Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132456
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 2971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 132.456, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 79.641 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Rodríguez, Facundo Sebastián" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 8 de agosto de 2017, hizo lugar al recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Facundo Sebastián Rodríguez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Matanza que lo condenó a la pena de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por la utilización de un arma de fuego, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, en concurso real con el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. En consecuencia, casó el fallo en lo que respecta a la calificación legal, por considerar que no se había configurado el elemento típico "relación de pareja", y ordenó el reenvío al tribunal de origen que -en cumplimiento de lo así dispuesto- condenó al nombrado a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (v. fs. 69/77).
Frente a lo así decidido, el señor agente fiscal ante la aludida instancia presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 129/138 vta.), siendo admitido el 20 de marzo de 2019 por el tribunal recurrido por considerar que cumplía con los recaudos del art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 139/142 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 158/161 vta., dictada la providencia de autos a fs. 162, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor agente fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denuncia la errónea aplicación del art. 79 y la inobservancia del art. 80 inc. 1, ambos del Código Penal, así como la arbitrariedad de la sentencia por fundamentación aparente basada en afirmaciones dogmáticas en cuanto concluyó que no se demostró la "relación de pareja" que hace a la circunstancia agravante del mentado homicidio calificado, valiéndose del art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación para definir y establecer el alcance de ese elemento del tipo penal (v. fs. 132 vta.).
En primer lugar, alega que el citado art. 509 no estaba vigente al momento de sancionarse la actual redacción del homicidio calificado por el vínculo por lo que -a su entender- resulta absurdo afirmar que la interpretación del término legal "relación de pareja" debe efectuarse a partir de un texto que "ni siquiera estaba en el ánimo del legislador". Destaca que de la lectura de los antecedentes parlamentarios se desprende que con la reforma se pretendió ampliar la calificante "...a fin de receptar realidades que quedaban por fuera de la formalización de los vínculos en instituciones reguladas por la legislación civil" (fs. 132 vta. y 133).
Agrega que "la asimilación que pretenden hacer los casacionistas es a todas luces irrazonable, en tanto el art. 509 [del Código Civil y Comercial] regula las 'uniones convivenciales' y nada dice del término 'pareja' que es el que [...] interesa a los fines del art. 80 inc. 1° del C.P.". Resalta que no se explican los motivos por los que se concluye que "...'pareja' y 'unión convivencial' resultan sinónimos" (fs. 133), cuando las pocas veces en que en el régimen civil se utiliza el término "pareja", "...se refiere conjunta, alternada o indistintamente a los integrantes del matrimonio (cónyuges) como a los miembros de la unión convivencial...", siendo claro que en el ámbito penal fue establecido con otra dimensión más amplia (v. fs. cit. y vta.).
Luego, refiere que "...lo inapropiado de la asimilación" se observa por la propia redacción del inc. 1 del mentado art. 80 de la legislación represiva, en tanto aclara que "...el tipo penal resulta aplicable 'mediare o no convivencia'. Siendo que un requisito de la unión convivencial es, precisamente, la convivencia" (fs. 133 vta.).
A continuación, critica la remisión "parcial" al régimen del ámbito privado modificado por la ley 26.994 que, vale reiterarlo, entró en vigencia a casi tres años (1 de agosto de 2015) del establecimiento de este nuevo alcance del homicidio agravado por el vínculo (ley 26.791, B.O. de 14-XII-2012), en tanto el a quo se apartó de éste en el tramo que exige la convivencia; pero entendió ver en los otros atributos de la unión civil elementos útiles para la asimilación. Ello, estima, evidencia el absurdo denunciado ya que en lugar de realizar una aplicación "fragmentada" de la norma debió -a su criterio- concluir que "la unión convivencial" no resulta asimilable al término pareja del tantas veces referido art. 80 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 133 vta. y 134).
Concluye entonces que "...la pretendida 'interpretación normativa' a partir del art. 509 del CCyC, queda de este modo desenmascarada como un intento de los casacionistas de dotar de supuesta autoridad legal a una caprichosa interpretación del art. 80 inc. 1 del CP". En su apoyo, citó jurisprudencia de la casación nacional (v. fs. 134/135).
Sentado ello, sostiene que "Constatada la imposibilidad de interpretar el art. 80 inc. 1 del CP a la luz del art. 509 del CCyC, lo correcto hubiera sido que los jueces acudieran a otro mecanismo exegético que le permitiera desentrañar si la relación [...] entre Facundo Sebastián Rodríguez y Karen Mariana Arias resultaba -o no- encuadrable en la terminología utilizada por el tipo penal imputado" (fs. 135).
A su entender, "...víctima y victimario se encontraban unidos por una relación de pareja en los términos del art. 80 inc. 1 del CP, tal como lo tuvo por probado el tribunal de juicio". Explica que la razón de la agravante en cuestión radica en la mayor confianza que genera el vínculo de pareja con el autor y la mayor eficiencia en la ejecución del hecho que le provee la intimidad con la víctima (v. fs. 135 y vta.).
Puntualiza que de la prueba producida se desprende que Karen, de dieciséis años de edad, y Facundo, de dieciocho años, eran novios y que ello era conocido por terceras personas (vecinos, madre de la víctima), siendo incluso ese vínculo reconocido por el propio imputado, quien así lo declaró, aclarando que "la amaba", aunque "iban y venían", por la existencia de celos mutuos.
Recalca que entre ambos existía "...un vínculo afectivo [...] determinado por la joven edad y circunstancias personales de cada uno. Un vínculo con vaivenes y sin proyectos comunes a futuro, quizás como la mayoría de los individuos de esa edad. Sin embargo, el propio imputado reconoció que, aunque eran jóvenes, tenían cierta estabilidad en la relación [...] Por otra parte, el vínculo era público en tanto los allegados conocían la relación [...], poseían intimidad tal como para que Karen acudiera a la casa de Facundo Rodríguez y permaneciera con él en la habitación".
Indica que "el lugar del hecho -habitación del imputado- y las circunstancias en que acaeciera, siendo que la víctima se había ausentado de la escuela para estar con Rodríguez, dan cuenta del vínculo que mantenían y de la justificación de la agravante en los términos pretendidos: la intimidad y la confianza surgida de la relación de pareja -noviazgo- proveyeron a Rodríguez de la oportunidad y eficacia de su conducta" (fs. 135 vta./136 vta.).
De otro lado, aclara que si bien no comparte la solicitud efectuada por el señor fiscal de instancia acerca de la aplicación al caso de las circunstancias extraordinarias de atenuación previstas en el art. 80 in fine del Código Penal, enfatizando sobre la falta de fundamentos mínimos que expliquen sus presupuestos, la prohibición de reformatio in pejus, como derivación del derecho de defensa en juicio, le impedían apartarse de lo decidido (v. fs. 136 y vta.).
Por último, a remolque de las previsiones de la Convención de Belem do Pará, jurisprudencia e informes elaborados por organismos internaciones que dan cuenta del contexto de impunidad en el que acontecen los hechos de violencia de género dentro del cual -a criterio del recurrente- se enmarca la decisión en crisis, sostiene la denuncia sobre arbitrariedad en la inobservancia del mentado art. 80 inc. 1 del citado digesto sustantivo (v. fs. 136/138).
II. En su dictamen de fs. 158/161, el señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso, reestableciendo la calificación legal y la pena oportunamente impuesta.
III. A mi juicio, el recurso procede con el alcance que sigue.
III.1. El tribunal del juicio tuvo por debidamente acreditado que "...el 21 de abril del año 2015, promediando las 10:00 hs., en el interior de una de las habitaciones de la finca [en la cual residía el imputado Facundo Sebastián Rodríguez], [este] sujeto de sexo masculino, munido de una pistola calibre 22 marca Bersa, número de serie 7716, que detentaba sin contar con la debida autorización legal, [en el marco de una discusión por posibles 'celos', según refirió el autor] efectuó contra la humanidad de Karen Mariana Arias -con quien mantenía una relación de noviazgo- un disparo con el adminículo de fuego que esgrimía, el que ingresó por el orificio nasal derecho, ocasionándole una herida de tal magnitud que derivó en un shock hipovolémico, con descompensación hemodinámica y edema cerebral generalizado, que a la postre le condujeron al óbito" (fs. 475 vta. de la causa principal).
No hallándose discutida en aspectos esenciales, ni la mecánica del hecho ni la autoría, en lo que respecta a la calificación legal el sentenciante de grado subsumió el hecho en la figura de "homicidio agravado por el vínculo y por la utilización de un arma de fuego, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación" (fs. 485 vta. y 486, ibíd.).
Después de descartar la posibilidad introducida por el letrado de la particular damnificada de que el encartado hubiera obrado en estado de emoción violenta, tanto porque "la causal de atenuación invocada no fue motivo de controversia a lo largo del proceso", como la "carencia de estructura probatoria encaminada a demostrar alguna perturbación del ánimo" con ese significado, y frente al vínculo que los unía "llámese noviazgo o pareja", reconocido por el propio sujeto activo, se ocupó de la acreditación del componente subjetivo.
Aunque, por cierto, de una manera no muy clara, se puede inferir del contenido del fallo, que no desconocido por el autor el sustrato fáctico o circunstancia de hecho que conlleva al encuadre de su obrar en el art. 80 inc. 1 del Código Penal, esto es el conocimiento de la existencia material del noviazgo mantenido con la víctima (que, de faltar, impediría afirmar el dolo), sino que aquél, según se sostiene, no habría contado con la adecuada "internalización de ese vínculo", entendiendo que esa deficiente comprensión del significado jurídico-normativo de la "relación de pareja" que los unía, por la juventud de ambos -adolescentes de 16 años ella y 18 años, él- y la escasa experiencia vital e inmadurez del incuso (conf. informes periciales que se citan), a los fines de la consciencia de la antijuridicidad del hecho, "...ya propiamente en el terreno de la culpabilidad", importaría un menor reproche con necesaria repercusión en la determinación de la pena a imponer, todo lo cual permitía subsumir el comportamiento del encartado bajo las previsiones del párrafo final del mentado art. 80, es decir, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación (v. fs. 486 vta. y 487).
III.2. Por su parte, el Tribunal de Casación Penal, resolvió, en lo que aquí importa, que el planteo de errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal llevado por la defensa del incuso resultaba procedente por no haberse configurado el elemento objetivo "relación de pareja, mediare o no convivencia" que reclama la figura agravada entre la víctima -Karen Mariana Arias- y el victimario -Facundo Sebastián Rodríguez- (v. fs. 73 y vta.).
Explicó que dicho término incorporado por ley 26.791 debe ser definido "...a fin de hacer posible una aplicación segura y calculable del Derecho Penal", que lo sustraiga de la irracionalidad y la arbitrariedad. Pues, a diferencia de los restantes motivos de agravación que contiene ese inciso -ascendiente, descendiente o cónyuge- este carece "...de una norma jurídica concreta que pueda servir de referencia para su entendimiento" (fs. 73 vta. cit.).
Con base en la consecuencia derivada del principio de legalidad, referida a la prohibición de leyes penales indeterminadas o imprecisas, explicó que "tratándose [aquél] de un concepto que no proporciona descripciones de la conducta prohibida sino que requiere del juez un juicio valorativo", se habrá de establecer si el tenor literal del texto legal puede constituir "...un límite a la extensión arbitraria de la interpretación", tratándose el término "pareja" de un elemento normativo del tipo penal cuyo sentido, reitera, no puede extraerse de otra norma del ordenamiento jurídico sino a través de un juicio de valoración socio-cultural (art. 18, Const. nac.; v. fs. 74 y vta.).
No obstante, en afán de "...restringir las posibilidades de prescindir de un contexto normativo jurídico", y en procura de mayor precisión -y seguridad- en el alcance del término echó mano, en parte, al concepto de "uniones convivenciales" del Código Civil y Comercial de la Nación. Pues, aunque el ordenamiento penal excluye expresamente la exigencia de que "haya convivencia", concluye que surgen de allí "...pautas que habrán de permitir una interpretación plausible conforme los parámetros señalados" (fs. 74 vta.).
En tal sentido, recordó las exigencias del citado art. 509 y consideró razonable que, excluido el requisito de convivencia, se mantuvieran los demás para así reducir el ámbito de irracionalidad y arbitrariedad en la interpretación de la ley (fs. 75).
Concluyó que el término "pareja" del art. 80 inc. 1 debe entenderse como una unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente de dos personas, sean del mismo o de diferente sexo o género (v. fs. cit.).
En este contexto, juzgó que de las pruebas valoradas por el tribunal del juicio surgía "...la informalidad de la relación afectiva existente entre los mencionados sujetos. De este modo la describió el propio imputado quien manifestó que no tenían proyectos comunes, ni compartían nada debido a la corta edad de ambos, diciendo textualmente: 'éramos novios ahí, la relación tenía vaivenes, íbamos y veníamos'" (fs. 75). A su vez, recordó que "...la progenitora de la víctima, María del Valle Reynoso, dijo que el imputado fue solamente dos veces a su casa, oportunidad en las que acompañó a su hija únicamente hasta el portón, no ingresando a la vivienda"; y añadió que ella misma "...había concurrido a la casa de Rodríguez en dos oportunidades" a efectos de dialogar con los padres del joven, con miras a evitar que la relación tomara "algún tipo de formalidad". Reputó que todo ello era demostrativo del tipo de relación que tenían el imputado con la víctima, que era "...informal, propia de la edad, y con cierto grado de inmadurez debido, lógicamente, a la corta edad de ambos" (fs. 75 y vta.).
Aclaró que "Sin perjuicio [de] que un vecino y uno de sus amigos se refirieron a ambos como novios [...] de las constancias de la causa no surge un vínculo claro sino más bien difuso, lo que imposibilita afirmar que existía entre ellos una relación de noviazgo o pareja con las características que fueran expuestas previamente" (fs. cit.).
III.3. Más allá de las consideraciones que se podrían formular acerca de los argumentos en base a los cuales el fallo de primera instancia encuadró los hechos en el art. 80 inc. 1 in fine del Código Penal (v. punto III.1), materia ajena a la competencia de esta Corte, lo que aquí nos convoca se ciñe a determinar la corrección de la interpretación que realizó el Tribunal de Casación Penal del elemento "relación de pareja" del art. 80 inc. 1 del Código Penal.
III.4.a. La objeción del recurrente relativa a que en la solución provista por la casación se trató de asimilar el término "relación de pareja" del art. 80 inc. 1 del Código Penal, al de "unión convivencial" del art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación, y así decidir que, ante la reconocida carencia de "una norma jurídica concreta" que pudiera llenar su contenido, debía echarse mano a la definición de la "unión" civil, pese a no poder parangonarse en su completitud ya que la existencia presente o pretérita de convivencia entre los miembros de la pareja es indiferente para la ley penal, no obstante exigir la presencia de los otros presupuestos para definir el término "pareja" a efectos de la agravación del homicidio, es, a mi juicio, una crítica acertada.
III.4.b. Para la ley civil la convivencia es un recaudo característico del régimen -y al menos por un lapso de duración de dos años-, que no exige el tipo penal, junto con otros presupuestos: la mayoría de edad de los integrantes -sean del mismo o de diferente sexo o género-, la ausencia de impedimento por razones de parentesco o de ligamen, entre otros que se establecen, y con características prototípicas de singularidad, publicidad, notoriedad, estabilidad y permanencia (arts. 509 y 510, Cód. Civ. y Com.; v. fs. 133 y vta.). Exigir su concurrencia importaría añadir a la figura penal elementos que no comprende ni le son característicos. Esto y la circunstancia de que el referido régimen de "unión convivencial" en el ámbito del derecho privado entró en vigencia casi tres años después de establecida esta agravante en el Código Penal, habla a las claras de lo inapropiado de forzar esa asimilación, aunque sea parcialmente.
III.4.c. Según paso a considerar, las notas típicas de la unión convivencial estipuladas en los arts. 509 y 510 del Código Civil y Comercial, entre las que sobresale la convivencia entre sus integrantes por al menos dos años, aunque, insisto, no es la única distintiva, no ha sido esa circunstancia ni tampoco todas las otras las allí establecidas, prevalentemente tenidas en cuenta por el legislador penal en ocasión de modificar la figura del homicidio agravado por el vínculo con la extensión dada por la ley 26.791 (B.O. de 14-XII-2012).
III.4.d. Fueron muchos los proyectos de ley que formaron parte de la discusión parlamentaria hasta lograr consensuarse el texto penal aquí en vigencia.
Se sabe que el 2 de marzo de 2011 ingresó en la Honorable Cámara de Diputados el Proyecto de ley 0106-D-2011 (firmantes: Conti- Comelli -Di Tullio- West), al que se adunaron varios otros, siendo girados a la Comisión de Legislación Penal, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
En algunos pasajes del trabajo en la referida Comisión se explica que las razones de los agravantes correspondientes a cualquiera de las situaciones descritas en el inc. 1 tienen que ver, de un lado, "...con que la mayor antijuridicidad del hecho radica en los deberes de asistencia, respeto y cuidado que se deben mutuamente las parejas" y, muy particularmente que esa extensión a toda relación de pareja, con la amplitud referida, es que la víctima se ve especialmente "vulnerada" en función del "...abuso de confianza en el que se comete el homicidio".
En la quinta reunión, cuarta sesión ordinaria de la Honorable Cámara de Dip
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