Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132098
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (conf. art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 132.098, "Casafus, Fabio Alejandro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 87.589 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Pettigiani, Kogan.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 12 de febrero de 2019, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Fabio Alejandro Casafus contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad, recalificó los hechos en las figuras de robo calificado por su comisión con arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional y, consecuentemente, redujo la pena oportunamente impuesta fijándola en once años de prisión, accesorias legales y costas, imponiendo pena única de trece años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas -manteniendo la declaración de reincidencia-, con excepción de las irrogadas en esa instancia atento el resultado parcialmente favorable.
Para decidir como lo hizo, la Sala I afirmó que estaba cumplido el recaudo del monto de la pena exigido por el art. 494 del Código Procesal Penal y que la defensa planteó agravios de ley sustantiva vinculados con la errónea aplicación de los arts. 40, 41 y 55 del Código Penal así como la afectación de los principios de culpabilidad y ne bis in idem que resultan aptos para superar la etapa de admisibilidad (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou", CSJN -v. fs. 86/89 vta.-).
Oído el señor Procurador General a fs. 100/104 vta., dictada la providencia de autos a fs. 105 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial, doctor José María Hernández, desarrolló los siguientes agravios.
I.1. En primer lugar, denunció la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal por considerar que entre el robo agravado y la portación ilegal de arma de fuego de uso civil existió un concurso ideal (v. fs. 73).
Luego de transcribir la respuesta del Tribunal de Casación Penal, alegó que para que sea posible la aplicación del art. 55 del Código Penal es necesario que la detentación del arma se haga con autonomía respecto del delito contra la propiedad, puesto que se pretende una condenación por dos o más hechos (v. fs. 73 vta.).
Puntualizó que su asistido ingresó a la vivienda de Mónica Soriano portando un arma de fuego para robar, allí intimidó a las personas que se encontraban en el inmueble y se apoderó de las pertenencias de la moradora; tras retirarse, dos de las víctimas y un vecino intentaron aprehenderlo, momento en el cual el imputado efectuó una serie de disparos con el claro propósito de darse a la fuga y lograr su impunidad (v. fs. 73 vta. y 74).
Aseveró que la simultaneidad temporal de las conductas típicas atribuidas a su asistido impiden considerar que se haya configurado un hecho distinto del robo que habilite la aplicación de las reglas del concurso real (v. fs. 74).
Explicó que el argumento sobre el cual el a quo afirmó la independencia temporal de la portación con relación al robo consistió en que Casafus estuvo en posesión del arma en un momento anterior y en otro posterior a la comisión del robo. Frente a ello explicó que, en rigor, existiría un concurso aparente de leyes o, en su defecto, un concurso ideal pero nunca uno real, en tanto la portación del arma previa al principio de ejecución del robo quedaría abarcada por los denominados actos preparatorios. A su vez, en lo que respecta al tramo posterior a la consumación, indicó que la portación del arma queda abarcada por las violencias ejercidas para lograr la impunidad que, como tales, integran la figura del robo (v. fs. 74 y vta.).
I.2. En segundo término, criticó la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 74 vta./86).
I.2.a. En dicho marco, denunció que se ponderó el mismo antecedente penal para declarar la reincidencia y para agravar el monto de la pena, lo que -a su entender- quebranta los principios de culpabilidad por el acto y la garantía de ne bis in idem (arts. 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.4, CADH y 14.7, PIDCP -v. fs. 74 vta. y 75-).
Explicó que valorar la existencia de una sentencia de condena para agravar la pena viola el principio de culpabilidad en tanto se funda en la peligrosidad y en la conducción de vida, situación que encuadra en lo que la doctrina denomina "fórmula de la advertencia" (v. fs. 75/76 vta.).
Frente a ello, recordó que el principio de culpabilidad por el acto se contrapone a tales postulados ya que tiene como propósito vincular el injusto con su autor y lograr que la pena a imponer respete el principio de proporcionalidad. En su apoyo, trajo a colación el fallo "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 75 vta./76 vta.).
Consideró que para agravar la pena con sustento en la existencia de antecedentes penales resulta necesario contar con prueba empírica que dé sustento al juicio de reproche agravado (v. fs. 77).
Finalmente, citó el fallo "Fermín Ramírez vs. Guatemala" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y concluyó que la aplicación del art. 41 del Código Penal se fundó en criterios peligrosistas y en un derecho penal de autor que no respeta el principio de culpabilidad (v. fs. 78 vta.).
I.2.b. Por otra parte, denunció la afectación del principio de ne bis in idem por haber agravado la pena de un segundo hecho por registrar una condena anterior y, al mismo tiempo, declararlo reincidente en función del mismo antecedente penal. Citó el fallo "Gramajo" de la Corte nacional (conf. art. 8.4, CADH; 14.7, PIDCP; 75 inc. 22, Const. nac. -v. fs. 78 vta. y 79-).
I.2.c. Por último, solicitó se pondere como pauta atenuante la recuperación de todo lo sustraído (arts. 40 y 41, Cód. Penal -v. fs. 79 vta.-).
Criticó que no se haya valorado positivamente dicha circunstancia y recordó que el Tribunal de Casación la descartó por considerar que no obedeció a un obrar exclusivo del imputado dirigido a mitigar el daño causado a la víctima sino a una circunstancia ajena a su voluntad. Frente a ello, alegó que el a quo agregó "...una exigencia que no se encuentra establecida en la ley: que la atenuación del daño no se deba al obrar del imputado" (fs. cit.).
De seguido, explicó que siendo que el delito de robo protege el bien jurídico propiedad y que la damnificada recuperó la totalidad de las cosas sustraídas, el disvalor de resultado se reduce a la privación de uso y goce del bien durante un breve lapso. Por tales motivos, manifestó que dicha circunstancia debió merituarse como una atenuante vinculada con la "extensión del daño causado" que contempla el art. 41 del Código Penal (v. fs. 79 vta. y 80).
Agregó que al haberse descartado el pedido de cambio de calificación a robo en grado de tentativa debió necesariamente valorarse como atenuante la circunstancia mencionada pues ello reduce el daño patrimonial sufrido (v. fs. 80).
Por todo lo expuesto, requirió se haga lugar a los planteos de errónea aplicación de los arts. 40, 41 y 55 del Código Penal y se reenvíen las actuaciones para resguardar la doble instancia en la mensura de la pena (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP -v. fs. cit.-).
II. En el dictamen de fs. 100/104 vta., el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso. Coincido con él.
III. Como acertadamente expuso el señor Procurador General, la denuncia de errónea aplicación del art. 55 del Código Penal con relación a las figuras de robo calificado y portación de arma de uso civil no procede (art. 496, CPP).
Veamos.
III.1. El hecho que se tuvo por legalmente acreditado y que llegó incontrovertido ante el tribunal intermedio consistió en que "...el día 10 de enero del año 2013 siendo aproximadamente las 11:30 hs. una persona de sexo masculino [provisto] de un arma de fuego pistola calibre 9 mm, que portaba sin contar con la debida autorización legal, ingresó a la casa de la señora Mónica Soriano sita en calle 11 n° 317 entre 528 y 529 de La Plata y previo intimidar a quienes se encontraban en dicho inmueble con el arma que portaba, los desapoderó de dinero en efectivo, joyas y diversos electrodomésticos para posteriormente darse a la fuga. Que ante dicha circunstancia dos de las víctimas, Daniel Martín Pagliari y Horacio Varani, y un vecino advertido de la situación, Cristian Robledo, intentaron su aprehensión, momento en el cual el imputado efectuó varios disparos contra ellos sin herirlos y con el claro propósito de lograr su impunidad, siendo finalmente apresado por el ciudadano Cristian Robledo y personal policial interviniente en calle 529, casi llegando a calle 14, secuestrándose en su poder parte de los elementos sustraídos, y el arma de fuego utilizada en el evento a escasos metros de dicho lugar" (fs. 57).
III.2. En lo que aquí importa, el a quo -por mayoría- rechazó el pedido de aplicación de las reglas del art. 54 del Código Penal pues consideró que de la descripción de los hechos surge que los delitos de robo calificado por uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil concursaron realmente entre sí (v. fs. 60).
En tal sentido, argumentó que "...sin perjuicio de la superposición material parcial que pudo existir entre ambos tipos penales [...] la secuencia fáctica probada en el fallo remite a que existieron 'hechos independientes y escindibles' que justifica[n] la solución del caso en los términos del artículo 55 del C[ódigo] P[enal], toda vez que dicha pluralidad de lesiones a bienes jurídicos [...] excedió el derecho de propiedad e integridad física (robo con arma de fuego) y trascendió [...] con puesta en riesgo a la seguridad pública (portación ilegal de arma de guerra)" (fs. cit.). Agregó que no hay identidad típica entre ambas figuras delictivas, aún bajo la hipótesis de una coincidencia en tiempo y espacio, pues no debe soslayarse que, en la generalidad de los casos y por una cuestión lógica, existe una secuencia previa al hecho contra la propiedad en donde el sujeto ya se encuentra portando el arma que luego utiliza en el atraco, como tampoco aquellos otros casos en los que el asaltante, tras haber logrado el apoderamiento ilegítimo y alcanzado el estadio de la consumación formal de dicho tipo, comienza su fuga llevando consigo el arma -previamente utilizada- en condiciones de inmediato uso (v. fs. 60 vta.).
En dicho marco, explicó que el contenido prohibitivo de los tipos penales en cuestión no se excluyen totalmente entre sí, sino que pueden aplicarse de manera simultánea. A su vez, manifestó que la parte no se hizo cargo de las particularidades del caso en tanto del hecho descripto en el fallo de condena -que quedó incontrovertido- surge la existencia de dos hechos independientes entre sí ya que una vez consumado formalmente el delito contra la propiedad Casafus se dio a la fuga disparando el arma de fuego que portaba en la vía pública, la que fue secuestrada por el personal policial interviniente al ser aprehendido a varias cuadras de distancia del lugar del hecho del robo (v. fs. 61).
III.3. Ahora bien, de lo hasta aquí expuesto se advierte que la defensa oficial insiste con los planteos oportunamente llevados ante el Tribunal de Casación Penal sin rebatir eficazmente que la aplicación del art. 55 del Código Penal resulta acertada pues la portación ilegítima del arma de fuego de uso civil tuvo lugar fuera de los límites del robo de manera autónoma y completa después de la consumación formal del delito contra la propiedad.
Lo así decidido se corresponde con la doctrina de esta Corte aplicada en casos análogos al presente que establece que "...es legalmente admisible la integración de un concurso real entre robo calificado por el uso de armas y tenencia de arma de guerra [en el caso, mutatis mutandis, portación ilegal de arma de fuego], dado que esta última conducta, que configura delito de peligro abstracto de carácter permanente, es independiente del uso que antes o después puede hacerse de ella para configurar otro suceso, o sea que tiene momento consumativo propio y distinto del tipo anteriormente mencionado" (conf. causas P. 80.651, sent. de 21-XII-2005; P. 73.532, sent. de 27-VI-2007; P. 123.674, sent. de 11-IV-2018; e.o).
IV. Por otra parte, la denuncia de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, en cuyo marco se cuestionó la ponderación del antecedente penal como pauta agravante y la afectación del principio de culpabilidad por el acto y de la garantía de ne bis in idem, tampoco procede (arts. 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.4, CADH y 14.7, PIDCP).
IV.1. Como acertadamente lo puso de manifiesto el señor Procurador General y el Tribunal de Alzada al rechazar idéntico planteo llevado por la defensa oficial (v. fs. 62/63), esta Corte tiene dicho que el cómputo como agravante de la condena anterior -contrariamente a lo pretendido por la parte- no vulnera el principio de culpabilidad (conf., en lo pertinente, causas P. 100.577, sent. de 22-X-2008; P. 102.267, sent. de 29-XII-2008; e.o.).
En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Gago, Damián Andrés s/causa nº 2175", sentencia de 6-V-2008 -por remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal- ha resuelto (y ello también es aplicable en lo pertinente a la situación de autos) que "...el desprecio por la pena anterior se refleja en una mayor culpabilidad, que autoriza una reacción más intensa frente al nuevo hecho (Fallos: 311:1451)".
IV.2. Por otra parte, la valoración del mismo antecedente penal para declarar la reincidencia y, al mismo tiempo, como pauta agravante no afecta la garantía de ne bis in idem pues la reincidencia resultante de aquel -no computada paralela e independientemente como agravante- produce otras consecuencias que no guardan relación con la cuantía de la pena impuesta (conf. causas P. 57.387, sent. de 1-XII-1999; P. 60.945, sent. de 3-XI-2004 y P. 107.827, sent. de 18-VIII-2010).
En definitiva, la condición jurídica de reincidente fue declarada en autos pero no valorada simultáneamente como pauta de agravación distinta de la condena anterior y los efectos que tal declaración trae aparejados no constituyen un impedimento para que las condenas que la originan puedan ser computadas en el carácter de agravante (causas P. 57.387, cit.; P. 58.385, sent. de 22-XII-1999; P. 65.719, sent. de 10-IX-2003; P. 63.945, sent. de 26-X-2006; P. 79.964, sent. de 20-VI-2007; P. 81.756, sent. de 9-IV-2008; e.o.).
V. Tampoco procede el reclamo vinculado con la ponderación de la recuperación de la totalidad de lo sustraído como atenuante (arts. 40 y 41, cit.).
V.1. Sobre el punto, el órgano revisor -por mayoría- resolvió que siendo que la recuperación de las cosas sustraídas ilegítimamente "no obedece a un obrar exclusivo del imputado, por el que se busca mitigar el daño causado a las víctimas, sino que, por el contrario, se debe a una conducta ajena a éste", no puede valorarse como pauta atenuante (v. fs. 65).
V.2. Frente a lo así decidido el recurrente se limita a oponer su propio criterio divergente, según el cual la circunstancia que invoca podría operar como atenuante sin evidenciar que el tribunal hubiera incurrido en el quebranto de los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 86.602, sent. de 8-XI-2006; P. 87.084, sent. de 12-VII-2006; entre muchas).
Por lo demás, lo decidido por el órgano revisor coincide con lo que reiteradamente viene sosteniendo esta Corte en el sentido de que no puede tener acogida como atenuante la recuperación de lo sustraído pues dicho acontecer se debió a la pronta intervención policial que procedió a la aprehensión de los sujetos intervinientes y al secuestro de los bienes ilegítimamente apoderados, y no a la voluntad del procesado (causas P. 69.229, sent. de 23-XI-2005; P. 68.432, sent. de 1-III-2006; P. 89.244, sent. de 25-IV-2007; e.o.).
Por lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (conf. art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el Nro.
Firmas
Funcionario Firmante: 29/07/2020 09:40:11 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 29/07/2020 11:47:37 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 29/07/2020 12:09:39 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 29/07/2020 14:06:55 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 29/07/2020 14:29:16 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia