Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130158
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.158, "Altuve, Carlos Arturo -Agente Fiscal- seguida a Preus Dipardo, Kevin Ezequiel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa n° 48.526 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, de Lázzari, Pettigiani, Torres, Soria, Kogan, Borinsky.
La Sala I de Transición del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, hizo lugar parcialmente al recurso deducido por la defensa de Kevin Ezequiel Preus Dipardo, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Martín que lo había condenado a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable del delito -fijado por mayoría- de robo doblemente calificado por haber causado lesiones graves y empleado arma de fuego. En consecuencia, casó el pronunciamiento impugnado en el rubro atenuantes, meritó en tal sentido la "pena natural" y readecuó la condena impuesta en diez años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 67/75 vta.).
Frente a ello, el señor defensor oficial ante la aludida instancia intermedia interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (causa P. 122.725; v. fs. 135/144) y de nulidad (causa P. 122.726; v. fs. 150/153).
Esta Corte hizo lugar a la segunda de las vías mencionadas, declaró la nulidad de la sentencia impugnada en lo concerniente a la revisión de la calificación legal y dispuso el reenvío de los autos a la instancia de origen para que, integrado el órgano jurisdiccional con jueces habilitados, dicte un nuevo pronunciamiento; y en razón de lo así decidido declaró inoficioso el tratamiento del recurso de inaplicabilidad de ley (v. fs. 157/160).
En virtud del reenvío dispuesto, la Sala I de Transición del Tribunal de Casación -con otra integración- sin reparos de las partes y luego del memorial presentado por la defensa (v. fs. 168/169), resolvió recalificar el hecho que se le imputa a Preus Dipardo como constitutivo del delito de robo agravado por lesiones graves en grado de conato y readecuó la pena a imponer al encartado en nueve años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 178/186 vta.).
Contra esa decisión, el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal -doctor Carlos Arturo Altuve- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 190/194), el que fue declarado admisible por el a quo (v. fs. 197/198).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 93/96 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 97) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor Fiscal denuncia que el Tribunal de Casación aplicó erróneamente los arts. 42 y 44 con relación al art. 166 inc. 1, todos del Código Penal, e inobservó la doctrina establecida por la decisión mayoritaria de esta Corte en los precedentes que cita, conforme la cual, hallándose agravada la figura compleja del aludido art. 166 inc. 1 por las lesiones graves o gravísimas producidas por las violencias ejercidas para facilitar el robo, el delito se encuentra consumado con la producción de aquéllas, aunque el atentado a la propiedad haya quedado en grado de conato (v. fs. 190/194).
El dictamen de la Procuración General sostuvo el recurso y propició su acogimiento, solución que comparto, aunque no con el alcance allí apuntado de reponer la calificación legal fijada en la sentencia de grado, por lo que será explicado.
II. No está controvertida la atribución de responsabilidad penal a Kevin Ezequiel Preus Dipardo en grado de coautor en el hecho acaecido el día 8 de abril de 2009, alrededor de las 20:50 hs., en que el nombrado "...junto a otro sujeto del sexo masculino [...] ingresaron al supermercado 'Realico' ubicado en El Callao 148 esquina Peralta Ramos de la localidad de Gran Bourg partido de Malvinas Argentinas, y mediante intimidación con arma de fuego a quien se hallaba atendiendo una de las cajas y a la encargada Paula Maciel y Silvina Montenegro -respectivamente- intentaron apoderarse del dinero existente en dichas cajas, no lográndolo toda vez que Mario Britez que se encontraba en calidad de cliente en el interior del comercio, al observar lo narrado se identificó como personal policial de la provincia de Buenos Aires a la vez que desenfundaba el arma de fuego, a partir de lo cual se produce el intercambio de disparos entre los sujetos y el nombrado, dándose ambos inmediatamente a la fuga. A consecuencia del intercambio de disparos narrado resultó Britez herido por un disparo de arma de fuego en la región de la fosa ilíaca derecha y el imputado Preus que resultó aprehendido a pocos metros del lugar en razón de las heridas de arma de fuego recibidas en su pierna izquierda. Ambos heridos resultaron con lesiones que fueran calificadas como de grave entidad" (fs. 8 y vta., pronunciamiento originario).
La decisión mayoritaria del tribunal de juicio consideró que la referida materialidad resultaba constitutiva del delito de robo doblemente calificado por haberse causado lesiones graves y empleado armas de fuego en los términos del art. 166 incs. 1 y 2 del Código Penal. Descartada la valoración de atenuantes, y haciendo mérito en calidad de agravantes de la pluralidad de intervinientes y la circunstancia de haberse desarrollado el ilícito en un comercio de las características del damnificado, impuso a Kevin Ezequiel Preus Dipardo la pena de once años de prisión (v. fs. 14/21).
Conforme surge de la relación de antecedentes, interpuesto el recurso por la defensa, el Tribunal de Casación dictó la sentencia que fue anulada por esta Corte disponiendo el reenvío de la causa a dicha instancia para el dictado de una nueva con arreglo a sus consideraciones (v. fs. 157/160). En cumplimiento de ello se pronunció el aludido órgano intermedio, que cambió la calificación legal originaria por la del delito de tentativa de robo agravado por lesiones graves (arts. 42, 44 y 166 inc. 1, Cód. Penal) y, considerando firmes los índices agravantes antes aludidos, como la "pena natural" computada en carácter de atenuante en el primigenio fallo casatorio, además de desechar el pedido para que en ese mismo sentido fuese evaluada la demora en el proceso, fijó la sanción en nueve años de prisión (v. fs. 178/186 vta.).
III. En atención al modo indiscutido en que quedó establecido el hecho reprochado en calidad de coautor a Kevin Ezequiel Preus Dipardo, asiste razón al recurrente en cuanto solicita que quede atrapado en el ilícito del art. 166 inc. 1, sin la óptica de la regla actuada del art. 42, pues para la completitud de dicho tipo penal, que aprehende los delitos de robo y de las lesiones contempladas en los arts. 90 (graves) y 91 (gravísimas), siempre que éstas se causaren por las violencias ejercidas para realizar el primero, resulta indistinto que el desapoderamiento violento haya quedado en grado de tentado, en tanto y en cuanto las lesiones a que alude la norma fueran consumadas.
Ello así, a tenor de la doctrina elaborada por la postura mayoritaria de esta Corte -de la cual participo- a partir del precedente P. 70.963, sentencia de 1-XII-2004, con fundamentos que transcribe el dictamen de la Procuración General del voto del doctor Pettigiani al que tuve oportunidad de prestar adhesión al sufragar los expedientes P. 82.560, sentencia de 18-III-2009 y P. 105.923, sentencia de 7-IV-2010, entre tantos otros, con apreciaciones propias sobre la naturaleza compleja de la mentada figura de robo en cuyo decurso se causen lesiones graves o gravísimas -en el caso, las primeras- y la prevalencia del bien jurídico protegido que comprende la salud e integridad física, que la tornan aplicable aun cuando el apoderamiento quede truncado (conf. causas cits. y P. 71.731, sent. de 2-III-2005; P. 73.730, sent. de 6-VII-2005 y P. 71.933, sent. de 3-IV-2008; Núñez, Ricardo C.; Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, pág. 233. Creus, Carlos; Derecho Penal Parte Especial, Tomo I, pág. 431. Donna, Edgardo Alberto; Derecho Penal Parte Especial, Tomo II-B, pág. 157).
Por todo lo expuesto, propongo hacer lugar a la pretensión del señor representante fiscal de calificar el hecho juzgado en las previsiones del art. 166 inc. 1 del Código Penal (art. 496, CPP). En función de lo acaecido en el tránsito recursivo ante el tribunal intermedio conforme detalla el punto II del presente, los autos deben volver a esa sede para que se determine la pena que corresponda imponer a Kevin Ezequiel Preus Dipardo, de acuerdo con la antedicha adecuación legal y las pautas mensurativas que se encuentran firmes.
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Las circunstancias comprobadas de la causa, reflejadas en el punto II del voto del doctor Genoud, ponen de relieve que Kevin Ezequiel Preus Dipardo fue coautor, junto a otro hombre no identificado, de un intento de apoderamiento del dinero de las cajas del supermercado "Realico" mediante el empleo de un arma de fuego. Los encartados no lograron su cometido en razón de la intervención de uno de los clientes, Mario Britez (a la sazón policía bonaerense), que también esgrimió un arma de fuego y, en ese contexto, se produjo un intercambio de disparos del que resultaron heridas tanto para Britez como para Preus Dipardo.
II. La cuestión a decidir en el caso es si, en las circunstancias verificadas, las lesiones de carácter grave padecidas por Mario Britez resultan suficientes para perfeccionar el delito previsto en el art. 166 inc. 1 del Código Penal.
La posición mayoritaria del Tribunal que integro ha entendido que, al tratarse de un delito complejo, si en el camino ejecutivo del injusto contra la propiedad se causan lesiones graves o gravísimas debe prevalecer el bien jurídico salud e integridad física y, por ende, el delito se tendrá por consumado, más allá de que el apoderamiento no logre concretarse (causas P. 70.963, sent. de 1-XII-2004; P. 82.560, sent. de 18-III-2009; P. 105.923, sent. de 7-IV-2010; e.o.).
No acuerdo con esa posición. La fórmula legal que agrava la pena en el art. 166 inc. 1 "Si por las violencias ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91..." y su ubicación sistemática en el Código Penal, dejan claro que la figura es un robo agravado. Por eso se lo situó en el título de los delitos contra la propiedad, en el capítulo de robo, en el mismo artículo junto a otros tipos de robo de igual gravedad.
El robo con lesiones graves o gravísimas es un delito doloso; el núcleo de la acción consiste en apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble ajena; se consuma si se perfecciona el apoderamiento y queda, en caso contrario, en tentativa. Dicho de otra manera, es la figura básica (el robo) y no la accesoria (las lesiones) la que marca el iter criminis.
III. En el seno de esta Corte, en una integración anterior, se afirmó que no se advertía razón alguna para que esa figura de la "parte especial" del Código Penal no sea relacionada, cuando así corresponda, con el art. 42 de su "parte general". Se aceptó que las lesiones graves o gravísimas podían producirse "en cualquiera de los momentos de la realización del robo" por tratarse de "violencias que realizan el robo". Pero se aclaró que lo "realizan" a condición de que el robo se perfeccione, pues tales "violencias" no satisfacen por sí mismas el concepto legal de robo consumado (v., en lo pertinente, causas P. 39.796, sent. de 2-IV-1991; P. 57.406, sent. de 29-IV-1997; e.o.).
Por lo tanto, la aplicación al caso de la escala penal disminuida, según lo disponen los arts. 42 y 44 del Código Penal se fundamenta, también, en el principio constitucional de legalidad penal que obliga a los jueces a aplicar las reglas de la parte general a los delitos que sean compatibles con ellas. En ese sentido se ha afirmado que "...la consideración de lo tentado como si estuviera consumado, configura una forma de aplicación analógica agravatoria de la ley penal, prohibida por el principio de legalidad" (Ercolini, Julián D.; "Algunas consideraciones sobre el robo violento con lesiones graves o gravísimas", La Ley 2003-A-487, Supl. Penal 2002 [diciembre], 17). Y también que "...la legalidad no es, pues, un problema que en el nivel típico pueda agotar el legislador, sino que el derecho penal es el encargado de completarla y traducirla en términos de legalidad estricta, sea mediante una interpretación limitativa de los tipos penales o a través de la inconstitucionalidad de alguno de ellos" (Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia, Alejandro, Slokar, Alejandro; Derecho Penal: parte general, 2da. Edición, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2014, pág. 441).
IV. Por otro lado, el tratamiento de la tentativa de robo agravado por lesiones graves o gravísimas como si fuera un robo consumado violentaría los principios de culpabilidad y proporcionalidad de la pena. Es claro que la acción de desapoderamiento que solo queda en grado de conato no expresa el mismo contenido de injusto que aquella que sí alcanzó la consumación y tal diferencia debe expresarse en la conminación penal, de la misma manera en que se expresa en cualquier otro delito.
Ni en el plano de la realidad ni para el Código Penal un apoderamiento exitoso de una cosa mueble es lo mismo que un apoderamiento frustrado.
V. La posible incongruencia en las penalidades que la interpretación propiciada acarrearía en algún caso puntual, esto es, que una tentativa del delito del art. 166 inc. 1 del Código Penal en la que existió lesión gravísima y no se concretó el apoderamiento tendría un mínimo menor que el delito de lesiones gravísimas, no alcanza para dejar de lado el principio de legalidad y tratar como consumado un robo que quedó tentado. En primer lugar, porque no se trata de la única incongruencia que existe en el Código Penal. En segundo lugar, porque en el caso concreto el problema podría salvarse al determinar la pena, valiéndose del art. 40 y siguientes de la norma de fondo.
De cualquier manera, en el caso ese problema no se advierte porque las lesiones fueron graves y no gravísimas.
VI. Finalmente, es preciso señalar que la tesis objetada conduce a otras cancelaciones de reglas de la parte general, como la que beneficia con la no punibilidad al autor de la tentativa cuando desistiere voluntariamente del delito según lo prevé el art. 43 del Código Penal (Friele, Guillermo; El desistimiento de la tentativa, Ad-hoc, Buenos Aires, 2004, pág. 62 y sigs.).
Por todo lo expuesto, concluyo este voto señalando que -en mi convicción- el delito de robo con lesiones graves o gravísimas previsto en el art. 166 inc. 1 del Código Penal, al constituir un robo doloso agravado, permite la reducción de la escala penal conforme a los parámetros de la tentativa (arts. 42 y 44, Cód. Penal).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Concuerdo para el caso con la solución del colega que propicia desestimar el recurso fiscal, en razón de las consideraciones que seguidamente expongo.
II.1. En oportunidad de expedirme respecto de la construcción típica prevista en el art. 166 inc. 1 del Código Penal (conf., por todos, causa P. 71.731, sent. de 2-III-2005), a cuyos fundamentos me remito, sostuve que constituye una figura de naturaleza "compleja", construida a partir de la amalgama de dos tipos penales: robo y lesiones (graves o gravísimas: arts. 90 y 91 del citado digesto), e indiqué que el hecho de "...que ese precepto penal no prevea de manera expresa la posibilidad de la tentativa como, por lo demás, ocurre en todos los delitos, y que la aplicación de la regla genérica del art. 42 del Código Penal al complejo delictivo conlleve a resultados irrazonables (así, quien lesionara gravísimamente en el contexto de un robo tentado podría castigarse con menos pena que quien hubiera solamente lesionado con esa intensidad, con la inexplicable incongruencia de penarse en modo menos gravoso al que se ha alzado contra dos bienes jurídicos que al que lo ha hecho contra uno solo), no significa predicar que el menor reproche que supone un desapoderamiento frustrado o una lesión grave o gravísima inconclusa no merezca un reflejo en la respectiva escala penal" (causa cit. y causa P. 105.923, sent. de 7-IV-2010; entre muchas otras).
De acuerdo con la inteligencia asignada a dichas construcciones, "...el «complejo» se perfecciona cuando las dos figuras penales independientes que lo componen: robo y lesiones (graves o gravísimas), se consuman. En los demás casos cada uno de los delitos conservará individualmente sus características propias, por lo que corresponderá resolver el conflicto conforme al respectivo grado de ejecución que hubiera alcanzado la figura penal respectiva, a tenor de las reglas del concurso de delitos".
II.2. Ahora bien, es dable advertir, además, que esa estructura, en la sistemática actual del código de la materia, diversa a aquella en la que fuera establecida, tampoco logra englobar todo el contenido de ilicitud que el caso representa cuando el desapoderamiento violento ha sido cometido con la utilización de un arma de fuego apta para el disparo (art. 166 inc. 2, segundo párr., Cód. Penal -t.o ley 25.882-), tal como ha ocurrido en el caso bajo estudio, pues esta calificación ha sido particularmente agravada por el legislador en un tercio en su mínimo y en su máximo de la escala penal. Es decir que mientras el robo con lesiones graves o gravísimas, aun plenamente perfeccionado, prevé una pena de reclusión o prisión de cinco a quince años, el llevado a cabo mediando la utilización de arma de fuego apta prevé una escala penal que abarca de seis años y ocho meses a veinte años de encierro. El máximo de este robo si fuere tentado (quince años de reclusión o prisión) ya representa todo el valor de ilicitud de robo -consumado- con lesiones graves o gravísimas. De modo tal que la cuestión requiere de un plus argumental para determinar, en todo caso, cual debe prevalecer (concurso de leyes) o si cabe aplicar las reglas del concurso ideal (art. 54, Cód. Penal).
III. La plataforma fáctica que permanece inalterada da cuenta de la producción de lesiones graves a la víctima Britez mediante el empleo de un revólver calibre 32 que finalmente se decomisó (v. fs. 21 vta.), así como de la frustración del robo con armas, por lo que es extraño, a fin de la correcta subsunción jurídica, la ausencia de tipificación en el art. 166 inc. 2, segundo párrafo -ley 25.882-, al menos en función de los arts. 42 y 44, todos del Código Penal, más allá del significado y tratamiento jurídico de su coexistencia con la figura prevista en el art. 166 inc. 1 del Código Penal, o a todo evento del art. 90, ambos del mismo cuerpo legal.
Sin embargo, tras el devenir del iter recursivo, en la sentencia que aquí se examina, la casación descartó -por mayoría de fundamentos; ver fs. 184 vta.- la subsunción del suceso en la agravante prevista en el art. 166 inc. 2, segundo párrafo, del régimen represivo -según texto indicado-, pese a que la sentencia de dicho órgano previamente anulada mantenía la doble calificación legal actuada por la instancia (v. fs. 67/75 vta., en función de fs. 8/21 vta., y salvo por la aplicación de la regla de la tentativa tampoco ese robo doblemente calificado tenía reparos de la defensa; v. fs. 30 y 34 vta.), sin merecer este proceder ningún agravio por parte del señor Fiscal recurrente, y recalificó el a quo el suceso c
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.