Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133630
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.630, "L. I., D. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 82.348 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 1 de febrero de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que condenó a D. E. L. I. a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso de armas -hecho 1-, en concurso real con homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por el contexto de violencia de género y por el empleo de arma de fuego -hecho 2- (arts. 41 bis, 45, 80 incs. 1 y 11 y 104, Cód. Penal; v. fs. 134/151 con relación a fs. 52/86 vta.).
Frente a lo así resuelto, se alzó el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Daniel Aníbal Sureda, mediante la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 154/163 vta., que fue concedido por el tribunal intermedio por resolución del 7 de junio de 2018 (v. fs. 188/190).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 219/225 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 227), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. En primer lugar, el recurrente denunció arbitrariedad y violación a la defensa en juicio, el debido proceso y los principios de inocencia e in dubio pro reo (art. 18, Const. nac.); también alegó infracción a la garantía de la revisión amplia y del derecho al recurso (arts. 18, Const. nac.; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 10, 11, 15, 57, 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 157 vta.).
Entendió que el tránsito por la instancia intermedia implicó la vulneración a la revisión amplia e integral del fallo de condena, debido a una "exploración formal" de los agravios denunciados ante esa instancia relativos a la errónea aplicación de los arts. 45, 80 incs. 1 y 11 y 104 del Código Penal (v. fs. 157 vta. y 158).
Razonó en torno a que "...la hipótesis del forcejeo previo no ha sido correctamente desechada, y la prueba valorada en su conjunto no es más que un cúmulo de indicios que no logra esclarecer con la certidumbre necesaria la secuencia previa a los disparos", y que "...si bien el fallo se encarga de señalar los antecedentes que dan cuenta de una relación signada por la violencia y argumenta por otra parte que las inconsistencias en el relato de los menores obedece a las condiciones de vulnerabilidad -en razón del contexto en el que se han desarrollado-, lo cierto es que la situación traumática por ellos experimentada, si bien puede dar crédito a dicha argumentación no puede anular sin más los dichos de mi asistido" (fs. 158 y vta.).
Agregó que "...la ausencia de dolo homicida resulta un planteo cuya pertinencia radica en la ausencia de acreditación precisa de la secuencia previa a los disparos, no encontrándose un elemento probatorio directo y dirimente en relación a dicho extremo en contraposición con la hipótesis del forcejeo planteada por mi defendido, y la posibilidad concreta de que los disparos se hayan producido, aunque fuera por una maniobra temeraria, accidentalmente" (fs. 158 vta.).
Finalmente, solicitó la anulación del fallo por arbitrariedad en tanto consideró que la sentencia de condena fue refrendada de modo "conjetural", ocasionando la errónea aplicación de la ley sustantiva (v. fs. cit.).
I.2. Por otro lado, denunció la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua prevista en el art. 80 del Código Penal; sostuvo que, frente a dicho planteo llevado por la defensa de L. I., el a quo consideró que el agravio era extemporáneo (conf. art. 451, CPP), desconociendo la naturaleza constitucional del mismo (v. fs. 159).
Refirió que la aplicación de una modalidad de encierro opuesta a los principios de legalidad, igualdad ante la ley, culpabilidad y proporcionalidad, importa la infracción a normativa nacional y supranacional (arts. 1, 16, 18, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.; 9 y 24, CADH; 15.1 y 26, PIDCP; 11, 25 y 57, Const. prov.; v. fs. 159 y vta.).
Luego de aludir al Anteproyecto de reforma del Código Penal que propone sustituir este tipo de sanción por penas divisibles y al art. 22 del Código Civil y Comercial (v. fs. 159 vta.), sostuvo que las penas deben ser proporcionales al hecho cometido y a la culpabilidad del autor. Afirmó que la de prisión perpetua no tiene contenido resocializador, pues la sanción impuesta acarrea daños colaterales relevantes que la tornan incompatible con la dignidad humana (v. fs. 160/161).
Indicó que la pena perpetua atenta contra la garantía de igualdad ante la ley prevista en el art. 16 de la Constitución nacional, siendo incompatible con las previsiones de los arts. 40 y 41 del Código Penal, dado que el art. 80 del Código Penal no permite individualizar pena (v. fs. 161 y vta.).
Aseveró que la decisión atacada carece de motivación en punto al monto de la sanción impuesta, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y, de confirmarse el encuadre legal, se tome como referencia para graduar la pena los arts. 40 y 41 del Código de fondo (v. fs. 161 vta. y 162).
Subsidiariamente, solicitó una interpretación in bonam partem teniendo en cuenta los veinticinco años de prisión que plantea el Estatuto de Roma ratificado por ley 26.200 (v. fs. 162/163).
II. El Tribunal de Casación concedió el recurso de inaplicabilidad de ley de conformidad con el auto de admisibilidad de fs. 188/190.
Para decidir de ese modo, luego de una reseña de los agravios planteados por la defensa, sostuvo que en el caso se hallaban satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 482, 483, 484 y 494 del Código Procesal Penal, en tanto L. I. había sido condenado a una pena de prisión perpetua, agregando que la índole de los agravios también habilitaba la vía extraordinaria puesto que "...en la articulación en análisis, con fundamento en los arts. 1, 16, 18, 28 y 75 inc. 22° de la C.N.; 9 y 24 de la CADH; 15.1 y 26 del PIDCP; 11, 25 y 57 de la Constitución Provincial, el señor Defensor denunció que en el caso se aplicó una norma que estima inconstitucional, desarrollando distintos argumentos que encaminó hacia la obtención de la declaración de inconstitucionalidad de la misma" (fs. 189 vta.).
III. El señor Procurador General se expidió respecto a los dos agravios planteados y aconsejó su rechazo (v. dictamen de fs. 219/225 vta.).
IV. Preliminarmente, cabe señalar que esta Corte ha advertido que el tránsito recursivo diagramado por el legislador local al sancionar la ley 14.647 -aplicable al sub lite-, se cimienta en un sistema con un doble control de admisibilidad. Por ello, si bien es el tribunal recurrido el que efectúa el primer juicio formal del embate, queda sin embargo reservado a este Tribunal -como juez del recurso- el control del acierto jurídico de la decisión que al respecto se ha tomado en la instancia anterior (conf. doctr. causas P. 125.455, resol. de 13-V-2015; P. 125.578, resol. de 12-VIII-2015; P. 125.541, resol. de 10-VI-2015; e.o.).
En ese marco, se advierte que el Tribunal de Casación consideró satisfechas las exigencias formales del art. 494 del Código Procesal Penal en la inteligencia de que el pronunciamiento impugnado había aplicado una pena superior a los diez años, y se había cuestionado la aplicación de una norma que estimó inconstitucional vinculada con la pena perpetua (art.80, Cód. Penal), sin embargo, dejó fuera de todo análisis los restantes agravios incluidos por el recurrente en el recurso según se diera cuenta en el acápite I.1 de la presente.
De modo tal que, en este segundo juicio de admisibilidad teniendo en cuenta los planteos de naturaleza federal -arbitrariedad, defensa en juicio, debido proceso, principio de inocencia e in dubio pro reo y revisión amplia- articulados por el recurrente junto a la inconstitucionalidad de la pena perpetua, y a fin de permitirle el eventual acceso al Máximo Tribunal de la Nación, también corresponde tenerlos por admitidos (conf. doctr. causas "Strada", Fallos: 308:490; "Christou", Fallos: 310:324 y "Di Mascio", Fallos: 311:2478).
V. Tal como lo propició la Procuración General en su dictamen, estimo que la queja no puede prosperar.
VI. El primer planteo no es de recibo.
Considero que la decisión del Tribunal casatorio cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sin cortapisas formales sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
VI.1. En aquella oportunidad el defensor oficial denunció la errónea aplicación de los arts. 40, 41, 41 bis, 45, 80 incs. 1 y 11, 104 y 106 del Código Penal; puntualmente refirió que en el caso no se había podido demostrar con la certeza requerida la materialidad ilícita que se le imputó a L. (v. recurso casatorio de fs. 93/101).
VI.2. Previo a abordar los agravios, el Tribunal a quo hizo una reseña de los sucesos acreditados por el sentenciante de origen: -hecho n° 1- "En fecha 17 de marzo de 2014, aproximadamente a las 22:30 horas, un sujeto de sexo masculino y mayor de edad, se hizo presente frente al domicilio de la Sra. M. A. B., sito en la manzana 42, lote 8 del Campo Tongui, de la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, donde efectuó disparos con un arma de fuego contra M. A. B. y su pareja, E. I. C., causándole una lesión por rozamiento en el antebrazo izquierdo a la nombrada B., al tiempo que realizó amenazas de muerte contraéstos para amedrentarlos al manifestarles que los iba a matar. Que con respecto al arma utilizada, resulta ser un arma de fuego de puño cuyo tipo, marca y numeración aún se desconocen, aunque sí se sabe que efectivamente la misma resultaba apta para el disparo, al que portaba sin poseer para ello la debida autorización legal"; -hecho n° 2- "Que el día 12 de abril de 2015 aproximadamente a las 21:30 horas, en el interior de la vivienda familiar donde residían, ubicada a metros de las inmediaciones de las calles Saladillo y su intersección con la calle Canadá, del Campo Tongui, de la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora [...], más precisamente en el dormitorio, un sujeto de sexo masculino mayor de edad, en un contexto de violencia de género (en los términos de la ley nacional N° 26485 artículos 4, 5 y concordantes), habiendo realizado anteriores actos de violencia contra la mujer víctima, efectuó al menos un disparo de arma de fuego contra una persona de sexo femenino quien revestía el carácter de su pareja conviviente, la Sra. C. N. B., a la altura del cuello de la nombrada, con el fin de darle muerte, causándole lesiones en el cuello, quedando fragmentos de proyectil alojados en el cuerpo de la primera vértebra cervical, cara anterior, falleciendo B., pocos días después como consecuencia de las lesiones sufridas" (fs. 139 vta./140 vta.).
Con relación al ilícito calificado como abuso de armas, hizo referencia al material probatorio ponderado (v. fs. 140 vta./142), para luego sostener que "...del análisis efectuado no puedo más que concluir que la prueba valorada constituyó una base sólida para la acreditación del extremo cuestionado y justificó la conclusión condenatoria, mientras que las críticas del recurrente a la actividad del sentenciante se han sustentado en una particular interpretación de cómo debieron valorarse los testimonios recibidos, no alcanzando para demostrar absurdo o arbitrariedad en la apreciación que de ellos hizo el Tribunal, pues no se advierte contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano" , y que "La ineficacia del embate defensista se evidencia desde que, lejos de rebatir el razonamiento sentencial en su conjunto, sólo ha intentado restar valor convictivo a algunos datos aislados (vgr: el testimonio de M. B.). Los argumentos del recurrente resultan insuficientes para demostrar un yerro en el camino argumental del pronunciamiento, que como se ha visto hasta aquí no sólo resulta irreprochable desde el punto de vista lógico, sino que además encuentra respaldo en la prueba testimonial, pericial e indiciaria reunida, cuya fuerza convictiva fue extraída por el juzgador no solo de su contenido, sino a partir del modo en que los testigos respondieron el interrogatorio y de las demás circunstancias que pudieron ser apreciadas en el debate" (fs. 142 y vta.). Concluyó que "...al no haber logrado el recurrente conmover el razonamiento lógico realizado por el a quo para tener por acreditada la materialidad ilícita y la autoría responsable del imputado en el hecho del modo en que lo hizo, su alegación deviene insuficiente para casar el fallo" (fs. 143).
Por otro lado, en lo que atañe al hecho calificado como homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por el contexto de violencia de género y por el empleo de arma de fuego, se ocupó de la versión dada por el imputado -la cual había sido calificada por el sentenciante de origen de mendaz-, y abordó la crítica sobre las contradicciones en las que habrían incurrido los menores que declararon bajo el sistema de Cámara Gesell (v. fs. 143 vta./146). Consideró razonable "...la inferencia efectuada por el a quo a partir de los múltiples indicios valorados, respecto de la materialidad ilícita y la autoría penalmente responsable de L. en el homicidio de su pareja B., hallándose debidamente probada su voluntad e intención de llevar a cabo tal designio criminal" (fs. 146). Finalmente, señaló que "...a través de los distintos testimonios recibidos en el juicio así como de las pericias psiquiátrica y psicológica realizadas a L., ha tenido por acreditado el contexto de violencia de género (e intrafamiliar) en el que se desarrollaron los trágicos acontecimientos que tuvieron como víctima a C. B. y que motivara -en parte- la grave calificación legal asignada a los mismos" (fs. 147).
VI.3. De lo expuesto, se advierte que el órgano revisor dio respuesta a los reclamos de la defensa y brindó las razones que lo llevaron a confirmar el pronunciamiento atacado respecto de la materialidad ilícita y autoría de L. en los dos hechos mencionados.
Bajo estas premisas, entiendo que el Tribunal de Casación agotó en el caso -en el marco de la competencia abierta y merced a los agravios llevados- su capacidad revisora, encontrándose ajustado a las pautas establecidas por la Corte federal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los citados precedentes "Casal" y "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", respectivamente, en lo que concierne al alcance que corresponde asignar al recurso de casación, sin que pueda afirmarse que se hayan inobservado los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En el desarrollo del análisis en que agotó la competencia otorgada en el marco de los agravios planteados por el recurrente, el Tribunal de Casación valoró adecuadamente las circunstancias en que se produjeron los hechos, ubicándolos dentro del contexto que les otorgó su real dimensión, reseñando el nivel de violencia y dominación que el imputado ejercía sobre la víctima, que demostró el círculo de violencia en que estaba inmersa. Así mencionó los testimonios que daban cuenta de ello a través de referencias muy específicas de los miembros del entorno familiar e inmediato de la víctima; "...se separaban pero él entraba nuevamente al domicilio a fuerza de tiros", propinaba amenazas a los menores del tenor "...'si me dejás, lo mato' mientras colocaba el arma en la cabeza de A." (fs. 146/148). Destacó asimismo la intervención de integrantes del Programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación "Ellas hacen" al que asistía B. en busca de ayuda, todo lo cual demostraba la continuidad de la violencia ejercida por el imputado y su persistente designio de concretar las amenazas de muerte que exteriorizó en distintas ocasiones.
También valoró adecuadamente el testimonio de los menores inmersos en ese contexto violento que culminó presenciando el hecho traumático aquí analizado. Al analizar su testimonio se ha regido precisamente descartando el sesgo probatorio que el recurrente pretende introducir, con visiones estereotipadas o prejuiciosas acerca de la víctima de homicidio y de las víctimas de violencia que todo el tiempo padecieron esos abusos, es decir los menores, que fueron sometidos a situaciones traumáticas y límites como la descripta en las contundentes frases brindadas por los testigos, recogidas por el tribunal de casación en su valoración a fs. 146/148.(conf. Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres -femicidios- de la Procuración General de la Nación, año 2018, pto. 4.2.2.).
En rigor, el recurrente se desentiende de los argumentos brindados por el a quo expresando -en consecuencia- su opinión personal contraria a lo resuelto, sin adunarle ningún desarrollo que, controvirtiendo todos los fundamentos del fallo, evidencie la violación de las garantías constitucionales invocadas (doctr. art. 495, CPP; conf. causas P. 75.261, sent. de 15-XII-2004; P. 90.723, sent. de 20-XII-2006; e.o.). Dicha opinión personal del recurrente, además, reniega del principio de amplia libertad probatoria que rige en estos casos, donde debe contextualizarse la desigualdad de las mujeres, a fin de diversificar y potenciar con exhaustividad la búsqueda de elementos probatorios en torno a la violencia, mediante criterios específicos (conf. arts. 210, CPP; 7 inc. "b" Convención de Belém do Pará y 16 inc. "i" y 31 de la ley 26.485). Asimismo, desconoce que el Tribunal de Casación actuó cumpliendo los compromisos asumidos en la materia por el Estado argentino (arts. 4 inc. "g", 7 incs. "b" y "f" y 9, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por ley 24.632; conf. CSJN, "Sanz, Alfredo Rafael y otro s/Estafa s/juicio s/casación", sent. de 27-II-2020). Al mismo tiempo que aplicó los criterios que sobre la materia esta Suprema Corte ha expresado en relación al contexto fáctico y jurídico en que debe analizarse el hecho (conf. causas P. 128.910, sent. de 16-VIII-2017; P. 128.648, sent. de 12-IV-2017; P. 130.580, resol. de 11-VII-2018; P. 125.687, sent. de 23-X-2019; e.o.).
Por todo ello el señor defensor no demuestra la arbitrariedad que alega. Cabe, finalmente, recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN, Fallos: 310:234).
En cuanto al principio in dubio pro reo, en atención a su eventual raigambre federal, cabe señalar que el reclamo se encuentra desprovisto de desarrollos argumentales que le den sustento. Tiene dicho esta Corte que, si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del encausado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de lo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.