Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132525
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.525, "Godoy, Claudio Martín s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 30.463 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 26 de octubre de 2010, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, que había condenado a Claudio Martín Godoy –el día 20 de septiembre de 2007- a la pena de veintiséis años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por resultar autor responsable de los delitos de robo calificado por el uso de armas (tres hechos) y abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas (dos hechos), todos en concurso real entre sí. En consecuencia, casó el fallo a nivel de la calificación, estableció que Godoy resultaba condenado por ser autor de los delitos de robo calificado por el uso de armas (dos hechos), robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas, en concurso real entre sí (arts. 2, 55, 119 tercer párr. y letra "d", 166 inc. 2 -según ley 23.077- y 166 inc. 2 tercer párr. –conf. ley 25.882-, Cód. Penal); excluyó como agravantes de la pena a la condena anterior, al daño psicológico causado a los familiares de las víctimas así como a los menores involucrados en los hechos y lo condenó, en definitiva, a la pena de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia. Asimismo, anuló el fallo en cuanto lo declaraba reincidente, enviando los autos a la instancia de origen para el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (v. fs. 67/76 vta.).
Reingresada la causa, el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con fecha 29 de septiembre de 2014, declaró nuevamente la reincidencia de Claudio Martín Godoy, en función de las presentes actuaciones y la sentencia condenatoria que pesa sobre el nombrado, dictada por ese órgano el día 30 de noviembre de 1999 (v. fs. 95/96).
Contra la sentencia pronunciada por la Sala III, que quedó completa a raíz del pronunciamiento mencionado precedentemente, el señor defensor oficial de Casación Penal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 103/112), declarado admisible por el órgano recurrido (v. fs. 113/114 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 132/134 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 140) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa?
En caso negativo:
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial denunció la violación del debido proceso legal y del derecho de defensa en juicio en cuanto quebrantamiento de la prohibición de la reformatio in pejus (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8, CADH; 14, PIDCP y 435 in fine, CPP; v. fs. 107 vta.).
Adujo que el Tribunal de Casación Penal transgredió el principio de proporcionalidad al fijar una nueva pena y con ello desobedeció la prohibición impuesta al órgano revisor de modificar la resolución en crisis en perjuicio del imputado cuando solo fuera recurrida por él o por su defensa (v. fs. cit.).
Explicó que la Fiscalía en su alegato solicitó la imposición de una pena de veintidós años de prisión, en tanto el órgano de juicio la había fijado en veintiséis años. A su turno, el revisor señaló que el a quo se encontraba limitado por el pedido de pena del señor Fiscal, casó parcialmente el fallo a nivel de la calificación, eliminó dos agravantes y dos calificantes y, pese a ello, redujo la sanción a veintidós años de prisión, ajustándose al quantum punitivo solicitado en su oportunidad por el acusador. Sostuvo que ello implicó agravar infundadamente la situación del imputado, pues el monto de pena -incluido el descarte antes expuesto- no guardaba relación de proporcionalidad con la cantidad de sanción que había determinado el órgano de juicio (v. fs. 109 y vta.).
Indicó que con las mismas pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, el descarte de las severizantes mencionadas no impactó en forma razonable en la pena fijada, sino que, por el contrario, fueron evaluadas más gravemente las circunstancias comprobadas en la causa. En su opinión, el órgano intermedio debió considerar que la sentencia de condena había impuesto una pena de veintidós años y a partir de ahí disminuir la sanción conforme las modificaciones realizadas (v. fs. 111).
Solicitó se case la sentencia impugnada y se reenvíen los autos al a quo para que debidamente integrado dicte un nuevo fallo conforme a derecho (v. fs. 111 y vta.).
II. Para comprender mejor la solución a la que se arribará en el presente caso, haré una reseña preliminar del derrotero procesal de la causa.
Como surge de los antecedentes, el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Martín dictó sentencia el día 20 de septiembre de 2007 condenando a Claudio Martín Godoy a la pena de veintiséis años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por resultar autor responsable de los delitos de robo calificado por el uso de armas (tres hechos) y abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas (dos hechos), todos en concurso real entre sí.
Contra este decisorio la defensa oficial interpuso recurso de casación (v. fs. 36/43 vta.).
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 26 de octubre de 2010, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto, casó el fallo a nivel de la calificación, estableció que Godoy resultaba penalmente responsable por ser autor de los delitos de robo calificado por el uso de armas (dos hechos), robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas, en concurso real entre sí (arts. 2, 55, 119 tercer párr. y letra "d", 166 inc. 2 -según ley 23.077- y 166 inc. 2 tercer párr. –conf. ley 25.882-, Cód. Penal) y lo condenó, en definitiva, a la pena de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia. Asimismo, anuló el fallo en cuanto lo declaraba reincidente, enviando los autos a la instancia de origen para el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (v. fs. 67/76 vta.).
Cabe destacar que los autos fueron recibidos en el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Martín el día 3 de junio de 2011 (v. cargo, fs. 93 vta.) y que el nuevo pronunciamiento, por el cual se volvió a declarar reincidente a Claudio Martín Godoy, se dictó más de tres años después, el día 29 de septiembre de 2014 (v. fs. 95/96).
Contra el fallo casatorio de fs. 67/76 vta., que quedó completo a raíz del pronunciamiento mencionado precedentemente, el señor defensor oficial de Casación Penal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 103/112), declarado admisible por el órgano recurrido el día 4 de junio de 2015 (v. fs. 113/114 vta.).
Con fecha 24 de julio de 2015, los autos fueron devueltos por error al tribunal de origen por parte del órgano intermedio (v. fs. 120), cuando debieron haberse elevado a esta Corte para el tratamiento del recurso extraordinario concedido. A solicitud del Tribunal en lo Criminal n° 3, esta Corte informó el día 26 de abril de 2019 que a ese momento no había ingresado recurso alguno en relación con Claudio Martín Godoy (v. fs. 126/127). El equívoco fue advertido por el órgano intermedio el día 31 de mayo de 2019 (v. fs. 122) y, a raíz de ello, los autos fueron remitidos a esta sede por el tribunal de origen. Llegaron el día 14 de junio de 2019 (v. fs. 123).
Estas particulares circunstancias motivaron la extracción de fotocopias de lo actuado y su remisión a la Subsecretaría de Control Disciplinario de esta Corte, a sus efectos (v. fs. 128).
III. Sentado ello, y previo a resolver sobre la vigencia de la acción penal en la presente causa, efectuaré algunas consideraciones sobre dicha temática.
IV.1. En primer lugar, cabe destacar que si bien los hechos en juzgamiento datan de los días 12 de enero de 2004 (hecho I), 26 de enero de 2004 (hecho II) y 12 de febrero de 2004 (hecho III; v. fs. 17/18), todos de fecha anterior a la reforma de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005; art. 18, Const. nac.), el principio de retroactividad de la ley penal más benigna también rige en lo atingente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el mentado art. 2 del digesto sustancial (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005).
Ello, en lo que importa, modificó los párrafos cuarto y quinto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo del primero de ellos la expresión "secuela del juicio" como causal interruptiva de la prescripción de la acción penal, por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"), y expresamente contempló la teoría del paralelismo para el supuesto de concurso de delitos (conf. causas P. 70.829, sent. de 31-X-2007; P. 77.178, sent. de 14-V-2008; P. 105.339, sent. de 16-XII-2009; P. 116.962, sent. de 16-XII-2015; P. 126.558, sent. de 29-III-2017; e.o.).
IV.2. A su vez, es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
El dictado de la ley 25.990 y la consiguiente modificación de las causales de interrupción de la prescripción por actos de procedimiento (art. 67, apdo. cuarto, incs. "b" a "e") hace necesario que este Tribunal analice prioritariamente si a raíz de tal innovación la acción nacida como consecuencia de la comisión de los delitos impugnados se ha extinguido.
IV.3. Por otro lado, esta Suprema Corte viene sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009; P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
IV.4. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, merced al pronunciamiento dictado el día 26 de diciembre de 2019 en la causa CSJ 2148/2015/RH1 "Farina, Haydée s/ homicidio culposo", por mayoría, instruyó a este Tribunal a fin de que, en lo sucesivo, adopte las medidas necesarias para que los pronunciamientos de los tribunales penales de la jurisdicción se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. "e" del Código Penal y a la doctrina sentada en su jurisprudencia sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de los arts. 18, 31, 116 y 117 de la Constitución nacional.
En lo atingente a la interpretación de la mentada norma sustantiva, sostuvo que en el marco de incidencias provenientes del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires (causas CSJ 572/2009 [45-S]/CS1 "Salas Jara, Carlos Patricio s/ causa n° 4646", de 26-II-2013; CSJ 133/2009 [45-S]/CS1 "Squillario, Adrián Rodolfo y otros s/ defraudación especial - causa n° 267/2001", de 26-III-2013 y CSJ 1586/2005 [41-F]/CS1 "Farías, Alberto J. s/ homicidio culposo" -voto de la mayoría-, de 11-VII-2006; e.o.), se dispuso suspender el trámite de la queja a fin de que se resolviese en orden a la vigencia de la acción penal por considerar que el último acto interruptivo de la prescripción al que se alude en el art. 67, inc. "e" del Código Penal es (únicamente) "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
En el considerando 13, puso de relieve que la interpretación del art. 67 del Código Penal que se deja de lado se aparta de la finalidad perseguida por la sanción de la ley 25.990, modificatoria de esa disposición legal, que fue la de "...darle al instituto de la interrupción de la prescripción de la acción penal, la expresión de máxima taxatividad y legalidad al enunciar cada uno de aquellos actos del procedimiento que poseen aptitud para hacer cesar su libre curso" (CSJN Fallos: 337:354, cons. 14).
A su vez, en el considerando 14, puso de resalto que el instituto de la prescripción de la acción penal tiene estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (CSJN Fallos: 272:188; 306:1688; 310:1476; 316:2063; 323:982 y 331:600, cons. 7 y sus citas; e.o.), y recordó que el derecho del imputado a ser juzgado en plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.) y, en definitiva, del principio de inocencia, sino que se encuentra también previsto expresamente en los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a la justicia (arts. 8.1, CADH y 14.3, PIDCP).
Destacó que, en la causa de referencia, los pronunciamientos dictados se habían apartado de las "claras y precisas" directivas emanadas de esa Corte Suprema en las reiteradas intervenciones que le cupo, en las que se había establecido que "...la única interpretación que salvaguarda el principio constitucional de legalidad en materia penal (consagrado en el art. 18 de la Norma Fundamental) es aquella según la cual se considera al dictado de la sentencia condenatoria como el último acto de interrupción de la prescripción". En ese contexto, coligió que era inherente a la función constitucional propia de ese Tribunal imponer a todos los tribunales nacionales y provinciales, la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones.
Por otra parte, en el considerando 17, dejó en claro que el tema revestía trascendencia institucional ya que no se limitaba a una falencia de acatamiento de lo resuelto por ese Tribunal en una causa singular aislada, sino que "...la cuestión en debate [...] se proyecta a numerosas causas [...], a punto tal de generar una afectación al funcionamiento de todo un fuero (Fallos: 156:283; 317:462 y 335:2379...", y aclaró que en este caso se trataba del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires, en cuyo ámbito rige la doctrina jurisprudencial que se apoya en una interpretación extensiva del art. 67, inc. "e" del Código Penal.
En el considerando 19, se refirió a que la persistencia de la doctrina jurisprudencial contra legem en el fuero penal de la Provincia de Buenos Aires, frente a reiterados fallos de esa Corte en que se había explicitado que el dictado de la condena no firme es el único acto que interrumpe la prescripción conforme la letra del art. 67, inc. "e" del Código Penal, constituye un "...claro alzamiento por parte del tribunal a quo y los tribunales que de él dependen, contra la autoridad de este Tribunal, en su carácter de último intérprete de la ley en la República Argentina", y que tal reticencia por parte de las autoridades judiciales provinciales para aplicar en su ejercicio jurisdiccional la doctrina constitucional sentada por esa Corte en casos como el presente, conlleva la lesión de los derechos con relación a los cuales se adoptó el criterio respectivo, la vulneración del derecho a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, y acarrea dispendio jurisdiccional y el riesgo cierto de que se dicten sentencias contradictorias.
Por tal motivo, consideró necesario instruir a esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a fin de que "...en lo sucesivo, para evitar dilaciones innecesarias como las verificadas en el extenso derrotero de las presentes actuaciones, adopte las medidas necesarias para que sus pronunciamientos y los de los tribunales penales en la jurisdicción a su cargo se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. e, del Código Penal y a la doctrina sentada en la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de diversos artículos de la Norma Fundamental del país, a saber: i) art. 18 (vigencia del principio de legalidad estricta en materia penal y su proyección sobre el derecho a la jurisdicción o de juicio previo); ii) art. 31 (vigencia del orden jerárquico establecido por la Ley Suprema de la Nación, en el caso subvertido por la prevalencia de la cuestionada interpretación de un artículo del Código Penal -que es una ley de la Nación- por sobre el mencionado art. 18 de la Norma Fundamental); y iii) arts. 116 y 117 (vigencia de la interpretación de esta Corte, como tribunal supremo de la Nación, en 'causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución' como son aquellas que -como la presente- tratan sobre la observancia del principio de legalidad en materia penal)".
IV.5. En consecuencia, a partir de esa decisión, esta Corte debe adoptar los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Farina, Haydée s/ homicidio culposo".
V. Sentado lo anterior, podemos advertir que la acción penal de los delitos por los cuales fuera condenado Claudio Martín Godoy (conforme la recalificación efectuada por el órgano intermedio): robo calificado por el uso de armas (dos hechos), robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas, se encuentra extinguida, por lo que esta Corte se halla imposibilitada de expedirse con relación a los mismos.
Bajo estas consideraciones, y de conformidad con lo señalado en los apartados precedentes, tomando como último acto interruptivo la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, dictada el día 20 de septiembre de 2007, hasta el presente ha transcurrido el plazo previsto en el art. 62, inc. 2 con relación a los delitos tipificados en los arts. 119 tercer párrafo y letra "d"; 166 inc. 2 -según ley 23.077- y 166 inc. 2 tercer párrafo -conforme ley 25.882-, todos del Código Penal, sin que hubiera actuado la causal prevista en el art. 67, inc. "a", primera parte del Código Penal, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires obrantes a fs. 153 y 154 y del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal que lucen a fs. 156/162.
Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde declarar de oficio su extinción respecto del imputado Claudio Martín Godoy en orden a los delitos de robo calific
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