Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131470
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 2971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 131.470, "Ortiz Ramírez, Marcelo Eduardo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 85.406 del Tribunal de Casación Penal, Sala V" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal -en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte a fs. 96/99-, el 23 de abril de 2019, concedió parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Marcelo Eduardo Ortiz Ramírez contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, había confirmado la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de San Isidro que lo había condenado a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de utilería y por su comisión en lugar poblado y en banda en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante calificado por haberse cometido con el concurso de dos o más personas (v. fs. 107/109).
En tal sentido, recordó las exigencias del art. 494 del Código Procesal Penal y señaló que las cuestiones federales no se vincularon de manera directa e inmediata con la solución del caso (v. fs. 108 y vta.).
Por último, admitió el agravio de errónea aplicación del art. 119 del Código Penal (v. fs. 109 y vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 118/119 vta., dictada la providencia de autos a fs. 120, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. A continuación, se reseñarán los agravios llevados en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida, esto es, con relación a la errónea aplicación del art. 119 del Código Penal (conf. art. 486, CPP).
En dicho marco, el señor defensor oficial, doctor Daniel Aníbal Sureda, denunció que la aplicación del art. 119, segundo párrafo, del Código Penal afecta el principio de congruencia, pues en ningún momento del proceso se reprochó a su asistido dicha agravante.
Puntualizó que la discusión se había centrado en determinar si la introducción de los dedos en la vagina y/o ano se podía encuadrar en la figura de abuso sexual con acceso carnal o no, pero nunca se había discutido el abuso sexual gravemente ultrajante. Por lo cual, a su entender, la calificación legal por la que finalmente fue condenado su defendido afectó el debido proceso y el derecho de defensa en juicio (v fs. 83 y vta.).
Agregó que las vejaciones estimadas como agravantes (arts. 40 y 41, Cód. Penal), en modo alguno, justificaban el encuadre de la conducta de su asistido en el art. 119, segundo párrafo citado, pues no se había explicitado de qué manera tales circunstancias importaron en el caso una especial desproporción con la conducta reprimida en el tipo básico de abuso sexual (v. fs. 83 vta. y 84).
De seguido, señaló que además se quebrantó el principio de imparcialidad del juzgador, ya que el propio tribunal de juicio expresamente había reconocido que el acusador "tal vez por error" no había reparado debidamente en el codominio de los hechos por parte de los cuatro sujetos, concluyendo que "...quedó absolutamente claro en el juicio que los cuatro sujetos llevaron adelante el abuso e introdujeron sus dedos en la cavidad de la víctima" (fs. 29).
De ese modo, a criterio del defensor, que el tribunal de origen haya reconocido esa omisión del acusador y la haya reemplazado "...arbitrariamente con la reflexión y postura articulada en tal sentido" no hizo más que lesionar el principio de imparcialidad que rige en materia penal (v. fs. 84).
Por último, cuestionó la figura penal escogida por afectar el principio de legalidad al tratarse de un tipo penal abierto (v. fs. 84 vta./87).
Por todo lo expuesto, solicitó que se recalifique el hecho como abuso sexual simple (v. fs. 87).
II. En su dictamen de fs. 118/119 vta., el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido.
Coincido con lo así dictaminado, por los motivos que a continuación se expondrán.
III. Previo a ingresar al fondo del reclamo, corresponde aclarar que, si bien en el juicio de admisibilidad se admitió únicamente el agravio de errónea aplicación del art. 119 del Código Penal, descartándose las "cuestiones federales" por falta de suficiencia y carga técnica necesarias, en rigor, dicho agravio de ley sustantiva se fundó en la supuesta afectación del principio de congruencia, derivado del derecho de defensa en juicio y debido proceso, y en violación de los principios de imparcialidad y legalidad.
De ahí que, sin perjuicio de los términos en los que fue admitida la impugnación, necesariamente se deberán abordar tales tópicos federales.
IV. Sentado lo anterior, la denuncia de la afectación al principio de congruencia, vinculado con la violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, no puede prosperar (art. 495, CPP).
IV.1. En principio, cabe señalar que el quebrantamiento del principio de congruencia constituye una típica cuestión procesal que -según la regla general- resulta ajena a la competencia extraordinaria de este Tribunal, a tenor de la doctrina del art. 494 del Código Procesal Penal.
Solo en razón de que el punto involucrara una cuestión federal, y a fin de que esta instancia pueda constituir un tránsito adecuado para la posible articulación del remedio extraordinario previsto en los arts. 14 y 15 de la ley 48 (doctr. CSJN, Fallos "Strada, Di Mascio"), corresponde ingresar a su análisis.
IV.2. En lo que aquí importa, el a quo sostuvo que el principio de congruencia se abastece con la identidad entre el hecho materia de acusación, defensa y sentencia, lo que -a su entender- se verificó en el presente sin que la defensa hubiera alegado alguna variación de la plataforma fáctica en su recurso (v. fs. 65 vta. y 66).
A continuación, explicó que "La variación relativa a la subsunción legal que esos hechos merecen [...] excede el amparo de aquella garantía en la medida que su cambio no implique de por sí una variación de una entidad tal que conlleve sorpresa y por ende indefensión, ya que el objeto del proceso que es el que viene fijado en la requisitoria fiscal no es un delito determinado sino un acontecimiento histórico, que eventualmente, constituirá uno de los tipos penales previstos legalmente" (fs. 66).
Concluyó que "En el caso, existió una absoluta correlación entre los hechos fijados al recibirse la declaración del art. 308, en la requisitoria fiscal, los hechos por los que acusó el fiscal al momento de alegar en el debate, y aquellos que se tuvieron por probados en el veredicto [...] siempre se acusó al imputado y a sus consortes de haber abusado sexualmente de la víctima introduciéndole los dedos en el ano y en la vagina" (fs. 66 y vta.).
Finalmente, puso de manifiesto que la calificación propiciada por la acusación era más gravosa que la finalmente impuesta y resaltó que, conforme surge del acta de debate, la defensa oficial se expidió puntualmente sobre la improcedencia de subsumir los hechos en la figura de abuso sexual gravemente ultrajante (v. fs. 66 vta. y 67).
Por todo ello, estimó que la defensa debió explicar puntualmente en qué consistió la indefensión alegada indicando el perjuicio concreto supuestamente ocasionado, extremos que no se cumplieron pues formuló una denuncia dogmática de afectación del derecho de defensa (v. fs. 67).
IV.3. Frente a lo así decidido, la defensa oficial desarrolló argumentos genéricos que -como tales- no resultan eficaces para conmover lo fallado por el tribunal revisor (art. 495, CPP).
En efecto, el recurrente se limitó a insistir en la violación del principio de congruencia, derivado del derecho de defensa y del debido proceso, sin poner en evidencia la existencia de una relación directa e inmediata entre éste y las particularidades del caso.
Cabe recordar que el principio de congruencia se refiere a la correspondencia fáctica entre acusación y sentencia, es decir, que el hecho por el que se condena debe ser el mismo por el que se acusó. Por lo tanto, lo que se exige es una correlación de hechos, más allá de las calificaciones jurídicas propiciadas.
En el caso, la defensa introdujo como agravio la afectación al principio de congruencia cuando en realidad lo que cuestiona es el cambio en la calificación legal escogida por el tribunal de juicio, pero no así la base fáctica sobre la que se apoyó ese encuadre porque, como ya refiriera el a quo, la descripción del hecho en las distintas etapas del proceso fue siempre igual.
Insisto, lo que no puede alterarse es la base fáctica de la imputación. Ahora bien, cuando la conducta reprochada se encuentra presente en la descripción genérica atribuida -en el caso se describieron las circunstancias en que se produjeron los manoseos y la introducción de los dedos en las partes íntimas de la víctima-, más allá de la calificación legal atribuida por el juez instructor o la fiscalía, el tribunal de juicio puede optar por otro encuadre jurídico, siempre y cuando ello no signifique una sorpresa que afecte el ejercicio del derecho de defensa.
En la sentencia de condena del caso lo que cambió fue el encuadre típico en que se subsumieron los hechos, pero esa modificación en modo alguno fue sorpresiva ni impidió a la defensa ejercer eficazmente su tarea, ya que tanto el imputado como su asistencia técnica en todo momento tuvieron la posibilidad de confrontar debidamente la imputación que la acusación dirigió a Ortiz Ramírez, a punto tal de haber realizado críticas concretas sobre la figura de abuso sexual gravemente ultrajante en su alegato conforme surge del acta de debate (v. fs. 65 vta./67).
Tampoco debe soslayarse que la calificación legal finalmente escogida por el tribunal oral resultó menos gravosa que la propiciada por la fiscalía.
En ese sentido, y de acuerdo a lo explicado previamente, el recurrente dejó incontrovertidas las manifestaciones del a quo referidas a que durante todo el proceso el hecho fue el mismo y que no se demostró la existencia de un perjuicio concreto para esa parte; simplemente insistió con su tesis acerca de la afectación al principio de congruencia sin decir nada sobre esos puntos, por lo que media insuficiencia (art. 495 cit.).
V. Por otra parte, los esfuerzos por vincular el planteo de errónea aplicación del art. 119 mencionado con la afectación de los principios de imparcialidad (v. fs. 84) y legalidad (v. fs. 84/87) tampoco pueden prosperar, pues resultan producto de una reflexión tardía debido a que tales críticas no fueron llevadas en el recurso de casación ni incorporadas -siquiera- en el momento previsto en el art. 458 del Código Procesal Penal (v. fs. 35/39 vta. y 50/51; art. 495 cit.).
VI. Por último, también debe descartarse el argumento referido a que no se demostró que las vejaciones ponderadas como agravantes (arts. 40 y 41, Cód. Penal) excedieran la figura básica del art. 119, primer párrafo, del Código Penal (v. fs. 83 vta. y 84).
Aquí se advierte un viraje argumental por parte de la defensa, ya que en el recurso de casación el pedido de cambio de calificación se fundó exclusivamente en la afectación del principio de congruencia sin que se hubiera hecho ninguna consideración respecto a si se excedieron o no los límites del tipo penal básico de abuso sexual (v. fs. 35/39, en especial, 35 vta./37 vta.).
Para más, lo afirmado en la vía extraordinaria -en lo que aquí incumbe, que las vejaciones estimadas como agravantes en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal no justifican la condenación por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante (v. fs. 83 vta.)- incurre en contradicción con la estrategia de defensa plasmada en la impugnación casatoria, en la que -en el marco de planteos relativos a la determinación judicial de la pena- se sostuvo precisamente lo opuesto al alegar que las vejaciones sufridas por la víctima no pueden ponderarse como severizantes de la condena por "...integra[r] el tipo penal previsto y reprimido en el art. 119 párrafos segundo y cuarto, apartado ‘d’ del CP" (fs. 38).
En ese sentido, el viraje argumental junto con la contradicción en la estrategia de defensa evidencia la absoluta insuficiencia del agravio (art. 495 cit.).
En consecuencia, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el nro
Firmas
Funcionario Firmante: 27/07/2020 15:51:03 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 27/07/2020 16:59:43 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 27/07/2020 17:36:09 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 27/07/2020 18:40:48 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 27/07/2020 19:52:17 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia