Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131745
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.745, "Villafañe, Antonio Ariel e Iturralde, Mario Oscar s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 28.872 y sus acumuladas n° 28.873, n° 28.874, n° 28.875 y n° 28.876 del Tribunal de Casación Penal, Sala I de Transición", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
La Sala I de Transición del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 19 de octubre de 2017, a consecuencia del reenvío dispuesto por esta Corte en la causa P. 121.730, condenó a Antonio Ariel Villafañe a la pena de treinta años de prisión, accesorias legales y costas, en carácter de coautor responsable de los delitos de asociación ilícita, robo doblemente calificado por haberse cometido en despoblado y en banda y por el empleo de armas cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, y homicidio en ocasión de robo, en concurso real; a Mario Oscar Iturralde a treinta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor responsable de los delitos de asociación ilícita, robo doblemente calificado por haberse cometido en despoblado y en banda y por el empleo de armas cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, agravado a su vez por ser integrante de la policía provincial, y homicidio en ocasión de robo agravado por ser miembro de esa fuerza, en concurso real; y a Juan Alberto Alonso a treinta y tres años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable de los delitos de asociación ilícita, robo doblemente calificado por haberse cometido en despoblado y en banda y por el empleo de armas cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, y homicidio en ocasión de robo, en concurso real (v. fs. 445/453).
Contra ello, el imputado Juan Alberto Alonso dedujo in pauperis los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 473/482), mientras que el señor defensor oficial adjunto ante la citada instancia, doctor José María Hernández, también interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a su favor (v. fs. 486/495) y en beneficio de Mario Oscar Iturralde (v. fs. 526/536). La defensa particular, doctora Lucía Boggio, dedujo igual recurso respecto de Antonio Ariel Villafañe (v. fs. 505/523).
Por resolución del 16 de octubre de 2018, el tribunal intermedio declaró inadmisibles los recursos extraordinarios deducidos por Juan Alberto Alonso y el incoado en su beneficio por el señor defensor oficial; en el mismo pronunciamiento concedió parcialmente los interpuestos en favor de Villafañe y de Iturralde (v. fs. 539/550).
Contra dicha decisión el imputado Alonso dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal, también in pauperis (v. fs. 577/581 vta., causa P. 131.645-Q), y el señor defensor oficial hizo lo propio en favor del nombrado y de Iturralde (v. fs. 807/816, causa P. 131.646-Q). Esta Corte, por resolución del 20 de marzo de 2019, concedió los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley incoados por la defensa oficial en beneficio de ambos, con el alcance allí fijado (v. fs. 827/830).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 834/841), dictada la providencia de autos (v. fs. 855) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa?
En caso negativo:
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial a favor de Juan Alberto Alonso?
2ª) ¿Lo es el deducido por la defensora particular de Antonio Ariel Villafañe?
3ª) ¿Es fundada la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley impetrada por el señor defensor oficial ante la instancia intermedia a favor de Mario Oscar Iturralde?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Contra el decisorio del que se diera cuenta en los antecedentes, el señor defensor oficial adjunto ante la instancia intermedia, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en beneficio de Juan Alberto Alonso (v. fs. 486/495); también lo hizo respecto de Mario Oscar Iturralde (v. fs. 526/536); igual recurso interpuso la doctora Lucía Boggio a favor de Antonio Ariel Villafañe (v. fs. 505/523); los mismos fueron concedidos con el alcance fijado en las resoluciones obrantes a fs. 539/550 y 827/830.
I.1. La defensa de Juan Alberto Alonso denunció que el Tribunal de Casación Penal impuso una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal, en vulneración del debido proceso, la imparcialidad del juzgador, del derecho de defensa en juicio y la división de poderes (arts. 1, 5, 18, 31 y 33, Const. nac.; 11 y 57, Const. prov. y 203, CPP; v. fs. 490).
Luego de efectuar consideraciones de carácter legislativo y teórico, refirió que el criterio sentado en el plenario n° 6.467, aplicado al caso por el a quo, frente a la reforma del art. 371 del Código Procesal Penal por la ley 13.260, significó una interpretación de esa norma que resulta derogatoria de la reforma que sobre ella ha efectuado la citada ley (v. fs. 490 vta./494).
Concluyó que la decisión de imponer una pena superior en tres años a la de treinta años de prisión que había solicitado el Ministerio Público Fiscal, implicó una flagrante violación de la defensa en juicio y el debido proceso (v. fs. 494 vta.).
I.2. La defensa particular de Antonio Ariel Villafañe dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y formuló los agravios que a continuación se detallan.
En primer lugar, denunció que el fallo era arbitrario por falta de fundamentación en la fijación del monto de pena, ello a consecuencia de una revisión "superflua" y "aparente" mediante una reedición de lo expuesto por el tribunal de primera instancia (v. fs. 508 y vta.).
Alegó falta de respuesta suficiente al planteo sobre la proporcionalidad y congruencia del monto punitivo, y señaló que el planteo había sido rechazado mediante afirmaciones dogmáticas (v. fs. 508 vta.).
Agregó que los jueces de casación se limitaron "pura y exclusivamente" a confirmar el acierto de la condena primigenia haciendo una remisión mecánica y automáticamente a sus fundamentos, por lo que consideró que la motivación resultó deficiente y la revisión superficial y fingida, comprometiendo de esa manera el debido proceso y el derecho de defensa (v. fs. 511 y vta.).
Afirmó que el error cometido por el tribunal intermedio quebrantó el derecho a una revisión amplia, conforme los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 514 vta. y 515).
Por otro lado, denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, la violación del principio de proporcionalidad, congruencia y del bloque constitucional (v. fs. 516).
Aseveró que la agravante computada "nivel de sofisticación y profesionalismo al cometer los ilícitos", ya se encontraba abarcada por el tipo penal de asociación ilícita, por lo que su valoración implicó la violación del ne bis in idem (v. fs. 516 vta./518). Similar argumento utilizó para referirse a la pauta aumentativa referida a la reiteración delictiva (v. fs. 518/519).
Concluyó en que la pena aplicada resultó irrazonable y tornó ficticia su finalidad de resocialización (conf. arts. 18, Const. nac.; 10.3, PIDCP; 5.6, CADH; 30, Const. prov.; 1, ley 24.660 y 4, ley 12.256; v. fs. 519/521).
I.3. Por último, el señor defensor oficial de Mario Oscar Iturralde denunció la nulidad del trámite casatorio y su posterior sentencia, la violación del debido proceso y del derecho de defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.e y 8.3.d, PIDCP y 15, Const. prov.), ello en virtud de que su pupilo no habría contado ante esa instancia intermedia con la debida asistencia letrada (v. fs. 531).
Sostuvo que el perjuicio ocasionado por ausencia de defensa se evidenció durante el trámite recursivo en Casación posterior al reenvío dispuesto por esta Corte, privándolo de toda asistencia técnica previa al dictado de la nueva sentencia.
Invocó un supuesto estado de indefensión y citó en sustento de su posición los precedentes P. 82.903 y P. 84.371 de esta Suprema Corte (v. fs. 531 vta.).
Por otro lado, alegó que la sentencia del tribunal casatorio vulneró la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos "Maldonado" y "Pin", y por esta Corte en las causas P. 73.366, P. 74.507 y P. 85.467, ello en virtud de que el a quo fijó pena sin tomar previamente conocimiento de visu del condenado y por ende sin tener en cuenta sus condiciones personales (v. fs. 532 vta.).
Agregó que tal modo de resolver vulneró no sólo el art. 41 inc. 2 in fine del Código Penal, sino también el derecho del condenado a ser oído (art. 8.1, CADH) con carácter previo a la imposición de pena y a que se le imponga una sanción que no exceda de la medida de su necesidad (art. 5.6, CADH; v. fs. cit.).
II. Para comprender mejor la solución a la que se arribará en el presente caso, haré una reseña preliminar del derrotero procesal de la causa.
II.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en lo que interesa destacar para el caso, dictó sentencia el día 28 de mayo de 2007 y condenó a Juan Alberto Alonso a la pena de treinta y tres años de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor responsable del delito de asociación ilícita (hecho 1), y partícipe primario de los delitos de robo doblemente calificado por haberse cometido en despoblado y en banda y por el empleo de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse (hecho 2), y homicidio en ocasión de robo (hecho 3), en concurso material entre sí; a Antonio Ariel Villafañe a la pena de treinta años de prisión, accesorias legales y costas, en carácter de coautor responsable de los delitos de asociación ilícita (hecho 1), robo doblemente calificado por haberse cometido en despoblado y en banda y por el empleo de armas cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse (hecho 2), y homicidio en ocasión de robo (hecho 3), en concurso real; y a Mario Oscar Iturralde a treinta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor responsable de los delitos de asociación ilícita (hecho 1), robo doblemente calificado por haberse cometido en despoblado y en banda y por el empleo de armas cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, agravado a su vez, por ser integrante de la policía provincial (hecho 2), y homicidio en ocasión de robo agravado por ser miembro de esa fuerza (hecho 3), en concurso real (v. fs. 17/62 vta., legajo casatorio n° 28.872).
II.2. Frente a ello, las defensas de los encartados interpusieron recurso de casación (v. fs. 71/90, legajo casatorio n° 28.873; 103/131, legajo casatorio n° 28.874 y 107/126 vta., legajo casatorio n° 28.875).
II.3. El día 22 de octubre de 2007 se dispuso la intervención en la presente causa de la Sala I del Tribunal de Casación Penal, integrada en esa oportunidad por los doctores Horacio Daniel Piombo, Benjamín Ramón Sal Llargués y Carlos Ángel Natiello (v. fs. 86, legajo casatorio n° 28.872).
II.4. En el mes de abril de 2009, el tribunal a quo dispuso el pase de las actuaciones al acuerdo (conf. arts. 458 in fine y 459, CPP; v. fs. 135).
II.5. Mediante presentaciones realizadas los días 23 de noviembre de 2009, 4 y 14 de mayo de 2010 y 8 de febrero de 2012 (v. fs. 136, 138, 140, 142), el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, instó a esa instancia para que resolviera en la presente causa a la mayor brevedad posible.
II.6. El Tribunal de Casación Penal, por sentencia dictada el día 19 de marzo de 2013, por mayoría, casó el fallo impugnado en cuanto a las medidas de las penas y condenó a Mario Oscar Iturralde y Juan Alberto Alonso a veinticinco años de prisión, mientras que para Antonio Ariel Villafañe el monto punitivo se fijó en veintitrés años de prisión (v. fs. 168/204 y aclaratoria de fs. 268/270).
II.7. Contra esa decisión, el señor Fiscal ante aquella instancia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 306/314), el cual fue concedido por resolución del 22 de marzo de 2016 (v. fs. 361/362 vta.).
II.8. El día 23 de mayo de 2017, esta Suprema Corte dictó sentencia en la causa P. 121.730 y, tras hacer lugar al recurso deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal, casó el pronunciamiento anterior en cuanto a la individualización de la pena y reenvió los autos a la instancia intermedia a fin de que los reclamos de las defensas fuesen debidamente abordados (v. fs. 407/414).
II.9. El día 19 de octubre de 2017, a consecuencia del reenvío, el tribunal intermedio resolvió rechazar los recursos oportunamente interpuestos a favor de los encartados reimplantando la pena que en su oportunidad había sido impuesta en la sentencia de primera instancia (v. fs. 445/453).
III. Sentado ello, y previo a resolver sobre la vigencia de la acción penal en la presente causa, cabe efectuar algunas consideraciones sobre dicha temática.
IV.1. En primer lugar, cabe destacar que, si bien los hechos en juzgamiento datan -al menos- desde el mes de octubre y hasta el día 25 de noviembre de 2004 (hecho 1), de los días 27 de octubre de 2004 (hecho 2) y 25 de noviembre de 2004 (hecho 3; v. fs. 17/20), todos de fecha anterior a la reforma de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005; art. 18, Const. nac.), el principio de retroactividad de la ley penal más benigna también rige en lo atingente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el mentado art. 2 del digesto sustancial (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005).
Ello, en lo que importa, modificó los párrafos cuarto y quinto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo del primero de ellos la expresión "secuela del juicio" como causal interruptiva de la prescripción de la acción penal, por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"), y expresamente contempló la teoría del paralelismo para el supuesto de concurso de delitos (conf. causas P. 70.829, sent. de 31-X-2007; P. 77.178, sent. de 14-V-2008; P. 105.339, sent. de 16-XII-2009; P. 116.962, sent. de 16-XII-2015; P. 126.558, sent. de 29-III-2017; e.o.).
IV.2. A su vez, es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
El dictado de la ley 25.990 y la consiguiente modificación de las causales de interrupción de la prescripción por actos de procedimiento (art. 67, apdo. cuarto, incs. "b" a "e") hace necesario que este Tribunal analice prioritariamente si a raíz de tal innovación la acción nacida como consecuencia de la comisión de los delitos impugnados se ha extinguido.
IV.3. Por otro lado, esta Suprema Corte viene sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009; P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
IV.4. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, merced al pronunciamiento dictado el día 26 de diciembre de 2019 en la causa CSJ 2148/2015/RH1 "Farina, Haydée s/ homicidio culposo", por mayoría, instruyó a este Tribunal a fin de que, en lo sucesivo, adopte las medidas necesarias para que los pronunciamientos de los tribunales penales de la jurisdicción se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. "e" del Código Penal y a la doctrina sentada en su jurisprudencia sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de los arts. 18, 31, 116 y 117 de la Constitución nacional.
En lo atingente a la interpretación de la mentada norma sustantiva, sostuvo que en el marco de incidencias provenientes del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires (causas CSJ 572/2009 [45-S]/CS1 "Salas Jara, Carlos Patricio s/ causa n° 4646", de 26-II-2013; CSJ 133/2009 [45-S]/CS1 "Squillario, Adrián Rodolfo y otros s/ defraudación especial - causa n° 267/2001", de 26-III-2013 y CSJ 1586/2005 [41-F]/CS1 "Farías, Alberto J. s/ homicidio culposo" -voto de la mayoría- de 11-VII-2006; e.o.), se dispuso suspender el trámite de la queja a fin de que se resolviese en orden a la vigencia de la acción penal por considerar que el último acto interruptivo de la prescripción al que se alude en el art. 67, inc. "e" del Código Penal es (únicamente) "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
En el considerando 13, puso de relieve que la interpretación del art. 67 del Código Penal que se deja de lado se aparta de la finalidad perseguida por la sanción de la ley 25.990, modificatoria de esa disposición legal, que fue la de "...darle al instituto de la interrupción de la prescripción de la acción penal, la expresión de máxima taxatividad y legalidad al enunciar cada uno de aquellos actos del procedimiento que poseen aptitud para hacer cesar su libre curso" (CSJN Fallos: 337:354, cons. 14).
A su vez, en el considerando 14, puso de resalto que el instituto de la prescripción de la acción penal tiene estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (CSJN Fallos: 272:188; 306:1688; 310:1476; 316:2063; 323:982 y 331:600, cons. 7 y sus citas; e.o.), y recordó que el derecho del imputado a ser juzgado en plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), y, en definitiva, del principio de inocencia, sino que se encuentra también previsto expresamente en los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a la justicia (arts. 8.1, CADH y 14.3, PIDCP).
Destacó que en la causa de referencia, los pronunciamientos dictados se habían apartado de las "claras y precisas" directivas emanadas de esa Corte Suprema en las reiteradas intervenciones que le cupo, en las que se había establecido que "...la única interpretación que salvaguarda el principio constitucional de legalidad en materia penal (consagrado en el art. 18 de la Norma Fundamental) es aquella según la cual se considera al dictado de la sentencia condenatoria como el último acto de interrupción de la prescripción". En ese contexto, coligió que era inherente a la función constitucional propia de ese Tribunal, imponer a todos los tribunales nacionales y provinciales la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones.
Por otra parte, en el considerando 17 dejó en claro que el tema revestía trascendencia institucional, ya que no se limitaba a una falencia de acatamiento de lo resuelto por ese Tribunal en una causa singular aislada, sino que "...la cuestión en debate [...] se proyecta a numerosas causas [...], a pun
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