Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132368
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.368, "L., J. L.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 82.670 del Tribunal de Casación Penal, Sala V" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, en lo que interesa, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de febrero de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la señora defensora oficial de J. L. L. contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, que lo condenó a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterados en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterados, en todos los casos agravados por el aprovechamiento de su condición de educador y guardador de las víctimas (arts. 45, 55, 119 párrafos primero, tercero y cuarto, inc. "b", Cód. Penal; v. fs. 115/135).
Contra esa decisión, el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Daniel Aníbal Sureda, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 142/151), que fuera concedido por el tribunal interviniente (v. fs. 155/156 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 162/167 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 168), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La defensa denuncia que la sentencia recurrida es arbitraria por indebida fundamentación y apartamiento de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con afectación de la defensa en juicio -derecho a ser oído-, el debido proceso legal, el derecho al recurso y el principio de inocencia; así como también la errónea aplicación de las agravantes previstas en el art. 119, cuarto párrafo, inc. "b" del Código Penal; al amparo de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.1 y 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 145 vta.).
Pone de resalto las diferencias existentes en los dos supuestos contemplados por la agravante en cuestión: encargado de educación o de la guarda. Sostiene que esas dos alternativas no pueden ser consideradas sinónimos y que las diversas hipótesis fácticas que comprenden deben ser probadas de manera independiente. Mediante doctrina de autores expresa que el "encargado de educación" es el que de modo más o menos regular (con exclusión de las relaciones de enseñanza ocasionales, como las conferencias o breves cursillos), por función (profesores de institutos de cualquier nivel) o convención (institutrices, preceptores, profesores que imparten enseñanza particular), instruye a la víctima en cualquier materia o guía su trato y la formación de su personalidad en un ambiente de estudio; en cambio el "encargado de la guarda" de la víctima es el que de modo regular (el simple encargo momentáneo de vigilancia no está comprendido) cuida la persona de aquella, atendiendo sus necesidades o ciertos aspectos de éstas; y en razón de ello, pide que en esta instancia extraordinaria se deje sin efecto la calificante actuada desde que no se advierte que en el caso se encuentren justificados ninguno de los extremos (v. fs. 145 vta. cit. y 146).
Afirma que no pueden estimarse "...los encuentros o reuniones ocasionales, como especie de casting o selección para colaborar en un programa de televisión a tales fines [...] porque -precisamente- dichos encuentros no tienen connotación educativa" (fs. 146 vta.).
Agrega que la supuesta condición del imputado de ser el encargado de la educación de la víctima debe descartarse toda vez que de los encuentros que hubo no puede inferirse la existencia de un marco regular de tal entidad; y, por otra parte, lo circunstancial y momentáneo de esos encuentros con fines recreativos demuestran la razonabilidad de su pretensión para descartar la agravante fundada en el carácter de guardador -a su entender- erróneamente atribuido (v. fs. 147).
Así, estima contradictorio lo expresado en la sentencia recurrida al intentar justificar que los hechos investigados debían encuadrarse en la agravante del inc. "b" del art. 119 del Código de fondo, en la condición de encargado de la guarda y no en la de educador, por lo que resuelve circunscribir la subsunción a una de las condiciones de la figura calificada, en el marco de la misma materialidad ilícita probada por el tribunal de origen. Solicita, por ende, la inaplicabilidad de la agravante en cuestión y que, por el mecanismo que resulte pertinente, se determine la incidencia de esa eventual decisión en la mensura punitiva, siendo absurda la afirmación de que ello no tiene incidencia en la determinación de la pena porque esa modificación no implica más que cambiar una categoría por otra (v. fs. 148 y vta.).
I.2. Como segundo motivo de agravio, aduce violación a los principios de culpabilidad, razonabilidad, proporcionalidad y humanidad de las penas, arbitrariedad, con afectación del debido proceso legal y la prohibición de ne bis in idem (v. fs. 149).
Considera que al computarse como pauta agravante de pena la condición de menores de trece años de las víctimas y como elemento del tipo se incurre en una doble valoración prohibida, en franca violación a la última garantía señalada, incurriendo el a quo, además, en arbitrariedad al reconocer esa circunstancia y pese a ello concluir que no importa aquella transgresión. Lo mismo ocurriría con las demás circunstancias ponderadas, como la conducta del imputado en el ámbito de las clases de magia, y el modus operandi de captación de las niñas damnificadas (v. fs. 149 vta. y 150). Por ello solicita sean dejadas sin efecto, con la consecuente incidencia en la determinación del monto de pena a imponer finalmente a su defendido (v. fs. 150 cit.).
II. El Tribunal de Casación Penal resolvió conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. fs. 155/156 vta.); luego, las actuaciones se remitieron en vista a la Procuración General, que dictaminó a fs. 162/167 vta., propiciando el rechazo del reclamo.
III. Atento al marco en que quedó habilitada la competencia de esta Corte, corresponde el tratamiento únicamente de los planteos que el señor defensor oficial adjunto fundó en la denuncia acerca de la errónea aplicación de las agravantes previstas en los arts. 119, cuarto párrafo, apartado "b" y 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 155/156 vta.).
IV.1. En ambas instancias se tuvo por acreditado que "...durante los últimos meses del año 2002, y en el transcurso del año 2003, en el interior de un local sito en la calle Sarmiento entre las calles Belgrano y 12 de Octubre de la ciudad de Saladillo, un sujeto de sexo masculino, aprovechándose de la inocencia de dos niñas de aproximadamente 9 años de edad, y de su condición de profesor de magia y guardador, abusó sexualmente de manera reiterada de C. B. D. B. y D. M., mediante tocamientos en sus senos, cola y cuerpo respectivamente [...] Asimismo durante el transcurso del año 2002, en el primer piso de un bar de nombre ‘Imanol’ sito frente a la plaza principal de la ciudad de Saladillo y en el pasillo del primer piso de la sede del Club Huracán, sito en calle Avenida Rivadavia nº 3259 entre las calles Belgrano y 12 de Octubre de dicha ciudad, el mismo sujeto masculino descripto precedentemente, aprovechándose de la inocencia de una niña de diez años de edad y de su condición de profesor de magia y guarda, abusó sexualmente de manera reiterada de C. M. mediante tocamientos en sus senos [...] Como así también, durante el transcurso del año 2003 en el ámbito de la parte del primer piso de la sede del Club Huracán mencionado precedentemente, el mismo sujeto de sexo masculino, aprovechándose de la inocencia de una niña de nueve años de edad y [de] su condición de profesor de magia y guardador, abusó sexualmente de D. B. N., mediante acceso carnal, a la que le tapaba los ojos para que probara un chupetín, introduciéndole el pene en la boca a la niña en reiteradas oportunidades, eyaculando en la misma, incluso poniéndose una bolsa de nylon en el pene, como así también le manoseaba el cuerpo". Se destacó que los cuatro hechos sucedieron en el marco lúdico que implicaban las clases de magia (v. fs. 47 vta./48 vta.).
Al tratar el planteo de la defensa vinculado con la violación al principio de congruencia, porque el tribunal a quo "...incluyó en la condena una circunstancia agravante de la calificación legal que no fue materia de acusación, esto es, la condición de guardador", el tribunal intermedio sostuvo que "...la indicación de la calidad del imputado como ‘profesor de magia’ alcanza como dato fáctico para luego interpretar legalmente que tal condición importó la calidad de ‘encargado de la guarda’". Así, "...el tribunal agregó a tal descripción una valoración jurídica más propia del tratamiento del encuadre legal, mas ello no viola la congruencia dado que la imputación de ‘aprovecharse de su calidad de profesor de magia’ se mantuvo incólume durante las diversas etapas del proceso, de modo de no sorprender a la defensa. El aprovechamiento de la sujeción en que se encontraban las niñas D. B., M., M. y N., al encontrarse bajo la autoridad de L., a quien sus padres dejaban a su cuidado para impartirles clases de magia, contiene las notas típicas requeridas por la agravante del inc. ‘b’ de los párrafos cuarto y quinto del art. 119 C.P." (fs. 125 y vta.).
Respecto de la agravante fundada en la condición de "encargado de la educación", los jueces de casación expresaron que si bien a su juicio "...la correcta subsunción de los hechos debería encuadrar en la agravante del inc. b) del art. 119 C.P., en la condición de ‘encargado de la guarda’ de L. y no en la de educador, tal modificación no importa desaplicar la agravante sino sólo cambiar una categoría por otra, ambas contenidas en el mismo inciso..." (fs. 131 vta.).
Argumentó que conforme la prueba reunida "...L. recibía a las víctimas con cierta regularidad durante un período que no duró más de un año. Durante esas reuniones, él impartía clases de magia -o al menos ése era el pretexto-, siendo que los padres de las víctimas, dejaban a su cuidado a las mismas durante al menos una hora cada semana. Tales prácticas importaron una guarda de hecho, dado que L. tenía bajo su cuidado a las niñas, por ese lapso, no importando si esa situación estaba dispuesta por la ley, por un juez o resultaba de una situación de hecho, ni si la misma era transitoria o permanente" (fs. cit.).
IV.2. Como puede apreciarse, la primera parcela del reclamo de la defensa se dirige a intentar una reinterpretación de los hechos a partir de los cuales el tribunal intermedio convalidó la decisión del inferior sobre la calificación del suceso. Sin embargo, esa materia, en el marco del remedio interpuesto, es ajena al ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo que concurra un supuesto de absurdo o arbitrariedad que permita hacer una excepción, lo que no se da en el caso (doctr. art. 494, CPP).
Como se advierte de la reseña realizada, la Casación descartó la agravante que había aplicado el tribunal de grado, readecuó la causal y otorgó razones suficientes fundadas en las constancias de la causa. No se advierte, a contramano de lo que reclama el recurrente, la consecuencia de un menor injusto, sobre todo porque alcanza con la verificación de una sola de las hipótesis para aprehender todo el contenido de injusto penal de dicha agravante (art. 495, CPP).
La idea de "encargado de la guarda" de la víctima se refiere a quienes, aún de manera momentánea, cuidan de la persona de aquélla, atendiendo sus necesidades o ciertos aspectos de las mismas como producto de la función que ocupan o en virtud de una situación de hecho, lo que los obliga a un especial deber de protección (D’Alessio, Andrés José [dir.], Código Penal de la Nación. Comentado y anotado, La Ley, 2da. edición, t. 2 "Parte Especial", pág. 257; conf. causas P. 116.653, sent. de 14-VIII-2013; P. 126.731, sent. de 8-III-2017).
De modo que, incólume el contexto fáctico acreditado (v. fs. 126 vta./128), la circunstancia de que las niñas acudieran a clases de magia una o dos veces por semana (v. declaración de M. N. A., fs. 11 vta., e.o.) permite desechar el reclamo referido a la permanencia del vínculo y la irrazonabilidad de la subsunción legal efectuada.
IV.3. El restante planteo no corre mejor suerte.
El tribunal intermedio declaró improcedentes los cuestionamientos relativos a las circunstancias agravantes de la pena y resolvió que "...el sentenciante ha fundado adecuada y racionalmente la aplicación de las cuatro agravantes disconformadas: el aprovechamiento de la confianza que los padres de las víctimas (todas menores de edad, de nueve y diez 10 años) depositaron en L., dado su condición de ser persona conocida en el pueblo; la modalidad de la conducta, esto es en el marco de clases de magia; la corta edad de las víctimas y el modus operandi de captación de víctimas" (fs. 132).
El tribunal intermedio rechazó la doble valoración denunciada, en el entendimiento de que "...para la graduación del injusto penal, el juez no efectúa una suma aritmética de diversas notas características de un curso lesivo como si fueran datos fácticos que sólo pueden utilizarse una única vez en forma inculpatoria, sino que valora esas circunstancias desde diversos prismas y de manera integral dentro de un contexto situacional: social, económico, familiar, etc. que importan diversas aristas desde donde el juzgador observa y ‘juzga’ un determinado hecho del pasado. Entonces, la particular popularidad del mago L. en el pueblo de Saladillo, la modalidad de las clases de magia de las que se servía para satisfacer sus deseos sexuales, la corta edad de las víctimas, que favoreció las prácticas abusivas, importaron desde diversas perspectivas un mayor menoscabo y por ende un injusto penal más grave. Que la edad de la víctima configure un elemento típico, así como la condición de encargado de la guarda, no significa excluir su valoración como pauta agravante en función de la consideración específica de ese factor en el hecho determinado que se juzga. Así, la edad de 9 años en una niña no podría de ninguna manera considerarse igual que la de 11 ni la de 13, no obstante, todos esos supuestos encuadran en el rango de edad ‘menor de 13 años’ que menciona la norma. En el caso de autos la edad de 9 años importó para las menores D. B., M. y M. un mayor menoscabo por su mayor inmadurez biológica. El empleo de las clases de magia, mezclando lo lúdico con lo sexual también importó una específica valoración de las particulares circunstancias del caso. Lo mismo con el aprovechamiento de su fama en el pueblo y el modus operandi. Justamente la escala penal permite esa graduación, a partir de las características del hecho acusado y de la persona del autor. En este contexto no observo una doble valoración en perjuicio del imputado, habiendo el sentenciante exteriorizado de manera racional y coherente el camino lógico seguido para arribar a esa conclusión" (fs. 132 vta./133 vta.).
IV.4. Como lo adelantara, el planteo no prospera.
La disconformidad con la solución adoptada por el a quo es ineficaz para demostrar la violación a los arts. 40 y 41 del Código Penal (art. 495, CPP y su doctr.).
En efecto, el recurrente no ha logrado demostrar que, pese a que la edad de la víctima constituye un dato objetivo que fundamenta la ilicitud, la menor edad verificada incluso dentro de ese marco temporal no pueda evaluarse como una arista especialmente disvaliosa del evento y merecedora, en la cuantificación de la pena, de un plus agravatorio (P. 66.444, sent. de 11-II-2004; P. 78.365, sent. de 7-VII-2004; P. 93.864, sent. de 27-II-2008).
Como sostuviera esta Suprema Corte en el precedente P. 125.077, sentencia de 13-XII-2017, no se trata en el caso de justipreciar la edad de la víctima como elemento del tipo penal, sino de que esa circunstancia -esto es, la menor edad- determina naturalmente, como lo entendió el tribunal de grado, la vulnerabilidad e indefensión de las niñas por la inmadurez biológica de aquéllas.
En ese orden de ideas, nada obsta a que, en el marco de la individualización de la pena, y de acuerdo con las circunstancias comprobadas -conforme las diversas pruebas producidas en la causa- se pueda valorar como se hizo, al estado de indefensión que surge de la corta edad de las víctimas -nueve años- que ciertamente trasciende la genérica minoría de edad que califica a la figura, circunstancia extendida y ponderada respecto al delito reprochado al procesado.
A lo cual se adicionó que la norma del art. 41 inc. 1 del Código Penal impone al juzgador tener en cuenta, al momento de mensurar la pena, "...la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y peligro causados".
Es decir que, en tales condiciones, la puntual indefensión de la víctima como consecuencia de su tan temprana edad, su actuar inocente, aparecía como una pauta elocuente del disvalor de la acción legalmente ponderable en la cuantificación de la pena a la luz del art. 41 del Código Penal, por lo que el argumento de doble valoración prohibida esgrimido resulta inconducente.
En cuanto a las demás agravantes cuestionadas (aprovechamiento de la confianza, modalidad de la conducta y modus operandi de captación de las víctimas), considero que el recurrente esgrime un mero disenso con lo resuelto en las instancias anteriores pero no demuestra las transgresiones que invoca, sobre todo que los delitos por los que viene condenado L. no incluyan esas especiales circunstancias.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a la solución que propicia el doctor Sergio Torres.
II. En lo referente al primer agravio por el cual la defensa cuestiona la configuración de la agravante "encargado de la guarda" me remito a la respuesta dada por el mencionado colega, pues coincido con él en que el recurrente no logra demostrar que la exclusión de "encargado de la educación" suponga un menor grado de injusto (art. 495, CPP.), pues en el contexto del caso se trató sólo de una corrección de puro derecho formulada por el Tribunal de Casación (conf. art. 462, CPP.) a la sentencia de primera instancia. Y si bien ambas categorías están contenidas en el mismo inciso agravatorio (inc. "b" del art. 119, Cód. Penal), no se advierte que la exclusión de una de ellas deba obligatoriamente impactar en la dosimetría punitiva aplicada.
En efecto, la severizante de dicho inciso se funda en la posición de preeminencia, respeto y confianza del autor sobre la víctima (Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino. Parte Especial, 5ta. ed., TEA, Buenos Aires, 1987, t. III, p. 314) presupuestos que se vieron corroborados por el Tribunal de Casación a través de la evidencia reunida en la investigación y ventilada en el juicio, aun bajo la individual categoría de "encargado de la guarda".
III. En lo que hace al restante planteo sobre la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, me remito al voto del doctor Torres.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dict
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.