Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132174
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora defensora oficial y se casa la sentencia impugnada por arbitraria en virtud de su deficiente motivación. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia anterior a fin de que, con intervención de jueces habilitados, se brinde un adecuado tratamiento a lo ordenado oportunamente por la Corte federal de conformidad con las constancias de la causa, y se expida en cuanto a que se considere como hecho nuevo la excesiva duración del proceso como pauta atenuante (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.174, "B., J. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 37.657 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Torres, de Lázzari.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Nicolás, -en cumplimiento de lo dispuesto por esta Suprema Corte a fs. 387/388- mediante el pronunciamiento dictado el 20 de noviembre de 2018, resolvió imponer a J. B. la pena de nueve años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, como coautor responsable del delito de robo calificado por el resultado muerte, en los términos de los arts. 165, 41, 42, 45, 5 y 12 del Código Penal; 4 de la ley 22.278; 1, 56 inc. 2, 58, 81, 83 y 84 de la ley 13.634 y 375 del Código Procesal Penal, sin costas en esa instancia (v. fs. 438/442).
La señora defensora general del Departamento Judicial de Zárate Campana -doctora Karina Paola Dib- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 444/448), el que fue concedido por la Cámara interviniente en razón de los agravios de pretensa índole federal (v. fs. 459/460 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 469/473), dictada la providencia de autos (v. fs. 474), presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 479/481 vta.), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En primer lugar, a fin de alcanzar un adecuado entendimiento del presente proceso, es necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en autos.
I.1. El 31 de agosto de 2010, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 del Departamento Judicial de Zárate Campana, condenó a J. B. a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y sin costas, por resultar coautor responsable del delito de homicidio en ocasión de robo (arts. 165, 41, 45, 5 y 12, Cód. Penal; 4, ley 22.278; 1, 56 inc. 2, 58, 81, 83, 84, ley 13.634 y 375, ley 11.922; v. fs. 100/117 vta.).
I.2. Ante el recurso de apelación presentado por la defensa oficial del nombrado, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Nicolás, mediante el pronunciamiento del 12 de abril de 2011, decidió hacer lugar al mismo solo en cuanto al reclamo por la no aplicación de la reducción de la pena prevista en el art. 4 de la ley 22.278. En consecuencia, confirmó el fallo de la instancia de origen en cuanto a la calificación legal, y modificó el monto de la condena a la de nueve años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, sin costas en esa instancia (v. fs. 178/183 vta.).
I.3. Frente a lo allí resuelto, el señor defensor oficial de Casación penal dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que tildó a la sentencia de arbitraria por fundamentación aparente al momento de determinar la pena a imponer, dado que el sentenciante no explicó cuáles fueron las razones que llevaron al dictado de esa pena y no otra inferior (v. fs. 198/209 vta.).
I.4. Dicho recurso fue desestimado por esta Corte mediante pronunciamiento del 6 de noviembre de 2012 por aplicación del mecanismo contemplado en el art. 31 bis de la ley 5.827 (v. fs. 215/217).
I.5. El 18 de febrero de 2013, el señor defensor oficial interpuso recurso extraordinario federal (v. fs. 221/234 vta.), que -denegado, por inadmisible, por este Tribunal (v. fs. 250/251)-, motivó la articulación por parte de la defensa del recurso de queja (v. fs. 369/373 vta.).
I.6. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió hacer lugar al mismo, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada (v. fs. 385 y vta.).
Para así decidir, compartió los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General de la Nación del que surge que la Cámara, al admitir la procedencia del agravio referido a la aplicación de la escala prevista para la tentativa (art. 4, ley 22.278), se limitó a transcribir los considerandos 37 y 40 del precedente "Maldonado" de esa Corte en lo referido a la inferior reacción punitiva estatal que cabe aplicar respecto de los menores imputados y, sin más, fijó la pena de nueve años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento. Asimismo, destacó que los fundamentos en la individualización de la sanción carecían de razones que indiquen, al menos mínimamente, qué inteligencia efectuó del art. 44 del Código Penal para determinar la escala reducida aplicable y sobre qué base fijó su quantum. A lo que adunó que dicha deficiencia resultaba más llamativa ante la falta de toda referencia a la impresión obtenida en la audiencia de conocimiento directo y personal que los jueces de la Cámara mantuvieron con el menor a fs. 177, "...máxime si se tiene presente que la ley local 13.634 la exige bajo pena de nulidad (art. 60), como así también respecto de la evolución en su tratamiento tutelar" (fs. 384 y vta.).
El mencionado dictamen -cuyos fundamentos fueron compartidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- concluyó en que la circunstancia de haberse omitido considerar tanto la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos que regulan el derecho penal juvenil, como la interpretación de la materia federal involucrada en los precedentes invocados por la defensa, concurrían a su descalificación como acto jurisdiccional válido (v. fs. 384 vta.).
I.7. Atento los términos del decisorio en cuestión, con fecha 25 de octubre de 2017, esta Suprema Corte resolvió hacer lo propio y devolver las actuaciones al origen para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo allí fallado (v. fs. 387/388).
I.8. Así es que llegamos al fallo de la Cámara del 20 de noviembre de 2018, que fuera reseñado en los antecedentes (v. fs. 438/442).
Dicho órgano revisor, luego de reseñar los antecedentes de la causa y expresar que su labor se circunscribía en forma exclusiva a desarrollar una nueva mensuración o dosimetría de la pena teniendo en cuenta las razones sobre la inteligencia dada al art. 44 del Código Penal para determinar la escala reducida aplicable y sobre qué base se fijó su quantum (v. fs. 438/440), sostuvo que "...conforme la naturaleza violenta y gravedad del ilícito cometido, las circunstancias atenuantes descartadas y agravantes -oportunamente valoradas por el Tribunal de juicio- los bienes jurídicos afectados (propiedad, seguridad pública y -el más importante- la vida humana), los informes de evaluación adjuntados [-que surgen detallados en la propia resolución-]; y por último, la impresión directa y personal obtenida del joven (art. 4º de la ley 22.278) habiéndolo escuchado en audiencia (conf. surge del Acta de fs. 435), [estimo] necesario la aplicación de una pena comprendiendo en ella la posibilidad -como derecho que asiste al imputado- de la aplicación de una escala penal reducida, conforme lo habilita el propio art. 4º -ya citado-, y la doctrina legal de [esta Suprema Corte] emergente de la causa P. 87.906, 'C., M. A. Robo calificado', de fecha 14/05/2008" (fs. 440 y vta.).
En el mismo sentido, sostuvo que conforme lo establece el art. 44 del Código Penal, la reducción de la escala penal el delito por el que Benítez resultó condenado prevé el mínimo de cinco años de prisión y el máximo de dieciséis años y seis meses de prisión "...por lo que estim[ó] razonable y adecuado a los fines resocializadores que deben informar al monto punitivo (conf. art. 18 de la CN; leyes 13.634, 22.278, y 23.849; y Reglas de Beijing y Riad), imponer a J. B. la pena de NUEVE (9) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISION DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO..." -destacado presente en el original- (fs. 440 vta.).
Concluyó que la sanción impuesta en atención a las razones de inteligencia de dicha norma y fundamentalmente a los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos que regulan el derecho penal juvenil "...abastece las necesidades del sistema especial en aplicación de la ley al caso concreto, ello por adecuarse a los principios de lesividad, racionalidad, culpabilidad, proporcionalidad y favor minoris..." y que "...el monto de pena escogido resulta adecuado para concluir el proceso de resocialización al que tiende la legislación referida precedentemente, al par de encarrilar al joven enjuiciado y condenado hacia una actitud que le permita lograr y mantener una armónica convivencia en sociedad, con estricto respeto de los derechos humanos como las libertades fundamentales de otras personas [, así como] se justifica plenamente [...] en el interés superior del niño (conf. art. 3 inc. 1 C.D.N.), ya que la pena señalada tiene como objeto asegurar -en la medida de lo posible- su correcta reinserción social" (fs. 441).
II. Frente a lo así resuelto, la señora defensora oficial dedujo recurso de inaplicabilidad de ley en el que tildó la sentencia recurrida de arbitraria, denunció la vulneración a las garantías del debido proceso, y la defensa en juicio, el principio republicano de gobierno y el de razonabilidad (arts. 1, 5, 18 y 28, Const. nac.; 8.2, CADH y 14.2, PIDCP; v. fs. 444 vta.).
II.1. Por un lado, cuestionó que la Cámara de Apelación -con nueva integración- volvió a imponer la misma pena que había sido dejada sin efecto por la Corte nacional. Explicó que ello le causa agravio de imposible reparación ulterior, toda vez que en lugar de realizar una reducción de la pena debidamente fundada y sin incurrir en un regateo punitivo, aplicó la misma pena sin valorar los elementos que dicha Corte federal, mediante la remisión al dictamen del Procurador, estableció que debían tenerse en cuenta (v. fs. 446 y vta.).
Adujo que la nueva sentencia volvió a omitir la valoración de la impresión obtenida en la audiencia de conocimiento directo y personal con el menor, y que como hecho nuevo, tampoco valoró la excesiva duración del proceso como pauta atenuante de la pena (v. fs. 446 vta.).
Enfatizó que no existe nada más alejado al interés superior del niño que la fijación de una pena casi igual a la que correspondería a una persona mayor de edad imputada por el mismo delito, lo cual atenta contra dicho interés y contra toda la legislación de la especialidad y doctrina emergente de los considerandos 37 y 40 del mencionado precedente "Maldonado" (v. fs. 447).
Cuestionó además que la aludida pena de nueve años y seis meses de prisión pueda encontrar justificación en la conclusión de un proceso de resocialización, toda vez que como dijera, la misma es casi idéntica a la que correspondería a un mayor, y "...debería ser sensiblemente menor para poder justificarla en el éxito del proceso de resocialización al que el derecho penal juvenil aspira". Agregó que "...debió haberse valorado la impresión que la Cámara tuvo con el joven imputado [...] como así también los logros obtenidos por el [mismo] desde que recuperó su libertad, tanto en su vida familiar como laboral, lo que tampoco tuvo en cuenta la Cámara" (fs. 447).
II.2. Por otra parte, reclamó que se introduzca como hecho nuevo a valorar, la excesiva duración del proceso como pauta atenuante (v. fs. cit.).
Adujo que el mismo excede el límite de lo razonable, a cuyo fin efectuó un breve repaso de los tiempos que insumieron las diferentes etapas del proceso (v. fs. 447 y vta.).
Con cita de los arts. 7.5 y 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos e invocación del precedente "Suárez Rosero" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concluyó que "...a casi diez años de principiar el proceso, respecto de un joven, nos encontramos en una situación donde no se ha dictado aún la pena definitiva, lo cual [...] nos enmarca en una situación donde se verifica la irrazonabilidad del tiempo de duración del proceso..." (fs. 447 vta.).
Por último, solicitó que esta Suprema Corte asuma competencia positiva, case la sentencia en crisis y, valorando lo resuelto por la Corte federal y computando como atenuante el hecho nuevo alegado, reduzca el monto de la pena impuesta y la fije en cinco años de prisión, dando la misma por compurgada (v. fs. 448).
III. El señor Procurador General dictaminó por el rechazo de la impugnación (v. fs. 469/473).
IV. No coincido con su opinión. El recurso debe prosperar con el alcance que sigue.
IV.1. El razonamiento expresado por la Cámara en la decisión impugnada para convalidar la dosimetría penal que había sido fijada en la sentencia de ese mismo órgano del 12 de abril de 2011, y que a la postre fue dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 29 de agosto de 2017, no puede ser refrendado, pues exhibe la arbitrariedad que le atribuye la recurrente en virtud de su deficiente motivación que impide tener por jurisdiccionalmente válido lo fallado (doctr. art. 18, Const. nac.).
A tenor de los antecedentes ya reseñados se advierte que el a quo eludió la discusión acerca de los puntos que expresamente venían siendo advertidos por la Corte federal -y replicados en el recurso en trato-, en cuanto a que no hay ninguna referencia concreta a la impresión obtenida en la audiencia de conocimiento directo y personal que los jueces de la Cámara mantuvieron con el menor a fs. 117, como así tampoco con relación a la evolución de su tratamiento tutelar que el art. 60 de la ley 13.634 exige bajo pena de nulidad. En efecto, el sentenciante únicamente al brindar los fundamentos que justificaban la aplicación de una escala penal reducida conforme lo habilita el propio art. 4 de la ley 22.278, realizó una consideración general sobre el punto, al mencionar "...la impresión directa y personal del joven (art. 4 de la ley 22.278) habiéndolo escuchado en audiencia (conf. surge del Acta de fs. 435)" (fs. 440 vta.), cuando justamente ese era el asunto sobre el cual se pedía expresa revisión.
Por lo demás, si bien el sentenciante enfatizó que ha brindado las razones sobre la inteligencia dada al art. 44 del Código Penal, así como a los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos que regulan el derecho penal juvenil, que justifica la imposición de un menor reproche penal, lo cierto es que no se ocupó de responder el reclamo central del recurrente acerca de cuáles son las razones que llevaron al dictado de esa pena y no otra inferior tomando en consideración el mentado art. 4 de la ley 22.278 y el alcance que la Corte Suprema ha dado a la aludida Convención a partir del fallo "Maldonado".
Si bien los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquellos que estimen pertinentes para la resolución del caso, la Corte federal ha resuelto que son descalificables como actos judiciales válidos aquellas sentencias que se pronuncian sobre puntos trascendentes mediante breves afirmaciones genéricas sin referencia a los temas legales suscitados y concretamente sometidos a su apreciación (CSJN Fallos: 314:1366 y 1434; 318:2678; 319:2016; 326:1969 y causa T.938.XLI "Tejerina, Romina Anahí s/homicidio calificado, San Pedro -causa nº 3.897/05-", sent. de 7-XI-2006, y sus citas), en tanto importan una violación a las reglas del debido proceso (CSJN causa "Tarditi, Matías Esteban s/homicidio agravado" consid. III del dictamen del Procurador General de la Nación, al cual se remitió en la sent. de 16-IX-2008 y de modo similar en CSJN causa "Peralta, Gustavo Javier s/ recurso de casación", sent. de 10-III-2009, por remisión al dictamen del Procurador Fiscal -consid. III-; causas P. 119.742, sent. de 29-XII-2015 y P. 128.026, sent. de 9-VIII-2017).
IV.2. Luego, con relación al reclamo deducido de manera originaria de que se considere como hecho nuevo la excesiva duración del proceso como pauta atenuante, dada la solución propuesta en el punto anterior y sin perjuicio de que la competencia de esta Corte se abre para examinar impugnaciones dirigidas contra los pronunciamientos de los órganos respectivos, el mismo deberá ser abordado por la instancia intermedia teniendo en consideración -en lo pertinente- los lineamientos sentados en el precedente "Espíndola" de la Corte federal, y que -por otra parte- fue invocado por la defensa en la memoria a fs. 480 vta.
Con lo dicho quedan respondidos, también, los argumentos formulados por la defensa oficial en la memoria de fs. 479/481 vta.
V. Por consiguiente, corresponde dejar sin efecto el fallo impugnado y devolver los autos a la instancia intermedia para que el Tribunal de Alzada, debidamente integrado, dé adecuado tratamiento a lo ordenado oportunamente por la Corte federal de conformidad con las constancias de la causa, y se expida en cuanto a que se considere como hecho nuevo la excesiva duración del proceso como pauta atenuante (art. 496, CPP).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora defensora oficial y se casa la sentencia impugnada por arbitraria en virtud de su deficiente motivación. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia anterior a fin de que, con intervención de jueces habilitados, se brinde un adecuado tratamiento a lo ordenado oportunamente por la Corte federal de conformidad con las constancias de la causa, y se expida en cuanto a que se considere como hecho nuevo la excesiva duración del proceso como pauta atenuante (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese.
Fin de la sentencia