Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132881
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.881, "Ferreyra, Rodrigo Emiliano. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 90.952 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 14 de marzo de 2019, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que condenó a Rodrigo Emiliano Ferreyra a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, como coautor de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con homicidio agravado por su comisión con la finalidad de consumar otro delito, por ser cometido con arma de fuego y por la intervención de un menor de dieciocho años de edad (v. fs. 95/103 vta.).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Daniel Aníbal Sureda, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 116/143 vta.), que fue concedido por el órgano intermedio (v. fs. 149/151).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 157/163 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 164) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial invocó los siguientes agravios.
I.1. En primer lugar, tachó la sentencia de arbitraria por basarse en afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación de los pronunciamientos judiciales, de conformidad con la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal (arts. 18, 33, 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171, Const. prov.) y denunció la infracción a los arts. 45, 80 inc. 7, 165 y 166 inc. 2 del Código Penal, en función del pedido de absolución y del requerimiento de recalificación de los hechos (v. fs. 119).
Sostuvo que el Tribunal de Casación Penal no brindó una verdadera respuesta a los argumentos dados por la defensa para desacreditar la prueba de la responsabilidad del imputado en el evento dañoso y del elemento subjetivo que requiere el art. 80 inc. 7 del Código Penal. Entendió que el Tribunal de Alzada se limitó a transcribir el hecho en los términos detallados en la sentencia de origen, con la sola indicación de las constancias obrantes en el citado pronunciamiento como respaldo probatorio de la conexión ideológica entre el robo y el homicidio, y que tal respuesta no abastece el requisito de fundamentación, por lo cual el fallo debe ser descalificado al no constituir una derivación razonada del derecho vigente de conformidad a las concretas circunstancias de la causa (v. fs. 119 vta.).
Aseveró que ningún testigo vio a Ferreyra disparar el arma, tal como el órgano revisor arbitraria y dogmáticamente lo estimara acreditado. Agregó que la mera presencia de su asistido en el escenario de los hechos en modo alguno permite corroborar la conducta endilgada. En suma, solicitó su absolución (v. fs. 120).
En otro orden, apreció que el a quo debió, a todo evento, aplicar la figura prevista en el art. 165 del Código Penal, porque la muerte de la víctima ocurrió con motivo u ocasión de robo y no se probó fehacientemente la ultraintención homicida exigida por el art. 80 inc. 7. Propugnó el cambio de calificación legal de la conducta, con la consecuente incidencia en el quantum punitivo (v. fs. 120 vta./122).
Destacó que si en el caso se dio por probado que el disparo que produjo la muerte del damnificado respondió a la resistencia que aquél opuso, la decisión de la Casación debió ser distinta, desde que esa resistencia debió estimarse a los fines de dar por acreditada la contingencia del homicidio para y en el desapoderamiento.
Añadió que, a su juicio, lo decidido por el tribunal revisor viola la doctrina de esta Suprema Corte que surge de la causa P. 45.957, sentencia de 2-XII-1997, en la que se dijo que el hecho de que la muerte se haya producido por estrangulamiento no alcanzaba para acreditar que se hubiese cometido para procurar la impunidad. El recurrente citó también el precedente causa P. 50.161, sentencia de 30-IV-1996, en el que se indicó que el elemento subjetivo antes mencionado debe ser probado como cualquier otro elemento del tipo, y no puede basarse en la suposición de que "habitualmente ocurre" que quien roba y mata lo hace por o para robar o para lograr la impunidad (v. fs. 122 vta.).
Argumentó que, si bien el juzgador debe estar convencido de haber alcanzado un grado de certeza tal en cuanto a los hechos que da por probados, "... nuestra ley, además, reclama el 'modelo de control por terceros', el cual se caracteriza por la exigencia de que otra persona pueda reconstruir mentalmente la constatación del hecho..." (fs. cit. y 123). Y que, en estas actuaciones, las circunstancias valoradas por el juzgador -a las que se remitiera el tribunal intermedio- hacen imposible a un tercero reconstruir la existencia del elemento subjetivo de la figura prevista en el art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 124 vta.).
Afirmó que resolver de la forma en que se hizo origina "...una errónea aplicación de la ley sustantiva al tener por probados extremos de la imputación que no aparecen debidamente demostrados" (fs. cit. y 125) y que no se cumplió con los lineamientos bajo los cuales debe concretarse la revisión de la sentencia de condena en el marco de los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y conforme la jurisprudencia de esta Suprema Corte y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
I.2. En segundo término, adujo la errónea aplicación del art. 41 bis del Código Penal; subsidiariamente, planteó la inconstitucionalidad del precepto por violación a los principios de legalidad y razonabilidad y también denunció la imposibilidad de volver a aplicar la agravante "desaplicada" por el tribunal revisor (arts. 1, 18, 28, 31 y concs., Const. nac. y 435, CPP).
Se mostró disconforme con la respuesta brindada por el órgano casatorio en orden a lo "inoficioso" del agravio sobre la errónea aplicación del art. 41 bis ante la imposición de una pena indivisible, que no prevé mínimos y máximos susceptibles de ser aumentados conforme lo establecido por dicha norma.
Coligió que esa referencia a lo "inoficioso" del agravio, junto a la falta de referencia expresa al art. 41 bis en la parte dispositiva de la sentencia, debe ser leída como un implícito rechazo de aquella agravante; por lo cual, en el supuesto de recalificarse la conducta endilgada a Ferreyra en las previsiones del art. 165 del Código Penal, no correspondería aplicarla, pues implicaría consagrar una reformatio in peius, vedada en nuestro ordenamiento jurídico (v. fs. 127 y vta.).
Insistió en la inaplicabilidad al caso del art. 41 bis del Código Penal o, en su defecto (por ser la ultima ratio a la que debe recurrirse), solicitó la declaración de inconstitucionalidad de dicha severizante genérica (v. fs. 128).
En ese andarivel, señaló que en autos no se verifica "...el plus de violencia e intimidación que requiere para su configuración el referenciado art. 41 bis del CP" (fs. 128 vta.) y que ante la eventual aplicación de una pena temporal debe dejarse sin efecto la agravante erróneamente estimada y reducirse la sanción a imponer.
En subsidio planteó la inconstitucionalidad del art. 41 bis, por afectar la razonabilidad y la proporcionalidad de la norma: consideró que la escala penal resultante de encuadrar el hecho bajo las previsiones de los arts. 165 y 41 bis del Código Penal es sumamente severa (superior a los 33 años de prisión). En apoyo, citó el Estatuto de Roma, ratificado por nuestro país mediante la ley 26.200, que impone un máximo de pena de 30 años de prisión (v. fs. 130 vta. y 131).
Reforzó el mismo agravio postulando que el art. 41 bis del Código Penal transgrede el principio de legalidad, en tanto se trata de un texto indeterminado y general que no satisface las exigencias de precisión (lex certa) derivadas del estado constitucional de derecho y del principio de culpabilidad (v. fs. 131 vta.).
A fin de dar sustento a su postura, invocó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Musotto" (CSJN, Fallos 310:1909) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Kimel vs. Argentina", sentencia de 2-V-2008 (v. fs. 132 vta.).
Criticó la técnica legislativa utilizada para la sanción de la citada norma, y consideró que el legislador debió crear figuras específicas en la parte especial respecto de los delitos a los que consideraba aplicable esa decisión de política criminal, estableciendo con precisión la conducta calificada y su nueva escala (v. fs. cit.).
Entendió que el precepto cuestionado también importa una delegación por parte del legislador de facultades propias, incompatible con las obligaciones impuestas por los arts. 18, 19, 75 incs. 12 y 22 de la Constitución nacional, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 133 y vta.).
Destacó que el hecho juzgado encuadra objetivamente en las previsiones de los arts. 165 y 166 inc. 2 del Código Penal, que concurren entre sí de manera ideal, y que la aplicación del art. 41 bis genera una superposición con la agravante del referido art. 166 inc. 2 (v. fs. 135).
Concluyó que la Casación debió aplicar al caso el art. 165 citado o en su defecto los arts. 55, 79 y 166 inc. 2 del Código Penal, procediendo a la correspondiente reducción de la sanción (v. fs. 136 vta.).
I.3. Por último, con relación a la pena de prisión perpetua impuesta a su asistido, el recurrente alegó que no fue objeto de la fiscalización que compete a la instancia casatoria, conforme los parámetros fijados en el precedente P. 87.172 de este Tribunal y por la Corte federal en el fallo "Casal", ya que el tribunal revisor, teniendo su competencia abierta, se apartó de los alcances de los principios de culpabilidad por el acto, proporcionalidad e igualdad ante la ley, en cuanto a la imposibilidad de la existencia de penas fijas, sin ofrecer razones válidas para ello (v. fs. 137 y vta.).
Agregó que "...en una teoría contenedora del poder punitivo la culpabilidad importa un proceso valorativo dialéctico, en el que acaban sintetizándose la reprochabilidad por el acto [...] y un cálculo del esfuerzo que el agente haya hecho por alcanzar la situación concreta -injusto en el caso concreto- de vulnerabilidad al poder punitivo...", cuyo resultado es una culpabilidad normativa, que "...no puede asentarse en otra cosa que no sea un ilícito (conducta típica y antijurídica), a cuya magnitud la primera se adecua" (fs. 138).
Con base en la relevancia que cabe asignar a la magnitud del contenido ilícito del hecho en el proceso mensurador, señaló que el art. 80 del Código sustantivo no permite al juzgador diferenciar entre sujetos ni hechos de diversa característica o envergadura, trayendo a colación lo resuelto en el caso "Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago" por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 138).
Por ello, consideró que al no evaluarse elementos atenuantes ni agravantes, la sanción a imponer siempre resulta arbitraria, con afectación del principio de culpabilidad por el acto, pues la judicatura se vio obligada a tratar a su defendido como una homogeneidad -y no como un ser único- mediante "...la aplicación ciega e indiferente de la pena", contraviniendo la prohibición de privar del derecho a la libertad en forma arbitraria, al no penarse en razón de las características del ilícito juzgado, la participación y la culpabilidad del acusado (v. fs. 138 vta. y 139).
Finalmente, ante el supuesto de que se rechace el reclamo anterior, solicitó se realice una "...interpretación constitucional de la pena de prisión perpetua..." construyendo una solución alternativa a la declaración de inconstitucionalidad que permita salvar el derecho constitucional del imputado y mantenga al mismo tiempo la vigencia de la norma, fijando una sanción numérica que no podrá superar los 25 años de prisión, de conformidad con lo regulado en el Estatuto de Roma (v. fs. 139 vta./141), a efectos de cumplir, entre otros principios que enunció, con la reinserción social del condenado (v. fs. 141 vta.).
Peticionó se case el fallo impugnado por tratarse de un pronunciamiento arbitrario, que afectó el debido proceso y la defensa en juicio, "...para luego dictarse una nueva decisión en la cual se determine que el límite temporal de la pena de prisión perpetua posee un alcance numérico, equivalente a los veinticinco (25) años de encierro..." y, de no ser ello receptado "...se declare su inconstitucionalidad..." (fs. 142 y vta.).
II. Liminarmente es necesario aclarar que el auto que admitió la vía de inaplicabilidad de ley solo lo hizo por la denuncia de errónea aplicación de los arts. 41 bis, 45, 80 inc. 7, 165 y 166 inc. 2 del Código Penal (v. fs. 150 vta.). Ninguna consideración efectuó respecto a los agravios referidos a la arbitrariedad de la sentencia, errónea revisión, fijación de tope máximo en las penas de prisión perpetua y su eventual inconstitucionalidad. Surge del informe de fs. 155 que contra lo así resuelto la defensa no interpuso recurso de queja. De modo que con esos lindes serán abordados los agravios.
III. Coincido con la Procuración General (v. fs. 157/163 vta.), pues estimo que el remedio intentado debe ser desestimado.
IV. En el recurso de casación, la defensa denunció errónea aplicación de los arts. 1, 210 y 373 del Código Procesal Penal y solicitó la absolución de su asistido (v. fs. 51/54 vta.).
A su turno, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Sureda, presentó memorial donde mantuvo el recurso y agregó nuevos agravios. Se mostró disconforme con el encuadre del hecho en las previsiones del art. 80 inc. 7 del Código Penal; postuló que correspondía aplicar el tipo penal del art. 165 y descartar la agravante genérica prevista en el art. 41 bis del mismo ordenamiento. Peticionó la adecuación de la pena alegando la inconstitucionalidad de la prisión perpetua y, subsidiariamente, una interpretación constitucional de ella, fijándola en 25 años de prisión (v. fs. 66/76).
El tribunal intermedio, inicialmente, señaló que se tuvo por acreditado que "...el día 14 de agosto de 2007, siendo aproximadamente las 20:40 horas, en la puerta del domicilio sito en la calle Darwin nro. 1734 de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, dos hombres en forma violenta, intimidatoria y sirviéndose de un arma de fuego apta para el disparo, intentaron apoderarse ilegítimamente de la motocicleta Gilera Smash que tenía Ezequiel Omar Lanuto, y ante la resistencia brindada por la víctima, con el claro fin de causarle la muerte para consumar el hecho, uno de los hombres le efectuó un disparo en la frente que ocasionó su fallecimiento el día 17 de agosto siguiente. Tras ello, los hombres intentaron llevarse la motocicleta, no logrando su objetivo por razones ajenas a su voluntad, para luego darse a la fuga" (fs. 97 vta. y 98).
En respuesta a los agravios introducidos por la defensa en el memorial, señaló que concordaba con los sentenciantes que en el homicidio del art. 80 inc. 7 del Código Penal "...existe una conexión ideológica entre el homicidio y su resultado, que tiende a ocultar, preparar, facilitar, asegurar otro delito o bien lograr su impunidad ante la comisión de un ilícito" (fs. 100 y vta.).
Expresó que la diferencia con el robo con homicidio es que en éste se protege un bien jurídico distinto al del homicidio criminis causa, y si bien en aquél también se exige el obrar con dolo directo -alguna doctrina también acepta la culpa- en el homicidio previsto en el art. 80 inc. 7 "...debe existir el dolo directo y además una conexidad ideológica con el otro delito" (fs. 100 vta. cit.).
Explicó que debe plasmarse un nexo psicológico entre el homicidio y otra figura delictiva; que "...no siempre será necesaria una preordenación anticipada a su comisión" y que el sistema del art. 80 inc. 7 "...exigirá que el fin delictuoso funcione como motivo determinante del homicidio, sin requerir indefectiblemente una reflexión sino sólo una decisión, la que puede darse en el mismo momento de la ejecución del hecho" (fs. cit.).
El doctor Carral, en el voto que concitó la adhesión del doctor Borinsky, entendió, a partir de la suficiente acreditación de los extremos fácticos, que el supuesto se adecuaba al homicidio conexo finalmente con el robo, ambos interrelacionados subjetivamente para consumar este último.
Aclaró que esta conexión entre delito medio (homicidio) y delito fin (robo) para, en este caso, "consumar el hecho", coexisten bajo un enlace subjetivo aún, cuando la decisión de matar no aparezca preordenada; es decir que "...la decisión puede asumirse súbitamente durante la ejecución del hecho" (fs. 101).
Indicó que el robo con homicidio va por otro camino; es un delito complejo "...compuesto por un robo en cuyas circunstancias y ante el despliegue de fuerza o violencia para el apoderamiento de la cosa ajena se produce la contingencia del homicidio, y por ello, es que se agrava la figura" (fs. cit.).
Advirtió que el a quo consideró, a partir de los testimonios recibidos en el debate, que el encausado y otro sujeto intentaron desapoderar a Ezequiel Lanuto de la motocicleta que tenía en su poder, y ante la negativa de éste a entregárselas, Ferreyra le efectuó un disparo en la frente con el arma que portaba; y que luego que la víctima cayera herida al piso, el imputado tomó la motocicleta e intentó llevársela, caminando, tomada del manubrio, lo que no pudo lograr por la intervención de familiares del damnificado que intentaban detenerlos.
Aseveró que en este contexto surge razonable y fundada la conclusión sentencial relativa a que la muerte fue provocada intencionalmente, con el fin de consumar el desapoderamiento de la motocicleta que era resistido por la víctima "...quedando satisfecha de esta manera la vinculación subjetiva que requiere el tipo" (fs. 101 vta.).
En orden a la petición de declaración de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, señaló que en el caso la sanción impuesta no contraviene disposiciones constitucionales "...pues con paulatinas atenuaciones de las restricciones inherentes a la pena y posibilidades de lograr salidas transitorias, e incorporaciones a regímenes de liberación no se trata de una pena de por vida" (fs. 102).
Mencionó que en nuestra legislación vigente no existen las penas a perpetuidad, ya que todas habilitan la posibilidad de obtener la libertad a condición de verificarse una serie de requisitos temporales y exigencias de buen comportamiento y progresión en el tratamiento penitenciario. Agregó que al haberse judicializado plenamente el proceso de ejecución, el control jurisdiccional asegura una plena vigencia de los estándares constitucionales y convencionales sobre las garantías individuales, reduciendo notablemente cualquier margen de arbitrariedad (v. fs. cit.).
De otro lado, aseveró que en la denuncia de invalidez de las penas perpetuas "...no existe agravio actual por cuanto la necesidad de fijarles un término de agotamiento surgiría si se negara al condenado la posibilidad de acceder al período de prueba previsto para su ejecución (art. 13 del C.P., ley 24.660 y 421 del C
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