/291), presentada la memoria en favor del nombrado (v. fs. 297/300 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 292) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor defensor oficial de Gonzalo Nicolás Sánchez a fs. 97/123 vta.?
2ª) ¿Lo es el presentado por la defensa oficial de Rafael Antonio Miguelito a fs. 125/130?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor denunció la desnaturalización de la tarea revisora del fallo de condena en el tramo correspondiente a la participación en el hecho de Gonzalo Nicolás Sánchez, lo que habría ocasionado la violación al debido proceso, la defensa en juicio, el principio de inocencia -in dubio pro reo- y el derecho a ser oído. Citó los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.3 "e" y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 106 vta.).
Alegó que el Tribunal de Casación Penal efectuó una revisión aparente de la sentencia condenatoria al tratar los agravios llevados a su control (absurda valoración de la prueba invocada para acreditar la autoría responsable de su asistido), en violación al doble conforme.
Sostuvo que no existieron elementos aptos para asegurar, con el grado de certeza indubitable que se requiere, que Gonzalo Nicolás Sánchez intervino en el suceso juzgado, y que a pesar de ello el a quo se limitó a convalidar el fallo de grado sin proceder a realizar una amplia exploración de la causa (v. fs. 106 vta. y 107).
Luego de transcribir lo resuelto por el tribunal intermedio, cuestionó que se hayan reeditado las razones del veredicto en torno a la intervención de su pupilo y que se efectuara un tratamiento conjunto de los recursos deducidos por las defensas de ambos coimputados (v. fs. 107/110 vta.).
También criticó la respuesta del tribunal casatorio sobre el alegado vicio de nulidad. Al respecto afirmó que lo planteado por la defensa anterior había sido la absurda valoración de la prueba y la violación al derecho de defensa en juicio, poniendo en crisis la investigación dirigida contra Sánchez debido a las irregularidades que fueron denunciadas (v. fs. 111 y vta.).
Expresó que mediante una revisión aparente el a quo sostuvo que los jueces de grado valoraron que el personal policial había identificado a su asistido, sin cuestionarse la credibilidad de los dichos de los efectivos Rojas y Moreno, quienes no explicaron "ni cómo ni por qué lo identificaron", sometiéndolo además a una rueda de reconocimiento (v. fs. 113 y vta.).
Agregó que esa defensa había argumentado en el recurso de casación que Sánchez había sido condenado sin haberse acreditado su presencia en la vivienda de Garay o en la Meriva, y que solo se valieron del reconocimiento en rueda en el que Liliana y Graciela Gervasoni claramente le atribuyeron el mismo rol que antes había asignado a Marchelli, y por el hecho de vivir en el mismo barrio que el coprocesado Miguelito y haber reconocido Sánchez que era amigo de este (v. fs. 120 y vta.).
Concluyó en que fue inadecuado el control casacional, con inobservancia de los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que derivó en la arbitrariedad del pronunciamiento recurrido (v. fs. 122 vta.).
II. El señor defensor oficial de casación presentó escrito ante esta instancia (v. fs. 274/284), en el que se refirió a las irregularidades policiales denunciadas, al modo en que se vinculó a Gonzalo Nicolás Sánchez al proceso y la deliberada omisión de investigar otros posibles autores, entre otras cuestiones vinculadas a los hechos. Concluyó en que la prueba ponderada no justifica una condena.
III. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación (v. especialmente fs. 288/290 del dictamen).
IV. En la memoria prevista en el art. 487 del Código Procesal Penal, el señor defensor oficial cargó nuevamente contra la sentencia intermedia argumentando que se omitió revisar en profundidad el agravio sobre la arbitrariedad en la valoración de la prueba. Aludió a las contradicciones y omisiones en las que habrían incurrido las testigos que realizaron los reconocimientos en rueda de personas y resaltó el margen de falibilidad de tal diligencia, como también que esa defensa había puntualizado que Sánchez había sido vinculado al proceso a partir de la actuación del oficial Rojas, quien habría utilizado una fotografía de aquel entregada por una persona a la cual omitió identificar, la que exhibió a los testigos, quien además lo aprehendió sin que existiera orden de detención, insertó declaraciones falsas en el acta de procedimiento a fin de justificar su accionar y pretendió interrogarlo ilegalmente (v. fs. 297/300 vta.).
V. Coincido con el dictamen del señor Procurador General: el recurso no prospera.
VI.1. El hecho que se tuvo por acreditado en las instancias anteriores da cuenta que "...el día 20 de febrero de 2013, siendo aproximadamente las 20.40 horas, Gonzalo Nicolás Sánchez y Rafael Antonio Miguelito junto con al menos dos personas más del sexo masculino -uno de ellos fallecido identificado como Gerardo Hernán Marchetti- y el otro prófugo, ingresaron a la vivienda sita en la calle Remedios de Escalada nro. 7908 de la localidad de Martín Coronado, Partido de Tres de Febrero y mediante intimidación a sus moradores, Gabriela Gervasoni, Liliana Gervasoni y Gastón Jorge Garay con las armas de fuego que portaban los despojaron de sus pertenencias entre ellas un televisor plasma, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Al momento de darse a la fuga, Gastón Jorge Garay se hizo de su arma y les impartió la voz de alto, ya que el nombrado pertenecía a la Prefectura Naval Argentina, a lo cual los sujetos respondieron disparándole con sus armas de fuego, con el propósito de matarlo, produciéndose así un intercambio de disparos, uno de los cuales impactó a la altura del abdomen de Garay, produciéndole lesiones que a posteriori le causaron la muerte" (fs. 21 vta., 69 y vta.).
VI.2. Al fiscalizar el fallo de la instancia a tenor de los agravios formulados por la parte -absurda valoración de la prueba para en base a ella dar por acreditada la participación de Sánchez en el hecho-, el Tribunal de Casación juzgó que el pronunciamiento se hallaba debidamente motivado con respaldo en las diversas piezas probatorias analizadas por el sentenciante de origen, y que tanto la materialidad ilícita como la autoría habían encontrado suficiente y racional sustento en la ponderación armónica y conjunta del material convictivo (v. fs. 69 vta.).
Afirmó que la prueba documental médica, en complementación con la testimonial, permitió obtener certeza en cuanto a que la muerte de Garay fue a consecuencia directa del disparo del arma de fuego que recibió en su abdomen durante el robo perpetrado en su domicilio (v. desarrollo de fs. 70/71).
En efecto, expresó que el razonamiento seguido por el sentenciante de grado no era ilógico ni carente de debida fundamentación como alegó la defensa, en cuanto estableció que la causa directa de la muerte de Garay fue la herida de proyectil de arma de fuego en el abdomen, con lesión efectiva de órganos vitales, aún a pesar del auxilio médico recibido, descartando así -por "inconexa y precaria"- la hipótesis del virus intrahospitalario causante de la sepsis generalizada que presentaba Garay.
Seguidamente, descartó la crítica de la defensa de Sánchez respecto a la actuación del oficial de policía que tuvo a cargo la investigación como así también del perito de rastros, al considerar que no se había verificado, ni el impugnante lo había demostrado, la presencia de una irregularidad de magnitud como para afectar garantías constitucionales (v. desarrollo de fs. 71/72).
Por otra parte, en lo referente a la valoración probatoria a fin de acreditar la participación de Sánchez en el hecho, el a quo refirió que los sentenciantes habían ponderado que el personal policial identificó al encartado, circunstancia que fue puesta en conocimiento del señor fiscal, a la vez que se evaluó un reconocimiento positivo en rueda de personas por parte de Gabriela y Liliana Gervasoni, y que esta última al prestar declaración en el debate puntualizó que lo había identificado por la cara, y lo sindicó como el sujeto que "...exaltado ingresó 3 [ó] 4 veces a la habitación donde la deponente se encontraba con sus hijos y sobrinos, y que la amenazó con llevárselos", también declaró que lo miraba permanentemente al rostro, que lo tenía muy cerca, y que para proteger a los niños le habló claro, mirándolo a la cara (v. fs. 75 y vta.).
Señaló que no le restaba importancia a los reconocimientos y testimonios de las víctimas, la circunstancia de que Sánchez utilizaba anteojos permanentes, detalle que no habría sido advertido por las declarantes y de la cual la defensa se valió para intentar restar valor a su declaración. Agregó que las pruebas ponderadas fueron suficientes para formar convicción sobre la participación responsable de Sánchez, sin que las críticas lograsen rebatir la decisión incriminante del tribunal de grado (v. fs. 75 vta.).
Estimó que la queja de la parte no trascendía de una mera discrepancia subjetiva vinculada a la ponderación de las pruebas y al modo en que el juzgador fijó la ocurrencia del suceso, pero no alcanzaba para evidenciar vicio valorativo en el itinerario lógico recorrido por el juzgador para arribar a la cuestionada conclusión sobre la presencia de los imputados en la casa de la familia Garay, con lo que tampoco consideró atendible el alegado beneficio de la duda en tanto dependía del éxito del planteo sobre la absurda valoración de la prueba (v. fs. 76).
El tribunal concluyó que la sentencia originaria estaba ajustada a las circunstancias comprobadas de la causa, abasteciendo la plataforma fáctica fijada los requisitos típicos de la figura del robo calificado por el resultado -art. 165 del Código Penal-, sin advertir fisura o duda alguna en el razonamiento delineado por el tribunal para calificar el hecho objeto de juzgamiento (v. fs. 76 y vta.).
VI.3. Frente a esa decisión, los agravios del defensor se sustentan en un modo particular de valorar la prueba y ello constituye una materia ajena a la potestad revisora de esta Corte en el marco de la vía extraordinaria intentada, sin que el recurrente haya logrado demostrar en el proceder del juzgador el compromiso de las garantías constitucionales y supranacionales que estimó vulneradas (doctr. art. 495, CPP).
Así, el órgano intermedio abordó y dio respuesta a los reclamos efectuados por la defensa en el recurso de casación, se ocupó del cuadro fáctico y el plexo probatorio tenido en cuenta por el inferior, brindando las razones que lo llevaron a confirmar la participación en grado de coautor de Gonzalo Nicolás Sánchez en el homicidio en ocasión de robo y a descartar la alegada absurda valoración de la prueba.
De tal modo, el pronunciamiento dictado por el tribunal casacional abastece la exigencia establecida en los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme el alcance asignado a los mismos por la Corte nacional a partir del precedente "Casal" citado por el quejoso (v. fs. 122).
De otro lado la denuncia de arbitrariedad del pronunciamiento, tampoco puede prosperar pues los planteos no pasan de ser una opinión divergente a la del juzgador vinculada a los hechos y la prueba que no plasma la concurrencia de la tacha invocada (doctr. art. 495, CPP).
Es que más allá de apreciaciones personales sobre el valor de convicción asignado a los testimonios incriminatorios y de no haber logrado evidenciar circunstancia alguna que pusiera en jaque la credibilidad de sus relatos, el recurrente tampoco pudo establecer -en concreto- que se haya arribado a la condena de Sánchez mediante conclusiones insostenibles o claramente contradictorias a la luz de las circunstancias comprobadas de la causa (conf. causas P. 92.582, sent. de 9-IV-2008; P. 98.524, sent. de 11-III-2009; P. 104.426, sent. de 22-IV-2009; P. 102.106, sent. de 5-V-2010; P. 99.250, sent. de 14-IX-2011; entre tantas más), ni que el control llevado a cabo, aunque sin el resultado buscado, no constituya respuesta suficiente a los reclamos formulados en la materia, de modo que pueda decaer lo actuado por el tribunal intermedio por afectación al derecho al recurso -art. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- conforme los lineamientos fijados a partir del precedente "Casal" (CSJN Fallos: 328:3399) y la doctrina sentada en igual dirección por esta Corte.
En suma, los desarrollos del impugnante en modo alguno tienen aptitud para mostrar que el tramo controvertido de la sentencia padezca de alguna de las anomalías que, desde la vertiente de la doctrina de la arbitrariedad le son dogmáticamente atribuidas, sea por "...apartamiento de constancias comprobadas de la causa", "...omisión de tratamiento de cuestiones sustanciales planteadas por las partes y de normativa conducente a la solución del litigio", apoyarse en "...conclusiones de naturaleza dogmática, o inferencias sin sostén jurídico o fáctico con el sólo sustento de la voluntad de los jueces", y que pudieran provocar su descalificación como acto jurisdiccional válido, con lo cual tampoco se patentiza la conculcación de las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso que fueron efectuadas a remolque de la mentada tacha desestimada.
VI.4. La denuncia de transgresión del principio in dubio pro reo queda sin sustento, toda vez que se encuentra imbricada con los anteriores reclamos que han sido desestimados (art. 495, CPP y su doctr.).
VI.5. Por último, los planteos contenidos en la presentación efectuada por el defensor de casación a fs. 271/284, orientados a cuestionar el procedimiento llevado a cabo en la investigación del caso, son improcedentes.
En ellos se insiste en traer a examen de este Tribunal embates que fueron rechazados en la instancia intermedia por su "evidente generalidad" (v. fs. 71 vta. y sigs.), pero sin atender al concreto motivo por el cual fueron descartados. Por esa razón no pueden sino correr igual suerte adversa (doctr. art. 495, CPP).
Voto, por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto del Ministro Genoud, por compartir la totalidad de fundamentos por él expresados al abordar esta cuestión.
Voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa oficial de Rafael Antonio Miguelito denunció la arbitrariedad de la sentencia casatoria por errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, apartamiento de las constancias de la causa y ausencia de fundamentación, lo cual habría convertido el tránsito por esa instancia intermedia en aparente, en vulneración del derecho al recurso y al doble conforme (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP) (v. fs. 125 vta.).
Por un lado, cuestionó el rechazo del planteo sobre la "juventud" de su asistido, y afirmó que el órgano intermedio se desentendió de su concreto agravio.
En ese sentido, expresó que no cuestionaba la responsabilidad de su defendido sino que pretendía que aquella circunstancia fuese tenida como una demostración de su inmadurez (v. fs. 128 vta.).
Por otro lado, consideró que el a quo incurrió en una revisión insuficiente y contradictoria al rechazar la calidad de primario y la juventud de su asistido como pauta atenuante de la pena (v. fs. 128 vta.).
Expresó que la casación sostuvo al respecto que la decisión del órgano de juicio no merecía corrección, no obstante haber referido que la desestimación de la atenuante se vinculaba con el hecho de ser una contingencia neutra en virtud de que lo esperable es que las personas se comporten en sus contactos sociales de conformidad con las pautas emergentes del ordenamiento jurídico (v. fs. 128 vta. y 129). La defensa agregó que el a quo confirmó lo resuelto por la instancia sobre el punto, pero con argumentos que en nada se vinculan con lo decidido por su antecesor (v. fs. 129).
Asimismo endilgó al a quo una "contradicción" al revisar la cuestión, pues para rechazar la carencia de antecedentes como circunstancia atenuante alegó la intrascendencia de la misma, en tanto sería lo esperable de las personas, sin reparar en subjetividades aplicables al caso, pero luego al rechazar la juventud como atenuante de pena refiere que la misma debe ser fundada basándose en la incidencia que la misma podría tener en la persona del imputado (v. fs. 129 y vta.).
Concluyó que la revisión pretendida fue solo en apariencia en violación al debido proceso y el derecho al recurso (art. 8.2 "h", CADH), por lo que solicitó se case la sentencia recurrida y se reenvíen los autos al tribunal anterior para que -debidamente integrado- y previa audiencia de visu, dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (v. fs. 129 vta. y 130).
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo de la impugnación (v. especialmente fs. 290/291 del dictamen), postura con la cual coincido.
III. El tribunal intermedio se refirió a la decisión del juzgador de origen quien había desechado como pauta atenuante la falta de antecedentes penales, y agregó que en la causa n° 14.926 caratulad
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