Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133300
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se casa la sentencia impugnada -por arbitraria- y se remiten los autos al Tribunal de Casación para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.300, "Carrasco, Damián Alejandro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 87.392 del Tribunal de Casación Penal, Sala III" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, de Lázzari, Torres.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, por mayoría de fundamentos, rechazó la acción de revisión articulada por Damián Alejandro Carrasco, por derecho propio y con el patrocinio del señor defensor oficial, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza que condenó al nombrado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio agravado criminis causae (v. fs. 70/74).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor de Casación adjunto dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 76/85), el que fue concedido por dicho órgano en razón de los agravios de pretensa índole federal (v. fs. 102/107).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 128/134), dictada la providencia de autos (v. fs. 135), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El señor defensor de Casación adjunto formuló dos motivos de agravio contra el fallo reseñado en los antecedentes.
I.1. En primer término, denunció la arbitrariedad de la sentencia por exceso de jurisdicción en el tratamiento de la acción de revisión y consecuente violación al debido proceso, el derecho de defensa, y a los principios de congruencia e igualdad (arts. 1, 16, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 24 y 25, CADH y 26, PIDCP; v. fs. 78 vta.).
Recordó que Carrasco solicitó la revisión de su sentencia de condena a prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causae (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), porque ulteriormente el coimputado -en referencia a Ángel Maximiliano Ezequiel Aguilar- juzgado por los mismos hechos y con sustento en idénticos elementos probatorios "...recibió condena por el delito de homicidio en ocasión de robo (art. 165 CP), en franca violación al principio de igualdad" (fs. 79).
Cuestionó que en el pronunciamiento impugnado el tribunal revisor "...en vez de examinar si los hechos establecidos como fundamento de la condena a Carrasco resultan o no inconciliables con los fijados en la sentencia penal irrevocable dictada respecto de Aguilar, exorbitó su función y se expidió sobre el acierto o desacierto de la decisión tomada oportunamente por la Sala I del Tribunal de Casación" (fs. 79 vta., el subrayado figura en el original).
Argumentó que la norma del art. 467 inc. 1 del digesto de forma habilita al órgano jurisdiccional a "...verificar si existe o no una contradicción insalvable entre los fundamentos fácticos de dos sentencias penales", pero que no lo autoriza "...al examen de mérito individual de las decisiones firmes que se denuncian inconciliables..." (fs. cit.).
Agregó que el tribunal intermedio carecía de facultades legales para pronunciarse respecto de la calificación legal aplicable al caso y, en particular, de la establecida por la Sala I de la misma instancia casatoria.
Alegó que el exceso de jurisdicción es manifiesto por cuanto el fallo que modificó la calificación legal respecto de Aguilar "...se encuentra firme, contra ella no se dedujo recurso fiscal y por lo tanto precluyó la posibilidad de revisar dicha calificación legal" (fs. 80).
En atención a ello, sostuvo que el Tribunal de Casación habría desvirtuado el objeto de la acción de revisión, al excederse en la decisión y expedirse "sobre un asunto precluido" (fs. cit.), que no le fue sometido ni expresa ni implícitamente por las partes.
Concluyó este tramo del recurso manifestando que el tribunal revisor no debía analizar cuál era la calificación legal aplicable al caso y señalar el supuesto "yerro" en la decisión de la Sala I respecto del coprocesado Aguilar, sino que lo que debía resolver eran las diferentes consecuencias jurídicas de dos sentencias condenatorias sobre los mismos hechos y con idénticas pruebas pero con subsunciones jurídicas disímiles, desde que esa circunstancia era aquello que "...se encontraba convocado a revisar..." (fs. 81).
En suma, afirmó que la posición asumida por el tribunal intermedio derivó en una sentencia arbitraria por exceso jurisdiccional, que, a su vez, importó la vulneración de los principios de congruencia, debido proceso, defensa en juicio y el de igualdad "...al convalidar el injusto trato desigual que se imprimió a los coimputados en igualdad de condiciones" (fs. cit.).
I.2. De modo subsidiario, el recurrente denunció la violación a los principios de igualdad y razonabilidad al convalidarse la existencia de dos sentencias condenatorias inconciliables, en claro perjuicio a Carrasco por haber recibido la mayor sanción penal. Como sustento de su reclamo invocó los arts. 1, 16, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Adujo que el tribunal revisor no se encontraba habilitado para establecer cuál era la calificación correcta, sino que, aun a pesar del "yerro" que a su criterio contenía el fallo de la Sala I respecto de Aguilar, le correspondía analizar si en función del principio de igualdad se podía convalidar la existencia de dos condenas disímiles para los coimputados, o bien recalificar el hecho con relación a su asistido "...a fin de evitar un escándalo jurídico" (fs. 81 vta.).
Señaló, además, que las dos sentencias en controversia contendrían decisiones sobre los aspectos fácticos que serían inconciliables, lo que habría derivado en un "inequitativo trato" para ambos imputados, dado que se culminó con una "disímil" calificación legal pese a tratarse de la misma materialidad y con igual intervención de los coprocesados en el suceso.
Por último, cuestionó que se señalara que el fallo carecía de vocación para alterar lo decidido respecto de Carrasco "...con apego a la prueba pertinente, seria y decisiva". Entendió que ello importó una aseveración dogmática y arbitraria del revisor, al no individualizar a qué elementos probatorios se refirió ni fundar por qué tales probanzas justificarían un trato "desigual" a pesar de la idéntica situación procesal de los coimputados (v. fs. 83).
En definitiva, solicitó que esta Suprema Corte anule el fallo en crisis "...dictando o reenviando los autos para el dictado de una sentencia respetuosa de las garantías que amparan a [su] asistido" (fs. 84 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario interpuesto, en el entendimiento de que el agravio formulado en subsidio acerca de la afectación al principio de igualdad debía prosperar, aunque por aplicación del efecto extensivo de los recursos que consagra el art. 430 del Código Procesal Penal (v. fs. 128/134).
III. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso debe prosperar. Pero -a diferencia de lo dictaminado- estimo que resulta procedente el agravio principal contenido en el recurso en examen.
IV. Frente al planteo llevado en la acción de revisión con similares argumentos a los aquí traídos (v. fs. 61/66), el tribunal intermedio sostuvo inicialmente que dicha acción resulta una vía extraordinaria que sólo permite hacer excepción a la cosa juzgada en aquellos casos que hayan variado las circunstancias en las que se fundó la sentencia, luego que adquiriera firmeza (v. fs. 89).
Explicó que "...cuando se enmarca, [...] el reclamo en el inciso 1° del artículo 467 del Código Procesal Penal, tal como pretende el accionante, es necesario para su viabilidad que los hechos establecidos como fundamento de la condena fueran inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable, hipótesis que, adelanto, no se corrobora en el caso de autos" (fs. 89 vta.).
De seguido, resolvió que -en el caso- "...no existe contradicción alguna vinculada con un aspecto fáctico esencial, pues aunque en la sentencia dictada por la Sala de este Tribunal, que el accionante toma en comparación, resolvió hacer lugar al recurso y recalificar el hecho imputado a Aguilar, como robo con homicidio, no es aliviadora punitiva para Carrasco, porque el yerro radica en el criterio seguido por el pronunciamiento en el que se busca apoyo, que contraviene no solo el adoptado por esta Sala sino también el de la Corte Provincial" (fs. 89 vta. y 90).
Continuó señalando que "...si Carrasco junto con Aguilar ingresaron a la vivienda de las víctimas, apoderándose de dos garrafas, un televisor, dos máquinas bordeadoras y otros bienes de propiedad de las mismas, agredieron a su propietario para apoderarse del botín y lograr sus designios furtivos, con un machete y una de las bordeadoras, provocándole lesiones que confluyeron en su deceso, su accionar responde al tipo elegido por el tribunal de origen (homicidio agravado por la causa), pues la preordenación no es un requisito del artículo 80, inciso séptimo del Código Penal, como también lo dice la Corte Provincial" (fs. 90).
Finalmente, sostuvo que "...la calificación adoptada por la Sala I de este Tribunal solo pone de manifiesto un apartamiento de la realidad del hecho probado en la que incurre la sentencia que se toma de referencia" y que "...tal sentencia carece de vocación para alterar lo decidido respecto a Carrasco, con apego a la prueba pertinente, seria y decisiva" (fs. 91).
V.1. Sentado ello, no cabe sino concluir que la Sala III del Tribunal de Casación -en rigor- rechazó la acción de revisión intentada porque advirtió "yerro" en la decisión de la Sala I de esa misma instancia dictada respecto del coprocesado Aguilar, cuya aplicación pretendió el revisionista, y, aun cuando no efectuó ningún cambio respecto de esa sentencia -como señaló el señor Procurador General-, en tanto jurídicamente le era imposible, esa circunstancia fue expuesta como fundamento motivador del rechazo de la revisión solicitada, esto es, por fuera del ámbito de conocimiento que la acción intentada le demarcó.
En efecto, aquello que el tribunal intermedio estaba llamado a decidir era si la revisión pretendida, en los términos en que le fue llevada, encasillaba en el taxativo elenco de supuestos contenidos en la norma que rige el caso (art. 467, CPP), para luego resolver si correspondía hacer lugar o no a la solicitud de la defensa de Carrasco, pero siempre en el marco legal de la acción intentada (art. 467, cit.).
En cambio, en atención al concreto contenido del fallo en crisis, vale volver a decir, la Sala III se expidió sobre la corrección de la calificación legal del suceso por el que resultó condenado Carrasco, señalando -a su vez- el error en el que se habría incurrido en el fallo que confirmó la condena a Aguilar.
Esa forma de sustentar la decisión de rechazar la acción prevista en el art. 467 del Código Procesal Penal configuró, ciertamente, un indebido reexamen de los fallos dictados respecto de los coprocesados Carrasco y Aguilar, y en ello se erige la demasía denunciada por el recurrente, con la consiguiente afectación del debido proceso (art. 18, Const. nac.).
V.2. Si bien el tema en examen se vincula con una cuestión de eminente carácter procesal, y aun cuando la resolución de admisibilidad de la vía recursiva en análisis no aludió expresamente al agravio sobre el "exceso de jurisdicción" encarrilado por vía de la arbitrariedad atribuida a la sentencia de casación, lo cierto es que -como bien señala el señor Procurador General en su dictamen- ese planteo se encuentra "estrechamente conectado" con las denuncias de afectación del debido proceso y defensa en juicio expresamente contenidas en la mencionada resolución (v. fs. 102/107).
V.3. En atención a lo expuesto, corresponde concluir que las argumentaciones del recurrente han logrado evidenciar la existencia de un juicio arbitrario que descalifica el pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido, en tanto presenta un grave defecto de fundamentación o razonamiento que tornó ilusorio el derecho de defensa y condujo a la frustración de los derechos federales invocados (arg. art. 18, Const. nac.).
V.4. La procedencia del recurso en este punto hace innecesario expedirse sobre el restante agravio traído en subsidio por el señor defensor, el que entonces queda debidamente desplazado.
VI. En definitiva, corresponde hacer lugar, parcialmente, al recurso deducido y dejar sin efecto el fallo impugnado. Deberán volver las actuaciones a la instancia intermedia para que, con debida integración, se dicte un nuevo fallo conforme a derecho (art. 496, CPP).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, de Lázzari y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se casa la sentencia impugnada -por arbitraria- y se remiten los autos al Tribunal de Casación para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese.
Fin de la sentencia