Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133153
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Gerardo Adrián Ogas Smith y se declara la nulidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 110/124 y de los actos subsiguientes, correspondiendo dar vista a la defensa oficial -a la mayor brevedad posible- para que canalice la voluntad impugnativa (art. 496 y concs., CPP).
Asimismo, poner en conocimiento del Colegio de Abogados correspondiente el incumplimiento a los deberes del doctor Pedro Esteban Bringa como abogado defensor de Gerardo Adrián Ogas Smith, adjuntando testimonios de las partes pertinentes del presente expediente.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.153, "Ogas Smith, Gerardo Adrián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 78.676 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el día 29 de junio de 2017, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el defensor particular de Gerardo Adrián Ogas Smith, doctor Pedro Esteban Bringa, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de cuatro años y seis meses de prisión -suspendiendo su cumplimiento hasta tanto la sentencia adquiriera firmeza-, accesorias legales y costas por resultar partícipe necesario del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada en concurso ideal con robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda (v. fs. 89/99).
El día 20 de octubre de 2017, Ogas Smith, acompañado por su entonces defensor particular, se notificó del fallo casatorio en la sede del Tribunal y manifestó su voluntad impugnativa (v. fs. 104 y vta.). En función del tiempo transcurrido sin que dicha pretensión hubiera sido canalizada técnicamente, se intimó a la defensa en diversas oportunidades (v. fs. 105/106, 107 y vta., 109 y vta.).
Recién el día 26 de diciembre de 2017, el defensor particular dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 110/124).
El Tribunal de Alzada, el día 5 de abril de 2018, de modo preliminar, advirtió la falta de diligencia de la defensa particular en lo que respecta al cumplimiento del plazo previsto en el art. 483 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de lo cual, con fundamento en las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, sorteó dicho déficit. Finalmente, desestimó la impugnación por estimar que los agravios de pretensa índole constitucional no guardaban relación directa con lo fallado (v. fs. 125/128).
El imputado Ogas Smith, el día 9 de mayo de 2018, manifestó nuevamente su intención de impugnar la sentencia (v. fs. 132 y vta.). El día 10 de agosto de 2018, revocó la designación del abogado particular y solicitó ser asistido por la defensa oficial (v. fs. 139).
En dicho marco, la señora defensora oficial, doctora Ana Julia Biasotti, el día 9 de octubre de 2018 asumió su intervención y -en ese mismo acto- planteó reposición y/o nulidad del recurso de inaplicabilidad de ley que había interpuesto la anterior defensa y de los actos subsiguientes por afectación al derecho de defensa y al debido proceso, todo lo cual -a su entender- dejó a su asistido en estado de indefensión (v. fs. 143/145 vta.).
Frente a ello, el Tribunal de Casación Penal, el día 16 de octubre de 2018, desestimó la presentación por entender que había agotado su jurisdicción con el examen de admisibilidad del art. 486 del Código Procesal Penal y remitió las actuaciones a la Defensoría de Casación para que continuara con las instancias procesales que pudieran corresponder ante la eventual afectación del derecho de defensa en juicio y debido proceso (v. fs. 146/147).
Contra dicha resolución, la señora defensora oficial dedujo recuso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 149/153).
El día 27 de diciembre de 2018, el Tribunal de Casación Penal recondujo la presentación como una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 154).
Esta Corte, mediante resolución de fecha 13 de marzo de 2019, rechazó por improcedente aquella reconducción y devolvió las actuaciones a la Sala II del Tribunal de Casación Penal para que resolviera la admisibilidad del recurso extraordinario conforme el art. 486 del Código Procesal Penal (v. fs. 155/156 vta.).
Finalmente, el Tribunal intermedio, el día 24 de septiembre de 2019, admitió la impugnación por considerar que se habían planteado agravios de pretensa índole federal vinculados con la afectación del derecho de defensa en la etapa recursiva y del debido proceso (v. fs. 161/164 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 172/175, dictada la providencia de autos a fs. 176, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la señora defensora oficial denunció la afectación del derecho a una defensa técnica efectiva en el marco del derecho al recurso y del debido proceso por haberse configurado una concreta situación de indefensión ante la defectuosa interposición del recurso extraordinario por parte del entonces abogado particular de Gerardo Adrián Ogas Smith (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8, CADH y 14, PIDCP -v. fs. 150-).
Aclaró que el estado de indefensión de su asistido lo planteó en la primera oportunidad posible. En tal sentido, explicó que en el mismo acto en que asumió la defensa denunció que la voluntad impugnativa de Ogas Smith no se había canalizado debidamente en tanto el contenido del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -presentado por el entonces defensor particular- no reunía las mínimas exigencias para abastecer la defensa técnica debido a notorias falencias e inexactitudes en relación a las constancias de la causa (v. fs. 143/145 vta. y 150/151 vta.).
Alegó que, pese a la cuestionable actuación del entonces defensor particular en la interposición del recurso extraordinario, el Tribunal de Casación Penal eludió el tratamiento del agravio constitucional bajo el pretexto de haber agotado su jurisdicción al resolver la inadmisibilidad de aquel recurso (v. fs. 151 vta.).
A continuación, se remitió a lo oportunamente expuesto en el pedido de nulidad y señaló que en dicha presentación se había puesto de manifiesto la situación de indefensión que ameritaba su control, aún de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. En su apoyo, citó el precedente "Schenone" de la Corte nacional (v. fs. 151 vta.).
Concluyó que el Tribunal de Casación Penal ante la falta de diligencia del letrado que dedujo la impugnación extraordinaria debió haber declarado su nulidad y retrotraído las actuaciones a fin de asegurar la efectiva tutela al derecho de defensa en juicio garantizando la posibilidad de articular de manera efectiva las vías recursivas disponibles. Citó los precedentes "Portillo", "Rodríguez" y "Palacios" de la Corte nacional (v. fs. 152 y vta.).
Por todo lo expuesto, peticionó que se revoque la resolución dictada el 16 de octubre de 2018 por la Sala II del Tribunal de Casación Penal y, en consecuencia, se retrotraiga el estado del presente a fin de reanudar los actos necesarios para garantizar a Ogas Smith el derecho al recurso con una efectiva defensa técnica que vele por sus intereses y canalice su voluntad impugnativa (v. fs. 152 vta.).
II. En su dictamen de fs. 172/175, el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido.
Sin embargo, no coincido con lo dictaminado.
III. El recurso es procedente (conf. art. 496, CPP).
Tal como lo puso de manifiesto la defensa oficial, la fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, presentado por el entonces defensor particular, no se compadece con lo debatido y resuelto en el caso, dejando la voluntad impugnativa de Ogas Smith sin canalizar de manera efectiva (v. fs. 110/124, fs. 143/145 vta., fs. 149/153).
En efecto, a partir de la lectura de ese recurso extraordinario, se advierte una completa falta de correspondencia entre las denuncias allí expuestas y las particularidades del caso. Por un lado, el letrado pidió la inconstitucionalidad de la pena de reclusión, cuando Ogas Smith en el caso fue condenado a pena de prisión. Luego, formuló cuestionamientos vinculados a la aplicación del art. 165 del Código Penal, cuando dicha figura delictiva nunca estuvo en discusión. Finalmente, realizó críticas referidas a la ponderación de pautas agravantes de oficio y solicitó la valoración de la afectación al plazo razonable en la etapa recursiva como atenuante, sin que su fundamentación guarde correlato con lo acontecido en el expediente (v. fs. 1/43; 50/58 vta.; 89/99; 100/124).
Todo lo expuesto pone en evidencia la ausencia de una efectiva defensa técnica en el trámite recursivo, que impidió tener por sustentada la voluntad recursiva del imputado (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; art. 8 inc. 2, CADH; art. 14, PIDCP; art. 89 y concs., CPP; conf. P. 120.799, resol. de 1-VI-2016; P. 130.235, resol. de 25-IV-2018, de este Tribunal mutatis mutandi; CSJN, "Schenone", sent. de 3-X-2006; "Pace", sent. de 17-V-2016; e "Iñigo", sent. de 26-II-2019, mutatis mutandi).
Las irregularidades descriptas precedentemente debieron motivar al Tribunal de Casación Penal -al realizar el primer juicio de admisibilidad de conformidad con el art. 486 del Código Procesal Penal- a tomar los recaudos necesarios para salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa en la etapa recursiva. Más allá de que en un primer momento asumió dicha labor al sortear la extemporaneidad de la presentación con fundamento en el resguardo del debido proceso y el derecho de defensa, luego -a pesar de haber advertido expresamente la falta de correspondencia de los agravios con lo acontecido en el caso- desestimó el recurso por falta de suficiencia técnica de los planteos constitucionales (v. fs. 125/128).
Si bien no puede pedirse al imputado que ensaye argumentos jurídicos, sí debe exigirse a su defensor que cumpla con dicha carga de manera efectiva (conf. CSJN, "Schenone", sent. de 3-X-2006), lo que evidentemente no aconteció en el presente caso.
El hecho de que el imputado al momento de manifestar su voluntad impugnativa no se encontrara privado de su libertad no exime a los órganos jurisdiccionales del deber de controlar que esté garantizado el derecho a su defensa técnica efectiva. Dicha garantía rige respecto de toda persona imputada en el marco de un proceso penal donde se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, por lo cual deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa del imputado (CSJN, (Fallos: 311:2502; 320:854; 321:1424; 325:157; 327:3087, 5095; 329:1794; 342:122), independientemente de que al momento de manifestar su voluntad impugnativa se encuentre efectivamente privado de su libertad o no (conf. P. 131.264, "Madrid", sent. 26-XII-2018, mutatis mutandi).
Y es que no resulta lógico supeditar el cabal cumplimiento de dicha garantía constitucional a la condición de que el imputado se encuentre privado de su libertad, ya que ello restringiría de manera irrazonable el rendimiento de la garantía en cuestión, agregando un requisito -privación de la libertad- que la norma no exige (conf. arts. 18, 28, 75 inc. 22, Const. nac.; art. 8, CADH y art. 14, PIDCP).
Cabe recordar que el derecho a contar con una defensa técnica idónea y eficaz -y no meramente formal como aconteció en el caso- responde a la necesidad de lograr una mayor igualdad de posiciones entre el órgano de persecución penal del Estado y el imputado. En dicho marco, "...una de las formas de propender a la equiparación de posiciones entre el acusador y el acusado es, sin duda, el erigir a la defensa técnica en un presupuesto de la validez del procedimiento y, en fin, de la sentencia". Por ello, "...el defensor representa un instrumento idóneo para la realización del ideal de equiparar las posibilidades entre el acusador y su acusado, en miras a una decisión judicial" y resulta obligatorio en todo proceso penal (MAIER, Julio B., Derecho Procesal Penal. Fundamentos. Tomo I, Editores del Puerto SRL, Buenos Aires, 2004, págs. 583-584).
En definitiva, la asistencia técnica con la que contó Ogas Smith al momento de la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 110/124 fue meramente formal e ineficaz en tanto incumplió con su esencial función de "...completar o complementar la capacidad del imputado para estar en juicio penal" (MAIER, Julio B., op. cit., pág. 551).
En efecto, "...no basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal, sino que es menester además que aquel haya recibido efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor" (CSJN, Fallos: 310:1934; 327:103; 331:2520; "Iñigo", sent. de 26-II-2019).
En función de lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 110/124 y dar vista a la defensa oficial -a la mayor brevedad posible- para que canalice debidamente la voluntad impugnativa del imputado Ogas Smith contra el fallo del Tribunal de Casación Penal que confirmó su condena.
IV. Por último, teniendo en cuenta que lo acontecido en el caso ha demostrado un incumplimiento a los deberes que correspondían al doctor Pedro Esteban Bringa como abogado defensor de Gerardo Adrián Ogas Smith en tanto ocasionó un estado de indefensión a su asistido, entiendo que debe ponerse en conocimiento del Colegio de Abogados correspondiente dicha circunstancia a sus efectos, adjuntando testimonios de las partes pertinentes del presente expediente.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada la señora jueza doctora Kogan dijo:
I. En primer lugar, doy por reproducidos por razones de brevedad los antecedentes del caso que fueran expuestos por el doctor Torres en los acápites I y II de la presente.
II. Sentado ello, estimo necesario destacar que Gerardo Adrián Ogas Smith en ocasión de manifestar su intención de recurrir la sentencia del Tribunal de Alzada, no se hallaba detenido (a diferencia de los casos, por ejemplo, de las causas P. 127.534, resol. de 20-IX-2017 y P. 120.799, resol. de 1°-VI-2016, e.o.) como así también que la garantía de doble conformidad estuvo satisfecha (art. 8.2.h., CADH).
No obstante ello, el recurso prospera pues en el contexto descripto, quedaba en cabeza de la defensa profesional la realización de un acto procesal eminentemente técnico (la confección de una impugnación para acceder a esta tercera instancia extraordinaria), que el defensor de confianza sólo en apariencia cumplió.
III. En efecto, este Tribunal ha sostenido que por vía de principio no compete a los jueces subsanar deficiencias técnicas de los abogados en sus presentaciones, salvo cuando las irregularidades constatadas evidencien absoluta falta de idoneidad en el ejercicio del ministerio que importe un menoscabo al derecho de defensa (conf. causa P. 120.799 cit., entre muchas otras).
Dadas las circunstancias que enumeró mi colega por las cuales los agravios volcados por el letrado en el acto impugnativo (por ejemplo cuestionando la pena de reclusión cuando la impuesta fue la de prisión, discutiendo aspectos de la figura del homicidio en ocasión de robo, cuando no se aplicó en el caso) son ajenos a la controversia jurídica que es objeto de este proceso o carecen de una mínima fundamentación, dejan en evidencia falta de idoneidad para el cumplimiento de ese acto procesal.
IV. Ello trae aparejado la vulneración de la defensa eficaz de Ogas Smith. En consecuencia, a fin de resguardar ese derecho, coincido en declarar la nulidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 110/124, otorgando una vista a la defensa oficial -a la mayor brevedad posible- para que canalice debidamente la voluntad impugnativa del imputado Ogas Smith contra el fallo del Tribunal de Casación Penal que confirmó su condena.
Finalmente adhiero a la comunicación que propone el doctor Torres en el punto IV de su voto.
Por lo expuesto, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente sentencia
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Gerardo Adrián Ogas Smith y se declara la nulidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 110/124 y de los actos subsiguientes, correspondiendo dar vista a la defensa oficial -a la mayor brevedad posible- para que canalice la voluntad impugnativa (art. 496 y concs., CPP).
Asimismo, poner en conocimiento del Colegio de Abogados correspondiente el incumplimiento a los deberes del doctor Pedro Esteban Bringa como abogado defensor de Gerardo Adrián Ogas Smith, adjuntando testimonios de las partes pertinentes del presente expediente.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia