Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132872
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial a favor de Aldo Rubén Cuenca Mendoza (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.872, "Cuenca Mendoza, Aldo Rubén s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nro. 81.828 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, de Lazzari, Genoud, Torres.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento emitido el 17 de Julio de 2019, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el señor defensor oficial, doctor José María Hernández, contra la decisión del mismo órgano que, en lo que aquí interesa, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes que condenó a Aldo Rubén Cuenca Mendoza a la pena de prisión perpetua, multa de dos mil pesos ($2.000), accesorias legales y costas, como coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por su comisión con el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso real con el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal (v. fs. 139/142).
Oído el señor Procurador General a fs. 153/155 vta., dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial en favor de Aldo Rubén Cuenca Mendoza?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal, en tanto -desde su punto de vista- no se comprobaron en el caso concreto los elementos requeridos para su configuración.
Explicó que para que concurra la agravante, debe verificarse una reducción de las posibilidades de defensa de la víctima a partir de la actividad de varios agentes (v. fs. 134 vta.).
Desde su perspectiva, la norma exige que el agente actúe con el concurso de dos o más personas, que ellas intervengan en la ejecución del hecho y, desde la faz subjetiva, que el mentado concurso sea premeditado (v. fs. 134 vta. y 135).
Expresó que, con ese piso de marcha, la agravante no puede ser aplicada, sin más, con la mención de la participación de varias personas en el hecho, ni se puede afirmar que medió consenso entre ellos para matar a la víctima, tal como lo hicieron el tribunal de juicio y el de casación, dado que a tal fin -según afirmó- no bastaría con la frase incitadora vertida por Cuenca Mendoza hacia el individuo que efectivamente efectuara los disparos de arma de fuego (v. fs. 136 vta./137).
Desde su punto de vista, tanto en el fallo impugnado como en su precedente, se afirmó que medió un homicidio premeditado por parte de tres personas, mas nada se dijo respecto del aspecto subjetivo de la figura aplicada, pues el sustrato fáctico no alude a una confabulación para cometer los complotados, en concurso, el hecho luctuoso (v. fs. 136 vta.).
Trajo a cuento la opinión vertida por el doctor Carral en su voto -que culminase en minoría- en cuanto propició la subsunción del hecho que finalizara con la vida de Palma Retamozo, en la conducta alcanzada por los arts. 79 y 41 bis, ambos del Código Penal.
Por último, adujo que el Tribunal de Casación debió verificar a través de un examen íntegro de las circunstancias comprobadas en la causa, si la calificación legal era ajustada a derecho siendo que los argumentos que esgrimió oportunamente en torno al agravio eran en tal sentido. Al no hacerlo, desde su punto de vista, no se satisfizo mínimamente la garantía prevista en los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 137).
Finalizó denunciando el pronunciamiento por arbitrariedad y solicitó que se case la agravante prevista en el inc. 6 del art. 80 del Código Penal y se reenvíe para el dictado de una nueva determinación de la pena.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del remedio intentado (v. fs. 153/155 vta.).
III. Coincido con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal.
El recurrente se agravia respecto a la configuración del aspecto subjetivo de la figura, ya que en lo que hace al plano objetivo de la misma, el propio impugnante reconoce -con cita de Creus- que los sujetos activos que concurren en el marco de este delito, pueden actuar como coautores o como partícipes primarios sin necesidad de realizar actos materiales, como ser, por ejemplo, alcanzar el arma con el que se ejecuta, o por medio de actos de carácter moral como dar aliento (como en el caso aquí juzgado).
Sin embargo, en lo que hace a la acreditación del aspecto subjetivo, adelanto que el reclamo es insuficiente pues, más allá de expresar el recurrente su disconformidad con la calificación legal aplicada al caso, las críticas se ciñeron a exhibir discrepancias respecto de la acreditación del concurso premeditado de los intervinientes, limitándose a señalar que la sola mención de que Cuenca Mendoza pronunciara una frase alentadora hacia el sujeto que efectuara los disparos no bastaba para tener por satisfecho aquel recaudo. Dicha técnica, como es sabido, resulta ineficaz para sortear la regla de competencia aludida (doctr. art. 495, CPP).
Al analizar los términos de la sentencia del Tribunal de Casación, se advierte que las apreciaciones del recurrente no resultan exactas por cuanto el revisor, a la hora de responder similar planteo llevado ante su sede, se encargó de justificar la acreditación del aspecto subjetivo de la figura.
En efecto, de la información aportada por los testigos quedó evidenciado tanto la faz objetiva como subjetiva de dicha figura. En cuanto a la primera, se destacó que al pasar por primera vez la víctima en su moto por el frente de la casa del imputado, aproximadamente a las 21 horas, las luces de ésta se apagaron, y que Teresa García Peralta y Aldo Rubén Cuenca Mendoza entregaron sendas armas de fuego a un tercer sujeto de campera negra, quien cruzó la calle mientras el último de los nombrados cargaba una escopeta y se la colocaba al hombro. Luego, al pasar nuevamente la víctima en su moto, y previo a recibir los disparos que terminaran con su vida, Cuenca Mendoza alentó al joven de campera negra a matar a Palma Retamozo (v. fs. 107/108).
En lo que hace a la segunda -puntual objeto de agravio-, se lo hizo indirectamente al tenerse por probado que existía una confrontación entre el encausado y la víctima, que actuó como móvil, producto de la negativa de Palma Retamozo a vender estupefacientes en el barrio, disputa que habría motivado a este último a efectuar disparos de arma de fuego contra el auto del imputado, una semana o quince días antes del hecho luctuoso (v. fs. 111 vta.).
En ese contexto, se consideraron a los dichos de la testigo Sanabria Flor referidos a que después de que la víctima pasara por la cuadra escuchó al imputado Cuenca Mendoza decir "...vamos a matarlo si total se termina así, si total nadie ve y nadie escucha acá" (fs. 113 vta. y 114).
Frente a lo expuesto por la mayoría del Tribunal de Casación en la sentencia, no encuentro el particular déficit motivacional en la configuración subjetiva de la figura que le achaca el recurrente como para apartarme de la calificación legal establecida por el órgano de juicio y confirmada por el revisor, por lo que la aislada denuncia de arbitrariedad deviene inatendible (art. 495, CPP).
En igual sentido esta Corte ha señalado que la calificante de mención "...se satisface con la convergencia de voluntades concretada, según la cual todos los complotados contribuirían con su concurso a la finalidad delictuosa común..." (conf. causa P. 46.289, sent. de 2-IX-1997).
La premeditación que exige la figura en ciernes es del concurso, de la concurrencia en el hecho. Por ello, se sostiene que no es necesario "...que el acuerdo para matar en concurso haya sido objeto de una más o menos prolongada deliberación. Es suficiente que con el acuerdo se haya llevado a cabo como confabulación para realizar el hecho, aun inmediatamente antes de cometerlo", lo que importa decir que es necesario que los agentes hayan convenido matar en concurso, esto es con la convergencia intencional de los unos respecto de la acción de los otros, lo cual en el caso ha quedado suficientemente acreditado (conf., por todos, Creus-Buompadre, "Derecho Penal, Parte Especial", Tomo I; 7ª ed. act., ed. Astrea, 2010, p. 25).
Resta agregar que, de conformidad con lo transcripto y ya expuesto, no se advierte ningún déficit en el cumplimiento del ejercicio revisor puesto que, ha quedado evidenciado que el Tribunal intermedio desplegó su competencia sin mallas formales para dar respuesta al embate sobre la calificación legal, evaluando los elementos probatorios y los argumentos de derecho en el que se sustentó la solución de primera instancia.
Por lo tanto, la escueta denuncia de incumplimiento del derecho al recurso, establecida en los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, queda huérfana de sustento (art. 495, CPP).
En consecuencia, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial a favor de Aldo Rubén Cuenca Mendoza (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrado bajo el Nro.
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2020 10:11:47 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 14/07/2020 10:19:06 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 14/07/2020 10:46:24 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 14/07/2020 10:54:33 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 14/07/2020 11:21:22 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia