Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132014
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.014-RC, "P., M. G., F., M. A. y V., J. R.. Recurso de inaplicabilidad de ley en causa n° 79.565 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, Kogan.
La Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de junio de 2018, hizo lugar parcialmente al recurso deducido por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 del Departamento Judicial de San Martín que condenó a M. A. F. a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas y tentativa de homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas (arts. 42, 44, 55 y 80 inc. 6, Cód. Penal); a M. G. P., a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas y tentativa de homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas (arts. 42, 44, 55 y 80 inc. 6, Cód. Penal), y a J. R. V. a la pena de diez años, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas, tentativa de homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas y robo calificado por el uso de arma de fuego (arts. 42, 44, 55, 80 inc. 6 y 166 inc. 2, Cód. Penal). En consecuencia, computó como pauta atenuante de la sanción la falta de antecedentes penales para los imputados M. A. F. y M. G. P., sin alterar el monto de la pena impuesta, sin costas en esa instancia (v. fs. 156/167).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial del Departamento Judicial de San Martín, doctora Laura Andrea Marconi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de M. G. P. (v. fs. 169/175 vta.), que fue concedido por el órgano recurrido a fs. 183/186; la señora defensora adjunta ante el tribunal referido, doctora Susana Edith De Seta, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de M. A. F. y J. R. V. (v. fs. 192/198), el que fue admitido por la Sala interviniente (v. fs. 199/201 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 208/213 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 214) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora defensora oficial departamental en favor de M. G. P.?
2ª) ¿Lo es el deducido por la señora defensora oficial adjunta de Casación en favor de M. A. F. y J. R. V.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La defensa de P., en el acápite titulado "Admisibilidad", denunció la violación del derecho al recurso argumentando que luego de ser revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín -recurso fiscal mediante- la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 departamental, "...se le ha denegado al joven M. P. la posibilidad de recurrir dicha sentencia condenatoria" (fs. 169 vta.).
Con transcripción de la parte pertinente de la decisión impugnada en la que el órgano casatorio aseveró que la condena se encontraba firme y consentida, alegó que lo así resuelto desoyó lo oportunamente dispuesto por esta Corte "...en el fallo del 6/8/14 (causa P. 119.896) [dictado] en estas actuaciones -al ser recurrida la sentencia que declaraba la coautoría penalmente responsable de [su] asistido por la Cámara deptal., luego de revocar la absolución del joven dictada por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil debate oral mediante- 'que lo fallado no puede reputarse definitivo' y que 'para llevar a cabo el escrutinio reclamado es necesario que previamente el órgano de mérito dicte la decisión que determine si se encuentran abastecidos los recaudos fijados por el [...] art. 4 de la ley 22.278 para la imposición de pena y establezca si, en el caso, corresponde aplicarla'" (fs. 170).
Con cita de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, resaltó que la Casación incumplió lo dispuesto por esta Corte vulnerando la garantía constitucional de la defensa en juicio, el derecho constitucional del imputado de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior y a una revisión judicial suficiente y adecuada.
En suma, solicitó que se resuelva el presente teniendo en consideración la amplitud recursiva establecida en el art. 8.2."h". de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En apoyo de su reclamo invocó el fallo "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 170 y vta.).
I.2. Desde otra arista, en primer lugar, la defensa denunció absurdo valorativo en la acreditación de la coautoría responsable y la inobservancia de los arts. 1, 106, 210, 373, 375 inc. 1, todos del Código Procesal Penal; 18, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 3, 5, 9, 12, 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal (v. fs. 171).
Luego de transcribir parcialmente la respuesta brindada por el a quo, expresó que se atribuyó valor indubitable a los dichos del testigo Bologna, en contraposición a los del imputado P. y los testigos Martínez, Deluchi y Quiroga quienes dieron solventes versiones de la presencia del encausado en otro sitio, como también lo habrían hecho los coimputados F., Maure y V., en tanto declararon que el joven P. no se encontraba en el vehículo al momento del hecho (v. fs. cit.). Aludió, además, a las declaraciones de Brian Silvera y de Carla Costilla (v. fs. 171 y vta.).
Por otra parte, indicó que la resolución impugnada "...ingresa en el tratamiento de cuestiones no planteadas por el apelante, tal como aquella relativa al ‘problema previo’ con el hermano de ‘M.’" (fs. 171 vta. cit.). Explicó que ello se aparta de lo que la ley exige, en cuanto a una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones planteadas por las partes. Hizo referencia al principio de congruencia y resaltó que de los elementos probatorios que obran en la causa, así como los surgidos de la audiencia de debate, se advierte que P. se encontraba en otro sitio al momento del evento disvalioso en cuestionamiento.
Afirmó que el análisis efectuado por la Cámara resultó arbitrario al revocar una absolución "mediante conclusiones apresuradas y carentes de sustento" (v. fs. 171 vta.).
I.3. La recurrente también denunció la afectación del principio in dubio pro reo (art. 18, Const. nac.), como consecuencia de haberse violado -a su entender- los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal en lo que respecta a la acreditación del rol autoral asignado a P..
Alegó que la prueba recogida durante el transcurso del debate no logró abastecer acabadamente los requisitos que destruyen el estado de inocencia, lo que habría generado una situación de duda razonable que debe beneficiar a su asistido.
I.4. En subsidio de los anteriores planteos, peticionó que no se imponga sanción penal al joven P. (v. fs. 172 vta.).
En ese marco, denunció la inobservancia y violación de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 171 de la Constitución provincial; 3, 37 inc. b y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; art. 4 de la ley 22.278 y 6, 7, 33, 36 y 58 de la ley 13.634, y la violación de la doctrina sentada en los fallos "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Mendoza" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los de esta Suprema Corte en las causas P. 84.985, sentencia de 2-IV-2003 y P. 98.562, sentencia de 12-IX-2007 (v. fs. cit.).
Explicó que, conforme lo normado por el art. 4 de la ley 22.278, solo debe aplicarse sanción cuando se haya acreditado la necesidad de su imposición, y que -en el caso- el a quo no fundó válidamente por qué era necesario imponer pena a P., ni estableció cómo la sanción a diez años de prisión atenderá a su resocialización.
Contrapuso a esa decisión argumentaciones que sustentó en los informes practicados por la licenciada María Cruz Walger, el psiquiatra Martín Alfredo Puricelli, la perito psicóloga Graciela A. Pini y el institucional realizado por la Unidad Penal n° 35 de Magdalena, para destacar que ellos evidenciarían que "...M. P. ha demostrado madurez y una notoria evolución, pero que podría verse afectada debido a la actual situación de encierro y la falta de recursos, no imputables al joven, atento que es su deseo estudiar y trabajar, pero hay [...] inconvenientes en los cupos" para acceder a esas actividades (v. fs. 174).
Denunció la arbitrariedad del fallo que resolvió la imposición de pena al joven P., y estimó que sería incongruente que se exijan al acusado determinadas condiciones cuando el propio Estado no genera las adecuadas para la resocialización de las personas privadas de su libertad (v. fs. cit.).
En definitiva, criticó que no se haya ponderado el principio de "excepcionalidad" de las penas que rige en el fuero penal juvenil, por lo que solicitó se case la sentencia impugnada, absolviendo a P. de la imposición de sanción penal (v. fs. 175).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 208/213 vta.).
III. A los fines de dar respuesta a los planteos traídos en la impugnación extraordinaria en examen, resulta necesario aludir al derrotero seguido en estas actuaciones.
III.1. En lo que interesa destacar, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín, el 30 de abril de 2012, resolvió -en lo pertinente- absolver al joven M. G. P. en orden al delito de homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas y tentativa de homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas, en concurso material entre sí, por el hecho producido el día 9 de junio de 2011.
III.2. Por su parte, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, mediante sentencia del 28-XII-2012, revocó el fallo anterior y tuvo al nombrado P. como coautor penalmente responsable del delito de homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas y tentativa de homicidio con el concurso premeditado de dos o más personas, los que concurren materialmente entre sí. Asimismo, dispuso el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen para que establezca "...si corresponde o no aplicar las exigencias previstas por el art. 4to. de la ley 22.278 respecto del nombrado P.." (fs. 1.046 vta., causa principal).
III.3. Frente a ese pronunciamiento la defensa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, y el 6 de agosto de 2014 esta Corte declaró su inadmisibilidad por entender, en ese entonces, que de los términos de lo resuelto por el Tribunal de Alzada "...lo fallado no puede reputarse definitivo..." (fs. 1.078/1.080, íd., esp. 1.079 vta.; registro P. 119.896).
También se dijo en esa ocasión que "...la circunstancia que se considere que el pronunciamiento atacado no constituye sentencia definitiva, no se traduce en un otorgamiento de efecto de cosa juzgada [rectius, de firmeza del fallo] -en ninguna de sus partes- a la decisión adoptada por la Cámara ahora en embate, ni impide que una eventual resolución de este último órgano, revisando a su vez la decisión del juez del reenvío que se expedirá en los términos dispuestos por la Alzada, pueda ser también objeto de las vías extraordinarias previstas en el art. 479 y siguientes del C.P.P., en la medida en que reúnan los requisitos previstos por dicho ordenamiento" (fs. 1.079 vta., cit.).
III.4. El señor defensor de Casación tomó conocimiento de la aludida resolución de este Tribunal, y al hacerlo dijo efectuar "expresa reserva" (en mayúsculas en el original) para el momento en que los órganos judiciales pertinentes "...den completitud al fallo impugnado (conf. art. 4 de la ley 22.278)..." (fs. 1.082, íd.).
III.5. Devueltos los autos a la instancia de origen, el 16 de mayo de 2016 el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, en lo que aquí interesa, luego de tener por "...cumplidos en autos los requisitos del art. 4to. de la ley 22.278..." y de expresar que "...resulta estar firme y consentido el auto de responsabilidad dictado el 28 de diciembre de 2012..." (fs. 1.455 vta., íd.), estableció como necesaria la imposición de sanción al joven M. G. P. y la fijó en diez años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 1.469, causa principal).
III.6. Contra ese pronunciamiento, la defensa del nombrado P. dedujo la vía de casación (v. fs. 1.485/1.500 vta., íd.). En esa presentación reclamó, inicialmente, que "...al momento de resolver [ese] recurso se tenga en consideración la amplitud recursiva establecida en el art. 8 párrafo 2° inciso letra h) de la Convención Americana de Derechos (Pacto San José de Costa Rica)..." (fs. 1.486 vta. íd.). Con ese marco, formuló dos órdenes de agravio, por un lado, contra la sentencia de condena, cuestionando esencialmente la acreditación del rol autoral de su asistido, y por otro, respecto del fallo que le impuso pena, impugnando la decisión sobre su necesidad en el caso y el monto de la sanción.
III.7. El tribunal intermedio en el examen del recurso de su especialidad se limitó a tratar los agravios referidos a la aplicación de pena al joven P., excluyendo de su decisión los planteos dirigidos a obtener la revisión de los extremos de la imputación resueltos en el auto de responsabilidad, en tanto consideró que en ese aspecto la sentencia se encontraba "firme y consentida" (fs. 159 vta., legajo casatorio).
IV. La reseña efectuada en el capítulo que antecede evidencia que, luego de que esta Corte dictara en estos autos la resolución P. 119.896, de fecha 6 de agosto de 2014, las subsiguientes actuaciones producidas han desoído lo allí decidido, defecto en el que incurrió el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil en su segunda intervención en la que únicamente debía decidir sobre la imposición de pena a P. (v. fs. 1.454/1.469 vta., causa principal), el que fue receptado, a su vez, en la sentencia de casación en crisis (v. fs. 156/167, legajo casatorio, esp. fs. 159 vta.).
En efecto, cabe memorar que este Tribunal en la citada resolución P. 119.896, al desestimar la impugnación extraordinaria anterior por no encontrarse satisfecho el requisito establecido en el art. 482 del Código Procesal Penal, expresó que "...la circunstancia que se considere que el pronunciamiento atacado no constituye sentencia definitiva, no se traduce en un otorgamiento de efecto de cosa juzgada [rectius, de firmeza del fallo] -en ninguna de sus partes- a la decisión adoptada por la Cámara ahora en embate, ni impide que una eventual resolución de este último órgano, revisando a su vez la decisión del juez del reenvío que se expedirá en los términos dispuestos por la Alzada, pueda ser también objeto de las vías extraordinarias previstas en el art. 479 y siguientes del C.P.P., en la medida en que reúnan los requisitos previstos por dicho ordenamiento." (fs. 1.079 vta., cit.).
Así entonces, coincido con la recurrente en que el temperamento adoptado por la Casación se estructuró a partir de una apreciación arbitraria de las constancias de la causa, lo que derivó en el dictado de un pronunciamiento que afectó la garantía de revisión amplia del fallo condenatorio. Y con esta decisión me aparto de la interpretación efectuada por el señor Procurador General al respecto de este cuestionamiento (v. esp. fs. 210 vta.).
En efecto, el sustento de lo decidido sobre los agravios casatorios contra el pronunciamiento de condena no encuentra correlato con lo establecido por esta Corte a fs. 1.079 vta. de la causa principal, y -más allá del error en el que pudo haber incurrido el órgano de origen, aun cuando no era un tema para su decisión- quedó expuesto como la sola voluntad de los jueces de excluir de su conocimiento la revisión de la condena, cuyos extremos, como quedó dicho, de ningún modo tenían la firmeza que la Casación le atribuyó.
En consecuencia, el acto jurisdiccional impugnado padece de arbitrariedad pues se aparta de las constancias de autos y no satisface la exigencia constitucional de constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos probados de la causa (conf. CSJN Fallos: 297:100; 311:948 y 2402; causa P. 121.318, sent. de 9-XII-2015, entre otras).
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que con la doctrina de la arbitrariedad "...se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 297:100; 311:948 y 2402)" (in re C.525.XLIII. Recurso de hecho. "Cabezas, Daniel Vicente y otros s/ denuncia -Las Palomitas- Cabeza de Buey", sent. de 17-X-2007, cons. 6°).
En el caso, como se ha indicado, el fallo solo satisface de manera aparente aquella exigencia constitucional (CSJN Fallos 312:1635 y 1953; 313:751; 315:119; conf. Palacio de Caeiro, Silvia B.; El recurso extraordinario federal, Ed. La Ley, Bs. As., 2002, pág. 125), por lo cual debe ser dejado sin efecto.
Por consiguiente, sin abrir juicio sobre lo que pueda resolverse sobre el fondo del asunto, corresponde hacer lugar al recurso, casar la sentencia recurrida, la que se deja sin efecto, y reenviar los autos al Tribunal de Casación, para que por intermedio de quien corresponda, se dicte una nueva ajustada a derecho, a partir de la consideración de todos los agravios que la defensa sometió a conocimiento de esa instancia revisora respecto de M. G. P. (v. fs. 1.485/1.500 vta. de la causa principal; art. 496, CPP).
V. Lo anteriormente establecido desplaza el tratamiento de los restantes agravios contenidos en la vía de inaplicabilidad de ley en examen.
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres, y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La señora defensora oficial adjunta de Casación, en representación de M. A. F. y J. R. V., denunció la inobservancia de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de lo resuelto en la causa "Maldonado" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el caso "Mendoza" por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 193).
I.1. Inicialmente, explicó que la cesura de juicio se halla prevista como garantía del joven en aras de su resocialización y reintegración social, y que la arbitrariedad del fallo impugnado resultó de la decisión sobre la necesidad de imponer pena y en el juicio de su cuantificación. En su opinión no se habría señalado el criterio adoptado para medir el fracaso del tratamiento previo efectuado, ni qué pautas fueron evaluadas para considerar desaconsejable la permanencia del derecho a la libertad y, en su caso, cuál sería el tratamiento y rehabilitación que recibirán durante la privación de su libertad (v. fs. 193 vta. y 194).
Con cita de la Convención sobre los Derechos del N
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