Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132969
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.969, "Pitarquis, Darío Ezequiel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nro. 94.437 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Torres.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, por sentencia de 23-IV-2019, rechazó –por improcedente- el recurso de homónimo interpuesto por la defensa de Darío Ezequiel Pitarquis contra la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza que, interviniendo como órgano de ejecución, desestimó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 14, segunda parte, del Código Penal y 100 de la ley 12.256, y denegó –en consecuencia- las solicitudes de libertad condicional y salidas transitorias peticionadas en favor del nombrado (v. fs. 59/65 vta.).
La señora defensora adjunta de Casación dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 74/85 vta.), el que fue concedido por ese tribunal intermedio (v. fs. 87/90).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 95/104), dictada la providencia de autos (v. fs. 105), presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 110/112 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la señora defensora adjunta de Casación cuestionó nuevamente la constitucionalidad de los arts. 14 del Código Penal en su segunda parte y 100 de la ley de ejecución provincial 12.256 (v. fs. 76 vta.).
Alegó que al confirmar la constitucionalidad de las normas mencionadas, y enmarcar la situación de su defendido dentro de las prohibiciones que aquellas prevén fueron afectados derechos constitucionales y convencionales, y que procuraría demostrar que la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 del Código penal resulta imprescindible a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad ante la ley y hacer efectiva la finalidad resocializadora que la Constitución prevé para las penas privativas de la libertad (v. fs. 76 vta. y 77)
En lo atinente a la resocialización, expuso que nuestra Constitución y los tratados incorporados a ella han adoptado la prevención especial positiva como justificación y fundamento de la pena, al menos en lo que hace a su ejecución (conf. arts. 18, Const. nac.; 7 y 10.3, PIDCP y 5, CADH; v. fs. 77 vta.).
Luego de describir los principales postulados de dicha teoría (v. fs. 77 vta./80 vta.), adujo que no resulta lógico que se le impida a su asistido acceder paulatinamente a los beneficios previstos para las últimas etapas del régimen de ejecución de la pena, por el mero hecho de haber cometido determinado delito, aspecto objetivo de la ley penal que no puede prevalecer sobre el fin último de la pena privativa de libertad (v. fs. 80 vta.).
Postuló que, siendo la readaptación social el fin esencial de la pena, la variable para seguir avanzando por los diferentes estadios no puede ser otra que las mejoras obtenidas en sus condiciones personales, y que "...el tipo de delito por el cual se lo condenó nunca podrá constituirse en el dato definitorio para que se decida si se debe avanzar en el tratamiento o no" (fs. 80 vta. y 81).
Explicó que "...la ley no puede estatuir anticipadamente que los individuos que cometieron los delitos enunciados en la norma van a cumplir la totalidad de su pena prisionizados, sin siquiera haber recibido tratamiento alguno y menos aún verificado mínimamente si el que se le brindará surtirá efecto" (fs. 81).
Expresó que si la evaluación criminológica realizada durante el transcurso del cumplimiento de la pena demuestra que el condenado está en condiciones de que la ejecución del último tercio se realice en libertad, como -en su criterio- ocurre en este caso, prohibir tal posibilidad con fundamento en el delito cometido implicaría dejar a un lado la teoría de la prevención especial positiva y se estaría aplicando otra distinta (v. fs. ibidem).
Concluyó que la modificación operada por la ley 25.948 a la ley 24.660 muta el fin de la pena a la prevención especial negativa, en tanto consagra la intención de utilizarla sólo para excluir a los delincuentes de la sociedad (v. fs. 81/82).
Por otra parte, argumentó acerca de la violación al principio de igualdad ante la ley, consagrado en el art. 16 de la Constitución nacional. Aludió a la injustificada distinción que formula la legislación al ordenar que algunos condenados, a pesar de habérseles impuesto el mismo tipo de pena (prisión o reclusión), como consecuencia de haber cometido uno de los delitos mencionados en las normas cuestionadas, reciban un trato diferente (v. fs. 82).
Puntualizó que la restricción del régimen de progresividad en la ejecución de la pena a determinados ciudadanos (arts. 1 y 6, ley 24.660; 4, ley 12.256; 18, Const. nac. y 5.6, CADH) por el delito cometido "...no sólo le quita a la pena el objetivo constitucional y convencionalmente asignado, sino que además, organiza la discriminación de un grupo de personas sobre una base no razonable. La selección es arbitraria porque no guarda ninguna relación con el derecho que se va a modificar..." (fs. 83 vta.).
Se refirió a lo resuelto por la Corte federal en los casos "Nápoli" y "Veliz, Linda Cristina S/ causa N° 5640" de la Corte federal (v. fs. 84 y vta.).
Concluyó solicitando se declare la inconstitucionalidad de los arts. 14 segunda parte del Código Penal y 100 de la ley 12.256, concediendo a su asistido la libertad condicional (v. fs. 85 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 95/104). Coincido con él.
III. Frente a los cuestionamientos llevados a conocimiento del órgano revisor, éste adelantó que no se encontraban reunidos los recaudos necesarios para proceder a una declaración como la solicitada, en atención al carácter restrictivo de una petición de dicho tenor y la suma gravedad institucional que ella conlleva (v. fs. 61).
Destacó, con cita de precedentes de este Tribunal y de la Corte nacional, que una declaración como la reclamada "...constituye un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como la 'ultima' ratio del orden jurídico", y que resulta condición indispensable para que la impugnación sea suficiente, que ella exponga el modo en que la norma cuestionada quebranta las garantías constitucionales invocadas, circunstancia que no halló verificada en el caso, al considerar que "...no se violenta principio constitucional alguno con una mera norma en la que entran en juego [...] razones de política criminal..." (fs. 61).
Tras dichas consideraciones, indicó que el instituto de la libertad condicional es un derecho establecido en favor del condenado, que modifica la modalidad de cumplimiento de la sanción mas no la acorta; y que no hace mella en el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución nacional que se otorguen a ciertos condenados, en función de la naturaleza de los delitos por ellos cometidos, ciertas concesiones que no se confieren a quienes se encuentran en distinta situación (v. fs. 62).
Señaló que a través de la reforma legislativa operada a partir de la sanción de la ley 25.892, el Congreso nacional buscó ajustar el tratamiento penitenciario de modo tal que el encausado internalice la gravedad de la lesión social que provocase con su conducta, en aras de lograr los fines de la resocialización (v. fs. 62 vta. y 63).
Trazó paralelo con el instituto de la reincidencia –para lo que trajo a cuento el fallo "L'Eveque" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- e indicó que como en ese caso, se está frente a una postura de política penitenciaria definida por el legislador, que fija un determinado tratamiento resocializador para los autores de conductas delictivas determinadas –de extrema gravedad- que no aparece lesiva de principio constitucional alguno y sometida a control judicial (v. fs. 63). Afirmó que existe, entonces, un fundamento razonable para efectuar la distinción contenida en la segunda parte del art. 14 del Código Penal, que imposibilita el otorgamiento del beneficio de la libertad condicional a los condenados por el delito de homicidio criminis causae, tal como resulta ser el caso de Darío Ezequiel Pitarquis (v. fs. 63 vta.).
Más tarde afirmó que las normas cuya inconstitucionalidad el recurrente reclama se declare no obstan a la resocialización, dado que –según postuló- el condenado contará con la posibilidad de lograr "...una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena, al obtener un cambio de sección o grupo dentro del establecimiento carcelario o su traslado a otro (art. 14 de la ley de ejecución penal nacional 24.660)" y que "...en los últimos seis meses de su condena previos al otorgamiento de la libertad condicional si correspondiere, sería pasible de adquirir salidas transitorias a razón de un día por cada año de prisión o reclusión cumplida en los cuales haya efectivamente trabajado [o] estudiado (art. 100 párrafos 5, 6, 7 y 8 de la ley de ejecución penal provincial 12.556)" (fs. 63 vta. y 64).
IV. La impugnación no prospera por cuanto los cuestionamientos efectuados por la defensa no resultan ser suficientes para revertir lo decidido por el órgano intermedio (doctr. art. 495, CPP).
En cuanto al primer argumento esbozado por la defensa, relacionado con el principio de resocialización del penado, de un lado debe decirse –en sintonía con lo resuelto por el a quo- que "...la liberación anticipada sujeta a una serie de condiciones es una de las formas que eventualmente pueden ser útiles para la finalidad de la resocialización, pero también puede frustrarla. No es el único medio, ni necesariamente el adecuado en todos los casos. En particular, cuando se está frente a quien ha cometido un delito muy grave, no es arbitrario que el legislador limite el rango de las herramientas disponibles para la finalidad de la resocialización" (conf. doctr. causas P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016; P. 127.567, sent. de 7-II-2017 y P. 129.332, sent. de 21-XI-2018).
De otro, que el recurrente no reparó en las razones dadas por el órgano casatorio para considerar indemne el principio de reinserción social, al señalar que el condenado podría lograr una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena, al obtener un cambio de sección o grupo dentro del establecimiento penitenciario o su traslado a otro, conforme lo estipulado en el art. 14 de la ley 24.660, o al adquirir salidas transitorias a razón de un día por cada año de encierro en los que haya efectivamente trabajado o estudiado, de acuerdo con lo normado por el art. 100 en los párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo de la ley 12.256.
Con relación al argumento esgrimido en último término, vinculado con el principio de igualdad ante la ley, de conformidad –en lo pertinente- con mi voto en la causa P. 126.187, sentencia de 4-VIII-2016, estimo que las figuras delictivas a las que se refiere el art. 14 del Código Penal (texto anterior a la ley 27.375, B.O. de 28-VII-2017) son homicidios particularmente graves por su conexión con otros delitos.
Que la ley, de modo general, haga una distinción entre delitos más y menos graves, y que estos últimos tengan reglas más severas, limitadas por supuesto al término de la condena dictada con todas las garantías en el juicio correspondiente, no establece una diferencia que viole el art. 16 de la Constitución nacional. Caso contrario debería también caer por inválido el diverso régimen -más severo- que tiene la pena de reclusión. Me remito a los numerosos precedentes en los que esta Suprema Corte ha rechazado la pretensión de tener por derogada la pena de reclusión, precisamente en razón del régimen diferente que ella conlleva (causas P. 108.840, sent. de 21-III-2012; P. 110.660, sent. de 6-XI-2013; P. 109.864, sent. de 13-XI-2013; P. 106.500, sent. de 8-VII-2014; P. 112.596, sent. de 16-VII-2014; P. 109.652, sent. de 8-IV-2015; e.o.).
El art. 14 citado no se refiere a un grupo indeterminado de personas, sino a determinadas figuras de homicidio particularmente graves. Y la mayor severidad que para ellos establece es la de que la pena impuesta en juicio se cumpla prácticamente en su totalidad. Obsérvese además que en el art. 13 del Código Penal la evolución en el ámbito carcelario no es el único parámetro. También cuenta la pena impuesta, que obviamente se relaciona con el delito cometido. Lo que el art. 14 del Código Penal hace -texto según ley 25.892- es seleccionar un número muy limitado de homicidios particularmente reprensibles -todas figuras en las que se mata en conexión con otro delito- y excluir una liberación anticipada. Igual ocurre con la reincidencia, que tampoco permite tomar en cuenta la conducta durante el cumplimiento de la condena, y cuya vigencia y validez constitucional han sido ratificadas por la Corte federal y por esta Suprema Corte (CSJN Fallos: 311:1451, 552 y 248:232; nuevamente sostenida en el caso "Arévalo", A.558.XLVI, sent. de 27-V-2014; SCBA, causas P. 100.577, sent. de 22-X-2008; P. 102.267, sent. de 29-XII-2008; P. 99.832, sent. de 1-XII-2008 y P. 111.948, sent. de 13-XI-2013).
Las razones apuntadas resultan útiles para desechar la inconstitucionalidad –por infracción del principio de igualdad ante la ley- de la norma contenida en el art. 100 de la ley 12.256
En cuanto a la argüida violación al mentado principio con sustento en los fallos de la Corte federal "Nápoli" y "Véliz" (v. fs. 84 y vta.) debe señalarse que estos fallos fueron dictados teniendo en cuenta el principio de inocencia, que ampara a todos los procesados, lo cual es bien distinto de la problemática aquí tratada.
En definitiva, la parte no ha desarrollado argumentos suficientes que conduzcan de manera incontrovertible a una declaración de la gravedad institucional como la peticionada, ultima ratio del orden jurídico.
V. Para finalizar, la defensa tampoco ha demostrado que el art. 487 del Código Procesal Penal permita incorporar motivos de disenso distintos que los llevados en el recurso extraordinario articulado, ni ha tomado en consideración que la última parte del art. 487 limita el contenido de la memoria a rebatir el dictamen de la Procuración General: "...cada parte podrá presentar una memoria referida a tal dictamen".
La jueza que intervino como órgano de ejecución hizo referencia a la alegación de la defensa según la cual, dado que el penado fue juzgado por aplicación del régimen de responsabilidad juvenil, los principios y normas que informan el derecho que rige a los jóvenes en conflicto con la ley penal debían incidir en la decisión que se reclamaba, esto es en la inconstitucionalidad de las disposiciones que lo privaron de libertad condicional y salidas transitorias.
En el recurso de casación el defensor oficial volvió a plantear ese tema que, sin embargo, no recibió mención o tratamiento alguno del Tribunal intermedio, ni siquiera al reseñar la impugnación.
La misma conducta adoptó la defensa oficial al deducir el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley pues abundó en consideraciones teóricas y dogmáticas, pero soslayó ocuparse de la posible incidencia que el régimen especial pudiera tener respecto de las normas generales del derecho de fondo.
A diferencia de lo que ocurrió en el precedente citado por el defensor ante el Tribunal de Casación (causa P. 132.262, sent. de 18-XII-2019), en estos autos ningún reclamo fue formulado al impugnarse ante esta Suprema Corte.
Esa omisión no puede ser subsanada por la alegación recién introducida ante esta instancia en la memoria, por las razones que se han indicado más arriba, de conformidad con el art. 487 citado.
VI. En cualquier caso, conviene poner de resalto que, si bien el Procurador General propició la desestimación de la impugnación, hizo referencia al derecho que podría asistirle al condenado en virtud del dictado de la ley 27.375 (B.O. de 28-VII-2017, modificatoria de la ley 24.660), que incorporó el art. 56 quater en el cual se contempla un régimen preparatorio para la liberación.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la solución que propicia el doctor de Lázzari. Los motivos esgrimidos por la parte recurrente no logran conmover los argumentos expuestos por el Tribunal de Casación para rechazar su pretensión en el sentido indicado, siendo doctrina de la Corte federal y de esta Corte local que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico (conf., por muchos, Fallos 328:4282; arg. arts. 495, CPP y 15, ley 48, en relación conf. mi voto en causa P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016, y las restantes también citadas por mi colega, entre otras, causa P. 129.539, sent. 27-VI-2018).
Finalmente, cabe destacar que la finalidad resocializadora -a remolque del régimen de progresividad de la ejecución de la pena- no está ausente en el caso, aunque con otra intensidad en razón del delito de la condena, destacándose a su vez, como lo hicieran el señor Procurador y mi colega, la atenuación en cuanto a la rigurosidad del régimen introducida por el art. 56 quater a partir de la ley 27.375 (B.O. de 28-VII-2017).
Por ello, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia