Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133271
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.271, "Covatta Díaz, Omar Ariel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 87.624 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de agosto de 2018, en lo que aquí interesa, rechazó por improcedente -con costas- el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial en favor de Omar Ariel Covatta Díaz contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes que lo condenó a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidente, por resultar coautor de los delitos de homicidio en ocasión de robo -víctima Miriam Beatriz Fronza-, agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (respecto del vehículo Hyundai), que concurre formal o aparentemente con poblado y en banda; en concurso real con encubrimiento agravado por el ánimo de lucro (respecto de la camioneta Dodge Journey) y a la pena única de veintiún años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, comprensiva de la impuesta en la presente causa y la de siete años de prisión, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de secuestro extorsivo agravado en grado de tentativa, en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud no pudo tenerse por acreditada, en poblado y en banda, aplicada por el mismo Tribunal en la causa n° 6.520 (v. fs. 87/122).
El señor defensor oficial adjunto ante ese Tribunal, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 155/167), que fue concedido por el órgano intermedio (v. fs. 168/174).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 188/195), dictada la providencia de autos (v. fs. 198) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El recurrente denunció errónea revisión de la sentencia al rechazar el agravio que reclamaba la absurda valoración del plexo probatorio que deriva en una errónea aplicación del art. 165 del Código Penal. Se quejó de la mera repetición de los argumentos del a quo: infracción a los derechos de la doble instancia (arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP) y fundamentación aparente de la sentencia revisora (arts. 18 y 33, Const. nac.; v. fs. 160).
Señaló que el órgano intermedio en su tarea fiscalizadora se limitó a convalidar el fallo de grado, utilizando fórmulas genéricas y dogmáticas afirmaciones que no dan respuesta a la solución planteada por el casacionista tendiente a demostrar la inexistencia de prueba que permita atribuir el disparo letal a los autores del robo.
Agregó que está probado que solo hubo dos detonaciones efectuadas por Vadalá, que se incautaron dos casquillos en la escena del hecho, en el interior de su auto y que el testigo Espíndola, esposo de la víctima Fronza, explicó que escuchó dos disparos sin poder precisar de donde provenían, uno de los cuales impactó en la damnificada. Remarcó que solo Vadalá manifestó que los imputados le dispararon a una distancia de cuatro o cinco metros.
Aseveró que los datos aportados por el lugar del impacto del disparo mortal y por la trayectoria del proyectil no permiten adscribir la muerte a los autores del robo, pues la descripción de la dinámica del suceso resulta confusa.
Se mostró disconforme con la valoración parcial efectuada del testimonio prestado por Espíndola, quien indicó que corría junto a la víctima cuando fue alcanzada por un proyectil, sin poder precisar de dónde provino el mismo y que ninguno de los testigos pudo indicar con claridad la cantidad de disparos, aunque todos hablan de una o dos detonaciones, número que queda alcanzado con los estampidos que efectuó el teniente Vadalá (v. fs. 162).
Indicó que la falta de respuesta a los planteos decisivos efectuados por la defensa afectó el derecho de defensa. Trajo a colación el fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "Herrera Ulloa" (v. fs. 162 vta./163 vta.).
I.2. En segundo término, se quejó de la errónea aplicación del art. 165 del Código Penal en infracción al principio de culpabilidad mediante la atribución de responsabilidad bajo criterios de imputación abandonados por esta Suprema Corte (v. fs. 163 vta.).
Adujo que el órgano revisor insistió en que se encontraba acreditado que Covatta Díaz participó del grupo agresor que intentó apoderarse ilegítimamente de dos vehículos, que exhibió armas de fuego y que las utilizó en el enfrentamiento que se produjo, resultando la muerte de la víctima a consecuencia de uno de los disparos realizado por los atacantes, que esa circunstancia implicó su participación en el homicidio.
Afirmó que se atribuyó al imputado la muerte en términos de dolo directo por haber ejecutado el robo de forma planificada, lo que a su entender no es posible porque el nombrado no efectuó ningún aporte, ni siquiera causal (v. fs. 165 vta.).
Alegó que no puede atribuirse ningún aporte a su defendido pues el obrar del agente policial introdujo un riesgo propio de su dominio, y como tal, indominable e impredecible para Covatta Díaz, pues solo disparó el policía Vadalá, por iniciativa propia, lo que en nada se vincula con la conducta del encausado (v. fs. cit.).
Consideró aplicable, mutatis mutandi, la solución normativa aplicada por esta Corte en la causa P. 74.499, "Mendez, Graciela Nelly", sentencia de 15-III-2004, en tanto "El reproche por el plus del robo, esto es, por el homicidio debe cargarse en la cuenta de quien o quienes han podido dominarlo y, por ende, evitarlo" (fs. 166).
En su opinión "...el riesgo introducido por la conducta del Sr. Vadalá [...] es ajeno al plan criminal de robo; en tanto que la ejecución del robo por Covatta es, en esa configuración concreta del suceso, el de un riesgo remoto no alcanzado por la previsión legal del art. 165 del Código Penal" (fs. 166 y vta.).
Solicitó se declare erróneamente aplicado el art. 165 del Código Penal, en contradicción con el principio de culpabilidad (v. fs. cit. y 167).
II. El señor Procurador General propició el rechazo de la queja (v. fs. 188/195). Coincido con él.
III.1. Del recurso de casación obrante a fs. 46/52 surge que la defensa cuestionó, en lo que importa, el razonamiento probatorio efectuado por el tribunal de grado para sostener la intervención de su asistido en el hecho que derivó en la muerte de Miriam Beatriz Fronza. Entendió que no se demostró fehacientemente que Covatta Díaz haya sido uno de los interlocutores del diálogo telefónico mencionado en el fallo.
Criticó la calificación legal asignada al suceso, estimando que el deceso de la víctima no puede serle reprochado, postulando la aplicación de la figura del robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se comprobó, en poblado y en banda, en grado de tentativa.
III.2. El órgano de juicio tuvo por acreditado, y ello arribó firme a la instancia casatoria (v. fs. 44 vta.) que el 30 de septiembre de 2012 aproximadamente a las 16.30 hs. Claudio Fernando Alexis Vadalá, personal policial, iba a bordo de su auto particular marca Hyundai acompañado por su pareja Daniela Mabel Martínez, por el carril derecho de la Colectora de la Avenida Gaona (sentido a Capital federal). En ese momento fue interceptado por una camioneta marca Dodge modelo ‘Journey’ de color gris que se movilizaba en igual sentido, pero por carril lindero la que con una brusca maniobra se le cruzó y de la camioneta descendieron tres sujetos del sexo masculino llevando, al menos dos de los aludidos, armas de fuego.
Intentaron apoderarse ilegítimamente del automotor marca Hyundai rodeando a los ocupantes, colocándose cado uno a la par de una y otra ventanilla delantera. Ante esa situación, el conductor Vadalá colocó reversa y circuló de dicho modo, zigzagueando y embistiendo a otros rodados que allí se encontraban, por un trayecto de unos cien metros aproximadamente. Coetáneamente otro vehículo circulaba por el carril izquierdo, un Volkswagen, modelo Bora en el que viajaba Oscar Rubén Espíndola y su esposa, la señora Miriam Beatriz Fronza, también se vio obstaculizado detrás de la camioneta. Que así las cosas, los integrantes de este matrimonio al haber visto el intento de robo desplegado y advirtiendo que los autores del atraco se les aproximaban también con evidentes fines delictivos, tomaron la decisión de descender del auto habiéndolo hecho cada uno por su lateral respectivo y, en forma casi simultánea comenzaron a correr por la propia cinta asfáltica en dirección contraria al sentido de circulación, es decir, hacia donde tan solo segundos antes se había ido con su automotor el efectivo policial y dándole las espaldas a los inculpados.
Que fue en tal momento, cuando se produjo el intercambio de disparos entre el identificado conductor del rodado Hyundai, quien efectuó dos con el arma que empuñaba en dirección hacia donde estaban quienes procuraban cometer el ilícito. Simultáneamente uno de los integrantes del grupo referido, efectuó el disparo fatal, que impactó sobre la humanidad de la señora Fronza al momento que la misma se encontraba huyendo a la carrera, de espaldas a ellos junto a su marido y mientras se acercaba a él en diagonal a la línea de calzada, dejando expuesto su lateral trasero derecho hacia donde se encontraban los encausados. El proyectil impactó en la región de la nuca, motivó su inmediata caída a la cinta asfáltica y su consiguiente deceso -inmediato o breve período agónico- por paro cardio respiratorio traumático secundario a herida por proyectil de arma de fuego (v. fs. 93 vta.).
También se sostiene en la sentencia de primera instancia que una vez frustrado el cometido inicial, los sujetos activos se apoderaron del automóvil Bora dándose a la fuga una parte de los atacantes, en tanto que la otra lo hizo en el vehículo en que habían arribado al lugar de los hechos (v. fs. 93 vta.).
Se resaltó que los extremos reseñados se vieron corroborados por la prueba rendida e incorporada al debate, y que no ha sido puesta en crisis por las partes (v. fs. 95 vta.).
III.3.a. El Tribunal intermedio, para descartar los planteos casatorios relativos a que el disparo que provocó la muerte de la víctima no provino del grupo de individuos que integraba Covatta Díaz, indicó que los jueces de la instancia evaluaron que ninguno de los dos disparos realizados por Claudio Fernando Alexis Vadalá pudo ser el que ocasionó el fallecimiento de Miriam Fronza, por cuanto esa hipótesis fue descartada durante la investigación penal preparatoria, a punto tal que el nombrado funcionario policial, luego de ser imputado por esa circunstancia, resultó sobreseído (v. fs. 103).
También se explicó que entre las evidencias que permitieron reconstruir a los jueces de grado la mecánica del suceso se encuentra la información que surgió de la autopsia sobre la trayectoria del proyectil que provocó la muerte de Fronza el cual ingresó en la región de la nuca con orificio de salida a nivel del ángulo submaxilar inferior izquierdo (v. fs. 104).
Estos datos fueron evaluados conjuntamente con el testimonio brindado por el esposo de la damnificada Omar Rubén Espíndola quien expresó que en el momento en que escuchó los disparos y vio a su esposa caer al piso, se encontraba corriendo junto a ella en dirección contraria a los sujetos que se bajaron de la camioneta Dodge Journey, escapándose de ese lugar, es decir, dándoles la espalada (v. fs. 104 vta.).
Así razonó que, si el disparo ingresó por la parte posterior de la cabeza de la víctima, en circunstancias en que corría en dirección contraria al sitio en el que se encontraban los atacantes, "...resulta lógico concluir que el disparo mortal provino de la posición en la que se encontraban los integrantes del grupo agresor, entre ellos, Omar Ariel Covatta y Jorge Víctor Moreyra" (fs. 105).
Asimismo se tuvieron en cuenta las posibilidades de giro de esa parte del cuerpo -la cabeza, que podrían hacer variar la evaluación de la ubicación del tirador en función de la trayectoria del disparo, y la presencia del Teniente Vadalá que se enfrentó a los sujetos activos del delito quien también realizó disparos; siendo que la ubicación del funcionario policial al momento en que accionó su arma, llevó a descartar la posibilidad de que haya sido él quien produjo el resultado mortal (v. fs. 105 cit. y vta.).
Agregó que "...la posición de Vadalá, sentado en el asiento del conductor, se tuvo por demostrada a partir del secuestro debajo de ese asiento, de las dos vainas percutidas por su arma; [ello] dio respaldo objetivo al relato del Teniente Vadalá, en cuanto dijo haber disparado mientras permanecía en el interior del rodado, sacando levemente su cuerpo por la ventana para apuntar con la mano -derecha- en la que sostenía su pistola" (fs. 105 vta.).
Resaltó que los técnicos que confeccionaron el informe advirtieron que "...siendo la orientación del proyectil que impactó en la víctima, ligeramente de arriba hacia abajo, la fuente del disparo debió estar por encima del punto en el que se produjo el ingreso en el cuerpo de la víctima, que en función de su talla se situó alrededor de los 137 centímetros" (fs. cit. y 106).
De esta forma se descartó la posibilidad de que haya sido el teniente Vadalá el responsable de esa conducta dado que la convicción probatoria sostenida por los juzgadores, lejos de ser arbitraria, encuentra respaldo en los elementos técnicos e informes periciales cuyos análisis y conclusiones aparecen respetuosos de sus reglas técnicas, la lógica y la experiencia común (v. fs. cit.).
Apuntó que la defensa omitió toda consideración a los informes de autopsia, balística y pericial que contenían datos de importancia en torno a la trayectoria del proyectil, altura, ubicación de los sujetos intervinientes, entre otras precisiones.
Seguidamente se refirió a las declaraciones testimoniales prestadas por Omar Espíndola, esposo de la víctima, quien relató que escuchó dos detonaciones, pero no sabe de dónde vinieron; la brindada por Guillermo Rafael Carrera quien no escuchó los disparos; por Bruno Gastón Herrera quien declaró haber escuchado más de un disparo pero no estar seguro de dónde venían, ni pudo ver quién disparó (v. fs. 107 vta.); por Gastón Alfonzo Álvarez quien relató que escuchó dos o más disparos; por Ofelia Ladner (v. fs. 108); por Héctor Ricardo Ríos (v. fs. 108) y por Daniela Mabel Martínez, pareja del teniente Vadalá, que tampoco pudieron ser precisos al respecto(v. fs. 108 vta.).
Indicó que la evaluación de los testimonios reseñados, en lo que hace concretamente al punto de discusión, no conduce al resultado pretendido por las defensas de los acusados, por cuanto ninguna de las personas que se encontraban en los alrededores del sitio en el que fueron atacadas las víctimas, ha sido terminante en cuanto a la cantidad de disparos que escucharon; y que esta imprecisión resulta atendible, por cuanto se vieron sorprendidos por el desarrollo de los acontecimientos y no estaban prestando especial atención a la cantidad de disparos producidos durante el evento que presenciaron (v. fs. 109).
Por ello aseveró que la prueba testimonial rendida en el juicio no arrojó el resultado concluyente que pretende la defensa, "...en el sentido de haber eliminado toda posibilidad de que hayan existido más de dos disparos" (fs. 109 vta.).
Hizo notar que en las conversaciones telefónicas detectadas en el abonado utilizado por Covatta, se "...hicieron varias referencias a la muerte de una mujer en el marco de un ‘tiroteo’ que mantuvieron con un policía [...] de lo cual resulta lógico inferir la existencia de disparos de uno y otro lado, más allá de la negativa de uno de los intervinientes en aquellos diálogos de haber sido el responsable del resultado fatal ('yo no lo maté boludo, sabés quien la mató a la mina, el cobani’)" (fs. 109 vta.).
Concluyó que el conjunto probatorio conformado por los datos obtenidos de las evidencias recabadas en el lugar de los hechos, de la autopsia y de los informes de balística, permitieron ubicar al sujeto que efectuó el disparo mortal en la posición en la que se encontraban los atacantes, descartando con igual grado de convicción al policía Vadalá como responsable del disparo.
Apuntó que la información que surgió de la prueba testifical no suministró elementos a los que pueda asignárseles una capacidad de rendimiento de tal magnitud como para poner en duda aquella conclusión (v. fs. 108).
III.3.b. En orden al planteo dirigido contra la calificación legal, la Casación destacó que "... ha quedado demostrado que los dos acusados integraron un grupo de individuos que interceptaron los vehículos de las víctimas, con el objeto de apoderarse ilegítimamente de ellos, exhibiendo armas de fuego y utilizándolas durante el enfrentamiento que se produjo, resultando en esa secuencia la muerte de la víctima a consecuencia de uno de los disparos realizados por los atacantes" (fs. 110 y vta.).
Aseveró que es lógico y racional considerar que el plan común incluía el desapoderamiento en forma violenta e intimidatoria mediante la utilización de armas de fuego aptas y cargadas, resultando por consiguiente plausible para todos los intervinientes el eventual desenlace fatal.
Consideró que las conductas atribuidas a Omar Ariel Covatta y Jorge Víctor Moreyra "...constituyen un apoderamiento ilegítimo seguido de un homicidio, habida cuenta que aquello que se inició como un accionar dirigido en perjuicio del bien jurídico ‘propiedad’ derivó finalmente en un homicidio. La convergencia de los sujetos activos en el uso de armas de fuego para la comisión de un robo, autoriza a responsabilizarlos en forma recíproca por el homicidio ocurrido en el marco del robo, más allá de quién haya sido el que realizó el disparo mortal" (fs. 110 vta.).
Afirmó que estos extremos permiten dar por acreditado el aspecto subjetivo del tipo penal, adecuándose la plataforma fáctica atribuida en los confines del homicidio con motivo u ocasión del robo (art. 165, Cód. Penal; v. fs. 111).
IV.1. De ello se advierte que el Tribunal dio respuesta a todos los reclamos efectuados por la parte en el recurso de casación; y en lo que interesa, se ocupó del cuadro fáctico y el plexo probatorio tenido en cuenta por el inferior para aseverar que el disparo provino del grupo de los atacantes entre los que se encontraba Covatta Díaz, brindando las razones que lo llevaron a dar por probada la coautoría responsable del nombrado en el hecho investigado.
En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis -que fueran aquí transcriptas- para arribar a la confirmación del fallo de condena, se advierte que el Tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal" (CSJN Fallos 328:3399), en tanto incluyó un juicio crítico de las constancias probatorias (conf. doctr. causa P. 98.459, sent. de 3-IV-2008).
Asimismo, en referencia a la arbitrariedad invocada, no se evidencia en lo resuelto por el Tribunal de Alzada la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido.
Al respecto, cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instan
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