Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132298
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.298, "A., E. N. s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa n° 89.368 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Torres.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante pronunciamiento dictado el día 18 de septiembre de 2018, rechazó por improcedente el recurso de la especialidad deducido por la defensa del imputado E. N. A. contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo emergente de la relación de pareja y convivencia que mantuvo con la víctima y con violencia de género, en grado de tentativa (v. fs. 82/89).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 97/104), que fue concedido parcialmente por el tribunal intermedio (v. fs. 106/109 vta.). Surge del informe efectuado a fs. 116 que la defensa no interpuso queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 118/121), dictada la providencia de autos (v. fs. 122) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto denuncia la errónea aplicación de los arts. 42 y 80 inc. 1 del Código Penal y la infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana (arts. 1 y 28, Const. nac.), del debido proceso legal y del derecho de defensa (art. 18, Const. nac.), violación a la presunción de inocencia y al principio in dubio pro reo (arts. 1, 18 y 19 Const. nac.; 8.2, CADH y 14.2, PIDCP; v. fs. 97 vta.; 99 y vta.).
Sostiene que el Tribunal de Casación, ante los agravios esgrimidos por la defensa -mediante los que pretendía atribuir responsabilidad penal a A. solo por el delito de lesiones agravadas en función del art. 93 del Código Penal- consideró que la calificación legal adoptada en la instancia (arts. 80 inc. 1 y 42, Cód. Penal) se adecuaba claramente a la conducta atribuida al imputado, optando por una calificación más gravosa y violentando de tal modo el in dubio pro reo.
Afirma que el a quo arbitrariamente y en violación al principio in dubio pro reo, sostuvo que la conducta del acusado perseguía una intencionalidad homicida "...haciendo hincapié en tres circunstancias [...] los propios dichos del imputado quien amenazó a viva voz a S. en el evento, la lesión que le provocara en el hombro y los puntazos que [...] habría intentado asestarle, y la persistencia en la conducta agresiva e intimidatoria hacia la víctima luego de haberle provocado la herida en el hombro" (fs. 100 vta.).
Alega que si bien diversos testigos y la propia damnificada se refirieron a la agresión verbal y amenazas de muerte vertidas por A., lo cierto es que el proceder del nombrado hacia la víctima "habitualmente" era agresivo, por lo que las palabras esgrimidas por el nombrado "...no pueden ser tomadas literalmente como un presagio de muerte", pues resulta "...poco razonable sostener que quien pretende dar muerte a una persona, previo a ello advierta a los gritos no sólo a su víctima del atentado que está a punto de cometer, sino a todas las personas que se encontraban cerca del lugar, y en reiteradas oportunidades tal como indicó el testigo C." (fs. 101).
Expresa como probable que tal actitud "...sólo hubiera perseguido la intención de asustar a la víctima" lo que conduce a un encuadre legal de la conducta mucho más beneficioso para su defendido (amenazas agravadas).
En segundo lugar, estima que el imputado tuvo oportunidad de lesionar mortalmente a S., pues en un principio nadie se interponía entre ambos. En orden a la afirmación del tribunal intermedio relativa a que intentó en varias oportunidades asestar puñaladas en el abdomen de S., con un claro designio homicida, pero sin lograr su cometido por la intervención de terceros, señala que tal aserto resulta contrariado por las pruebas obrantes y es autocontradictorio (v. fs. 101 vta.).
Si bien no discute la utilización del arma contra la damnificada, se disconforma con el sentido homicida que a tal uso le atribuyeron los sentenciantes, dado que, en su opinión, lo único que pudo establecerse es que A. amagó a herir a la víctima en una zona vital, "...pero no lo hizo, y no por la intervención de un tercero [...] ninguna persona se interponía entre A. y la víctima" (fs. 102).
Alega inconsistencia en el razonamiento del juzgador, pues se tiene al acusado como una persona hábil para golpear en una zona vital ("en la cabeza") con el mango, pero torpe para asestar una puñalada en el abdomen a pesar de ser un usuario avezado de armas blancas y de haberlo intentado cuanto menos en tres oportunidades (v. fs. 102 vta.).
Respecto de la tercer circunstancia manifiesta que del análisis integral de todo el cuadro probatorio surge que su pupilo siempre persiguió amedrentar a la damnificada mediante agresiones "...que no superaron las lesiones leves y amenazas de muerte efectuadas con un arma blanca" (fs. 102 vta.), por lo cual no se logra acreditar con el grado de certeza que una condena exige la intención homicida atribuida al imputado, resultando inapropiada la subsunción legal en los arts. 80 inc. 1 y 42 del Código Penal.
Subraya que, al igual que en otras oportunidades, el acusado "...deseaba molestar y agredir a [M. D.] S. para amedrentarla" (fs. 103).
Colige que la hipótesis fáctica tenida en cuenta por el a quo revela solo la existencia de agresiones verbales y físicas sobre la damnificada y la producción de una lesión leve en uno de sus hombros, todas circunstancias contempladas en los arts. 89 y 149 bis del Código Penal, pero que no abastecen los requisitos exigidos por el art. 80 inc. 1 del mismo cuerpo legal, por no haberse probado el dolo homicida (v. fs. cit.).
II. El señor Procurador General dictaminó a fs. 118/121 aconsejando el rechazo del recurso.
Coincido en que el recurso no prospera.
III. De manera liminar es necesario aclarar que el auto que admitió la vía de inaplicabilidad de ley solo lo hizo por infracción a ley sustantiva, esto es la vinculada con la aplicación al caso del art. 80 inc. 1 del Código Penal -en función del art. 42, Cód. cit.- (v. especialmente fs. 109 y vta.). Con esos lindes serán abordados los agravios.
IV. Conforme surge de su fallo, el tribunal de juicio tuvo por acreditado que "...durante el transcurso de la mañana del 19 de marzo del año 2016, siendo aproximadamente las 07.30 horas en las proximidades de la instersección arterial de las calles ARANA GOIRI y OLMOS de la localidad de Parque BARON, Partido de LOMAS DE ZAMORA, un sujeto del sexo masculino a la sazón la [ex]pareja, con quien había mantenido relación de convivencia y descendencia en común, y en un contexto de violencia de género caracterizado por actos violentos anteriores consistentes en amenazas, violencia física y agresiones, atacó ahora a M. D. S., con un elemento punzante y cortante, de unos 40 cm. de longitud, produciéndole una herida leve en su brazo izquierdo y procurándole poner fin a su vida, direccionándole puntazos a la región abdominal, no logrando consumar estos últimos designios criminales, por razones ajenas a su voluntad, representadas en la intervención de terceros que se encontraban en el lugar, que así lo impidieron, para luego darse a la fuga del sitio, al tiempo que, durante el devenir del suceso, amenazó de muerte a la víctima, para así amedrentarla" -destacado figura en el original-(fs. 20).
Tras valorar los elementos de prueba producidos en el debate con más los incorporados al expediente, rechazó el planteo de la defensa -quien pretendía enmarcar el injusto dentro del terreno de las lesiones leves (art. 89, Cód. Penal; v. fs. 13 vta. y 17 vta.)-, encuadrando los sucesos como homicidio calificado por el vínculo emergente de la relación de pareja y convivencia que mantuvo con la víctima y con violencia de género, en grado de tentativa, en los términos de los arts. 42 y 80 en función de los incs. 1 y 11 del Código Penal y lo previsto por las leyes 26.485 y 26.791 (v. fs. 43/53 vta.).
El Tribunal de Casación, confirmó ese fallo en tanto explicó que, en base a los elementos de convicción valorados por el tribunal de juicio, se tuvo por acreditado el dolo homicida, no solo por los dichos de la víctima y de los testigos respecto a las manifestaciones que efectuara el imputado dirigidas a la voluntad de poner fin a la vida de aquella, sino también por la multiplicidad de puntazos que le direccionara, incluso continuando la agresión una vez que había logrado lesionarla (v. fs. 87 vta.).
En esa senda resaltó la declaración prestada por la damnificada quien "...visiblemente acongojada, con lenguaje acotado, pero con [...] firmeza, relató que los hechos se suscitaron por la mañana del día mencionado, en momentos que salía de su casa para ir a trabajar" siendo alcanzada por A. en la parada de colectivos, donde "...empezó a hacerle preguntas de mala manera, a revisarla incluso le saca la cartera en búsqueda de un celular, el cual ella no poseía. Al no hallar nada la tomó contra el tejido de la canchita que está en la esquina, llevándola a empujones y [...] pegándole, repitiendo al mismo tiempo que la iba a matar. En ese momento logra correrse, y es cuando el encartado le quiso tirar puntazos, logrando cortarle el brazo, no deteniendo la agresión. Es cuando un hombre logra agarrarlo diciéndole que está por venir la policía, apareciendo también el padre de la víctima metiéndose en el medio. Al arribar las fuerzas de seguridad, el imputado se da a la fuga". Con posterioridad a estos episodios, A. -a quien la justicia le había impuesto una restricción perimetral- "... continuó enviándole mensajes a través de la red social 'Facebook' donde le decía que la iba a matar, [...] incluso que iba a ser famosa porque de las mujeres de 'ni una menos' ella iba a ser 'una más'" (fs. 84 y vta.).
Ello lo enlazó con la declaración prestada en el debate por la licenciada en psicología María Raquel Vázquez, que se desempeña en el Centro de Asistencia a la Víctima del área de violencia de género del Ministerio Público Fiscal local, quien intervino en dos entrevistas con un equipo interdisciplinario, destacando que en la primera de ellas advirtió que S. estaba "....padeciendo violencia psicológica, física, económica, con amenazas de muerte [de parte del acusado] y siendo sus hijos testigos y víctimas emocionales de violencia y su limitada participación social, pues no tenía autonomía adonde ella siquiera ir, o decisión propia en ese sentido" -cursiva en el original- (fs. 84 vta. y 85).
Aditó el testimonio brindado por M. C. Z., quien presenció los hechos. Al ver "...como el imputado le tiraba puntazos hacia el pecho [de la víctima], deteniéndose finalmente la agresión cuando un amigo de él lo trata de separar. Escucha que en los gritos le decía 'Puta, si no sos para mí, no vas a ser para nadie" (fs. 85 vta.).
Resaltó que tanto los testimonios brindados por Z., la vecina A. R. M. y el padre de la víctima R. A. C. fueron contestes en destacar que "...los hechos se suscitaron cerca de la canchita, que fue el padre de [S.] quien se meti[ó entre ambos] para que [A.] no le diera [...] un puntazo con el arma blanca que tenía en su mano e incluso [M....] escuchó que él le decía que iba a ser de él o de nadie" (fs. cit.).
Hizo mérito de la declaración vertida por Héctor Daniel Zabala, funcionario judicial que desempeñó funciones en la policía local, de la cual surge que "...el día de los hechos se encontraba dando la última vuelta del recorrido cuando se le cruza un colectivo de la línea Nº 117 y le avisa que a unas cuadras un grupo de personas confrontaba, que en realidad un hombre estaba atacando a una mujer, por lo que se dirigen al lugar, logrando visualizar a un grupo de personas y a un muchacho con una 'punta'. En el momento que llegan, el sujeto intenta darse a la fuga en una moto, por lo que los funcionarios se abalanzan con el móvil para evitar la huida. Es entonces cuando su compañero le pide que tire el arma, por lo que se viene para mi lado, yo lo apunto y le pido que desista de su actitud; arrojando el encartado lo que tenía en su mano e invitando al policía a pelear. Ante esto el dicente trata de agarrarlo, pero el agresor sale corriendo, logrando salir del escenario delictivo. Relata que el padre de la víctima le acerca el elemento con el que había atacado a su hija, el que era como un destornillador en su forma pero con punta larga y filosa" (fs. 86).
Valoró también los dichos de A. M. S. -amigo del imputado y testigo presencial del evento ilícito en juzgamiento-; el reconocimiento médico efectuado a S. por el doctor Gustavo Saavedra quien constató "...un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, leve, y una herida cortante (leve) [en el] hombro izquierdo [de la damnificada]"; el informe de visu del destornillador empleado en el caso por el agresor y su ilustración fotostática, en tanto de allí surge que el mismo contaba "...con punta metálica de c[o]mo mínimo unos 25 centímetros de largo y un mango de madera cubierto en casi su totalidad por una cinta aislante de color negra, que en cuanto a la punta metálica [...] la misma resulta ser tipo lezna, es decir afilada o gastada por elemento mecánico, es decir tipo amoladora"; la placa fotográfica "...que grafica visualmente la lesión en el brazo de la víctima" y las copias certificadas de diversos expedientes que confirman los asertos de la víctima en cuanto a los hechos de violencia y amenazas padecidos, en razón de los cuales efectuó -en su oportunidad- las denuncias pertinentes -cursiva presente en el original- (fs. 86 vta. y 87, conf. su remisión a la sentencia de origen de fs. 33 vta. y 34).
Mencionó, también, que el tribunal de la instancia originaria había desestimado en su pronunciamiento de mérito los dichos del imputado A. en tanto "...resultan una falaz coartada direccionada a colocarse en una mejor situación procesal, los que se desmoronan, ante los índices de mendacidad y mala justificación" (fs. 87).
Descartó, en definitiva, la arbitrariedad del fallo impugnado en el convencimiento que existió por parte de los juzgadores que intervinieron en el debate "...adecuado tratamiento de los tópicos cuestionados, motivándose válidamente dicha existencia de las circunstancias alegadas, mediante nutrida prueba, sin que la parte recurrente haya logrado evidenciar quebrantamiento lógico-crítico en el punto" (fs. 88).
V. Los agravios traídos, bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidos a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal asignada al hecho, en función de entender que no se encuentra fehacientemente acreditado el elemento subjetivo de la figura en trato (dolo) -arts. 42 y 80 inc. 1, Cód. Penal- y, por ello, escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal salvo los casos de absurdo, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados por la defensa (causa P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido, causas P. 75.228, sent. de 10-IX-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; e.o.).
En el caso, el recurrente ha señalado su opinión diversa y sugerido interpretaciones alternativas de la prueba, pero no ha demostrado con ese proceder la concurrencia del vicio que le atribuye a la sentencia ni ha rebatido las concretas respuestas brindadas por el a quo a similares agravios a los aquí traídos (art. 495, CPP).
Por otra parte, si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio in dubio pro reo, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el juzgador y confirmado con expresa ponderación de las diversas constancias de la causa por el tribunal revisor- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva. Nada de ello el recurrente ha logrado demostrar en el caso (art. 495, cit.).
Conforme los fundamentos apuntados, el elemento subjetivo del tipo aplicado (dolo homicida) quedó debidamente acreditado, sin que la parte logre conmover los sólidos argumentos brindados, aunque adversos a su pretensión.
En consecuencia, corresponde rechazar la propuesta de que se subsuma el hecho en las figuras de lesiones leves agravadas y amenazas (arts. 89 -en función del 92- y 149 bis, Cód. Penal; v. esp. fs. 99 vta. y 103), pues no se demostró la errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 42 y 80 incs. 1 y 11, Cód. cit.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia