Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132454
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.454, "Sosa, José Luis. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 88.553 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza confirmó el pronunciamiento del Juzgado de Ejecución Penal n° 1 departamental que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, así como el beneficio de la libertad condicional solicitado por la defensa de José Luis Sosa (v. fs. 1/8 vta.).
El recurso de casación deducido por el señor defensor oficial (v. fs. 21/31), fue denegado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza (v. fs. 32/34 vta.), lo cual motivó la interposición de queja (v. fs. 36/40 vta.) que quedó radicada en la Sala III del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 46).
Dicho órgano se pronunció mediante resolución del 16 de octubre de 2018, declarando admisible la queja deducida por la defensa de José Luis Sosa, y rechazó -por mayoría- por improcedente el recurso de casación impetrado, con costas, manteniendo así lo resuelto por el referido Tribunal de Alzada departamental en cuanto confirmó la denegatoria de la libertad condicional respecto de José Luis Sosa, condenado a la pena de dieciséis años y seis meses de prisión por el delito de robo con homicidio (v. fs. 45/48).
El señor defensor adjunto de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 70/84 vta.), que fue concedido por ese tribunal intermedio para el abordaje de los planteos de pretensa índole federal (v. fs. 85/86 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 109/116 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 117) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurrente objeta la desestimación de la declaración de inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo del Código Penal –texto ordenado ley 25.892; Boletín Oficial de 26-V-2004- que impide el acceso del interno José Luis Sosa Quintana al régimen de libertad condicional (art. 13, Cód. Penal).
I.1. Sostiene, de un lado, que tal interdicción afecta el derecho a la resocialización del individuo, criterio que debe orientar la ejecución de la pena (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 5, CADH; 7 y 10.3, PIDCP; v. fs. 74 vta. y 75), de allí que la característica principal del régimen radique en la progresividad. Afirma que el instituto en cuestión es una de sus principales manifestaciones, en tanto "...tiene como premisa la reincorporación del sujeto al medio libre" de modo paulatino, vigilado o con el debido acompañamiento en ese tránsito hasta el agotamiento de la impuesta, objetivo que difícilmente "...logrará sus frutos si de un día para otro se libera al individuo para que comience una nueva vida luego de varios años de encierro", sin ese necesario período de prueba (v. fs. 76/77 vta.).
A su juicio "Es insostenible, por contradictorio, pretender que una persona se prepara mejor a vivir en sociedad a partir del encierro" absoluto hasta su liberación, sin posibilidad de aplicar un tratamiento progresivo de ingreso en el mundo libre, con mediación de las herramientas que dicho régimen facilita a través del contralor y la supervisión de los organismos especializados (v. fs. 77 vta. cit.).
Tacha de ilógico el cuestionado impedimento, basado "...en el mero hecho de haber cometido determinado delito, objetivo de la ley penal que ya resultó contemplado al momento del dictado de la condena y que, de ningún modo puede prevalecer sobre el fin resocializador de la pena privativa de libertad" al que se viene haciendo referencia (fs. 78).
Explica que la variable para avanzar en la readaptación social del condenado no puede ser otra que las mejoras obtenidas en sus condiciones personales, lo que dependerá de la evaluación de cada individuo en un contexto concreto; y que "...el tipo de delito por el cual se lo condenó nunca podrá constituirse en el dato definitorio" que ocluya el avance en el tratamiento del penado hacia una de las etapas fundamentales del tratamiento penitenciario, pues, en todo caso, comporta un dato más entre otros a ponderar para definir su alcance y contenido más adecuado (v. fs. 78 vta.).
Añade, además, que la interpretación de la mentada parcela del art. 14 del código de la materia efectuada por el tribunal intermedio "...se enfrenta a la engorrosa situación de asumir que hay sujetos incapaces de ser resocializados", lo cual, se sabe, es inadmisible con el diseño constitucional (v. fs. cit.).
I.2. También denuncia que la solución que impugna afecta el principio de igualdad ante la ley, por coartar ex ante de la posibilidad de egreso anticipado a quienes fueron condenados por determinados delitos, con total prescindencia de la evolución personal, el comportamiento penitenciario y el nivel de integración corroborable en el interno con miras a su readaptación a la vida extramuros.
Sostiene que así "...no sólo [se] le quita a la pena el objetivo constitucional y convencionalmente asignado, sino que además, organiza la discriminación de un grupo de personas sobre una base no razonable", cuando a su vez no puede advertirse el fundamento por el cual se escogieron estas conductas prohibidas y no otras igualmente graves, puesto que la selección carece de homogeneidad, ante la ausencia de características comunes que justifiquen la agrupación, ya que por más que todos los referidos por la ley 25.892 sean delitos graves no son los únicos contemplados en el Código Penal (v. fs. 79 vta./84).
Enfatiza que las disposiciones de rango supralegal que establecen la reinserción "...no prevén restricción alguna basada en el mero reproche o repulsa social que puedan tener determinadas conductas, por más graves que ellas puedan resultar" (fs. 82 vta.), con apoyo en los precedentes "Nápoli" (CSJN, Fallos: 321:3630) y "Veliz, Linda Cristina s/ causa n° 5640", sentencia de 15-VI-2010 (v. fs. 82 vta. y 83).
Concluye que la discriminación realizada por la ley para obstarle a Sosa el acceso a un régimen de progresividad en la ejecución de la pena común al universo de condenados a pena privativa de libertad, por haber sido condenado por el delito de homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal) es arbitraria y que se basa en un criterio de diferenciación que no resulta objetivo ni razonable, lo que viola los arts. 16 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En consecuencia, reclama que se deje sin efecto la resolución impugnada, se descalifique el precepto en cuestión y se conceda al referido Sosa Quintana el acceso a la libertad condicional (v. fs. 84).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del remedio intentado (v. fs. 109/116 vta.).
III. Estimo que el recurso debe acogerse en el sentido y con el alcance que seguidamente se expone.
III.1. Por vía de principio, el tratamiento de la validez constitucional de una norma debe estar precedido de la conclusión de su aplicabilidad al caso concreto, sin poder surtir el efecto pretendido -verbigracia: el otorgamiento de la libertad condicional- porque, por fuera de la concurrencia de todos aquellos presupuestos propios que exige el instituto en trato (conf. art. 13, Cód. Penal), aparece un obstáculo legal (art. 14, segundo párr., Cód. Penal), cuya legitimidad viene puesta en entredicho.
No es ocioso recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley importa una de las funciones más sensibles para cualquier tribunal de justicia, siendo, por eso, la última ratio del orden jurídico (conf. CSJN, Fallos: 322:919; 323:2409; 324:920; SCBA, Ac. 50.900, "Rodríguez", sent. de 15-XI-1994, "Acuerdos y Sentencias" 1994-IV-219; Ac. 60.887, "López", sent. de 24-III-1998; L. 77.503, "Cardeli", sent. de 6-V-2001; B. 66.966, "Ávila", sent. de 14-VII-2013; B 65.011, "Taiven", sent. de 29-III-2017; entre muchas). Por tal motivo, ese test únicamente debe llevarse a cabo frente a un supuesto de hecho concreto regido por la norma de la que se trate y petición de parte interesada.
Entonces, es de primer orden determinar si la norma resulta o no aplicable al caso y luego, y solo en la medida en que se concluya que aquella rige el supuesto bajo examen, resultará viable efectuar el análisis de constitucionalidad del precepto en cuestión. De lo contrario, el citado escrutinio carecería del interés concreto y actual que debe justificarlo (conf. arg. art. 116, Const. nac.; CSJN., doctr. Fallos 284:334 cit.).
III.2. Si bien en ocasión de votar la causa P. 126.187, sentencia de 4-VIII-2016, entre otras, me incliné, en adhesión a la posición de la distinguida colega doctora Kogan, por la prelación contraria, el desarrollo que sigue expone claramente las particularidades del caso que, me llevan a concluir que, por el momento, la tacha de inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 14 del régimen penal (t.o. ley 25.892), resulta prematura (conf. CSJN, Fallos 229:460; 284:334; 325:2600).
III.2.a. Surge del legajo 7.752 del Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza y de las copias del legajo P. 127.237 de solicitud de conmutación de pena, que José Luis Sosa Quintana fue condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del referido Departamento Judicial, mediante sentencia dictada el 12 de marzo de 2007 en el marco de la causa n° 3.081, a la pena de dieciocho años de prisión por considerarlo autor del delito de homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal), del que resultara víctima Carlos Alberto Constanzo, por el hecho ocurrido el 6 de febrero de 2005, en la localidad de Los Pinos, partido de La Matanza; que -recurrida por la defensa del encausado- resultó parcialmente revocada por la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, el 24 de octubre de 2012, adecuándose definitivamente la condena a la pena de dieciséis años y seis meses por el ilícito indicado (causa n° 27.575), que, por ausencia de impugnación, adquirió firmeza.
El cómputo de pena aprobado el 7 de febrero de 2013 da cuenta que el interno se encuentra detenido ininterrumpidamente desde el 19 de mayo de 2005, de modo tal que la pena definitivamente impuesta vencerá el día 18 de noviembre de 2021, caducando el registro de la sentencia condenatoria ese mismo día y mes del año 2031.
Del informe legal del Servicio Penitenciario emerge que el encartado ha cumplido los dos tercios de la condena impuesta a los efectos del instituto de la libertad condicional el 18 de mayo de 2016 (v. fs. 29 vta., foliatura al pie del referido legajo P. 127.237).
III.2.b. Con todo, ese dato temporal es solo uno de los requisitos legales que establece el régimen de libertad condicional. El ya citado art. 13 (texto según ley 25.892) también prevé que podrán obtenerla quienes hubieren "...observa[do] con regularidad los reglamentos carcelarios" y "...previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social".
Esta necesaria condición nunca estuvo afirmada, por consiguiente, la clase o entidad del delito por el cual resultó condenado no se instituye como el único fundamento que lo margina del acceso a esa etapa del régimen de progresividad del cumplimiento de la pena.
III.2.c. El diferimiento del tratamiento del planteo constitucional del mentado segundo apartado del art. 14 del Código Penal no responde a un criterio ritualista; se apoya con singular énfasis en las circunstancias del presente caso.
El desempeño del interno en el ámbito institucional, la evolución de su conducta, la adaptación a las pautas convivenciales, el interés o dedicación por actividades laborales, de progreso o superación personal, sea en áreas educativas, recreativas o deportivas, entre otros factores de ponderación, pueden informar sobre el paulatino camino hacia un espacio de mayor apertura y autogestión, característica distintiva del régimen de progresividad en la ejecución de la pena.
III.2.d. De allí, la importancia de un escrutinio serio de los diversos informes requeridos y expedidos por el Departamento Técnico Criminológico del Servicio Penitenciario y de sus conclusiones. De esa forma será factible verificar la observancia del programa de progresión legalmente diseñado, del cual el instituto de la libertad condicional es sólo una de sus fases, más allá de la centralidad que siempre ha tenido en el sistema.
Ahora bien, José Luis Sosa ni siquiera ha accedido por el momento a un régimen abierto, de autogestión, reiteradamente peticionado. Esto le ha sido sistemáticamente rechazado a pesar que lleva detenido casi catorce años y que el gráfico de vida y conducta carcelaria exhibe casi invariablemente conducta ejemplar diez, concepto bueno, realización de tareas laborales, avance en el área educativa, vínculo de contención familiar, buena convivencia y colaboración con sus pares, entre otros aspectos positivos. Son elementos útiles en orden a la progresión de su situación carcelaria actual a un ámbito menos riguroso que lo vaya preparando paulatinamente para la vida en libertad, con arreglo a los fines constitucionales (arts. 18, Const. nac. y 5.6, CADH) y legales de nuestro sistema de ejecución penal (arts. 1 y concs., ley 24.660; conf. causa P. 126.107, sent. de 31-VIII-2016).
III.2.e. La referencia a que el control de los informes criminológicos por parte del juzgador obedece a que en el caso se presenta la siguiente peculiaridad que refuerza lo que se viene argumentando.
III.2.e.i. Con bastante anterioridad al cumplimiento del requisito temporal a que alude el citado art. 13 del Código Penal, el interesado solicitó el 14 de mayo de 2013 la conmutación de la pena que le fuera establecida por sentencia firme. Ello dio origen a la formación en el área de Dirección Provincial de Política Penitenciaria del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires del expediente administrativo n° 21.200-46.027/13. De ese legajo surge que el interno se hallaba por entonces alojado en la Unidad Penal n° 17 de Urdampilleta, habiéndose dejado constancia en el Informe del Departamento Técnico Criminológico fechado el 28 de noviembre de 2013 y suscripto por María Cristina Adrover, Luis Ariel Ferreyra, María del Carmen Fuentes Venier, Patricia Farace, Eduardo Lerga y Fernando Pain, que el beneficio solicitado atendió al desempeño institucional del nombrado; que éste presentaba "conducta ejemplar diez" y "concepto bueno", no contando con sanciones disciplinarias en su haber; que se hallaba alojado dentro de la "modalidad moderada" -de régimen cerrado- en el Pabellón "8" destinado a internos que profesan el culto evangélico, dando cuenta de la realización de tareas en la huerta. Respecto de su entorno familiar se destacó que pese al fallecimiento de sus padres contaba con la existencia de hermanos, hallándose separado de su pareja de quien tuvo dos hijos "...con los que no tiene ningún tipo de contacto"; en cuanto al futuro, que el interno expresó que podría vivir con su hermana menor en la localidad de Mariano Acosta, Merlo, y trabajar en la empresa constructora de su cuñado, por conocer los oficios de albañilería, electricista y pintura. Sobre los aspectos socio-dinámicos-institucionales de interés criminógeno recalcó que el interno mantuvo una posición respetuosa y colaboradora, evidenciando sus giros discursivos la implementación de recursos simbólicos y un buen vocabulario; que frente a la causa por la que se haya detenido refirió "...que participó pero no fue el autor del hecho"; que tiene buena relación con sus pares: los escucha y aconseja, queriendo en el futuro poder ayudar a su familia y recomponer el vínculo con sus hijos.
En dicho informe se sostiene que el interno Sosa "...ha sabido adaptarse a las normas imperantes", por lo que, a la luz de todo lo antes puesto de relieve y "...teniendo en cuenta su buena vida institucional, e[l] Departamento Técnico Criminológico ACONSEJA el beneficio solicitado" (fs. 38 y vta. del legajo P. 127.237). Por causas no determinadas, el trámite fue elevado a esta Suprema Corte de Justicia a efectos de que se realice el informe del art. 144 inc. 4 de la Constitución local y el decreto ley 10.082 –modificado por decreto ley 10.107/83- recién en mayo del año 2016, quien previo verificar la ausencia del otorgamiento de algún beneficio liberatorio y recabarse el dictamen de la Procuración General, hizo saber, no obstante la conclusión auspiciosa formulada, su opinión contraria sobre la oportunidad y conveniencia para la aplicación del remedio excepcional pretendido (conf. resol. de 14-XII-2016, registrada bajo el n° 3.347).
III.2.e.ii. Coetáneamente, pese a haberse aconsejado la posibilidad de que el interno fuera beneficiado con una conmutación (reducción) de la condena impuesta merced a su adecuada vida institucional y su favorable prognosis de resocialización -lo cual, vaya dicho, de haber sido acogido, hubiera seguramente conllevado que por cumplimiento de una pena menor ya la hubiera agotado y se hallara en libertad-, los informes de aquella institución, y con la intervención de casi todos los mismos especialistas, consideraron, un mes y medio antes, el 7 de octubre del mismo año 2013, la INCONVENIENCIA de que se le otorgue a José Luis Sosa Quintana el régimen abierto reclamado (arts. 119 y concs., ley 12.256), aunque se le recomendó el cambio a uno de modalidad limitada (arts. 132 y 134, ley cit.), a lo cual el juzgador hizo parcialmente lugar -el 25 de octubre de 2013-, al denegar la solicitud a uno de tipo abierto, disponer la realización de los estudios correspondientes al pase de Sosa a un régimen semiabierto con los alcances allí indicados y rechazar el pedido de inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256 y, consecuentemente, la concesión de las salidas transitorias, siendo esto último luego revocado por el Tribunal de Alzada por reputarlo prematuro, y nuevamente decidido por el a quo en el mismo sentido anteriormente indicado (v. fs. 14/15; fs. 36/38; fs. 54/57 vta. y fs. 76/78 del legajo 7.752 respectivo).
La defensa del aquí recurrente, ya revistando en el régimen semiabierto limitado (v. fs. 92), reclamó nuevamente la evaluación de su acceso a uno "abierto", y el dictamen criminológico de la autoridad de aplicación, fechado el 31 de octubre de 2014, pese a reiterar los aspectos favorables del interno, concluyó acerca de la necesidad de su permanencia "...un tiempo prudencial en el régimen que ostenta actualmente a fin de propiciar de un modo progresivo y gradual, la adquisición de recursos para su desempeño en instancias cada vez más autogestivas", por lo cual, desaconsejó el cambio al régimen peticionado (v. fs. 15/16 del legajo cit.), criterio que fue seguido por el juzgador (conf. resol. de 27-XI-2014; fs. 117/118 vta.), con especial énfasis en la poca reflexión y autocrítica de Sosa en relación con el hecho motivo de su condena, ordenando a la Dirección de Salud Penitenciaria que le ofrezca la posibilidad de realización de terapia psicológica, siendo convalidado por el Tribunal de Alzada el 12 de marzo de 2015 (v. fs. 131/133 vta. del legajo cit.).
III.2.e.iii. Similares peticiones se reiteraron en varias oportunidades, sin lograr acceder a un sistema de mayor autogestión dentro del régimen penitenciario de conformidad con las previsiones de los arts. 119/131 de
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