Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133177
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.177, "Bellido, Miguel Ángel/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 91.295 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, Kogan.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante pronunciamiento dictado el día 19 de marzo de 2019, rechazó el recurso de casación deducido por la defensa oficial de Miguel Ángel Bellido contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del departamento judicial de La Plata que condenó al nombrado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía (v. fs. 49/57 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 64/70 vta.), que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 72/78 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 80/83), dictada la providencia de autos (v. fs. 84) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor denunció la errónea aplicación de los arts. 79 y 80 incs. 1 y 2 del Código Penal y se quejó por la "desconsideración" del art. 81 inc. 1 apartado "b" del mismo cuerpo legal. Asimismo, alegó la errónea revisión de la sentencia de condena y la violación a las garantías referidas a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales, a la presunción de inocencia y al principio in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac.; 8.2, CADH y 14.2, PIDCP; v. fs. 65/66 vta.).
Sostuvo que el encuadramiento legal en los términos del citado art. 81 inc. 1 "b" bien pudo haberse aplicado a la plataforma fáctica que se tuvo por acreditada y que, sin embargo, el Tribunal de Casación violentando -en su opinión- el principio in dubio pro reo entendió que la conducta de Bellido se adecuó a la figura del art. 80 incs. 1 y 2 del Código Penal.
Alegó que no se ha podido acreditar cuál ha sido el medio empleado para causar las lesiones que fueron constatadas en el cuerpo de la víctima, por lo que "mucho menos" se podría afirmar que el imputado pudo representarse un resultado derivado del mismo. Expresó, además, que el carácter de las lesiones "...no permite afirmar fuera de toda duda que la intención del agresor fuera homicida" (fs. 67 vta.).
Agregó que "...de los mismos elementos en base a los cuales se concluyó que había existido un dolo homicida, [...] podría decirse que la conducta del imputado comenzó como una agresión física, que perseguía lesionar al menor, pero no matarlo..." (fs. 68).
Por otra parte, criticó que el a quo haya establecido como pautas indicativas del actuar doloso de Bellido a la "multiplicidad" y "entidad" de las lesiones verificadas, refiriendo -una vez más- que no se pudo establecer "fehacientemente" cómo sucedieron los hechos y que únicamente se comprobó la existencia de tales lesiones.
También señaló que aun cuando algunos testigos declararon en la audiencia de debate que en otras oportunidades Bellido había golpeado a su hijo -con el puño o patadas-, de ello no podría derivarse "necesariamente" el resultado mortal en la ocasión que se juzga.
Destacó que precisamente el punto a dilucidar en el caso es si el actuar del imputado -incluso de consentirse que golpeó a la víctima- perseguía una intención homicida o bien si la muerte lo sorprendió como un resultado no querido. A su juicio, la razonabilidad del medio empleado debe juzgarse desde la óptica del agresor, señalando que no es la efectiva potencialidad homicida de un golpe lo que debe decidir la acreditación del dolo en el caso, sino si el resultado aparecía como previsible para el imputado.
Según la interpretación de la defensa "...el desenlace fatal no fue ni buscado ni previsto por el acusado" (fs. 69), y que inferir lo contrario resultó ser una afirmación arbitraria del sentenciante.
En suma, el recurrente reiteró que, si no se pudo establecer cómo se produjeron las lesiones, mal puede afirmarse que los medios empleados resultaban "razonablemente mortales" (fs. cit.).
Solicitó que se case el fallo impugnado y se declaren erróneamente aplicados los arts. 79 y 80 incs. 1 y 2 del Código Penal por no estar acreditado el dolo homicida y que, por aplicación del in dubio pro reo, se encuadre la figura de su asistido en los términos del art. 81 inc. 1 apartado "b" del mismo cuerpo legal.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III. Conforme surge de los antecedentes, el tribunal de juicio tuvo por acreditado que "...en horas de la mañana del día 04 de octubre del año 2015 en el interior del domicilio de calle Catamarca nro. 322 de Alejandro Korn, partido de San Vicente, un sujeto de sexo masculino y progenitor de Gerónimo Mirko Bellido -que padecía síndrome Proteus y enfermedad Chiari I- le propinó fuertes golpes en su cabeza y cuerpo mientras le recriminaba no haber controlado esfínteres, propio de la patología que padecía y que lo colocaba en un estado vulnerabilidad e indefensión. Como consecuencia de los golpes recibidos sufrió un grave traumatismo de cráneo que lo condujo al deceso" (fs. 20 y vta.).
Para ello los magistrados apreciaron "...el contexto de violencia física y los golpes que frecuentemente recibía Gerónimo por parte de su progenitor", circunstancias que encontraron derivadas de las testimoniales de Francisco O. Escobar, María S. Fernández, Daiana Terra, Dina M. Gawlinski, con más las alusiones que efectuó el citado Escobar con respecto a lo acontecido esa mañana (v. fs. 26 y sigs.).
Con ese marco expresaron descreer de los dichos del imputado en cuanto pretendió instalar la hipótesis de una "caída accidental" de Gerónimo mientras permaneció en el baño en la "fugaz ausencia" de su padre que se dirigió a buscar su ropa (v. fs. 28), para lo cual se sustentaron en las "contundentes conclusiones médicas" acerca de las lesiones que presentaba su cuerpo y en el resto de la prueba testimonial valorada.
Así, establecieron que "...aquel domingo el imputado se encontraba durmiendo, y fue despertado ya que Gerónimo -como era habitual- no había controlado sus esfínteres esa mañana, con los consabidos contratiempos que esa circunstancia le ocasionaba a diario, molesto, ya que una vez más se enfrentaba a la discapacidad de su hijo que tanto le molestaba, por lo que descargó su ira contra el joven con el pleno conocimiento de que esa golpiza acabaría con la vida de su hijo, que se encontraba por entonces aún más vulnerable ya que a su patología de base se agregaba una reciente cirugía que se le había practicado y desplegó su conducta con total desprecio por la suerte fatal de Gerónimo, quien durante todo el tiempo que estuvo a su cuidado venía siendo víctima de prolongado maltrato..." (fs. 28 vta.).
Los jueces del tribunal oral concluyeron que "Gerónimo Bellido cayó en una trampa provocada por su padre que so pretexto de educarlo lo encerró en el baño propinándole golpes de tal entidad que inexorablemente lo llevaron a la muerte". Y agregaron que el encartado buscó las condiciones de aislamiento en donde no hubiera ayuda inmediata de terceros -impidió el acceso de los otros ocupantes de la vivienda- y persiguió el aseguramiento del resultado causando numerosos golpes con entidad suficiente para procurar la muerte, tras lo cual "...evitó pedir asistencia médica inmediata y finalmente intentó, mochila en mano, alejarse del lugar, lo que no logró concretar por la llegada del personal policial alertado por otras personas" (fs. 29).
A los fines de fijar la calificación legal del suceso, en la sentencia consideraron que esa "...ejecución sin riesgo, ante una víctima desprevenida e incapacitada físicamente implica una ventaja o superioridad que fue aprovechada por Bellido deliberadamente para procurar la muerte de su hijo" (fs. 31 y vta.).
Por su parte, el Tribunal de Casación, tras afirmar que el órgano de juicio había evaluado "razonadamente" la prueba producida en autos, sin absurdo ni duda acerca del suceso juzgado, a los fines de dar respuesta a los agravios llevados a su conocimiento procedió a analizar los distintos elementos invocados en aquel fallo, para finalmente rechazar la impugnación llevada por la defensa y confirmar la condena impuesta a Bellido (arts. 8.2 "h", CADH; 14.5, PIDCP; conf. CSJN in re "Casal").
Para así resolver evaluó la alegación defensista sobre la inexistencia de dolo homicida o, a todo evento, que se trató de un homicidio preterintencional. A ese efecto explicó que el intento de presentar la muerte del menor como producto de un accidente casero "...pierde entidad con sólo confrontar el relato del aquí juzgado con lo dictaminado por los peritos médicos que intervinieron en la causa y los peritos odontólogos", quienes descartaron de plano que los golpes recibidos resultaran compatibles con un accidente, y que "...el medio empleado [...] permite afirmar con certeza que el aquí imputado podía representarse el resultado e inexorablemente causar la muerte de la víctima" (fs. 54). Tuvo así acreditado el dolo homicida y que la conducta desplegada por Bellido resultó "racionalmente idónea" para cubrir el tipo subjetivo requerido.
Para desestimar la posible aplicación de la reclamada figura preterintencional, el órgano revisor expresó que la conducta de Bellido y el medio empleado "...consistente en golpes aplicados reiteradamente y con violencia en una zona vulnerable del cuerpo de la víctima -la cabeza-, constituye un medio que debe tenerse como potencial y absolutamente idóneo para provocar la muerte, el que no reviste carácter extraordinario alguno [...]", y sin ningún margen de hesitación afirmó que "Miguel Ángel Bellido actuó con dolo de matar, desprendiéndose este extremo de la expresa trascendencia que el a quo otorgó a los elementos de juicio colectados, que lo llevaron a tener por acreditada la clara intención del encausado de provocarle la muerte al pequeño Gerónimo, con medios que razonablemente le podían causar la muerte a un niño con síndrome Proteus y enfermedad Chari I..." (fs. 54 vta.).
De esta manera, estableció que del "...'medio empleado' sobre quien es atacado y quien no sabe recibir este tipo de golpes, sumándose la localización de los mismos y las consecuentes lesiones descriptas por las pericias, se desprende que el imputado podría representarse el resultado e inexorablemente causar la muerte de Gerónimo Mirko Bellido" (fs. 54 vta. y 55). Así descartó la pretensión de la parte de excluir el dolo homicida y de encuadrar el hecho cometido dentro de los parámetros del art. 81 inc. 1 apartado "b" del Código Penal, por lo cual concluyó que la figura penal escogida por el tribunal de grado debía permanecer incólume.
IV. Frente a lo así resuelto, tal como lo sostiene el señor Procurador General, los agravios traídos, bajo la denuncia del supuesto excepcional de la arbitrariedad y de errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidos -en rigor- a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores, dando para ello una particular interpretación acerca de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta a efectos de lograr un cambio en la calificación legal y desbaratar la acreditación del elemento subjetivo de la figura en trato (dolo), alegaciones que escapan del acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Es sabido que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, empero, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, lo que no ocurrió en el caso, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; e.o.).
En la vía recursiva en examen, conforme ha quedado reseñado, el impugnante se ciñó a desarrollar su opinión diversa acerca de lo establecido en las instancias anteriores, planteando su propia hipótesis y sugiriendo apreciaciones de la prueba que ponen en evidencia tan solo una particular interpretación sobre la realidad de lo acontecido. De ese modo asentó su postura sobre la falta de acreditación del dolo homicida, pero lo hizo incurriendo en la insuficiencia de no refutar las determinaciones probatorias efectuadas en sentido contrario por el tribunal intermedio, mediante alguna crítica seria y razonada que justifique su revisión extraordinaria. Así entonces, la defensa no ha logrado demostrar el defecto que atribuyó a la actividad revisora desplegada en el pronunciamiento en crisis (art. 495, CPP).
Si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del encausado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el estudio de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de ello el recurrente ha logrado demostrar, de manera que justifique sortear el límite establecido por el art. 494 del Código Procesal Penal (conf. causas P. 103.093, resol. de 14-VII-2010; P. 112.761, resol. de 19-IX-2012; P. 112.573, resol. de 19-XII-2012; P. 113.417, resol. de 10-IV-2013; P. 115.269, resol. de 27-XI-2013; P. 130.931, sent. de 4-XII-2019; P. 132.720, sent. de 29-IV-2020; e.o.).
En suma, la invocación de la garantía de presunción de inocencia carece de fundamentación autónoma por lo que ha perdido todo sustento, al igual que la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva que estaba supeditada al éxito no alcanzado del reclamo antes desechado.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia