Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132498
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.498, "Agozzino, Diego Gabriel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 92.448 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de octubre de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, que, en el marco de la causa n° 2.573/474 -del registro a su cargo-, resolvió no hacer lugar a la unificación de sentencias solicitada por la parte (v. fs. 45/49 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 53/58 vta.), el cual fue concedido por resolución del 20 de febrero de 2019 (v. fs. 64/68).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 87/92), dictada la providencia de autos (v. fs. 93) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial tacha el fallo de arbitrario por haber realizado una interpretación del art. 58 del Código Penal que prescinde de lo allí preceptuado (v. fs. 57).
Sostiene que el Tribunal de Casación Penal fundó su decisión en que debía considerarse agotada la primera condena tomando en cuenta para ello la fecha de cumplimiento de la misma, y no la firmeza de la sentencia que la impuso.
Puntualiza que el momento para establecer si dos condenas son unificables es -en un caso como el presente- aquel en el cual la sentencia que impuso la pena se encuentra firme, porque ello es lo que determina si ese proceso y los demás tramitaron paralelamente o no, dato que fue ignorado en el caso.
Concluyó que el tribunal a quo se valió de una interpretación arbitraria del art. 58 del Código Penal para negar que entre la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza y la pronunciada por su par n° 2 del Departamento Judicial de San Martín existió una relación de condena (v. fs. cit.).
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso (v. dictamen de fs. 87/92).
III. De modo liminar corresponde efectuar una reseña de algunos hitos procesales:
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza -causa n° 2.573-, mediante el fallo dictado el 17 de junio de 2003, condenó a Diego Gabriel Agozzino a la pena de quince años de reclusión, accesorias legales y costas, por ser coautor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de armas, robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa y homicidio criminis causae en grado de tentativa en concurso real (v. fs. 1.058/1.088 del principal).
Contra ello, la defensa interpuso recurso de casación (v. fs. 1.092/1.121 vta.). La Sala III del Tribunal intermedio, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de febrero de 2009, en lo que resulta de interés para la causa, lo declaró parcialmente procedente y condenó a Diego Gabriel Agozzino a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas en carácter de coautor de los delitos de robo simple y robo con lesiones graves en grado de tentativa, en concurso real (v. copia que luce a fs. 1.238/1.258).
III.2. Por otro lado, al momento de notificar al imputado de lo resuelto y al no ser habido, se lo declaró rebelde y se suspendió el trámite de las actuaciones (v. fs. 1.312/1.313).
III.3. Al ser detenido en causa que tramitó ante el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Martín, fue notificado de la sentencia del Tribunal intermedio con fecha 24 de agosto de 2017 y allí manifestó su voluntad recursiva (v. fs. 1.382); mientras que por resolución del 28 de agosto del mismo año se revocó la rebeldía oportunamente declarada (v. fs. 1.384/1.385).
III.4. El Tribunal de Casación Penal, por auto del 28 de diciembre de 2017, rechazó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que la defensa de Agozzino había interpuesto contra la sentencia dictada por esa judicatura -causa n° 2.573- (v. copia sin firmar de fs. 1.418/1.420).
III.5. El 2 de enero de 2018, el señor defensor oficial solicitó la unificación de la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza -causa n° 2.573-, y la pronunciada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Martín -causa n° 4.044-. En la misma oportunidad acompañó acta en la cual Diego Gabriel Agozzino también peticionó dicha unificación, además de desistir del recurso extraordinario antes mencionado y consentir el fallo pronunciado en la primera de las causas citadas (v. fs. 1.425/1.426).
III.6. Con fecha 12 de junio de 2017, el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Martín había condenado a Diego Gabriel Agozzino a la pena de siete años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, y portación ilegal de arma de guerra, en concurso real -causa n° 4.044-. El 12 de julio de 2017 se aprobó el cómputo de pena y se determinó que la misma vencería el 20 de febrero de 2023, y que cumpliría el término previsto en el art. 13 del Código Penal el 10 de julio de 2020 (v. fotocopias certificadas de fs. 1.438/1.446).
III.7. Cumplidas las vistas respecto de la unificación peticionada, el señor fiscal se pronunció por el rechazo (v. fs. 1.451/1.452 vta.), mientras que la defensa de Agozzino peticionó como cuestión previa la extinción de la acción penal por prescripción con relación al delito de robo simple por el que fuera condenado por el Tribunal de Casación Penal por sentencia del 3 de febrero de 2009 (v. fs. 1.453/1.456 vta.).
III.8. A fs. 1.461 consta el cómputo de pena correspondiente a la sentencia dictada en causa n° 2.573, según el cual la misma venció el 19 de marzo de 2008 y caducó en todos sus efectos registrales el 19 de marzo de 2018, siendo aprobado por resolución del 22 de junio de 2018. En el mismo pronunciamiento se rechazó la petición de unificación como también el pedido de extinguir la acción penal por prescripción (v. fs. 1.464/1.466 vta.).
Para así decidir, el tribunal consideró que en el caso no se alcanzaban los presupuestos establecidos por el art. 58 del Código Penal debido a que el encartado "...al momento de cometer el hecho ilícito por el cual fuera condenado por el TOC nro. 2 de San Martín, no se encontraba cumpliendo pena ante esta Judicatura [...], en virtud de que al día 14 de diciembre del año 2006; le restaba cumplir 1 año, 3 meses y 6 días, de conformidad con el monto de pena final dictado por [...] Casación"; por lo cual no había un concurso real de delitos "...en razón de que a la fecha de comisión del hecho investigado en autos, la pena impuesta por esta Judicatura ya se encontraba vencida al momento de cometer el segundo [...] ilícito" (fs. 1.465 y vta.).
Contra la parcela del auto que desestimó el pedido de prescripción, la defensa de Agozzino interpuso recurso de apelación (v. fs. 1.477/1.479). La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza, mediante el pronunciamiento del 16 de agosto de 2018, resolvió revocar esa decisión por prematura y ordenó a los miembros del Tribunal -previo requerir los informes pertinentes-, que emitan una nueva resolución sobre el planteo extintivo (v. fs. 1.490/1.494).
III.9. El 17 de diciembre de 2018, el Tribunal en lo Criminal n° 3 declaró la extinción de la acción penal por prescripción en el marco de la causa n° 2.573 en orden al delito de robo simple (v. fs. 1.520/1.522), ello motivó que por auto del 29 de marzo de 2019 se readecuara la pena impuesta a Diego Gabriel Agozzino en siete años de prisión, accesorias legales y costas, en orden al delito subsistente de robo con lesiones graves en grado de tentativa (v. fs. 1.544/1.545 vta.).
III.10. A fs. 1.546/1.547, se realizó nuevo cómputo y se estableció que la pena impuesta al nombrado venció el 19 de marzo de 2003, y caducó en todos sus efectos registrales el día 19 de marzo de 2013.
III.11. En el recurso de casación interpuesto contra el auto que desestimó el pedido de unificación, la defensa oficial se agravió de la interpretación brindada al art. 58 del Código Penal, alegó la afectación al principio de legalidad y la omisión de analizar el caso a la luz de los principios de restrictividad y favor rei. Afirmó que en el presente se había postulado un supuesto de unificación de sentencias y no de penas como entendió el tribunal. Sostuvo que al momento en que Agozzino cometió el segundo hecho del 21 de abril de 2015, aún no había recaído condena firme en la primera causa (n° 2.573) en virtud de que para esa fecha su asistido todavía no había sido notificado de la sentencia del Tribunal de Casación, la cual adquirió firmeza el 25 de abril de 2018 conforme el cómputo de pena realizado el 22 de junio de ese año. A su vez, no compartió el criterio de que no procedía la unificación de sentencias por encontrarse la pena anterior vencida, pues en el caso al momento de dictarse la condena del tribunal de San Martín no había una pena anterior dado que el pronunciamiento de Casación no estaba firme, y por ende, no había una condena previa (v. fs. 25/31 del legajo casatorio).
III.12. Abocado a resolver, el tribunal intermedio sostuvo que del cómputo de pena practicado por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza -causa n° 2.573-, se advertía que la sanción impuesta a Agozzino se encontraba vencida desde el 19 de marzo del año 2008, hallándose cumplida su caducidad registral; y agregó que "...el 12 de junio de 2017, el Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Martín condenó al nombrado a la pena de siete años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas", y que "...los hechos por los que resultó condenado Agozzino en la última sentencia dictada en su contra, ocurrieron el 21 de abril de 2015, es decir, con posterioridad al agotamiento de la condena de prisión dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 3 de La Matanza" (fs. 47 vta. y 48).
Seguidamente refirió que "...a la fecha de comisión de los delitos juzgados por el Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Martín, esto es, al 21 de abril de 2015, la sanción impuesta por el Tribunal en lo Criminal N° 3 de La Matanza -con la cual se pretende su integración- se encontraba agotada, vale decir, que el imputado había dejado de cumplir esa pena", circunstancia que excluiría el caso del supuesto previsto en la primera hipótesis del art. 58 del Código Penal, pues al momento del requerimiento de unificación la sanción impuesta en el marco de la causa n° 2.573 se encontraba firme y, asimismo, agotado su cumplimiento (v. fs. 48).
IV. Sentado lo anterior, coincido con el dictamen de la Procuración General en que el recurso debe ser rechazado por insuficiente (v. fs. 87/92).
IV.1. Más allá del acierto o error en la interpretación por parte del Tribunal de Casación Penal al resolver que el caso de autos no se correspondía con ninguno de los supuestos de unificación previstos en el art. 58 del Código Penal; en tanto lo trascendente para ese tribunal era que -pese a la duda que pretendió sembrar el impugnante en cuanto a la firmeza de la sentencia de condena-, había operado el agotamiento de la pena impuesta en la causa n° 2.573 y, sólo se encontraba vigente una sanción por un hecho cometido en el año 2015, no siendo posible la unificación pretendida pues no se trató "...de diversos hechos juzgados en violación a las reglas del concurso [...] unificación de condenas; tampoco de hechos cometidos mientras estaba cumpliendo una condena anterior ([...] unificación de penas)", debido a que la pena impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza se encontraba vencida y por tanto extinguida para su cumplimiento -v. fs. 48 y vta.-, este particular argumento no fue debidamente rebatido por el recurrente quien se limitó a descalificar el pronunciamiento bajo la tacha de la arbitrariedad y a oponer su criterio respecto a que el momento decisivo para establecer si dos condenas son unificables es aquel en el cual la sentencia que impone pena ha quedado firme (conf. doctr. art. 495, CPP).
IV.2. Por otro lado, como acertadamente lo advierte el señor Procurador General en su dictamen, la parte no ha demostrado -ni tampoco argumentado- un interés que se derive de su pretensión.
Cabe destacar que si bien son conocidas las dificultades interpretativas y de aplicación concreta que genera el art. 58 del Código Penal, es necesario que la parte requirente evidencie un interés en la unificación con argumentos fácticos y jurídicos que sustenten su posición, lo que no ha ocurrido en el caso.
En efecto, los desarrollos que trae el recurrente en el recurso extraordinario se ciñen a cuestionar el fallo del tribunal intermedio por haber fundado el rechazo al pedido de aplicar la mencionada norma sin haber tomado en cuenta la firmeza de la sentencia que impuso la pena (v. fs. 57); pero no hizo algún tipo de referencia o desarrollo en pos de demostrar un interés que fundamente su postura.
IV.3. Tales falencias impiden el progreso del agravio y el recurso deviene insuficiente (doctr. art. 495, CPP).
Por ello, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N°
Firmas
Funcionario Firmante: 15/07/2020 14:20:22 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 15/07/2020 15:10:56 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 15/07/2020 16:49:47 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 15/07/2020 18:09:23 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 15/07/2020 18:16:47 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia