Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133372
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal y se revoca la sentencia impugnada por arbitraria en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.372, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación- s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en causa n° 82.158 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a Ybarrola, José Luís", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
El Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por resolución del día 22 de julio de 2016, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 segunda parte del Código Penal, así como el beneficio de la libertad condicional solicitado por la defensa oficial de José Luís Ybarrola (v. fs. 5/8).
El día 20 de septiembre del mismo año, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental -por mayoría- confirmó dicha decisión (v. fs. 13/18 vta.).
Deducido el recurso de casación por el señor defensor oficial (v. fs. 22/30), el mismo fue rechazado por la Cámara (v. fs. 31/32 vta.). Ello motivó la interposición de queja (v. fs. 34/36).
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 25 de abril de 2017, hizo lugar a la queja y al recurso, y casó la resolución impugnada disponiendo la devolución al citado Juzgado de Ejecución a fin de que requiera los informes de estilo y se pronuncie conforme a lo allí considerado respecto del pedido de libertad condicional presentado en favor del nombrado Ybarrola (v. fs. 41/43).
El señor Fiscal ante la aludida sede, doctor Carlos Arturo Altuve, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 45/57 vta.), el que fue concedido por el tribunal recurrido (v. fs. 71/74).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 96/102 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 104) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Para dar respuesta al planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal oportunamente articulado por la defensa de José Luís Ybarrola, la Sala III del Tribunal de Casación sostuvo que "Es doctrina de Sala que el segundo párrafo del articulo 14 del Código Penal, donde dispone la limitación a la soltura por la naturaleza del delito es inconstitucional" (fs. 41 vta.).
Explicó que "Conforme los fines de la pena los condenados deberían acceder al medio libre en forma paulatina de acuerdo al grado de progresividad alcanzado con el tratamiento penitenciario y/o el tiempo que llevan de encierro" y que "El impedimento de libertad condicional por la naturaleza del delito arrasa contra dicha finalidad, la igualdad ante la ley y el propio principio de progresividad (artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional; 7 de la D.U.D.H; 5.6 de la C.A.D.H.; 10.3 y 26 del P.I.D.C y P.)" (fs. cit.).
Adunó a ello que "...el régimen penitenciario progresivo aparece como un derecho que debe ser reconocido a todos los penados, ya que el sistema carcelario es para seguridad y reeducación -no para castigo- de las personas incluidas en sus establecimientos" y que "...el fin constitucional termina siendo de imposible cumplimiento con la prohibición de la libertad condicional por la naturaleza de los delitos" (fs. 41 vta. y 42).
Con relación al caso, señaló que "...la pena de quince años y ocho meses de prisión impuesta en razón de tratarse, entre otro, de un hecho de homicidio agravado por la causa, en grado de tentativa, patentiza la irracionabilidad de la norma que se enfrenta, insisto, con el fin resociabilizador que trae la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 5.6) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (10.3)" (fs. 42).
Finalmente, destacó que desaplicar tales normas con invocación del derecho interno "...puede acarrear responsabilidad al Estado Argentino- como resolviera la Corte desde 'Ekmekdjian contra Sofovich' (Fallos 311:2497)" (fs. cit.; voto del señor juez Borinsky con la adhesión simple del señor juez Violini, fs. 42 vta.).
II. El señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció que el pronunciamiento impugnado configura un supuesto de sentencia arbitraria por incurrir en un déficit de motivación al otorgar sólo un fundamento aparente a la decisión (v. fs. 48 vta.).
Adujo que el argumento esgrimido por el juez votante en modo alguno evidenció que el impedimento de acceso al instituto de la libertad condicional para las personas condenadas por los delitos excluidos (en el caso, homicidio criminis causa) afectara el fin resociabilizador (v. fs. 49 y vta.).
Luego efectuó un repaso de los argumentos en base a los que la casación fundó la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal.
II.1. En tal sentido, se refirió inicialmente al que dice que dicha norma violenta el principio de igualdad ante la ley, advirtiendo que el sentenciante omitió indicar de qué modo concreto se afectó tal principio (v. fs. 49 vta.).
Por su parte, alegó que no vulnera las normas constitucionales el distinto tratamiento dado por la ley a las personas que cometen los delitos especialmente ofensivos allí descriptos respecto de quienes no hayan sido encontrados culpables de alguno de esos tipos penales. En sustento de su posición invocó el fallo "L'eveque" de la Corte federal (v. fs. 49 vta. y 50).
Sostuvo que la igualdad consagrada constitucionalmente consiste en aplicar la ley a todos los casos concurrentes según sus diferencias constitutivas, es decir que no se trata de la igualdad absoluta o rígida. En el mismo sentido, expresó que tal garantía "...no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, en tanto aquéllas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio de personas o grupos, aunque su fundamento sea opinable (CSJN Fallos:301:381 y 1094; 304:390)" pero que "...exige que concurran objetivas razones de diferenciación que no merezcan la tacha de irrazonabilidad (Fallos:313:1638)" (fs. 50 y vta.).
Señaló que -en el caso- el sentenciante no expuso las razones por las cuales a su entender la diferenciación que establece el referido art. 14 "...resultaría una distinción irrazonable" (fs. 50 vta.).
En suma, argumentó que "...se advierte que el precepto legal -artículo 14 del CP (Ley 25.892)- que la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías aplicó para denegar la libertad condicional -y que la Sala Tercera del Tribunal de Casación tildó de inconstitucional-, cumple con las exigencias mínimas de razonabilidad, siendo el motivo sustancial y la razón fundante de la distinción que prevé la norma cuestionada, la gravedad de los delitos allí enumerados, entre los cuales el legislador incluyó al homicidio criminis causae, figura por la cual fue juzgado, condenado y actualmente se encuentra cumpliendo pena Ybarrola" (fs. 51).
II.2. Además, criticó el fundamento según el cual la norma en trato afecta los principios de resocialización de la pena y de progresividad penitenciaria.
Afirmó que, si bien la pena privativa de libertad tiene la finalidad de "reforma y readaptación social" de los condenados, ello no significa que la misma se materialice indefectiblemente a partir del sistema progresivo que involucre cualquiera de las modalidades de ejecución distintas al encierro y en particular mediante el acceso irrestricto a la libertad condicional (v. fs. 51 vta. y 52).
Explicó que no debe confundirse la finalidad de tales principios con la nota de progresividad del régimen penitenciario "...pues no necesariamente el cometido constitucional exige la incorporación paulatina del penado al medio libre a través del egreso anticipado al cumplimiento total de la pena" (fs. 52).
Por otra parte, destacó que nada impide que los sujetos comprendidos en el segundo párrafo del art. 14 citado accedan a un régimen progresivo que les permita transitar por las distintas etapas del régimen penitenciario, aunque las mismas no contemplen la libertad condicional (v. fs. 52 y vta.).
Sostuvo que la restricción que contiene la norma en trato "...no resulta en sí misma contradictoria con el ideal resocializador, sino que se asienta en la necesidad de adecuar la progresión en el régimen carcelario al grado de indiferencia o rechazo al orden jurídico puesto de manifiesto por cada imputado" (fs. 53 vta.).
Concluyó que es debido a la gravedad de los delitos allí estipulados que el legislador consideró necesario que quién resulte condenado cumpla la totalidad de la pena "...como un modo de propender a que internalice la gravedad de la lesión social que ha provocado con su conducta ilícita y, de esa manera, lograr los fines de la resocialización de la pena" (fs. 54).
II.3. Por último, solicitó la aplicación de la doctrina sentada por este Tribunal en el precedente P. 126.187, sentencia de 4-VIII-2016 (v. fs. 54/57).
III. En su dictamen de fs. 96/102 vta., el señor Procurador General aconsejó la procedencia del reclamo.
IV. Desde mi punto de vista, asiste razón al representante del Ministerio Público Fiscal.
Estimo que las consideraciones que efectuara al emitir mi voto en el precedente P. 126.187, antes invocado, son trasladables mutatis mutandi al presente caso.
La norma del art. 14 del Código Penal (conf. ley 25.892, B.O., 26-V-2004), establece que "...[l]a libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá en los casos previstos en los artículos 80 inciso 7º, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo párrafo".
Ahora bien, los argumentos que expuso el Tribunal de Casación en su pronunciamiento para tachar de inconstitucional la norma del art. 14 del Código Penal (segunda parte) solo evidencian un fundamento aparente.
Ello así, dado que más allá de las invocaciones a los principios de "...igualdad ante la ley y el propio principio de progresividad", el tribunal no se ocupó de explicar el contenido o alcance de los mismos, como tampoco de su confrontación con el precepto cuya inconstitucionalidad pregonó a fin de persuadir sobre su incompatibilidad normativa y, por ende, su inaplicabilidad al caso (conf. Ymaz-Rey; El recurso extraordinario, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, pág. 136 y sigs.).
Pues el art. 14 del ordenamiento penal, en cuanto establece la pérdida de la posibilidad de acceder a la libertad condicional para el caso de los condenados por alguna de estas cinco graves figuras del Código Penal en las que se causa la muerte de la víctima (arts. 80 inc. 7, 124, 142 bis anteúltimo párr., 165 y 170 anteúltimo párr.) lo que hace, en palabras de la Corte, es determinar "...la sujeción de los condenados a un régimen más severo de ejecución de la pena en el que se los priva del derecho a obtener la libertad condicional..." (CSJN Fallos: 334:559).
Sin embargo, esa pérdida del derecho a aspirar al régimen de libertad condicional no importa privar al interno del acceso a otros mecanismos de atenuación paulatina de las restricciones propias de las penas de encierro carcelario a los que tiene derecho, en línea con el fin de reforma y readaptación social que el art. 5 inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos asigna a las penas privativas de la libertad (conf., en lo pertinente, dictamen de la Procuración General de la Nación, CSJN causa A.558.XLVI RECURSO DE HECHO "Arévalo, Martin Salomón").
Frente a lo expuesto, cabe concluir que la decisión del a quo que declaró inconstitucional la segunda parte del art. 14 del Código Penal, desconoció la muy arraigada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye la más delicada de las funciones que cabe encomendar a un tribunal de justicia; es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho constitucional invocado (conf. CSJN Fallos: 328:4542; 327:831; 321:441; entre tantos otros).
En cuanto al argumento del tribunal que involucra el principio de igualdad ante la ley, esta Suprema Corte sostuvo que la imposibilidad de acceder a cierta libertad anticipada en el ámbito de ejecución de la pena (v.gr., las salidas transitorias) por haberse cometido cierta clase de delitos especialmente graves (conf. art. 14, Cód. Penal, según ley 25.892 -B.O., 26-V-2004- y luego ampliado el catálogo de delitos incluidos por ley 27.375 -B.O., 28-VII-2017- o arts. 100, ley 12.256 y 56 bis, ley 24.660), no importa una distinción reñida con la Constitución nacional (conf. causas P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016 y P. 129.539, sent. de 27-VI-2018).
En lo que atañe a la resocialización del penado, cabe mencionar aquí lo expresado por esta Suprema Corte en cuanto a que "La liberación anticipada sujeta a una serie de condiciones es una de las formas que eventualmente pueden ser útiles para la finalidad de la resocialización, pero también puede frustrarla. No es el único medio, ni necesariamente el adecuado en todos los casos. En particular, cuando se está frente a quien ha cometido un delito muy grave, no es arbitrario que el legislador limite el rango de las herramientas disponibles para la finalidad de la resocialización..." (conf. doctr. causas P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016; P. 127.567, sent. de 7-II-2017 y P. 129.332, sent. de 21-XI-2018).
Siendo así, advierto que el fallo impugnado, al declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 14 del Código Penal, ha realizado el control de constitucionalidad de la norma apartándose de las motivaciones jurídicas atinentes al caso, en detrimento del debido proceso legal (art. 18, Const. nac.) incurriendo así en déficit de motivación que configura supuesto de sentencia arbitraria.
V. Por todo lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso deducido por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación, y dejar sin efecto la sentencia del Tribunal de Casación (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de la señora Jueza que inicia este acuerdo, doctora Kogan, por los fundamentos allí vertidos, en el sentido de hacer lugar a la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida por el señor Fiscal ante el Tribunal casatorio (conf. doctr. causas P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016; P. 127.646, sent. de 28-II-2018; P. 128.963, sent. de 6-VI-2018; P. 128.884, sent. de 13-VI-2018; P. 128.728, sent. de 21-VI-2018; P. 127.747, sent. de 4-VII-2018; P. 132.454, sent. de 19-VIII-2020; e.o.).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal y se revoca la sentencia impugnada por arbitraria en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia