Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131505
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.505, "T., C. A. D. y T., L. A. s/ Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa n° 49.865 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 24 de abril de 2018, en lo que aquí importa, concedió los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley presentados por las respectivas defensas particulares de C. A. D. T. y de L. A. T. contra la sentencia de ese mismo órgano jurisdiccional que, luego de lo resuelto por esta Corte en la causa P. 120.009 (sent. de 26-X-2016), confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 2 de La Plata que los condenó a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y costas, imponiéndoles reglas de conducta por el plazo de dos años, por resultar coautores penalmente responsables del delito de defraudación por circunvención de incapaz (v. fs. 419/424 vta.).
Explicó que, pese a que no se cumplió con el recaudo del monto de la pena del art. 494 del Código Procesal Penal, en ambas impugnaciones se demostró el compromiso directo e inmediato de cuestiones federales (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional -v. fs. 423/424 vta.-).
Oído el señor Procurador General a fs. 449/453, dictada la providencia de autos a fs. 454, presentada la memoria respecto de C. A. D. T. a fs. 459/466 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar la prescripción de las acciones penales?
En caso negativo:
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por C. A. D. T., por derecho propio, con el patrocinio letrado de la doctora Déborah Elizabeth Huczek, se plantearon los siguientes agravios.
I.1. En primer lugar, solicitó se declare la prescripción de la acción penal, de conformidad con lo previsto en los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (t.o. según ley 27.206; art. 2, Cód. Penal -v. fs. 313 vta.-).
Destacó que el hecho investigado es de fecha 5 de junio de 2002, que tiene una pena máxima de seis años de prisión, que hace más de quince años que la causa está en trámite y que el último acto interruptivo fue la sentencia de condena dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de La Plata (v. fs. 313 vta. y 314).
Indicó que no es posible otorgarle efecto interruptivo a la sentencia de casación de fecha 6 de julio de 2017 pues, a su entender, no encuadra en ninguno de los supuestos de carácter taxativo del citado art. 67 (v. fs. 314).
Por otra parte, solicitó que se valore la excesiva duración del proceso. Destacó como "sintomático" que el Tribunal de Casación Penal haya dictado sentencia veinticuatro horas antes de que operase la prescripción de la acción penal. Agregó que dicha decisión recién le fue notificada el 14 de julio de 2017, cuando la prescripción de la acción ya había operado (v. fs. 314 vta.).
I.2. En cuanto a la denuncia de violación al plazo razonable, señaló que el delito es de naturaleza económica y excarcelable. En su apoyo, trajo a colación los fallos "Mattei" y "Kipperband" de la Corte nacional, entre otros (v. fs. 314 vta. y 315).
Alegó que debe ponderarse la duración del proceso como "...un elemento coadyuvante a la extinción de la acción" pues el proceso lleva más de quince años en trámite y el máximo de la pena son seis años de prisión (v. fs. 315).
Puntualizó que la dilación no es responsabilidad de la defensa. Explicó que ya había obtenido un pronunciamiento a su favor por parte de la Sala II del Tribunal de Casación Penal que fue luego revocado por esta Corte como consecuencia de un recurso presentado por la particular damnificada. Señaló que tal circunstancia volvió a exponer a C. A. D. T. al riesgo de una sentencia de condena (v. fs. 316).
I.3. En tercer lugar, solicitó la anulación del fallo por arbitraria valoración de la prueba (v. fs. 316 vta./319).
Cuestionó el modo en que declaró R. T. en la sede de la Fiscalía durante la investigación penal preparatoria y alegó que ésta sufrió el síndrome de Estocolmo como consecuencia del "secuestro" cometido por Maidana -denunciante de autos- (v. fs. 319).
Por otro lado, criticó la pericia elaborada por el doctor Virgini (v. fs. 320).
Alegó que Maidana, bajo el pretexto de falsos cuidados y afecto y conociendo la situación de deterioro mental de la señora T., la desapoderó de su patrimonio. Para ello, contó con la colaboración de su hija S. R. y de su prima L. B. P. (v. fs. 320/321).
Criticó que el tribunal revisor haya considerado incapaz a T. solamente en cuanto al otorgamiento del testamento a favor de sus sobrinos y a la revocación del poder de Maidana mientras que para todos los demás actos jurídicos que realizó, tanto antes como después de iniciada esta causa, estimó que estaba en pleno uso de sus facultades (v. fs. 321).
A continuación, se agravió de la descalificación de los dichos de María Angélica Reynal, que conocía a R. T. desde antigua data y ratificó la hipótesis de la defensa. Indicó que los testigos de cargo Salvatierra, Fleitas y Soto no dijeron que su tía hubiera sido obligada a firmar documentación alguna (v. fs. 321 vta. y 322).
Por último, denunció errónea aplicación del art. 174 inc. 2 del Código Penal (v. fs. 322/327 vta.).
II. En el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por L. A. T. por derecho propio, con el patrocinio letrado de Marcelo A. Riguera, desarrolló las siguientes críticas.
II.1. Como primer punto, solicitó la prescripción de la acción penal por entender que no se configuró ninguna de las causales taxativas previstas en el art. 67 del Código Penal, según ley 27.206. Indicó que esa es la norma que se debe aplicar por ser la ley más benigna (conf. art. 2, Cód. Penal -v. fs. 388 vta./390-).
Explicó que la sentencia dictada el 7 de julio de 2011 por el Tribunal en lo Criminal n° 2 fue el último acto interruptivo, por lo que el plazo máximo de seis años transcurrió holgadamente (conf. art. 174 inc. 2, Cód. cit.; v. fs. 390 vta. y 391). Destacó que la acción penal prescribió el 7 de julio de 2017 y aclaró que la sentencia de casación, dictada el 6 de julio de 2017, de ningún modo puede considerarse un acto interruptivo (v. fs. 391 y vta.).
II.2. En segundo término, solicitó la extinción de la acción por violación al plazo razonable de duración del proceso (v. fs. 391 vta.).
Indicó que la causa se inició el 5 de junio de 2002 por un hecho supuestamente cometido ese mismo año y que quince años después, la Casación falló por segunda vez (v. fs. 393 vta. y 394).
Del mismo modo en que lo hiciera el coimputado, L. T. puso de resalto que el delito que se le atribuye es excarcelable y de naturaleza económica, lo que demostraría la irrazonabilidad del tiempo que lleva sometido a proceso (v. fs. cit.).
En su apoyo, citó doctrina y los precedentes "Mattei" de la Corte nacional y "Almonacid Arellano" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Reiteró que transcurrió en exceso el plazo de prescripción previsto en el art. 62 inc. 2 del Código Penal (arts. 7.5, CADH y 14.3. "c", PIDCP -v. fs. 392/394-).
II.3. En tercer lugar, solicitó se declare la nulidad de la sentencia por haber incurrido en arbitrariedad en la valoración de la prueba y en errónea aplicación de la ley (v. fs. 395).
Señaló que con las testimoniales prestadas en el juicio oral lo que se demostró fue la autoría de la particular damnificada, Graciela Maidana, en los delitos cometidos contra R. T. (v. fs. 396).
Explicó que fue Maidana quien se apoderó ilegítimamente de sus bienes. Aclaró que cuando él y su hermano, C. A. D. T., se enteraron de tal situación, tuvieron que intervenir para frenar el accionar delictivo de la nombrada (v. fs. 396/398).
Afirmó también que no se probaron los elementos que exige el delito, en tanto no se acreditó que haya existido necesidad, pasión ni inexperiencia de R. T. ni un aprovechamiento de ello (v. fs. 400). Tildó de arbitraria y parcializada la valoración de la prueba testimonial y refirió que para que haya abuso no es suficiente un mero aprovechamiento (conf. art. 174 inc. 2, Cód. Penal -v. fs. 400 vta./403-).
A su vez, criticó el peritaje elaborado por el doctor Virgini y refirió que no resulta suficiente para tener por acreditada la incapacidad de la señora T. (v. fs. 403 vta./404 vta.).
Tachó de arbitrario el valor que se le dio a los dichos del empleado bancario por sobre los de Zeaiter, que fue la escribana de su tía durante más de cincuenta años; también hizo referencia a lo declarado por la escribana María Julia Macías (v. fs. 405/406).
Por todo lo expuesto, sostuvo que no se probó que las escrituras objeto de denuncia sean inválidas o hayan sido otorgadas de manera ilegal ni como producto de un abuso de inexperiencia (v. fs. 406 vta./409).
Por último, denunció la errónea aplicación del art. 174 inc. 2 del Código Penal por no haberse demostrado los extremos del tipo objetivo ni del tipo subjetivo (v. fs. 409 vta./410 vta.).
III. Ahora bien, a los fines de resolver los pedidos de prescripción de la acción penal formulados en ambos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, resulta necesario efectuar una reseña de lo acontecido en el caso.
El 7 de julio de 2011, el Tribunal en lo Criminal n° 2 de La Plata condenó a C. A. D. T. y a L. A. T. a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y costas, por resultar coautores penalmente responsables del delito de defraudación por circunvención de incapaz (v. fs. 72/92).
El 27 de diciembre de 2012, la Sala II del Tribunal de Casación Penal hizo lugar al recurso de la especialidad presentado por la defensa de los nombrados, anuló todo lo actuado en el tribunal de mérito y, como consecuencia de ello, declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de ambos imputados (v. fs. 161/167).
Frente a lo así decidido, la particular damnificada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Esta Corte, mediante sentencia dictada el 26 de octubre de 2016, revocó la declaración de nulidad y ordenó el reenvío de las actuaciones al Tribunal de Casación para que se diera debido tratamiento a los agravios desplazados en razón de la declaración de nulidad (v. fs. 252/262).
En cumplimiento de lo ordenado por esta Corte, la citada Sala II, el 6 de julio de 2017, rechazó el recurso de la especialidad oportunamente deducido por la defensa de los acusados (v. fs. 348/362).
Como consecuencia de ello, las respectivas defensas particulares articularon recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.
Finalmente, el Tribunal de Alzada, mediante resolución dictada el 24 de abril de 2018, admitió únicamente las vías extraordinarias de inaplicabilidad de ley, desestimando por inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 419/424 vta.).
IV. Sentado lo anterior, corresponde efectuar algunas consideraciones sobre el instituto de la prescripción de la acción penal.
IV.1. En primer lugar, en cuanto a la solicitud de los imputados de aplicar retroactivamente la ley 25.990 (B.O. de 11-I-2005; v. fs. 313 vta. y 390), esta Corte tiene dicho que el principio de retroactividad de la ley más benigna también rige en lo atinente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el art. 2 del Código de fondo (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005).
En tal entendimiento se señaló que la citada ley 25.990, en cuanto modificó el párrafo cuarto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo la expresión "secuela de juicio" como causal interruptora de la prescripción de la acción penal por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"; conf. doctr. P. 83.722, cit.), varió sustancialmente el instituto relativo a la prescripción de la acción penal, restándole virtualidad interruptora a muchos actos que, según pacífica jurisprudencia, revestían esa entidad tanto en la etapa instructoria, como en el plenario o contradictorio e, incluso, en la instancia recursiva.
Estas nuevas disposiciones proyectan, en el caso, sus efectos más benignos sobre la situación del procesado, al haber reducido las causales de interrupción por actos del procedimiento, correspondiendo, por ende, su aplicación (arg. arts. 2, Cód. Penal; 9, CADH; 15.1, PIDCP; 75 inc. 22, Const. nac.).
IV.2. A su vez, es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, cit.; e. o.).
El dictado de la ley 25.990 y la consiguiente modificación de las causales de interrupción de la prescripción por actos de procedimiento (art. 67, apdo. cuarto, incs. "b" a "e") hace necesario que este Tribunal analice prioritariamente si a raíz de tal innovación la acción nacida como consecuencia de la comisión del delito impugnado se ha extinguido.
IV.3. Por otro lado, esta Suprema Corte viene sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009; P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
IV.4. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el pronunciamiento dictado el día 26 de diciembre de 2019 en la causa CSJ 2148/2015/RH1, "Farina, Haydée s/ homicidio culposo", por mayoría, instruyó a este Tribunal a fin de que, en lo sucesivo, adopte las medidas necesarias para que los pronunciamientos de los tribunales penales de la jurisdicción se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. "e" del Código Penal y a la doctrina sentada en su jurisprudencia sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de los arts. 18, 31, 116 y 117 de la Constitución nacional.
En lo atingente a la interpretación de la mentada norma sustantiva, sostuvo que en el marco de incidencias provenientes del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires (causas CSJ 572/2009 [45-S]/CS1, "Salas Jara, Carlos Patricio s/ causa n° 4646", de 26-II-2013; CSJ 133/2009 [45-S]/CS1, "Squillario, Adrián Rodolfo y otros s/ defraudación especial - causa n° 267/2001", de 26-III-2013 y CSJ 1586/2005 [41-F]/CS1, "Farías, Alberto J. s/ homicidio culposo" -voto de la mayoría-, de 11-VII-2006; e. o.), se dispuso suspender el trámite de la queja a fin de que se resolviese en orden a la vigencia de la acción penal por considerar que el último acto interruptivo de la prescripción al que se alude en el art. 67, inc. "e" del Código Penal es (únicamente) "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
En el considerando 13, puso de relieve que la interpretación del art. 67 del Código Penal que se deja de lado se aparta de la finalidad perseguida por la sanción de la ley 25.990, modificatoria de esa disposición legal, que fue la de "...darle al instituto de la interrupción de la prescripción de la acción penal, la expresión de máxima taxatividad y legalidad al enunciar cada uno de aquellos actos del procedimiento que poseen aptitud para hacer cesar su libre curso" (CSJN Fallos: 337:354, cons. 14).
A su vez, en el considerando 14, puso de resalto que el instituto de la prescripción de la acción penal tiene estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (CSJN Fallos: 272:188; 306:1688; 310:1476; 316:2063; 323:982 y 331:600, cons. 7 y sus citas; e. o.), y recordó que el derecho del imputado a ser juzgado en plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.) y, en definitiva, del principio de inocencia, sino que se encuentra también previsto expresamente en los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a la justicia (arts. 8.1, CADH y 14.3, PIDCP).
Destacó que en la causa de referencia, los pronunciamientos dictados se habían apartado de las "claras y precisas" directivas emanadas de esa Corte Suprema en las reiteradas intervenciones que le cupo, en las que se había establecido que "...la única interpretación que salvaguarda el principio constitucional de legalidad en materia penal (consagrado en el art. 18 de la Norma Fundamental) es aquella según la cual se considera al dictado de la sentencia condenatoria como el último acto de interrupción de la prescripción". En ese contexto, coligió que era inherente a la función constitucional propia de ese Tribunal imponer a todos los tribunales nacionales y provinciales la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones.
Por otra parte, en el considerando 17 dejó en claro que el tema revestía trascendencia institucional, ya que no se limitaba a una falencia de acatamiento de lo resuelto por ese Tribunal en una causa singular aislada, sino que "...la cuestión en debate [...] se proyecta a numerosas causas [...], a punto tal de generar una afectación al funcionamiento de todo un fuero (Fallos: 156:283; 317:462 y 335:2379)", y aclaró que en este caso se trataba del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires, en cuyo ámbito rige la doctrina jurisprudencial que se apoya en una interpretación extensiva del art. 67 inc. "e" del Código Penal.
En el considerando 19 se refirió a que la persistencia de la doctrina jurisprudencial contra legem en el fuero penal de la Provincia de Buenos Aires, frente a reiterados fallos de esa Corte en que se había explicitado que el dictado de la condena no firme es el único acto que interrumpe la prescripción conforme la letra del art. 67 inc. "e" del Código Penal, constituye un "...claro alzamiento por parte del tribunal a quo y los tribunales que de él dependen, contra la autoridad de este Tribunal, en su carácter de último intérprete de la ley en la República Argentina", y que tal reticencia por parte de las autoridades judiciales provinciales para aplicar en su ejercicio jurisdiccional la doctrina constitucional sentada por esa Corte en casos como el presente, conlleva la lesión de los derechos con relación a los cuales se adoptó el criterio respectivo, la vulneración del derecho a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, y acarrea dispendio jurisdiccional y el riesgo cierto de que se dicten sentencias contradictorias.
Por tal motivo, consideró necesario instruir a esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a fin de que "...en lo sucesivo, para evitar dilaciones innecesarias como las verificadas en el extenso derrotero de las presentes actuaciones, adopte las medidas necesarias para que sus pronunciamientos y los de los tribunales penales en la jurisdicción a su cargo se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. e, del Código Penal y a la doctrina sentada en la jurisprudencia de esta Corte sobre la materi
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