Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131115
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.115, "Andrade, Carlos Fabián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa Nº 81.043 y acum. 78.720 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Torres.
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de julio de 2017, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 de San Isidro que condenó a Carlos Alberto Gutiérrez, Lucas Daniel Gutiérrez y Carlos Fabián Andrade a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas para cada uno de los nombrados, por resultar coautores responsables del delito de homicidio criminis causae (v. fs. 106/117).
El señor defensor oficial ante aquella instancia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 139/144), el que fue parcialmente concedido por el órgano intermedio a fs. 167/169 vta., solo con relación al planteo referido a la errónea aplicación de los arts. 80 inc. 7 y 165, ambos del Código Penal.
Asimismo, la defensa particular de Carlos y Lucas Gutiérrez articuló "Recurso extraordinario arbitrariedad y gravedad institucional" (v. fs. 148/164), el que fue declarado inadmisible por el inferior (v. fs. 165/166). Ello motivó la interposición de la queja a favor de ambos, registrada bajo el número P. 131.214-Q-, que fue desestimada por este Tribunal mediante pronunciamiento de fecha 26 de diciembre de 2018 (v. copia que luce a fs. 193/194 vta.), lo que originó la deducción de recurso extraordinario federal por parte del señor defensor oficial de Casación, desestimado por esta Suprema Corte de Justicia conforme resolución de fecha 25 de septiembre de 2019.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 197/198 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 199, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Preliminarmente, cabe advertir que, contra el decisorio del Tribunal de Casación al que se hizo mención en los antecedentes, el señor defensor oficial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de Carlos Fabián Andrade (v. fs. 139/144), en el que le atribuyó arbitrariedad con transgresión al debido proceso, defensa en juicio y el principio de culpabilidad por el acto y de reserva (arts. 18 y 19, Const. nac. y 15, Const. prov.). Citó al efecto pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 139 vta. y 143 vta.).
Sin embargo, ninguno de estos agravios sorteó exitosamente el examen de admisibilidad efectuado por la Casación, ya que el recurso extraordinario fue concedido únicamente con relación a los reclamos sobre la aplicación de normas del Código Penal (v. fs. 167/169 vta.). Tal resolución no fue objetada por la parte y, por lo tanto, de ese modo ha quedado restringida la competencia de esta Corte.
I.2. Denunció asimismo errónea aplicación del art. 80 inc. 7 e inobservancia del art. 165, ambos del Código Penal (v. fs. 139 vta.).
Transcribió la respuesta brindada a la cuestión por el a quo, señalando que "...en casos como el presente, la faz objetiva del delito puede resultar aparentemente típica con respecto a ambas figuras a la vez. No obstante, a fin de calificar los hechos en los términos del art. 80.7 es imperativo probar la ultrafinalidad típica", concluyendo en que "...no existen elementos que permitan reconstruir la ultraintención requerida por el tipo penal en análisis" (fs. 142).
Luego de transcribir parte de lo resuelto por el órgano intermedio aseveró que "...la respuesta dada por la Sala resulta arbitraria; no es posible tener por acreditada la ultraintención que conecta los tipos penales ante la previsión de muerte, por más que haya sido representada y aceptada, pues aquellos son elementos propios de la figura que postula la defensa (art. 165 CP) y, en consecuencia, insuficientes para imputar el homicidio criminis causae" (fs. 142 vta.).
Transcribió cita de autores y mencionó jurisprudencia de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en aval de su postura (v. fs. 143 y vta.).
II. En su dictamen de fs. 197/198 vta. el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso; como él, entiendo que el planteo no puede prosperar.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por acreditado que "...el día 29 de marzo de 2014, siendo aproximadamente las 13:oo horas, al menos los aquí juzgados Carlos Alberto Gutiérrez, Lucas Daniel Gutiérrez y Carlos Adrián [rectius: Fabián] Andrade, ingresaron al domicilio de la calle Pasaje Morales 279 de la localidad y partido de Tigre, a fin de apoderarse ilegítimamente de las pertenencias y valores de su vecina Carmen Ester Pivetta, para concretar su plan delictivo y lograr la impunidad pues la anciana los conocía, los mentados hermanos Gutiérrez y Andrade, acometieron a los golpes a la misma, produciéndole lesiones de tal magnitud, que le causaron el posterior deceso. Terminada la faena huyeron de la escena de los hechos, con la res furtiva" (fs. 28 vta. y 29); hecho que fuera calificado por el tribunal de grado como se indica en los antecedentes de la presente (v. fs. 54 vta.), argumentando que "Resultando de lo sostenido al tratar el 'factum' y la participación de los acusados que se ha dado por probada, relativas al ingreso sorpresivo al domicilio de la víctima, el aprovechamiento de la ausencia de su hijo y la avanzada edad de la víctima, el empleo de una mecánica matadora brutal -acometimiento a golpes-, tuvieron como fin específico determinante el robo de sus pertenencias y la procura de su impunidad por el conocimiento preexistente de todos los intervinientes -victimarios y víctima- en el contexto de vecindad que los unía, en un lugar tan próximo y que se conocía como 'la villita', de solo doscientos metros de extensión, circunstancias avaladas por los testimonios de Héctor Daniel Oberti, y del Oficial Martínez" –el destacado figura en el original- (fs. 54 vta.).
Añadió el juzgador de origen que "Siendo el criterio jurisprudencial que establece que resulta innecesario para la concurrencia del agravante, una preordenación anticipada, ya que la ley exige que el fin delictuoso funcione como motivo determinante del homicidio, lo que no requiere indefectiblemente una reflexión, sino solo una decisión, que puede incluso producirse súbitamente en la ejecución del hecho..." (fs. cit.).
III.2. Contra tal decisorio se alzó la defensa quien interpuso recurso de casación (v. fs. 82/88 vta. del legajo de casación n° 78.720), en el que planteó -en lo que interesa destacar- que se debe encuadrar la conducta descripta en los términos del art. 165 del Código Penal puesto que -según entiende- al iniciarse el juicio su asistido admitió su protagonismo en el hecho en juzgamiento, aunque su confesión se materializó de manera calificada puesto que negó haber dado muerte a la anciana. Puntualizó la defensa que "En el evento en discusión no se procuró la impunidad del delictivo accionar (robo) porque víctima y victimario ya se conocían de un atraco anterior y que, a pesar de ello, en aquel entonces no le trajo consecuencias a quien en vida fuera Carmen Ester Pivetta. ¿Por qué no le dio muerte en el anterior episodio si también fue visto y reconocido?" (fs. 87 y vta., legajo cit.).
IV.1. A su turno, el Tribunal de Casación desestimó el reclamo planteado.
Consideró que "Del desarrollo circunstanciado de los hechos, es posible inferir que el propósito homicida evidenciado en los imputados fue preordenado y no accidental ni subitáneo" (fs. 115).
Precisó que "No huelga recordar en ese orden, que los imputados se presentaron en la vivienda donde acaeció el hecho luctuoso, ataron a la víctima, cometieron el ilícito contra la propiedad y previo a emprender la fuga, acometieron a su moradora, Carmen Ester Pivetta, propinándole múltiples golpes en la cabeza y en el tórax, zonas vitales de su cuerpo, con el objeto de provocar su deceso y procurar así la impunidad que se veía dificultada por el previo conocimiento de la víctima. Los acusados no titubearon ni vacilaron frente a la omisión de resistencia de la víctima, ni tampoco frente a su fragilidad, sino que la acometieron reiteradamente con golpes de puño, con firmeza y determinación a fin [de] provocarle las heridas que sesgaron su vida" (fs. cit. y vta.).
Puntualizó, entonces, el juzgador que "En ese contexto, el homicidio no fue un resultado accidental ni subitáneo del devenir del ilícito contra la propiedad, sino la consecuencia de una decisión previa y acordada, en la que la muerte representó un medio comisivo del robo" (fs. ídem).
Por consiguiente, concluyó que "...la secuencia de los hechos reseñada evidencia, indubitablemente, que la muerte fue preordenada y consentida de antemano por los imputados, al formar parte del plan autoral bosquejado en los prolegómenos del obrar delictivo, y estuvo guiada por el ánimo de salir indemnes de la escena, procurando su impunidad respecto del robo emprendido, situación que se adecua cabalmente, por tanto, al molde del artículo 80 inciso 7 del Código sustantivo..." (fs. ibídem).
De tal modo, resolvió considerar acertada la aplicación al caso de la calificante contemplada en el art. 80 inc. 7 invocado (fs. cit.).
IV.2. Ahora bien, los desarrollos formulados en la impugnación que aquí se examina resultan infructuosos a los fines procurados de mutar la calificación establecida en los cánones del art. 80 inc. 7 del Código Penal -más allá de aquellos otros que postulan la arbitrariedad de la sentencia-.
En efecto, ninguna de las razones brindadas por el a quo mereció tratamiento y crítica concreta del señor defensor, lo cual determina la insuficiencia de su intento por evidenciar desajuste normativo alguno respecto del encuadre del suceso al que ha limitado su queja (doctr. art. 495, CPP).
Adviértase que el recurrente se opone a la aplicación del art. 80 inc. 7 citado, a partir de considerar que no estaría acreditada la concurrencia del especial elemento subjetivo que exige dicha figura, para lo cual, sin discutir los hechos, insiste en su interpretación respecto de la ausencia de elementos que permitan probar la ultraintención típica, adunando que no es posible tenerla por acreditada, por más que la muerte "...haya sido representada y aceptada" por su defendido (v. fs. 142 vta.).
Mas, en ese cometido, no se ocupó de rebatir de modo alguno los fundamentos específicos del fallo que cimentaron el rechazo de su pretensión; tales, su falta de sostén en las circunstancias comprobadas de la causa, de las cuales el juzgador extrajo que "...es posible inferir que el propósito homicida evidenciado en los imputados fue preordenado y no accidental ni subitáneo" del devenir del ilícito contra la propiedad al formar parte del plan autoral y estuvo guiado por el ánimo de salir indemnes de la escena del crimen, procurando su impunidad respecto del robo emprendido (v. fs. 115 y vta.); lo cual a juicio del revisor, permitía el descarte categórico de toda posibilidad de que la conducta del aquí imputado pudiera constituir una actuación encuadrable por fuera del homicidio calificado como pretendía la defensa.
No obstante lo resuelto por el órgano intermedio, es doctrina de esta Corte que para que resulte aplicable dicha figura "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. doctr. causas P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 131.546, sent. de 6-XI-2019; P. 131.772, sent. de 20-XI-2019; P. 132.303, sent. de 26-II-2020; e. o.), siendo además que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 114.076, sent. de 9-IV-2013; P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.696, sent. de 14-VI-2017; P. 126.638, sent. de 25-X-2017; P. 122.106, sent. de 7-III-2018; P. 131.364, sent. de 11-VII-2018; P. 132.303, cit., e. o.).
En mérito de lo expuesto, corresponde desestimar el planteo de la defensa y mantener la significación jurídica del hecho en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal conforme fuera establecida en las instancias previas respecto del coimputado Carlos Fabián Andrade a la que estuvo limitada la queja en examen.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia