Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133119
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Cristian Adrián Ayra, con costas (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.119, "Ayra, Cristian Adrián s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 82.886 del Tribunal de Casación Penal, Sala II" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza, mediante el pronunciamiento del 15 de diciembre de 2016, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial y confirmó la resolución del Tribunal en lo Criminal n° 3 que aprobó el cómputo de pena practicado respecto de Cristian Adrián Ayra (v. fs. 1/3).
Deducido recurso de casación por la defensa (v. fs. 14/20), fue rechazado por la Cámara (v. fs. 21). Ello motivó la interposición de uno de queja (v. fs. 25/31) que fue desestimado por improcedente por la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante la resolución de fecha 27 de junio de 2017 (v. fs. 38/44).
Contra dicho pronunciamiento la señora defensora adjunta ante aquella instancia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 65/71), al que esta Suprema Corte hizo lugar por resolución del día 30 de mayo de 2018 (P. 130.503), en la que se dispuso dejar sin efecto la sentencia recurrida y remitir los autos al órgano casatorio para el dictado de un nuevo fallo (v. fs. 92/94 vta.).
En consecuencia, con fecha 27 de septiembre de 2018, se pronunció la Sala Segunda del Tribunal de Casación rechazando por inadmisible -según surge de la parte dispositiva del fallo- el recurso interpuesto, pese a lo cual ingresó al tratamiento del planteo de fondo referido a la aplicación al caso de la ley 24.390 (v. fs. 99/104).
Lo así decidido motivó la deducción de un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 111/125 vta.) el que fue declarado admisible por el tribunal recurrido por contener planteos de pretensa índole federal (v. fs. 130/133).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 151/156), dictada la providencia de autos (v. fs. 159) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La señora defensora oficial adjunta de casación tildó la sentencia recurrida de arbitraria por indebida fundamentación y denunció la violación de los principios de ultraactividad de la ley penal más benigna, cosa juzgada y debido proceso (arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 26, DADH; 14.1, PIDCP; 8.1, CADH; 2, 24 y 55, Cód. Penal; 7 y 8, ley 24.390; v. fs. 118 vta.).
Afirmó que el tribunal revisor, no obstante, lo ordenado por esta Suprema Corte "...se limitó a afirmar que los magistrados de la Cámara de Apelaciones motivaron debidamente la decisión de rechazar la apelación y confirmar el cómputo de pena practicado por el magistrado de la instancia, achacando a la defensa haber efectuado una crítica basada en una interpretación diversa de las normas que no logra conmover los fundamentos de la sentencia atacada" (fs. 121).
Alegó que la Casación reiteró las consideraciones del Tribunal de Alzada, estimando sólidos sus fundamentos. Planteó que cuando el sentenciante debía abordar todas y cada una de las cuestiones federales propuestas ante esa instancia, omitió responder sobre un fallo de otra Sala del propio tribunal invocado por la recurrente "...para un caso en que se pronunció sobre la aplicación del cómputo privilegiado en un concurso real de delitos en el que el imputado no estuvo cautelado y fue sobreseído por prescripción en la causa bajo la vigencia de la ley 24.390 (causa n° 55.881 de la Sala IV del TCP de fecha 11/06/2013)..." (fs. 121 vta.).
Explicó que "En dicho precedente, el TCP [-Tribunal de Casación Penal-] dijo adoptar un temperamento acorde a la interpretación efectuada por ese cuerpo en el Acuerdo Plenario n° 8746 de fecha 16 de mayo de 2002, al tratar el alcance temporal de la ley 24.390 y su modificatoria 25.430 y hasta que estadio procesal se extiende el cómputo privilegiado del art. 7 de la ley 24.390" (fs. 123).
Insistió en señalar que el tribunal de casación "...en vez de responder si se aplicaba o por qué no se aplicaba al caso el temperamento adoptado en la causa n° 55.881", citó dos precedentes para convalidar la circunstancia alegada por la Cámara referida a que Ayra fue absuelto en la causa 1.692/02 por un hecho ocurrido bajo la vigencia de la ley 24.390 y en el que resaltó solo fue detenido dos días, y que la aplicación ultraactiva de dicha ley no prosperaba pues nunca formó parte del conjunto normativo vigente durante la comisión de los delitos cuyas penas se unificaron (v. fs. 123).
Con relación al hecho del 20 de marzo de 2001 por el que Ayra fue absuelto, dijo que ello "...fue por decisión de desistir de la acusación por parte del representante público que lo llevó a debate oral, sin importar el lapso de su detención por ese hecho que formó un concurso real con otro en el que se mantuvo detenido y cuya pena se unificó posteriormente con otras, en las que se computó ese tiempo de detención, cómputo que firme, fue tachado por la Cámara y por el TCP por erróneo..." (fs. 123 vta.).
Alegó que las cuestiones constitucionales que el órgano intermedio "como mínimo" debió tratar y omitió hacerlo, se relacionan con la interpretación del principio penal de ultraactividad de la ley penal más benigna que deriva del art. 2 del Código Penal y la transgresión de la cosa juzgada (v. fs. 124).
Concluyó que el pronunciamiento del tribunal de casación es arbitrario pues se basa en afirmaciones dogmáticas, citas de jurisprudencia y transcripciones de la decisión impugnada, lo cual no abastece el requisito de fundamentación de los fallos.
Por ello, solicitó que se case la sentencia y se reenvíe para el dictado de una nueva que se pronuncie sobre la aplicación del cómputo privilegiado del art. 7 de la ley 24.390 conforme a los principios y garantías invocados (v. fs. 125).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 151/156). Coincido con él.
III.1. En esta incidencia la Cámara de Apelación y Garantías desestimó un recurso de la defensa y confirmó el cómputo según el cual la pena única de 25 años de prisión vence el 2 de febrero de 2027.
Dicha pena unificada fue la resultante de diversas condenas pronunciadas respecto de Cristian Ayra, que el Tribunal de Alzada se encargó de detallar, así como de indicar en qué períodos había estado detenido en cada una de las causas.
La defensa pretendía que, al haber estado detenido dos días en la causa 1.693/02 entre el 20 y el 21 de marzo de 2001, momento en que se encontraba vigente la ley 24.390 (B.O. de 22-XI-1994), el cómputo de la pena única debía efectuarse aplicando la regla del dos por uno a la prisión preventiva a partir de los dos años de privación de la libertad.
Los períodos de detención en las demás causas que motivaron la unificación -del 6 de septiembre de 2001 al 6 de noviembre de 2003 en una de ellas y del 5 de abril de 2004 hasta la actualidad en otra- ocurrieron cuando la ley 24.390 ya había sido modificada -en lo pertinente- por la ley 25.430 (B.O. de 1-VI-2001).
Por lo tanto, la posibilidad de cómputo doble dependía de la causa 1.693/02, solo que por haber sido absuelto en ella el Tribunal de Alzada consideró que no integraba la unificación, lo cual impedía que prosperara la pretensión de la defensa de que se computara conforme a la ley 24.390.
Como los dos días de detención en ese proceso absuelto, de todos modos, fueron considerados en la instancia de origen para ser descontados de la pena, la Cámara aclaró que se trataba de un error pues justamente por la absolución no debieron ser tenidos en cuenta. Aún, así, el Tribunal de Alzada respetó esa determinación para no incurrir en reformatio in pejus.
III.2. En el recurso de casación, la defensa oficial de Ayra denunció la inobservancia de los arts. 2, 24 y 55 del Código Penal, 1 del Código Procesal Penal y 7 de la derogada ley 24.390 (v. fs. 16).
En prieta síntesis, alegó que no se dio cumplimiento a la normativa que manda la aplicación ultractiva de la ley que dispone el cómputo doble del tiempo de prisión preventiva, pues no se ha tenido en cuenta que Ayra en la causa n° 1.693/02 estuvo detenido dos días: 20 de marzo de 2001 al 21 de marzo de 2001 -cuando estaba vigente la ley 24.390-; en la 1.712/02 estuvo detenido entre el 6 de septiembre de 2001 y el 6 de noviembre de 2003 (dos años y dos meses); mientras que en los demás procesos permanece detenido a partir del día 5 de abril de 2004 en forma ininterrumpida hasta la fecha (en prisión domiciliaria como enfermo grave), siendo que todos los juicios se ven congregados bajo la regla concursal del art. 55 del Código Penal.
Sostuvo que el veredicto absolutorio dictado en aquella causa 1.693/02 es un dato meramente adicional que no puede alterar la circunstancia de que con buen tino fueron esas fechas efectivamente ponderadas en los cómputos de pena que vienen ya firmes en los pronunciamientos únicos que terminaron congregados en la última sentencia única que alcanzó los 25 años de prisión (v. fs. 17 y vta.).
Pidió, entonces, que como los dos días de detención en ese caso fueron tenidos en cuenta en el cómputo, también rija la ley 24.390 para la pena unificada ya que estuvo vigente durante aquella breve privación de libertad. Según el análisis que propone el recurrente, la pena impuesta se encuentra agotada.
Asimismo, denunció vulnerado el principio de cosa juzgada al pretenderse discriminar de los plazos de detención aquellos que ya venían incluidos firmes en el cómputo efectuado (v. fs. 19).
Concluyó que un sano criterio compensatorio indica la justicia del cómputo del tiempo de detención sufrido aún, cuando se haya dictado una absolución, sobre todo cuando ya viene inalterablemente computado, y que discriminarlo del complejo en esta última sentencia unificadora "...habría sido arbitrario pues por vía indirecta se está alterando el (el) art. 16 del C.P. al pretender alterar en perjuicio y en un nuevo cómputo de pena la extinción de una pena anterior que ya venía decretada por una decisión de computo firme" (fs. 19 vta.).
III.3. Como surge de los antecedentes, esta Corte hizo lugar al primer recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa contra la sentencia de Casación que no abordó los agravios de esa parte, dispuso dejarla sin efecto y ordenó a dicho tribunal que se expidiera "...-con la debida circunstanciación al caso en concreto- respecto de todas y cada una de las cuestiones federales que pudiera contener el recurso llevado a su conocimiento ..." (P. 130.503; fs. 94).
III.4. En cumplimiento de lo así dispuesto, el Tribunal de Casación Penal resolvió que "...a diferencia de lo sostenido por la impugnante, resulta del fallo que los magistrados motivaron debidamente la decisión de rechazar la apelación de la defensa y confirmar el cómputo de pena practicado por el magistrado de la instancia (arts. 106 y concs., CPP), mientras que la defensa ha enderezado una crítica a las motivaciones invocadas que deja su embate en el terreno de una interpretación diversa de las normas, pero que en nada logra conmover los fundamentos dados por el a quo" (fs. 101).
Sostuvo que no puede alegarse la aplicación de los arts. 7 y 8 de la ley 24.390 para practicar el cómputo final de la pena, con sustento en que en "...la causa cuya detención tuvo lugar durante la vigencia de la mentada ley -tal como lo señala el a quo y tampoco lo desconoce el recurrente-, el encartado fue absuelto y, en consecuencia, esos días (del 20/03/2001 al 21/03/2001) fueron incluidos en el cómputo final por error" de modo que "...-al haber mediado una absolución-, aquella causa nunca pudo haber integrado la pena única finalmente impuesta" (fs. 101 y vta.).
Por otra parte, con sustento en un Acuerdo Plenario de ese tribunal, resolvió que "... el 'cómputo privilegiado' comienza a correr una vez cumplidos dos años de detención, por lo que mal podría solicitarse se aplique dicha regla respecto de una causa en la que -además de ser absuelto-, el imputado fue privado de su libertad por dos días los que, en su caso, debieron computarse en forma simple" (fs. 101 vta.).
El revisor compartió los fundamentos de la Cámara en cuanto a que "... el cómputo de pena efectuado...en el cual se consideró los dos días de detención sufridos por Ayra [...] [resultó un] error [...] puesto que si fue absuelto por el hecho pesquisado en la causa nro. 1693/02, el tiempo de detención allí sufrido no debió ser considerado al efecto del cómputo de distintas condenas unificadas" y que "...si bien Ayra estuvo detenido durante la vigencia de los artículos 7 y 8 de la ley 24.390, lo cierto es que por dicho suceso en cuestión fue absuelto, por lo que no integra -como lo sostiene la letrada-, la pena única computada y, por ello, mal puede beneficiarse con el cómputo privilegiado que dichas normas contemplaban" (fs. 101 vta. y 102).
De igual modo, coincidió con los camaristas en punto a que no existía motivo para que el a quo fundara la no aplicación de la legislación de mentas, pues no resulta aplicable al caso.
Luego sostuvo que "...el tiempo de detención que pretende hacer valer el recurrente y, de esa forma colocar al encartado bajo la órbita de la ley 24.390 -vigente en ese período- es independiente y ajeno a la privación de la libertad que sufrió en el resto de las causas cuyas condenas finalmente se unificaron" y que "...el período de privación de la libertad que ha sobrellevado el encartado en la causa 1693/02, no ha tenido vinculación con la detención tolerada por el incuso en el resto de las causas, circunstancia ésta que obsta a la posibilidad de que dicho lapso -y consecuentemente, los arts. 7 y 8 de la ley 24.390- pueda ser tenido en consideración tal y como lo reclama la recurrente" (fs. 102 y vta.).
Expresó además que "...la privación de libertad que se cumple en el marco de un proceso en el cual con posterioridad se dicta veredicto absolutorio, no puede computarse a la condena, debido a que no coinciden los sucesos que motivaron la pena con la restricción sufrida" (fs. 102 vta.).
Mediante cita de doctrina de autor y de jurisprudencia de otros tribunales, dijo que "...la prisión preventiva se computa cuando ella atendió, de modo exclusivo o conjunto, al hecho o hechos que motivaron la condena, siempre que ésta sea única o unificada" y que "...La prisión cautelar sufrida en otro proceso en trámite paralelamente sólo puede ingresar en la cuenta si en él hubiese recaído condena y ésta fuese unificable con la impuesta en la causa en que se formuló el pedido..." (fs. cit.).
Por último, indicó que hacer lugar a la peticionado por la defensa "...importaría otorgarle un 'vale' o 'crédito' al imputado, en razón de haber sido detenido con anterioridad, bajo la vigencia de otra normativa, resultando ello incuestionablemente en una compensación no autorizada por la ley". La derogada ley 24.390 -afirmó el a quo- "...nunca formó parte del conjunto normativo vigente durante la comisión de los delitos cuyas penas finalmente se unificaron" por lo cual no podía prosperar la pretensión respecto de la aplicación ultraactiva de la ley penal más benigna (v. fs. 103).
IV.1. Como se adelantó, el recurso no prospera pues, a contrario de lo alegado por la recurrente, no puede achacarse al a quo haber dejado de tratar los asuntos que esta Corte señaló que debía resolver.
El órgano revisor desplegó su competencia sin restricciones, abordó los planteos de la parte, los descartó, y proporcionó las razones que sostienen su fallo por lo que no se advierte -ni la recurrente ha logrado evidenciar- la falta de fundamentación o la mera remisión a los fundamentos de la Cámara.
La Casación expuso los motivos para concluir que, al no haberse dictado una condena en un proceso determinado, la detención cumplida en ese proceso no era computable en una pena unificada que esa causa no integraba, justamente por ausencia de condena. Explicó que, por lo tanto, la ley vigente durante esa detención no regía el cómputo de la pena unificada y la circunstancia de que por error -así fue calificado- se hubiera descontado esa detención de la pena, no variaba la situación y no incidía en la ley aplicable.
La defensa alegó arbitrariedad por indebida fundamentación porque el tribunal revisor no habría dado respuesta a todas las cuestiones federales presentadas, haciendo hincapié en que la Casación no respondió si se aplicaba o por qué no el temperamento adoptado en la causa n° 55.881 "Pérez" invocado por esa parte. Empero, tal agravio es, en rigor, una mera expresión de discrepancia con el criterio sentado por el tribunal intermedio de no considerar que resulte aplicable al caso y, como tal, no constituye el vicio denunciado.
La decisión del Tribunal de aplicar cierta jurisprudencia o inaplicar algún precedente en particular no configura arbitrariedad por falta de tratamiento de algún punto relevante sometido por la parte pues fueron efectivamente examinados los argumentos centrales de la defensa.
Por otro lado, la recurrente -más allá de transcribir el pronunciamiento impugnado- no se ocupó de rebatir de modo alguno los fundamentos específicos del fallo que cimentaron la decisión adoptada por la casación; verbigracia: que el cómputo privilegiado comienza a correr una vez cumplidos dos años de detención, que el tiempo de detención padecido por Ayra durante la vigencia de la ley 24.390 es independiente y ajeno a la privación de la libertad que sufrió en el resto de las causas cuyas condenas finalmente se unificaron, y que -en definitiva- la derogada ley 24.390 nunca formó parte del conjunto normativo vigente durante la comisión de los delitos cuyas penas finalmente se unificaron.
Por último, tal como lo pone de resalto el Procurador General en su dictamen, la Cámara resolvió que se encontraba "...impedida de modificar en perjuicio del encartado la fecha de vencimiento conciliada (argumento del principio 'reformatio in pejus', art. 435 del C.P.P.)" (fs. 2 vta.) y ello no fue alterado por la Casación, de manera que aquellos dos días de detención siguieron computándose a favor de Ayra, aún, cuando el mismo resultó absuelto por ese hecho. Así es que carece de asidero la denuncia por afectación al principio de cosa juzgada.
IV.2. A todo evento, cabe señalar que la solución adoptada por el Tribunal de Casación -y algunos de sus argumentos- son concordantes con la doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia vinculada a lo discutido en estos autos (causa P. 130.361, sent. de 5-XII-2018).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Cristian Adrián Ayra, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia