Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131562
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 131.562, "R., L. E. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 87.424 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 30 de agosto de 2018, admitió parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial de L. E. R. contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que -por mayoría- confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de dieciséis años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo en grado de tentativa, dictando pena única de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, comprensiva de aquella y de la condena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, impuesta el 24 de noviembre de 2016 por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 de dicho departamento judicial en causa 56964/1 y la pena única de cuatro años y ocho meses de prisión, dictada el 15 de diciembre de 2016, por el Tribunal en lo Criminal n° 11 de Capital Federal en causa 5047, comprensiva de la condena de seis meses impuesta por dicho órgano y la de cuatro años de prisión del Tribunal de Menores n° 3 de Capital Federal en la causa 7423 (v. fs. 173/177 vta.).
En lo que aquí importa, recordó las causales del art. 494 del Código Procesal Penal y citó los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional. Explicó que se planteó debidamente una cuestión federal compleja en tanto se denunció que el art. 58 del Código Penal se contrapone a las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para la Administración de Justica de Menores ("Reglas de Beijing") y a la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos internacionales (art. 75 inc. 22, Const. nac. -v. fs. 176 y vta.-).
Agregó que la defensa desarrolló agravios de ley sustantiva por lo que la impugnación debe admitirse (v. fs. 177).
Oído el señor Procurador General a fs. 194/197 vta., dictada la providencia de autos a fs. 198 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la defensa oficial, en lo que aquí importa, denunció que el Tribunal de Casación Penal efectuó una errónea aplicación del art. 58 del Código Penal que afectó los arts. 3, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing (v. fs. 152 vta./153 vta.).
A continuación, trajo a colación lo resuelto en la causa P. 114.153 (sent. de 4-V-2016) en cuanto a la imposibilidad de informar al Registro Nacional de Reincidencia los procesos que tramitan en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por afectar el interés superior del niño y el derecho a la intimidad; asimismo, recordó la existencia del Registro de Procesos del Niño (arts. 3 y 40, CDN; Reglas de Beijing, regla n° 21; art. 51, ley 13.634 -v. fs. 153 vta./156-).
Luego, señaló que la afirmación del sentenciante referida a que corresponde aplicar el art. 58 del Código Penal por considerar inaplicables los principios del sistema penal juvenil a la situación de R. en tanto alcanzó la mayoría de edad, vulnera los derechos protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular, el "interés superior del niño", su derecho a la intimidad, a la no estigmatización, dificultando su ulterior inserción social (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 3, 37 y 40 de la CDN -v. fs. 156-).
Frente a ello, alegó que la imposibilidad de unificar las penas o condenas dictadas en el fuero minoril con las del fuero de adultos se impone en función de la aplicación sistemática de los derechos tutelados por la citada Convención, en particular, el "interés superior del niño", conforme lo resuelto por esta Corte en el precedente de mención en el que se dispuso "...la prohibición de informar y de emplear en el fuero de adultos información proveniente del fuero especial de menores", circunstancia que "...impide, lógicamente, la unificación decidida en autos, al no poder echarse mano de dicha información por parte de los jueces de adultos o mayores".
Por tales motivos, consideró erróneo lo afirmado por el Tribunal de Casación Penal en punto a que la única limitación se vincula con el instituto de la reincidencia y con que al no ser su asistido menor de edad, la situación de éste relativa a una conducta llevada a cabo cuando sí lo era, deja de estar abarcada o protegida por los principios fundamentales del sistema penal de menores.
Citó el precedente P. 87.792 (sent. de 7-VI-2006) vinculado a los efectos de la caducidad registral (art. 51, Cód. Penal) y señaló que la interpretación conjunta de éste con la causa P. 114.153 permiten concluir que "...si lo que pudo informarse válidamente, luego de la caducidad registral (10 años) ya no puede usarse, con más razón no podrá emplearse algo que nunca pudo ser informado [...] 'aquello que no debe ser informado (un antecedente del fuero de menores tal como lo ha resuelto la SCBA en <<Quiroz>>) no puede ser computado para acarrear ningún efecto penal (datos no registrables en el fuero de adultos= inexistencia=imposibilidad de uso)'" (fs. 156 vta. y 157).
Agregó que a la prohibición absoluta de cursar informe, le es natural la prohibición de usar el mismo dato por otros medios; dicho impedimento no puede ser suplido empleando certificación de causas, informes obtenidos por fuera del registro, testimonios de sentencias o empleando informes del propio Registro de Responsabilidad Juvenil, porque ello tornaría inoperantes los postulados de confidencialidad, reserva y no estigmatización, que dan sentido a la existencia del fuero especializado (v. fs. 157).
Por otra parte, manifestó que el sistema de protección integral de los derechos del niño tiene como fin esencial la educación y resocialización de los jóvenes, siendo la privación de libertad una medida extrema y que por lo tanto debe tomarse como último recurso. "Y aun si se decidiera por dicha medida, la misma no se considera 'pena' en el sentido que cabe asignar a la misma en el régimen legal de personas mayores de edad. Esto es así en función de poseer el fuero minoril un carácter tuitivo, siendo entonces inviable la sola idea de imponer a un joven una pena como respuesta estatal a la comisión de un delito". Citó textualmente el art. 40 inc. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y las reglas 1 in fine, 5 y 17 de las Reglas de Beijing (v. fs. 157/158).
Concluyó que "...la inmadurez emocional o afectiva de un joven, la cual es universalmente reconocida como producto necesario de su etapa evolutiva, conduce a sostener la distinta naturaleza de las 'sanciones' previstas en uno y otro régimen, lo que impide la unificación de las mismas, dado que la solución contraria -adoptada en autos- atenta contra sus respectivas finalidades". En su apoyo, transcribió un fragmento del voto en disidencia del juez Natiello en el marco de las presentes actuaciones (v. fs. 158).
En función de lo expuesto, señaló que se aplicaron erróneamente los arts. 58 del Código Penal; 3, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, todo lo cual derivó en una unificación de penas constitucionalmente improcedente (v. fs. cit.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 194/197 vta.).
III. No coincido con lo dictaminado por la Procuración General en tanto estimo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es procedente (art. 496, CPP).
Tal como a continuación se demostrará, asiste razón a la defensa oficial en cuanto alega que la aplicación del art. 58 del Código Penal para unificar penas del fuero penal juvenil y del de mayores afecta el "interés superior del niño" junto con otras de las garantías específicas de la justicia penal juvenil vinculadas a la imposición y ejecución de penas privativas de libertad (arts. 3, 37 y 40, CDN; 4, ley 22.278; Reglas de Beijing; Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad y Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil -Directrices Riad-).
IV. Previo a ingresar al fondo del reclamo, se reseñará lo resuelto sobre el punto por el Tribunal de Casación Penal.
IV.1. En lo que aquí interesa, mediante el voto del juez Kohan al que adhirió el juez Maidana, se confirmó la unificación de las penas dictadas en el fuero de responsabilidad penal juvenil y en el de mayores.
Los jueces explicaron que R., al tiempo de cometer el delito por el cual fue condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de Lomas de Zamora, se encontraba cumpliendo pena en la causa del fuero de menores, dándose el supuesto de procesos paralelos que terminaron cada uno en una condena dictada por separado (v. fs. 138).
Se resaltó que el nombrado ya sufrió una unificación previa de un proceso del fuero de menores con uno que tramita por ante el Tribunal en lo Criminal n° 11 de Capital Federal, por lo que la discusión en cuanto a la procedencia del instituto está superada (v. fs. cit.).
Se afirmó que no existe ningún impedimento para unificar conforme las previsiones del art. 58 en tanto la única limitación que se reconoce se relaciona con el instituto de la reincidencia de jóvenes en conflicto con la ley penal (conf. art. 5, ley 22.278 -v. fs. 138 y vta.-).
A continuación, se señaló que la defensa oficial desatendió que el condenado es mayor de edad y fue juzgado por un delito cometido como menor ya siendo adulto, "...por ello corresponde considerarlo como tal para la determinación del procedimiento a emplearse". Destacó que R. era mayor al momento de recibir ambas condenaciones por lo que -para ese entonces- ya no era menor de edad sino un adulto. Por tales motivos, consideró que es un "...contrasentido reclamar para un adulto la aplicación de preceptos que están reservados a los menores de edad tales como en lo que respecta al fin de la pena". Trajo a colación los arts. 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y los arts. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5 y 17 de las Reglas de Beijing (v. fs. 138 vta. y 139).
Asimismo, sostuvo que "la pena de menores a la que se refieren los términos de los arts. 68 a 85 de la ley 13.634, tiene que ver con las medidas de integración social previstas en la ley 13.298, cuya finalidad radica en la resocialización y recuperación del joven, circunstancia que evidentemente no ha ocurrido, pues cometió otro delito". Agregó que las finalidades invocadas no son muy distintas a las que se persiguen con la pena impuesta a los adultos (conf. art. 1, ley 24.660 -v. fs. 139 y vta.-).
Por tales motivos, estimó que la condición de mayor de edad de R. torna abstractas muchas de las declaraciones reservadas a los menores de edad, razón por la cual reiteró que no existe obstáculo alguno para aplicar el art. 58 citado (v. fs. 139 vta.).
En definitiva, afirmó que la pena única impuesta por el órgano que aplicó el método de la composición no resulta irracional ni desproporcionada (v. fs. 139 vta.).
Por último, recordó que la unificación de penas o condenas es un imperativo legal que surge de la manda contenida en el art. 58 del Código Penal y que tiene por finalidad hacer cumplir el principio de unidad de la reacción penal o de pena total (v. fs. 139 vta.).
IV.2. El juez Natiello, en minoría, hizo lugar al agravio de la defensa por considerar que la unificación de penas es errónea, en tanto el procedimiento de menores es de excepción, de carácter tuitivo y no punitivo.
En función de ello, consideró que si bien existen dos sentencias condenatorias firmes, lo cierto es que tales decisorios revisten diferente entidad (v. fs. 136 vta.).
Explicó que "...amén de que una sentencia dictada en un proceso de menores gozaría del carácter de una resolución judicial definitiva, aquella no revestiría realmente la totalidad de las características de una sentencia 'condenatoria' de materia penal a las que referencia la citada normativa del art. 58". Reiteró que la resolución definitiva dictada en sede minoril tiene carácter tuitivo, es una excepción de ultima ratio que puede ser prescindida, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño. Por el contrario, en el proceso de mayores, la imposición de una pena resulta obligatoria. Por tales motivos, concluyó que "...las bases en las que se asientan los laudos de uno y otro fuero son diametralmente opuestos como también sus consecuencias" (fs. 136 vta. y 137).
Finalmente, refirió que si no puede ser tenido en cuenta un antecedente penal que ostenta una persona en sede minoril tanto a los fines de la declaración de reincidencia como para agravar la pena en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal, menos aún se puede realizar una unificación de condenas entre sentencias recaídas en fuero de menores y de mayores "...puesto que sino indirectamente se le estaría computando un antecedente como menor para agravar la penalidad, imponiéndole una pena única de mayor gravedad a la que originariamente le correspondería" (fs. 137 y vta.).
V. Como se adelantara, asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que el Tribunal de Casación Penal, al confirmar la aplicación del art. 58 del Código Penal para unificar penas de los distintos fueros no respetó los derechos específicos que rigen en la justicia penal juvenil.
Veamos.
VI. La circunstancia de que en la actualidad R. sea mayor de edad, no torna abstracta la aplicación de las normas específicas del fuero, como erróneamente lo afirma el voto de la mayoría, pues lo que determina el régimen legal aplicable -justicia de mayores o penal juvenil- es la edad que tenía R. al momento de cometer el hecho.
En tal sentido, siendo que para el momento de cometer el hecho por el que el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 de Lomas de Zamora impuso a R. la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, era menor de edad, deben aplicarse las normas específicas que rigen en la justicia penal juvenil a lo largo de todo el proceso penal, incluyendo obviamente la etapa de imposición y ejecución de la pena en lo que a esta condena respecta (arts. 3, 12, 25, 37 y 40, CDN; 4, ley 22.278; Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad; Directrices Riad; Reglas de Beijing; conf. CSJN causa M.1022.XXXIX "Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado", sent. 7-XII-2005, considerandos 22 y 23; causa M. 2477 XLII "Marteau, Alejandro Aramis s/ homicidio en concurso ideal con lesiones graves y leves dolosas -causa 2570-", sent. de 17-III-2009).
Para más, resulta útil recordar que el art. 4 inc. 2 de la ley 22.278 exige como uno de los requisitos para imponer pena que el joven haya cumplido los dieciocho años de edad. De ahí que si se interpretara la ley como pretende el a quo, esto es que la mayoría de edad "...torna abstractas muchas de las declaraciones reservadas a los menores de edad" (fs. 139 vta.), en la etapa más aflictiva de todo el proceso penal -ejecución de la condena-, se volverían inoperantes las garantías específicas vinculadas con el modo de cumplimiento de la pena privativa de libertad.
VII. Por otra parte, la afirmación del a quo que pretende justificar la aplicación del art. 58 del Código Penal por no estar expresamente prohibida, a diferencia de la declaración de reincidencia que sí lo está, se sustenta en una interpretación descontextualizada y asistemática del conjunto de normas que integran la justicia penal juvenil.
Aun cuando la ley 22.278 no prohíbe expresamente la unificación de penas de mayores y menores, como sí lo hace con la declaración de reincidencia en el art. 5, de ello no se puede inferir sin más que procede su aplicación.
Cabe recordar que en nuestro país está pendiente la adecuación de la legislación nacional penal juvenil a los estándares mínimos que surgen de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos incorporados a la Constitución -en especial a la Convención sobre los Derechos del Niño- (conf. CSJN causa G.147.XLIV "García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/ causa N° 7537", sent. de 2-XII-2008; CSJ 700/2014 (50-A) "A., C. J. s/ homicidio en ocasión de robo, etc. -causa n° 2661/3-", sent. de 31-X-2017; CIDH caso "Mendoza y otros vs. Argentina", sent. de 14-V-2013).
Por ello, hasta tanto se cumpla con dicha manda, se deben hacer los máximos esfuerzos interpretativos para lograr que la aplicación de la ley 22.278 y del Código Penal sea coherente con el núcleo de derechos específicos de la justicia penal juvenil.
En este contexto, conforme lo expuso la defensa oficial, se advierte que la aplicación del art. 58 del Código Penal para unificar las penas impuestas a R. en el fuero de mayores y menores se contrapone al "interés superior del niño" y a garantías específicas que se deben respetar en la imposición y ejecución de penas privativas de la libertad, como se analizará en el punto que sigue.
VIII. También asiste razón a la defensa oficial en cuanto alega que la aplicación del art. 58 del Código Penal afecta el "interés superior del niño" pues no repara en la necesidad de cumplir con su protección integral tendiente a la educación y resocialización, proceso en el cual la privación de libertad debe ser una medida extrema y por el menor tiempo posible (arts. 3, 37 y 40, CDN; Reglas de Beijing -v. fs. 157/158 vta.-).
VIII.1. Aun cuando la ejecución de la sanción en el fuero penal juvenil tenga por finalidad la prevención especial positiva y esté dirigida a la reforma y readaptación social de los condenados, al igual que la pena impuesta a mayores, tal como lo pusieron de manifiesto el voto de la mayoría y el señor Procurador General en su dictamen, ello no es argumento suficiente para concluir que corresponde aplicar el art. 58 del Código Penal.
Pese a dicho punto de contacto subsisten diferencias importantes entre ambas penas que impiden su unificación.
La justicia penal juvenil tiene en especial consideración que los jóvenes punibles que cometen delitos lo hacen en una etapa de su vida en la que están en crecimiento y en pleno proceso madurativo. De ello deriva la exigencia del cumplimiento de deberes especiales por parte de la familia, la sociedad y el Estado (conf. art. 5 inc. "e" de las Directrices Riad; CSJN causas "Maldonado", sent. 7-XII-2005, considerando 23; "Marteau", sent. de 17-III-2009).
La posibilidad de imponer penas privativas de libertad en la justicia penal juvenil es mucho más restrictiva en comparación con la justicia de adultos. De ahí que "...se establecen como consecuencias jurídicas de la comisión de un delito por parte de un joven o adolescente sanciones diferentes, que se extienden desde la advertencia y la amonestación hasta los regímenes de semilibertad o privación de libertad en instituciones especializadas. En caso de que sea necesario recurrir a una reacción estatal coactiva, la centralidad la ocupan estas sanciones y lo alternativo es la privación de libertad. Por eso en el sistema de la protección integral no es correcto hablar, como en el sistema penal de adultos, de alternativas a la pena privativa de la libertad ya que lo alternativo y excepcional, conviene insistir, es la privación de libertad" (BELOFF, Mary, "Los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América L
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