Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132364
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.364, "Carrizo, Sergio Alejandro s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 71.764 y su acumulada n° 56.453 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, Kogan.
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el fallo dictado el 18 de junio de 2013, hizo lugar al recurso fiscal interpuesto contra el veredicto absolutorio emitido -por mayoría- por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro. En consecuencia, casó el pronunciamiento y devolvió las actuaciones a la instancia anterior para que, debidamente integrada y a partir de la comprobada intervención de Sergio Alejandro Carrizo y de Omar Abel Saker en el hecho atribuido, renueve los actos necesarios para el dictado de una nueva sentencia ajustada a derecho (v. fs. 97/109 del legajo n° 56.453).
En virtud de lo resuelto, el Tribunal en lo Criminal n° 5 departamental dictó sentencia el 20 de abril de 2015 y condenó a Sergio Alejandro Carrizo a la pena de dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer la función pública por el doble de tiempo de la condena, por resultar autor responsable de los delitos de coacción en concurso ideal con privación abusiva de la libertad (arts. 144 bis inc. 1 y 149 bis, último párrafo, Cód. Penal; v. fs. 25/33 vta. del legajo n° 71.764).
Contra ello la defensa oficial interpuso recurso de casación (v. fs. 39/43 vta.), el que por decisión del 24 de agosto de 2017 fue rechazado por la misma Sala Tercera del Tribunal intermedio (v. fs. 111/113 vta.).
El señor defensor adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 137/148 vta.), que fue concedido por resolución del 27 de noviembre de 2018 (v. fs. 149/151 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 162/168 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 169), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. A los fines de expedirme acerca de la vía impugnativa traída por la defensa, estimo necesario efectuar un racconto de lo sucedido en estas actuaciones.
I.1. Surge de las constancias de la causa que el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, mediante el pronunciamiento dictado el 26 de marzo de 2012, en lo pertinente al caso, por mayoría, dictó veredicto absolutorio respecto de Sergio Alejandro Carrizo, por aplicación del beneficio de la duda en lo concerniente a la intervención del nombrado Carrizo en los delitos de coacción agravada y privación abusiva de la libertad, según la calificación sostenida por la acusación fiscal (arts. 144 bis inc. 1 y 149 bis, último párrafo, Cód. Penal; v. fs. 13/36 del legajo n° 56.453).
I.2. Contra esa decisión interpuso recurso de casación el Ministerio Público Fiscal (v. fs. 40/48 vta.); el señor defensor adjunto ante la instancia intermedia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, contestó la presentación y argumentó sobre la inadmisibilidad del recurso con sustento en la violación al ne bis in ídem y alegó que la potestad fiscal para recurrir un veredicto absolutorio afectaba la garantía de la doble instancia, parcela a través de la cual planteó la inconstitucionalidad del art. 452 primer párrafo del Código Procesal Penal (v. fs. 88/95).
I.3. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de junio de 2013, hizo lugar al recurso fiscal, casó el veredicto absolutorio y ordenó la devolución de la causa a la jurisdicción anterior para que, debidamente integrada y a partir de la comprobada intervención de los acusados en el hecho atribuido, renueve los actos necesarios para el dictado de un nuevo fallo ajustado a derecho (v. fs. 97/109).
En lo que interesa para el caso, el a quo desechó, previamente, el planteo de la defensa sobre la inadmisibilidad del recurso fiscal al considerar que esa facultad no quebranta la prohibición del doble juzgamiento ni la garantía a la doble instancia (v. desarrollo de fs. 98 y vta.).
El pronunciamiento fue notificado al entonces defensor particular el 23 de junio de 2013 y al imputado el 15 de agosto de 2013 (v. fs. 112 y vta. y fs. 145).
I.4. Vueltos los autos a la instancia de origen, cumplida la audiencia oral y pública donde el encartado contó con la asistencia del señor defensor oficial (v. fs. 21/24), los señores jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal n° 5 del mismo departamento judicial, entendieron que, en atención al reenvío dispuesto y a la comprobada intervención del acusado en el hecho atribuido, se debía dar tratamiento a las cuestiones establecidas en el art. 371 inc. 2 del Código Procesal Penal (v. esp. fs. 28, legajo n° 71.764). Con ese marco se abocaron al análisis de las cuestiones pertinentes.
Luego expresaron, en lo relativo a la calificación legal, que no habían sido cuestionadas las figuras de coacción en los términos del art. 149 bis último párrafo en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada, según el art. 149 bis inc. 1, ambos del Código Penal.
En ese contexto refirieron que la maniobra que quedó establecida consistió en el ataque a la libertad personal de Héctor Pardo por parte de un funcionario policial (Carrizo) quien, en el marco del ejercicio de sus funciones detuvo abusivamente al nombrado, quien estuvo cuatro horas privado de su libertad en la Seccional Policial de Vicente López "...mientras se le exigía la entrega de las llaves de un inmueble ubicado en [...] de esa jurisdicción, bajo amenazas de denunciarlo por robo y/o hurto de objetos pertenecientes a quien le atribuían el dominio del inmueble" (fs. 30 vta. y 31).
Finalmente, condenaron a Sergio Alejandro Carrizo a la pena de dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer la función pública por el doble de tiempo de la condena, por haber sido hallado autor responsable de los delitos de coacción agravada y privación abusiva de la libertad (arts. 144 bis inc. 1 y 149 bis, último párrafo, Cód. Penal; v. fs. 25/33 vta. del legajo n° 71.764).
I.5. El señor defensor oficial dedujo contra ello recurso de casación en el que cuestionó la legitimidad fiscal para recurrir veredictos absolutorios, hizo precisiones en torno a que la decisión que revoca una absolución impide el cumplimiento del derecho al doble conforme y vulnera la garantía del ne bis in ídem. Luego se agravió del monto de la pena impuesta. Por otro lado, refirió que el pronunciamiento que ordenó el reenvío a la instancia anterior para dictar una nueva sentencia no fue recurrido por el acusado ni por la defensa particular, debido a que Sergio Alejandro Carrizo fue notificado en una comisaría sin conocer -según su interpretación- el alcance de lo decidido, circunstancia que lo habría dejado en un supuesto estado de indefensión por la falta de recurso de su abogado particular (v. fs. 39/43 vta.).
I.6. Decidida la intervención de la Sala Tercera del Tribunal casatorio integrada con los doctores Ricardo Borinsky y Víctor Violini (v. fs. 60), el señor defensor adjunto ante esa instancia solicitó que sus integrantes se excusen de intervenir, argumentando que los mismos jueces que habían dictado la sentencia que revocó el veredicto absolutorio, ya se habían expedido sobre la facultad del acusador para recurrir ese tipo de pronunciamientos (v. fs. 65/66 vta.).
Frente a ello, los mencionados magistrados se excusaron con invocación de lo normado por el art. 47 inc. 1 del Código Procesal Penal (v. fs. 69 y 71). Por su parte, mediante auto del 7 de abril de 2016, los doctores Kohan y Carral resolvieron rechazar las excusaciones y dispusieron la prosecución del trámite por entender que los jueces que se pronunciaron por su excusación no habían emitido opinión "...sobre puntos a decidir en las presentes actuaciones (artículos 40 y 41 del Código Penal)..." (fs. 74 y vta.).
I.7. Contra esa decisión, la defensa de Sergio Alejandro Carrizo interpuso revocatoria. Luego de hacer una reseña de los antecedentes, destacó que los sentenciantes ya habían emitido opinión respecto de la facultad fiscal de recurrir un veredicto absolutorio, y reiteró que en el caso se produjo el quebrantamiento del doble conforme y del ne bis in ídem. Consideró que, para no vulnerar la garantía a ser juzgado por un tribunal imparcial, debían designarse nuevos jueces a fin de abordar todos los planteos formulados (v. fs. 81/83).
Mediante resolución del 30 de junio de 2016, los señores jueces Kohan y Carral rechazaron esa impugnación por entender que "...la sentencia dictada en primer término donde se dispone el reenvío de los actuados, tuvo como norte que en la instancia de origen se proceda a la realización de la cesura de juicio con la consiguiente determinación del monto de pena a aplicar", y que "...aquella decisión inicial, solo puede considerarse completa a los efectos recursivos extraordinarios pretendidos por la defensa, con la nueva sentencia de la instancia donde se fijó la pena". Señalaron, además, que en caso de entenderse procedentes los cuestionamientos de la parte, otros magistrados que integran el órgano casatorio deberían revisar los tópicos que ya fueron sometidos a conocimiento de sus colegas pudiendo dar lugar a decisiones diversas dentro de una misma instancia recursiva. Concluyeron que los doctores Borinsky y Violini no habían emitido opinión sobre los extremos vinculados con los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 84/85).
I.8. Posteriormente, la Sala Tercera del tribunal intermedio, mediante el pronunciamiento dictado el 24 de agosto de 2017, rechazó el recurso interpuesto (v. fs. 111/113 vta.).
Luego de sostener que tanto la base fáctica como la autoría responsable llegaban firmes a esa instancia, y que la calificación legal había sido correctamente elegida, los magistrados abordaron el agravio sobre la medida de la pena (v. esp. fs. 112).
Se señaló en el fallo que la arbitrariedad invocada sobre el quantum de la sanción impuesta no pasaba del terreno de la alegación, en tanto que los arts. 40 y 41 del Código Penal "...no establecen un sistema categorizado que permita automáticamente aumentar o disminuir la pena a aplicar en relación a los hechos probados, por lo que lo relativo a la justa medida de la sanción es la opinión de la defensa acerca de cómo debe individualizarse el reproche, pero ello no implica ni significa violación legal alguna (artículo 448 'a contrario' del Código Procesal Penal)" (fs. 112 vta.).
Asimismo, se destacó que "...el Tribunal ponderó adecuadamente como atenuantes la carencia de antecedentes de Carrizo y el holgado tiempo transcurrido entre la comisión del hecho y la resolución de su situación procesal -seis años-, en este último caso en tanto es menester contemplar las contrariedades que tal espera puede haber provocado en el imputado"; por otro lado, consideró correcto valorar como agravante que los hechos hayan transcurrido en el interior de una seccional policial al beneficiar la ejecución de las conductas delictivas imputadas (v. fs. 112 vta.).
El tribunal revisor concluyó que el fallo se adecuó a los arts. 40 y 41 del Código Penal, sin que el apartamiento del mínimo legal de la escala constituya la arbitrariedad o irracionalidad denunciadas; citó doctrina de esta Suprema Corte respecto a que "...la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los artículos 40 y 41 del Código Penal (P. 56.481, sent. del 27-II-1996 y P. 38.661, sent. del 6-II-1990)" (fs. 112 vta. y 113). En suma, consideró justa la pena impuesta.
II. Contra ese pronunciamiento la defensa de Carrizo interpuso el recurso ahora en examen, dijo hacerlo "de modo conjunto" contra la sentencia definitiva de fs. 111/113 y, a su vez, contra la resolución del Tribunal de Casación dictada a fs. 84/85 del mismo legajo, en la que se rechazó la recusación allí formulada. Denunció la afectación de la garantía a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial en el marco de la revisión del fallo condenatorio (arts. 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2 "h", CADH; 14.1 y 14.5, PIDCP; v. fs. 141).
Sostuvo que tanto la aludida resolución que desestimó la revocatoria, dictada el 30 de junio de 2016 (v. fs. 84/85), como la sentencia del Tribunal de Casación Penal del 24 de agosto de 2017 (v. fs. 111/113) cercenaron la garantía aludida al admitir la facultad impugnativa del acusador ante veredictos absolutorios, con la afectación del doble conforme y del non bis in ídem (v. fs. 141 y vta.).
Adujo que en el recurso casatorio había formulado dos planteos, el primero referido a que la sentencia revocatoria de la absolución había sido notificada al acusado en la sede de una comisaría sin asistencia letrada y que, por ello, el procesado no habría tenido forma de discernir sus alcances, sumado a que su abogado particular no la impugnó vedando el derecho a recurrir el veredicto condenatorio ante un tribunal superior; y el segundo agravio relacionado con el monto de la pena impuesta en la instancia de mérito (v. fs. 141 vta. y 142).
Refirió, con relación al rechazo de la mencionada revocatoria deducida contra la desestimación del pedido de excusación de los doctores Borinsky y Violini, que en el recurso de casación no sólo se había cuestionado el quantum de la sanción sino también la falta de legitimación fiscal para recurrir el veredicto absolutorio.
Agregó que los señores jueces Kohan y Carral justificaron la decisión al entender que el reenvío dispuesto era al solo efecto de la cesura del juicio, con la consiguiente determinación del monto de la pena, aspecto sobre el cual se dijo que los doctores Violini y Borinsky no habían emitido opinión.
Alegó que aun cuando en el primer fallo los doctores Violini y Borinsky no habían emitido opinión sobre la pena, sí se habían pronunciado respecto a la alegada vulneración del ne bis in ídem y del doble conforme por haberse admitido el recurso fiscal, y que ello ameritaba su apartamiento por encontrarse comprometida su imparcialidad. Sostuvo que en la sentencia de fs. 111/113 dichos jueces sólo abordaron el agravio relativo a la pena, sin tratar los vinculados a la pretendida nulidad de la notificación del acusado y a la ineficacia del letrado particular, quien no recurrió el veredicto condenatorio (v. fs. 143 vta. y 144).
Consideró que, lejos de cumplir la función revisora amplia del fallo, el tribunal intermedio se limitó a una revisión formal sobre la magnitud de la pena (v. fs. 144).
En sustento de su postura citó los precedentes "Dieser" y "Casal" del Alto Tribunal federal, y expresó que la violación a la garantía de imparcialidad se produjo en la sustanciación formal del derecho amplio contra el fallo de condena y de la pena (v. fs. 147/148).
Por todo lo expuesto, solicitó se case la resolución de fs. 84/85 y lo obrado en consecuencia, o bien se case la sentencia de fs. 111/113 con el consiguiente reenvío de las actuaciones al a quo a fin de que -debidamente integrado- dicte una nueva decisión conforme a derecho en la que se aborde el planteo defensista vinculado con la legitimidad del Ministerio Público Fiscal para recurrir veredictos absolutorios mediante un acto jurisdiccional dictado por jueces imparciales (v. fs. 148).
III. El señor Procurador General dictaminó por el rechazo del recurso en análisis (v. fs. 162/168 vta.).
IV. En el acotado marco en que resultó admitida la impugnación (v. resolución de fs. 149/151 vta.), coincido con el rechazo que se propone en aquel dictamen por compartir los fundamentos allí vertidos.
V.1. En ese sentido, cabe destacar inicialmente que la cuestión traída a conocimiento de esta Corte referida a la violación a la garantía de la imparcialidad del Tribunal de Casación Penal -planteo concedido según resolución de admisibilidad de fs. 149/151 vta.-, no obstante revestir un claro contenido procesal, y entonces -por vía de principio- resultar ajeno a la competencia de este Tribunal en el marco de lo establecido por el art. 494 del Código Procesal Penal (causas Ac. 75.431; Ac. 74.440; Ac. 77.046, e. o.), se vincula directamente con garantías constitucionales, de modo que puede ser motivo de abordaje en el marco del recurso interpuesto a los efectos de no restringir el derecho de defensa con menoscabo del debido proceso consagrado en el art. 18 de la Constitución nacional (conf. doctr. "Strada" y "Di Mascio", CSJN).
V.2. Ahora bien, de las constancias antes reseñadas surge que frente a la excusación solicitada por la defensa oficial a fs. 65/66, la misma fue tratada y rechazada por la instancia intermedia de conformidad con lo decidido el 7 de abril de 2016 (v. fs. 74 y vta. del legajo n° 71.764).
Corresponde volver a decir que luego de la interposición del recurso casatorio contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Isidro, que condenó a Sergio Alejandro Carrizo a la pena de dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer la función pública por el doble de tiempo de la condena, por haber sido hallado autor responsable de los delitos de coacción en concurso ideal con privación abusiva de la libertad, el señor defensor adjunto ante esa instancia solicitó que los señores jueces Borinsky y Violini se excusaran de intervenir por entender que ya habían emitido opinión respecto a la facultad del acusador para recurrir veredictos absolutorios (v. fs. 65/66), y que los doctores Kohan y Carral resolvieron rechazarla, disponiendo la prosecución del trámite al considerar que los jueces cuestionados no se habían expedido respecto de la pena aplicada luego del reenvío dispuesto por esa judicatura (v. fs. 74 y vta.). La defensa dedujo contra ello revocatoria (v. fs. 81/83), la que por resolución del 30 de junio de 2016 fue rechazada (v. fs. 84/85); seguidamente el Tribunal casatorio dictó la sentencia que ahora viene recurrida (v. fs. 111/113 vta.).
V.3. Frente a ese derrotero, resulta que en el caso el planteo excusatorio se resolvió con anterioridad al fallo que ahora viene cuestionado, en el que sólo se abordó el agravio vinculado con el monto de la pena impuesta en la instancia luego del reenvío, por lo que no existe un agravio directo contra lo resuelto en el primer pronunciamiento del Tribunal de Casación Penal que sea atendible mediante el recurso examinado, ello desde que la defensa insiste en agraviarse respecto de cuestiones procesales acaecidas con anterioridad a la sentencia recurrida.
V.4. Por otro lado, tampoco logra evidenciar el impugnante que se encuentre directamente comprometida la garantía invocada, toda vez que en el primer fallo del 18 de junio de 2013 los doctores Borinsky y Violini se pronunciaron sobre la materialidad ilícita y la responsabilidad penal del acusado; mientras que en el segundo del 24 de agosto de 2017 sólo emitieron opinión respecto de las demás cuestiones abordadas en la instancia de origen a partir de aquella decisión, en concreto, sobre las vinculadas con el monto de la pena aplicada, sin entrar a considerar la justeza del reclamo sobre la posibilidad del recurso fiscal ante veredictos absolutorios, tema sobre el que ya se habían pronunciado, sin ninguna objeción de la defensa en esa oportunidad.
El impugnante, en rigor, en el marco de la alegada violación a la garantía de imparcialidad del juzgador, i
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