Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132300
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo nº 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.300, "Zaugg Martínez, Juan Daniel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 91.519 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
El Juzgado de Ejecución Penal n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por resolución del 4 de diciembre de 2017, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte del Código Penal (cfr. ley 25.892), así como la libertad condicional solicitada por la defensa de Juan Daniel Zaugg Martínez (v. fs. 6/9).
El 15 de marzo de 2018, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó, por mayoría, dicha decisión (v. fs. 13/18).
Deducido recurso de casación por la señora defensora oficial (v. fs. 22/29), fue rechazado in limine por la Cámara (v. fs. 30/31 vta.). Ello motivó la interposición de queja (v. fs. 32/34 vta.) que quedó radicada en la Sala IV del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 37).
Aquel órgano se pronunció el 4 de diciembre de 2018: declaró admisible y procedente la queja deducida por la señora defensora oficial, y rechazó por improcedente el recurso de casación, sin costas (v. fs. 44/50).
El señor defensor adjunto de Casación dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 59/74), que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 77/80).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 85/91 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 92) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor adjunto de Casación cuestionó la constitucionalidad del art. 14 del Código Penal en su segunda parte, el cual conforme la redacción de la ley 25.892 establece que la libertad condicional no se concederá en los casos previstos en los arts. 80 inc. 7, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo párrafo (v. fs. 63 vta.).
Alegó que este modo de legislar, por el que se prohíbe el otorgamiento de la libertad anticipada sin reparar en ningún dato relativo al modo en que se ejecutó la pena, transgrede la Constitución nacional, el principio de igualdad ante la ley y la finalidad resocializadora asignada a la pena privativa de la libertad (v. fs. 63 vta. y 64).
En lo atinente a la resocialización, expuso que nuestra Constitución y los tratados incorporados a ella han adoptado la teoría de la prevención especial positiva como justificación y fundamento de la pena (conf. arts. 18, Const. nac.; 7 y 10.3, PIDCP y 5, CADH; v. fs. 64 vta.).
Luego de describir los principales postulados de esa teoría (v. fs. 64 vta./67), adujo que no resulta lógico que se le impida a su asistido acceder paulatinamente a los beneficios previstos para las últimas etapas del régimen de ejecución de la pena por el mero hecho de haber cometido determinado delito. En su opinión, tal aspecto objetivo de la ley penal no puede prevalecer sobre el fin último de la pena privativa de libertad (v. fs. 67).
Razonó que "…siendo la readaptación social el fin esencial de la pena, la variable para seguir avanzando por los diferentes estadíos […]no puede ser otr[a] que las mejoras obtenidas en [las] condiciones personales [del condenado]; con lo cual, el tipo de delito por el cual se lo condenó nunca podrá constituirse en el dato definitorio para que se decida si se debe avanzar en el tratamiento o no" (fs. 67 vta.).
Explicó que "...la ley no puede estatuir anticipadamente que los individuos que cometieron los delitos enunciados en la norma van a cumplir la totalidad de su pena prisionizados, sin siquiera haber recibido tratamiento alguno y menos aún verificado mínimamente si el que se le brindará surtirá efecto" (fs. 68).
Expresó que si la evaluación criminológica realizada durante el transcurso del cumplimiento de la pena demuestra que el condenado está en condiciones de que la ejecución del último tercio se realice en libertad, como a su criterio ocurriría en este caso, prohibir tal posibilidad con fundamento en el delito cometido implica dejar a un lado la teoría de la prevención especial positiva y pasar a justificar el encierro con otra distinta (v. fs. 68).
Señaló que, con la modificación operada por la ley 25.948 a la ley 24.660 el fin de la pena mutó a la prevención especial negativa, en tanto allí se consagra la intención de utilizar el encierro sólo para excluir a los delincuentes de la sociedad "…y así poder defenderse, proteger y amparar a las víctimas" (fs. 68 vta./69 vta.).
De seguido, argumentó acerca de la violación al principio de igualdad ante la ley. Aludió a la injustificada distinción que formula la norma al ordenar que algunos condenados, a pesar de habérseles impuesto el mismo tipo de pena (prisión o reclusión), reciban un trato diferente como consecuencia de haber cometido uno de los delitos allí mencionados (v. fs. 70).
Puntualizó que la restricción del régimen de progresividad en la ejecución de la pena a determinados ciudadanos (arts. 1 y 6, ley 24.660; 4, ley 12.256; 18, Const. nac. y 5.6, CADH) por el delito cometido "...no sólo le quita a la pena el objetivo constitucional y convencionalmente asignado, sino que además, organiza la discriminación de un grupo de personas sobre una base no razonable. La selección es arbitraria porque no guarda ninguna relación con el derecho que se va a modificar" (fs. 72).
Se refirió a lo resuelto por la Corte federal en los casos "Nápoli" y "Véliz" y concluyó que los legisladores debieron explicar por qué un tratamiento basado casi exclusivamente en el encierro y al que se le quitan dos etapas de la progresividad resulta más apto para la readaptación social de aquellos que cometieron los delitos enumerados en el art. 14 del Código penal (v. fs. 72 vta. y 73).
Solicitó, en definitiva, que se declare la invalidez constitucional del art. 14 del Código Penal, se case la resolución recurrida y se conceda la libertad condicional a Zaugg Martínez (v. fs. 74).
II. El señor Procurador propuso el rechazo de la impugnación conforme lo resuelto por esta Corte en los precedentes P. 126.187 y P. 127.567.
III.1. Inicialmente, cabe destacar que corresponde abordar los planteos de pretensa índole federal a tenor del alcance del juicio de admisibilidad (v. fs. 77/80). En dicho marco revisor, adelanto mi coincidencia con el dictamen de la Procuración General, en cuanto ha propiciado su rechazo.
Tal como advierte el Dr. Conte-Grand, el Tribunal de Casación Penal abordó y rechazó similares argumentos a los ahora expuestos por la defensa en aval de la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal.
En ese quehacer, partió de considerar que una declaración de tal naturaleza "...debe obedecer a una cuestión grave y manifiesta, circunstancia que en el caso no se observa, toda vez que las leyes dictadas por el Congreso de la Nación se presumen válidas, amén la interpretación propiciada por la norma en cuestión no hace más que introducirse en temas relativos [a] la política criminal del Estado" (fs. 46).
Tuvo presente que según doctrina de esta Corte y de la Corte federal, la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto constituye un acto de suma gravedad institucional, con lo cual debe ser considerada la última ratio del orden jurídico; y que la suficiencia de una impugnación de este carácter exige la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas y que exista una relación directa entre aquellas y estas (v. fs. cit. y vta.).
Explicó que "...no se violenta principio constitucional alguno con una mera norma en la que entran en juego -para una sana discreción del legislador- razones de política criminal y por ende, excede el ámbito del examen 'la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones...'" por cuanto "...el control de constitucionalidad que les incumbe a los tribunales se reduce al examen de si la ley es o no razonable..." y "...la redacción de la norma cuestionada obedece a una cuestión de política criminal (o un desprendimiento de la misma como lo es la penitenciaria) y de técnica legislativa..." (fs. 46 vta. y 47). Sostuvo que "...al estructurarse en nuestro país la división de poderes y de funciones, inherente a nuestro sistema constitucional de gobierno, aceptándose que el Poder Judicial es el guardián de la constitucionalidad, para así asegurar la supremacía de la Carta Magna, se abre de inmediato una excepción, puesto que el ejercicio por parte de cada uno de los poderes de competencias que le son privativas, es estrictamente político, y en su ámbito no puede penetrar la revisión judicial..." (fs. cit.).
En lo que atañe al reclamo concreto, señaló que las limitaciones establecidas en el art. 14 del Código Penal para la procedencia de la libertad condicional, no colisionan con los derechos y garantías establecidos en la Constitución nacional.
Afirmó que "...la norma citada responde al ajuste buscado por el Congreso Nacional del tratamiento penitenciario, como un modo de propender a que el sujeto internalice la gravedad de la lesión social que ha provocado con su conducta ilícita y, de esa manera, lograr los fines de la resocialización de la pena" (fs. 48).
Por eso, razonó que "...estamos frente a una postura de política penitenciaria establecida por el Legislador, que fija un determinado tratamiento resocializador que no aparece como lesiva a principio constitucional alguno y, por tanto, sometida a control judicial" (fs. cit., énfasis en el original).
En ese orden, citó la opinión de Sebastián Soler sobre este instituto: "...la libertad anticipada es una modalidad que, dentro del sistema progresivo que adopta nuestra ley, asume la pena privativa de libertad y es perfectamente lícito y constitucional que el legislador haya dispuesto cuáles son las condiciones y requisitos que ese beneficio necesita para ser concedido. Además de ser legítimo y razonable privar de ese privilegio a quien por su conducta ha demostrado no ser merecedor de él, parece entonces válida la crítica de que los tribunales no pueden por su cuenta y riesgo, arrogándose facultades que no tienen, modificar un importante aspecto de la política criminal delineada por el legislador" (fs. cit. y vta.).
A renglón seguido, concluyó que "… existe un fundamento razonable para hacer la distinción contenida en el art. 14 del Código Penal, por la cual el legislador se encuentra facultado para establecer, dentro del amplio margen que le ofrece la política criminal, las consecuencias jurídicas que estime conveniente para cada caso, como cimiento de sus bases esenciales" y que "…el beneficio de la libertad condicional no viene impuesto por la Constitución Nacional; y si por opción legal y dentro de sus facultades el legislador reglamenta razonablemente cuándo y en qué casos procede la ejecución de la pena bajos parámetros del instituto que él crea, como lo es la libertad condicional y a qué condiciones habrá de someterse al liberado, así como prevé los supuestos de su improcedencia, siempre que el criterio de exclusión resulte atendible y justificado, marcando una pauta de política penitenciaria que se asienta en un dato insoslayable de la realidad, resulta correcto" (fs. 48 vta.).
Para desechar que las normas en cuestión puedan obstar a la resocialización del condenado advirtió que "...el condenado podrá lograr una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena, al obtener un cambio de sección o grupo dentro del establecimiento penitenciario o su traslado a otro (art. 14 de la ley de ejecución penal nacional 24.660)" y que "...en los últimos seis meses de su condena previos al otorgamiento de la libertad condicional si correspondiere, será pasible de adquirir salidas transitorias a razón de un día (1) por cada año de prisión o reclusión cumplida en los cuales haya efectivamente trabajado o estudiado (art. 100 párrafos 5, 6, 7 y 8 de la ley de ejecución penal provincial 12.256)" (fs. 48 vta. y 49).
Por último, la Casación desaprobó lo aducido por la defensa sobre que el art. 14 del Código Penal atenta contra la resocialización del reo, en la comprensión de que esa finalidad de la pena privativa de la libertad es esencial pero no la única. Así, sostuvo que las modificaciones a la ley nacional 24.660 (en concreto, la ley 25.948), relativizaron dicho propósito resocializador al introducir "…un componente inocuizador que no puede ser soslayado en la interpretación de ese cuerpo normativo" (fs. 49).
III.2. Como lo adelantara, el recurso debe rechazarse.
Los cuestionamientos traídos por la defensa para objetar lo resuelto por el tribunal intermedio no pasan de una interpretación distinta de la figura en trato y no demuestran de modo inequívoco su contrariedad con la Constitución nacional (art. 495, CPP).
Pero, además, desatienden la jurisprudencia de esta Corte, que ha rechazado en reiteradas ocasiones la objeción de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte, del Código Penal (conf. ley 25.892, B.O., 26-V-2004; causas P. 126.187, "Fiscal María de los Ángeles Marsiglio", sent. de 4-VIII-2016; P. 127.747, "Filippelli Biotti", sent. de 4-VII-2018; P. 131.225, "Valdez", sent. de 17-IV-2019; e. o.).
El régimen de la libertad condicional (arts. 13 a 17, Cód. Penal) es una manifestación de la política del legislador nacional dirigida a graduar el uso del encierro carcelario. Tanto la configuración de los bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprochables, el tipo y la cuantía de las sanciones penales y la proporción entre las conductas que se pretende evitar y las penas con las que se intenta conseguirlo son potestad exclusiva del legislador, quien goza de un amplio margen de libertad; es por ello que el control constitucional difuso que posee la jurisdicción al respecto debe ser muy cauteloso (causa P. 126.187, cit., voto de la Dra. Kogan).
La decisión normativa que aquí se cuestiona fue adoptada por el legislador nacional de manera legítima. Para más, luego fue ratificada con la sanción de la ley 27.375 (B.O., 28-VII-2017), que extendió el listado de delitos impedidos de acceder a la liberación anticipada.
El art. 14 del Código Penal, en cuanto establece que los condenados por alguna de las figuras tipificadas en los arts. 80 inc. 7, 124, 142 bis anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo párrafo, no pueden acceder a la libertad condicional, lo que hace, en palabras de la Corte federal, es determinar "la sujeción de los condenados a un régimen más severo de ejecución de la pena en el que se los priva del derecho a obtener la libertad condicional…" (Fallos: 334:559).
Eso no es distinto de lo que ocurre con la reincidencia, cuya constitucionalidad ha sido ratificada en varias oportunidades por el máximo tribunal federal y por esta Suprema Corte (CSJN Fallos: 308:1938; 311:1451; 329:3680 consid. 12 a 18 del voto del Dr. Petracchi y 337:637; SCBA causas P. 106.677, resol. de 25-XI-2009; P. 103.293, resol. de 17-II-2010 y P. 112.597, resol. de 16-II-2011, e. o.).
Precisamente, la garantía constitucional de la igualdad no impide que las leyes contemplen de manera distinta situaciones que consideren diferentes, siempre que concurran objetivas razones de diferenciación que no sean irrazonables. En el caso del art. 14 -insisto, en su redacción de acuerdo a la ley 25.892-, el legislador eligió determinados delitos que comulgan en la consecuencia de la muerte de la víctima (considerados "atroces" y "aberrantes", de acuerdo al debate legislativo) y los excluyó de la liberación anticipada.
Más allá de que el criterio de distinción sea opinable, no puede en modo alguno tachárselo de arbitrario. Y resulta claro que el régimen más severo se impone no por lo que el condenado es, sino por lo que hizo.
La referencia a los fallos "Nápoli" y "Véliz" no pone en jaque este razonamiento, puesto que aquellos fueron dictados en función del principio de inocencia que ampara a todos los procesados, lo cual es bien distinto a la problemática aquí planteada.
Por otra parte, que los condenados por alguno de los delitos enumerados en el art. 14 no puedan aspirar al régimen de libertad condicional tampoco implica que el Estado haya abandonado la finalidad esencial de reforma y readaptación social (arts. 5 inc. 6, CADH y 10 inc. 3, PIDCP).
En este sentido, la defensa no rebate eficazmente el argumento del tribunal intermedio referido a la posibilidad del penado de acceder a otros mecanismos de atenuación paulatina de las restricciones propias de las penas de encierro carcelario a los que tiene derecho (arts. 14, ley 24.660 y 100, ley 12.256 y sus modif.).
Según arraigada doctrina de la Corte federal que también invocó el Tribunal de Casación, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es la más delicada de las funciones que cabe encomendar a un tribunal de justicia, al importar el desconocimiento de los efectos de una norma dictada por otro poder del Estado, que goza de presunción de legitimidad. Se trata de un acto de suma gravedad institucional que debe ser utilizado como última ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (CSJN Fallos: 321:441; 327:831 y 328:4542, entre muchos otros).
Entonces, su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de manera que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo.
Eso es lo que ocurre en el caso, puesto que el señor defensor oficial desoyó el razonamiento seguido por la Casación para desestimar el pedido de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte, del Código Penal sin que su impugnación ofrezca razones con la aptitud necesaria para habilitar una declaración de la gravedad institucional de la peticionada.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia