Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131776
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.776, "Ojeda, Pablo Rubén s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 85.567, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, Kogan.
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de marzo de 2018, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Pablo Rubén Ojeda, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, que lo condenó a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio (arts. 45 y 79, Cód. Penal; v. fs. 106/112 con relación a fs. 28/36).
Contra ese fallo, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco (v. fs. 115/134), el que fue declarado parcialmente admisible por la citada Sala (v. fs. 140/143 vta.). Deducida queja por la parcela del recurso no admitida, esta Corte por resolución del 17 de abril de 2019 la rechazó por improcedente (v. fs. 156).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 158/160 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 161) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Atento el acotado marco en que quedó abierta la competencia de este Tribunal -conforme los términos de la resolución de admisibilidad que luce a fs. 140/143 vta., considerando IV, especialmente fs. 142, y el rechazo de la queja interpuesta por la parcela no admitida (v. fs. 156)-, he de abordar sólo el agravio desarrollado en el apartado "V.A." del remedio extraordinario traído a estudio, relacionado con la calificación legal del ilícito en juzgamiento (v. esp., fs. 117 vta./121).
II. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación denunció la errónea aplicación del art. 79 y la desconsideración del art. 81 inc. 1, apartado "b", ambos del Código Penal (v. fs. 117 vta.). En su opinión, la prueba reunida no permitiría afirmar un actuar doloso por parte de Ojeda.
En ese marco, sostuvo que para dar por acreditado el dolo, al a quo le bastó con suponer que el imputado "...debía conocer la potencialidad homicida del golpe", sin importarle si efectivamente tuvo la intención de matar (v. fs. 118 vta. y 119).
Según la defensa la sentencia recurrida tampoco consiguió demostrar que "efectivamente" Ojeda haya podido dimensionar que "...ese golpe, con ese objeto, podía causar la muerte de la víctima, y que ante tal conocimiento hubiese de todos modos aceptado el resultado posible" (fs. 119).
Expresó que en el caso no se logró acreditar el dolo directo, y que la figura aplicada sólo tuvo sustento en las características del golpe en cuestión, sin advertirse que "...ninguna acción previa ni posterior del imputado permit[ió] inferir que [...] haya deseado dar muerte a Granadino, más bien todo lo contrario" (fs. 119 y vta.).
Agregó que el agresor y la víctima no se conocían y por tanto no había enemistad previa; que tampoco medió algún tipo de palabra entre ambos como para dilucidar "...la real intención homicida de Ojeda al golpearlo", y que ninguna circunstancia previa al golpe permitió "vislumbrar o sugerir" que, con el golpe producido, el imputado perseguía un fin homicida. Y que tampoco la actitud posterior del nombrado arroja "certeza" sobre la cuestión.
En ese sentido, señaló que de las imágenes de video se pudo observar que su asistido "...efectuó un único golpe y continuó su camino", acompañado de Brenda Verónica Giménez, sin detenerse, ni intentar golpear nuevamente a Granadino como para asegurar el fin homicida que el tribunal a quo le atribuyó (v. fs. 119 y vta.).
Adujo que no resulta razonable exigir que Ojeda conociera la "potencialidad" homicida de su golpe (fs. 120), máxime cuando el tribunal de juicio necesitó de la palabra de un médico legista para poder sostener en la sentencia que el golpe poseía la "...entidad suficiente como para causar la muerte" (fs. 120 y vta.).
Destacó que lo que se debió dilucidar y -a su entender- no se logró, era si "...ese resultado aparecía como previsible para el imputado -no para un médico legista-..." y si a pesar de ello lo "consintió" (fs. 120 cit.).
Alegó que "La muerte de Granadino resultó una consecuencia sorpresiva y claramente no querida para Ojeda, quien obró con dolo de causar lesiones [...], pero de ningún modo con una intención homicida" (fs. 120 vta. y 121).
En atención a ello, solicitó a esta Corte que case el fallo y declare erróneamente aplicado el art. 79 del Código Penal, y encuadre su conducta en los términos del art. 81 inc. 1, apartado "b" del citado cuerpo legal (v. fs. 121 y vta.).
III. El dictamen de la Procuración General aconsejó el rechazo del remedio interpuesto (v. fs. 158/160 vta.).
IV. Coincido con lo así dictaminado.
IV.1. En el recurso de casación, la defensa oficial de Pablo Rubén Ojeda formuló análogo agravio al aquí traído (v. fs. 48 vta./71). En esa impugnación argumentó sobre la supuesta ausencia de elementos probatorios sobre la intencionalidad homicida del imputado al asestar el golpe que produjo el deceso de Granadino, y mencionó una serie de indicadores que informarían sobre la falta de ese ánimo en la persona del acusado.
En ese sentido, aludió a que el imputado luego de protagonizar el altercado continuó su marcha con normalidad, incluso que después de conocer el fatal desenlace se presentó en la comisaría para ponerse a disposición de la justicia. Concluyó en que tales circunstancias evidenciarían que Ojeda no se representó la posibilidad de producción de semejante resultado y que jamás integró su voluntad realizadora.
Peticionó se recalifique el suceso bajo las previsiones del delito de homicidio preterintencional (art. 81 inc. 1 "b", Cód. Penal; v. especialmente fs. 65/66 vta.).
IV.2. El Tribunal de Casación reseñó la materialidad ilícita y la tuvo por debidamente acreditada en los siguientes términos: "...el día 18 de julio de 2015, siendo aproximadamente las 17 horas, en la intersección de las calles Tripulantes del Fournier y 220 de esta ciudad, un hombre, con el inequívoco fin de causarle la muerte, le asestó un botellazo a Norberto Granadino en el hueso occipital del cráneo, provocándole su deceso como consecuencia de una hemorragia cerebral" (fs. 108).
Seguidamente, en lo que interesa, se refirió a la prueba ponderada por el tribunal de mérito e hizo especial hincapié en la declaración del testigo presencial Osvaldo Valenzuela, el que tuvo por ratificado por Brenda Verónica Giménez, novia del encartado, en cuanto relató sobre "...el golpe seco que le [asestara] el imputado a Granadino cerca del cuello, con una botella que él creyó ser de vino blanco, no lográndose romper la misma como consecuencia del golpe" (fs. 108, cit.). También destacó lo testificado por el médico legista, el doctor Martín Daniel Ferreyro, quien manifestó que "...el cuerpo de la víctima no presentaba signos de defensa [...], sí pudiéndose observar sangrado interior muy importante, con lagunas de coágulos y hemorragias [...] que Granadino se encontraba de espaldas al recibir el impacto en el encéfalo con el hueso, produciéndose su deceso, comparando la magnitud del golpe con un accidente de tránsito sufrido a 60 kilómetros por hora" (fs. 108 y vta.).
El tribunal revisor advirtió que los sentenciantes, "...con la debida fundamentación que el ordenamiento jurídico establece" (fs. 109 vta.), procedieron a la selección de la figura afirmando que "...la mecánica del golpe que pudimos presenciar en la audiencia de debate [...], sumada a las consideraciones puntillosamente expuestas por el médico legista Ferreyro en Granadino (refirió una comparación con un accidente de tránsito a 60 km por hora, según ya manifestara), [...] fuerzan a concluir que Pablo Ojeda debió saber que con ese golpe -y en ese sector del cráneo de la víctima[-] podía matar" (fs. 108 vta.).
También descartó la pretensión de la defensa de recalificar el hecho bajo las previsiones del art. 81 inc. 1 apartado "b" del Código Penal con sustento en que para su aplicación la muerte debía haberse presentado "...como un resultado inimaginable", que "...el medio empleado no deb[ía] razonablemente" haber causado ese desenlace fatal, y que, en el caso, "...al ser idóneo para su producción queda[ba] excluida la preterintencionalidad" alegada (v. fs. 109).
Agregó que "El certero golpe en la cabeza con una botella de Gancia de 950 cc. (llena), no dejan dudas [...] respecto al conocimiento por parte del imputado, del posible desenlace", conclusión a la que arribó -según dijo- "luego de evaluar la totalidad de la prueba reunida en el debate, teniendo en cuenta, [...] el modo de uso, la intensidad, la localización de los golpes y el conocimiento de la aptitud del objeto utilizado y por supuesto su modo de empleo" (fs. cit.).
El tribunal intermedio concluyó en que la selección de otros medios probatorios a los invocados por la defensa no convirtió a la sentencia condenatoria en arbitraria por esa sola circunstancia, y que, por el contrario, debía convalidarse la decisión del órgano de mérito en los términos del art. 79 del Código Penal por haberse efectuado "...con la debida fundamentación que el ordenamiento jurídico establece" (fs. 109 vta.).
IV.3. De la reseña efectuada se puede advertir que, aun cuando el agravio dirigido contra lo decidido por el tribunal intermedio respecto de la configuración del homicidio fue sustentado en la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, en rigor, la queja reposó en cuestiones vinculadas con la valoración de la prueba (pericia médica, video filmaciones, declaraciones testimoniales), la que a partir de una diferente mirada hubiese permitido -a criterio del recurrente- otra y más benévola calificación legal.
Al respecto cabe señalar que si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo un supuesto de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, en el caso y conforme fueron reseñados los agravios, el recurrente tan solo desarrolló un criterio divergente sobre la valoración de la prueba, por lo que su planteo deberá ser rechazado por resultar insuficiente a los fines perseguidos en la impugnación en análisis (arg. art. 495, CPP).
En rigor, con la reedición de argumentos que ya había expuesto, la defensa fundamentó su reclamo en un criterio interpretativo diferente al empleado por el Tribunal de Casación, sin abonarlo con otro elemento que su propia opinión personal, no logrando de ese modo demostrar la violación legal de la norma sustantiva cuya conculcación denunció, ni que haya sido irrazonable concluir en la existencia del "dolo" de matar en el marco de las condiciones apreciadas por las judicaturas anteriores (doctr. art. 495, cit.).
IV.4. En atención a ello, habiendo supeditado el impugnante el agravio sobre la afectación del in dubio pro reo y de las garantías a la doble instancia y la defensa en juicio, con más la pretensión de aplicarse al caso el art. 81 inc. "b" del Código Penal, al éxito de lo que expuso sobre la falta de prueba del "dolo homicida", corresponde su desestimación en tanto carecen de otra alegación autónoma del reclamo principal sobre la figura legal aplicada al acusado (art. 79, Cód. cit.).
Por todo ello, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres, y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N°
Firmas
Funcionario Firmante: 15/07/2020 14:19:04 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 15/07/2020 15:08:14 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 15/07/2020 16:48:19 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 15/07/2020 18:09:09 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 15/07/2020 18:12:33 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia