Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132625
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.625, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 81.495 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Martínez, Luis Adrián", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Torres, Kogan, Pettigiani.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante la sentencia de 11 de julio de 2017, -por mayoría- hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de Luis Adrián Martínez, casó el fallo de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Pergamino, y dispuso la inmediata libertad del nombrado por agotamiento de la pena que oportunamente se le impusiera, encomendando su instrumentación al señor juez a cargo del Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de Junín (v. fs. 127/138 vta.).
Contra lo así resuelto el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 148/154 vta.), el que fue concedido por el órgano intermedio (v. fs. 155/157 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 176/182), dictada la providencia de autos (v. fs. 183), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal interpuso recurso de inaplicabilidad de ley en el que denunció la errónea interpretación del art. 13 en función del art. 16 -texto anterior a la ley 25.892-, y art. 55 -texto anterior a la ley 25.928-, todos del Código Penal, y la arbitrariedad de la sentencia por exhibir una fundamentación aparente y déficit en la motivación que la descalifica como un acto jurisdiccional válido (v. fs. 150).
I.1. Con sustento en que el citado órgano revisor efectuó una diversa interpretación de dichas normas a la que fuera adoptada por los inferiores, solicitó que esta Suprema Corte se pronuncie acerca de la correcta interpretación que cabe asignar a las mismas (v. fs. 150 vta.).
Señaló que se deben dilucidar dos cuestiones. Por la primera se pregunta en el caso de los delitos cometidos con anterioridad a la modificación introducida por la ley 25.892 al art. 13 del Código Penal, respecto de los condenados a penas perpetuas no reincidentes y en condiciones de solicitar beneficios liberatorios para su egreso anticipado -tal el caso del imputado de autos-, "...en qué modo y en qué oportunidad extinguían la pena..." (fs. 151). En la siguiente, se interroga para el supuesto de los perpetrados con anterioridad a la reforma introducida por la ley 25.928 al art. 55 del mismo plexo normativo "...los condenados a los que no se les permite acceder a beneficios liberatorios, en qué momento agotan su pena" (fs. cit.).
Con sustento en los arts. 18 de la Constitución nacional, 10 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de los precedentes "Arriola" y "González Ibáñez" -rectius: "Giménez Ibáñez"- de la Corte federal, estimó que era "...trascendental dilucidar en qué momento los condenados a penas privativas de libertad perpetuas extinguen por agotamiento la pena que les ha sido impuesta, procediendo a su reinserción social" (fs. 152).
Explicó que Martínez se encuentra comprendido en el primero de los supuestos antes aludidos, dado que le fue impuesta una pena de prisión perpetua pero al no ser reincidente "...le era posible, según la normativa vigente al momento de comisión del hecho por el que fuera condenado, solicitar la obtención de la libertad condicional a los veinte años de cumplimiento de la pena, extinguiéndose la misma una vez transcurridos cinco años sin que el mencionado beneficio liberatorio hubiere sido revocado" (fs. 152 vta. -el destacado y subrayado figura en el original-).
En base a lo cual, compartió la postura del juez de la minoría en cuanto a que la pena del mismo se extinguirá "...a través de la libertad condicional y lo dispuesto por el art. 16 del Cód. Penal..." (fs. 152 vta.).
En el mismo sentido, remarcó que esa es la vía procedente siempre que el imputado observe las condiciones requeridas para ello, e insistió en que la argumentación dada por la mayoría implicó una forzada interpretación de la normativa citada (v. fs. 153).
Culminó señalando que la pena de prisión perpetua impuesta no se encuentra agotada y que la misma se extinguirá una vez que le sea concedida la libertad condicional, la que ya fue solicitada por su defensa, y que transcurran 5 años sin que la misma sea revocada (v. fs. ibíd.).
I.2. De seguido, expresó que si una vez cumplido el requisito temporal no se le concediera el beneficio previsto en el art. 13 aludido "...deberá sí establecerse por imperativo constitucional el momento en que la pena impuesta se considerará extinguida" a través de "...un parámetro razonable y adecuado a efectos de determinar la oportunidad en que deberá tenerse por cumplida la pena de prisión perpetua impuesta" (fs. cit.).
Relacionó dicha interpretación con el mentado art. 55 -texto anterior a la ley 25.928-, que era una disposición de carácter general que remitía a las figuras penales previstas en la parte especial del ordenamiento sustantivo. Continuó señalando que dicha norma debía armonizarse con lo dispuesto en el art. 227 ter del Código Penal -texto según ley 23.077- del que surge que la pena de encierro puede extenderse hasta treinta y siete años y seis meses de prisión, y que dicho criterio fue avalado por la Corte federal el que fue avalado por el fallo "Estévez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
I.3. Concluyó que Martínez "...no ha agotado la pena que le ha sido impuesta, la que se extinguirá transcurridos 5 años desde que al mismo le sea otorgada la libertad condicional sin que sea revocada o, en su defecto, en caso de serle denegada la concesión del mencionado beneficio liberatorio, su pena se agotará una vez que transcurran 37 años y 6 meses de privación de su libertad" (fs. 153 vta.).
II. El señor Procurador General propició el acogimiento del remedio intentado (v. fs. 176/182 vta.), y así corresponde resolver, según se verá a continuación.
III. Inicialmente conviene repasar ciertos actos procesales que le darán mayor claridad expositiva a la respuesta.
El 28 de septiembre de 2005, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino, condenó Luis Adrián Martínez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de violación y homicidio agravado en concurso real, por hechos ocurridos el 14 de octubre de 2002 (v. fs. 33/40).
Del cómputo de pena practicado, surge que el mismo órgano jurisdiccional -en el marco de la causa n° 551/2000 y acumulada- condenó al nombrado Martínez el 7 de febrero de 2007 a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión por resultar autor de los delitos de robo simple, lesiones leves, tentativa de hurto y hurto simple en grado de tentativa, todos en concurso real, adquiriendo firmeza la presente causa el 22 de diciembre de 2015 (v. fs. 41 y vta.).
La Sala Primera del Tribunal de Casación, mediante el fallo dictado el 6 de agosto de 2014, -en cumplimiento de lo dispuesto por esta Suprema Corte en la causa P. 112.269 (resol. de 26-VI-2013)- rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa de Luis Adrián Martínez y confirmó en todos sus términos el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino que lo había condenado a la pena de prisión perpetua por considerarlo autor penalmente responsable del delito de violación y homicidio agravado en concurso real (v. fs. 2/6).
El 31 de mayo de 2016 fue aprobado -y quedó firme- el cómputo de pena practicado a Martínez, en el que -aplicación mediante del cómputo privilegiado que establecía la ley 24.390- se determinó que a dicha fecha debía tenerse por cumplido un tiempo total de detención de veintisiete (27) años y veintiún (21) días (v. fs. 41 vta.).
El 30 de agosto del mismo año, la señora jueza de Ejecución Penal resolvió no hacer lugar a la solicitud de libertad por agotamiento de pena impetrado por la defensa del condenado Martínez.
Para así decidir, destacó que el vencimiento de la pena de prisión perpetua impuesta acaecerá una vez que hayan transcurrido cinco años desde el momento que obtenga la libertad condicional siempre y cuando cumpla con las condiciones fijadas para su mantenimiento y el beneficio no sea revocado, y que devenía procedente dar inmediato trámite al pedido de libertad condicional solicitado en subsidio por el presentante (v. fs. 72).
A su turno, la Cámara de Apelación y Garantías departamental, mediante el decisorio del 2 de noviembre de 2016, rechazó el recurso de apelación deducido por el señor defensor oficial, con sustento -en prieta síntesis- en que "...la Jueza a quo garantiza el mandato de certeza y respeta plenamente la garantía que le asiste a todo penado de retornar al medio libre y en definitiva conseguir su reinserción social" y que "...a partir del cumplimiento del plazo establecido en el art. 13 (20 años en virtud de la ley vigente al momento del hecho), la libertad condicional, y luego transcurridos cinco años sin que la misma haya sido revocada, la pena queda extinguida" de allí que confirmó el decisorio impugnado (v. fs. 97/101 vta.).
Así es que llegamos a la sentencia de la Sala I del Tribunal de Casación Penal del 11 de julio de 2017 (v. fs. 127/138), reseñada en los antecedentes.
En ese fallo, la mayoría del tribunal, luego de referir que el art. 16 del Código Penal establece la extinción de la pena en dos supuestos "...el transcurso del término de la condena" y "...pasados los cinco años señalados en el artículo 13 del citado cuerpo legal, sin que la libertad condicional haya sido revocada", resolvió "...no encuentro razones para sostener que en el caso de una pena de prisión perpetua -como la impuesta al condenado en este legajo-, la extinción de la sanción sólo pueda producirse por uno de los caminos señalados en la norma citada, esto es, previa obtención de la libertad condicional y concluido el plazo sin que sea revocada" (fs. 136 vta. y 137).
Luego razonó que "...aun tratándose de una pena de prisión perpetua, nuestro sistema constitucional no admite el encierro de por vida, pese al calificativo de 'perpetua' que el legislador ha dado a algunas penalizaciones" (fs. 137).
Expresó que "... en el caso de los condenados no reincidentes era posible (de acuerdo a la ley vigente al momento del hecho atribuido en esta causa al condenado, anterior a las modificaciones introducidas por las leyes 25892 y 25928) la obtención de la libertad condicional a los veinte años de cumplimiento de la pena, y las reglas de conducta se extendían por un período de cinco años más. Entonces la pena prevista en el artículo 80 del Código Penal, pese a su calificación de 'perpetua', tenía en realidad un plazo máximo de duración de 25 años" (fs. cit.).
Resolvió que "...de acuerdo al cómputo de pena practicado que -en este punto- ha llegado firme a esta instancia, el inculpado ha cumplido con la condena impuesta, al haber permanecido privado de su libertad por un plazo -incluso- superior al indicado" y dispuso "...la inmediata libertad de Luis Adrián Martínez en la presente causa por agotamiento de la pena que oportunamente se le impusiera" (fs. 137 vta.).
IV.1. El planteo relativo a la errónea interpretación de las normas que rigen el caso debe prosperar.
Inicialmente cabe señalar que llegó incontrovertido a esta instancia que, pese al calificativo de "perpetua" que el legislador le ha dado a algunas penalizaciones, nuestro sistema constitucional no admite el encierro de por vida, lo que se compadece con la doctrina de esta Corte, que siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que aun para el caso de las penas perpetuas estas no son realmente tales -porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana-, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (causas CSJN "Ibañez", sent. de 4-VII-2006; SCBA, P. 84.479, sent. de 17-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007 y P. 126.330, sent. de 29-III-2017).
Por otra parte, tiene dicho esta Suprema Corte que, por regla, se halla fuera de la órbita del sentenciante establecer una determinación numérica de la pena a perpetuidad, que ya el legislador consideró que era absoluta (no individualizable). De lo contrario, su fijación ab initio en determinada cantidad de tiempo de privación de la libertad, podría avanzar sobre el arbitrio que compete a otros poderes del Estado, desoyendo el sentido de la misión del Poder Judicial, que exige observar escrupulosamente el ámbito de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben al legislador o al Ejecutivo (CSJN Fallos: 208:1848 y 2268; 310:1162; 311:2580; 316:2732; 326:2004; entre muchos). Ello, frente al amplio margen que la política criminal le ofrece precisamente al legislador para establecer las consecuencias jurídicas que estime convenientes para cada caso (CSJN Fallos: 311:1451, cons. 9°; conf. causa P. 130.559, sent. de 29-IV-2020, voto del doctor Soria a quien adherí).
IV.2. Ahora bien, sentando un criterio que es aplicable al presente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un reciente fallo ha resuelto que "...la debilidad de las razones invocadas por el a quo autorizan la descalificación de lo resuelto conforme la doctrina de arbitrariedad de sentencias, en la medida en que la solución a la que se arriba impide considerar al pronunciamiento como la 'sentencia fundada en ley' a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (cf. Fallos: 312:246, 608 y 339:499)". Muy particularmente cuando "...se advierte una manifiesta prescindencia del régimen previsto por las disposiciones legales sobre libertad condicional aplicadas al caso régimen anterior a la ley 25.892-, y de conformidad con las cuales la extinción de la pena de prisión perpetua presuponía el sometimiento al régimen de libertad condicional" bajo el cumplimiento de los presupuestos que gobiernan dicho instituto (conf. arts. 13, 15, 16, 17, Cód. Penal), lo cual, tal como ha sido resuelto, ha importado una decisión contra legem (conf. CCC 70150/2006/T01/1/2/RH1, "Álvarez, Guillermo Antonio y otro s/robo con armas", sent. de 22-VIII-2019, cons. 8° y 9°).
IV.3. En línea con lo allí decidido, el señor Procurador General expresó que la interpretación que el a quo le ha dado al art. 16 del Código Penal se aparta de las expresas disposiciones que regían al momento del hecho -art. 13 conf. texto anterior a la reforma 25.892-, pues la forma para que se dé por extinguida una pena perpetua en el presente caso -sin que se hallen presente los impedimentos del art. 14 del Código Penal- es aplicando el art. 16 del mismo plexo legal "...primero se concede la libertad condicional y segundo, que no sea revocada durante los siguientes cinco años" (fs. 179).
V. En cuanto al art. 55 del Código Penal -en su redacción aplicable al caso, anterior a la reforma de la ley 25.928- es dable destacar que establecía que el máximo de la escala penal en los casos de concurso "...no podrá exceder del máximum legal de la especie de pena que se trate".
Es así que, para la determinación del tope máximo previsto para las penas privativas de libertad, remitía a las escalas penales correspondientes a los delitos de la parte especial, sin realizar distinción o exclusión alguna. Por lo cual la reforma de la ley 23.077 "Defensa a la democracia", que introdujo al Código Penal, entre otros, el art. 227 ter el que refiere que "El máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentado en un medio cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional...", es plenamente aplicable al caso con relación al art. 79 del Código Penal.
Como fuera reseñado por el señor fiscal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en un caso similar (mutatis mutandi) al desestimar que se hubiera producido una extensión analógica de la pena prevista para el art. 227 ter del Código Penal: "En efecto, el propio art. 55 -en la redacción que aquí interesa- exige al intérprete indagar en la parte especial a fin de establecer el máximo legal previsto para la especie de pena de que se trate. Por sí misma, esta sola circunstancia no basta para considerar violado el mandato de certeza (art. 18 de la Constitución Nacional), toda vez que el establecer los alcances y matices de los textos legales frente al caso concreto constituye una característica propia de la tarea de aplicación del derecho" ("Estévez", sent. de 8-VI-2010, voto de la mayoría; conf. causa P. 127.708, sent. de 13-XII-2017).
Como ya lo expuse en mi voto (conf. causa cit.) si bien hay una amplia corriente del pensamiento doctrinario especializado que entiende que el límite temporal debe ser el de veinticinco años, nunca ha sido expresamente reconocido por nuestro legislador.
Por el contrario, hace más de una década que el Congreso nacional definió como pena máxima de prisión divisible la de cincuenta años (art. 55, Cód. Penal; conf. ley 25.928, B.O. de 10-IX-2004), por lo cual el incremento del monto de pena privativa de libertad temporal para el caso de unificación y concursos, a treinta y siete años y seis meses de prisión (arts. 55 -según versión anterior ley 25.928-, 79 y 227 ter, Cód. Penal) no vulneraría precepto constitucional alguno (art. 18, Const. nac.; conf. voto de la doctora Kogan, que acompañé, en causas P. 116.101, sent. de 12-III-2014 y P. 107.756, sent. de 4-V-2016).
VI. Estimo que resultan de aplicación al caso una vez más las consideraciones formuladas -mutatis mutandi- en la citada causa P. 130.559, sentencia de 29-IV-2020.
En dicho marco, tomando en cuenta que los fallos deben atender a las condiciones existentes al momento en que se los dicta (CS, "Gianasi", sent. de 8-VII-2008) toda vez que la sentencia del órgano revisor que dispuso la inmediata libertad por agotamiento de pena del condenado Martínez data del 11 de julio de 2017, considero que se deberá evaluar en la instancia de grado la pertinencia de tomar a la misma como la de acceso al régimen de libertad condicional, y a partir de allí reputar las condiciones de cumplimiento de los arts. 13 y 15 y el cómputo de los subsiguientes cinco años a que alude el art. 16, todos del Código Penal (texto vigente al momento del hecho). Ello frente a la inconveniencia del reingreso intramuros de Luis Adrián Martínez, si ha demostrado suficiente adaptación en su reingreso a la sociedad.
En función de lo expuesto, no corresponde tratar el embate que denuncia la arbitrariedad por fundamentación aparente.
VII. Por lo tanto, propongo al acuerdo casar parcialmente el pronunciamiento impugnado, y devolver los autos a la instancia de origen para que se dicte una nueva resolución de conformidad con lo que antecede (art. 496, CPP).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal ante el Tribunal de Casación, se casa el pronunciamiento impugnado -por arbitrario-, y se devuelven los autos al trib
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