Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131219
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (doctr. arts. 496 y concs., CPP).
Asimismo, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial en favor de Leandro Nicolás Banegas, con costas (doctr. arts. cits.).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.219, "Altuve, Carlos Arturo -agente fiscal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 79.193 y acum. 79.198 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a Banegas Leandro Nicolás y Recalde, Gabriel Alejandro", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 30 de noviembre de 2017, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por la defensa de Leandro Nicolás Banegas, contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo había condenado a la pena de cuarenta y ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego (cuatro hechos) y homicidio calificado por el empleo de arma de fuego, en grado de tentativa (dos hechos) en concurso real (arts. 41 bis y 79, Cód. Penal). En consecuencia, casó el fallo recurrido en cuanto al monto de la sanción e impuso al mismo la pena de cuarenta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 41 bis, 45 y 79, Cód. Penal; v. fs. 87/100 vta.).
Frente a lo así resuelto, el señor fiscal ante el Tribunal casatorio (v. fs. 102/107) y el señor defensor oficial adjunto, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, en representación del imputado (v. fs. 116/128), articularon sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley. El órgano recurrido concedió el primero y rechazó por inadmisible el segundo (v. fs. 130/132). Contra ello, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal interpuso queja (causa P. 131.108-Q) que fue admitida por esta Corte, mediante resolución del 14 de agosto de 2019 y concedió la vía extraordinaria (v. fs. 238/241). Cabe mencionar que esta Corte por auto del 17 de abril de 2019 tuvo por desistido el recurso de queja interpuesto por la defensa oficial en favor del consorte de causa Gabriel Alejandro Recalde (v. fs. 231).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 244/252 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 253) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal?
2ª) ¿Lo es el recurso de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial en favor de Leandro Nicolás Banegas?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor fiscal denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, así como también la arbitrariedad en la reducción del monto sancionatorio por fundamentación aparente (v. fs. 103 vta.).
Adujo que el Tribunal de Casación, luego de desestimar el agravio de la defensa, referido al tope máximo de la especie de pena a imponer y de haber descartado agravios en torno a la vulneración de los arts. 40 y 41, redujo sorpresivamente el monto de pena impuesto por el tribunal de instancia (v. fs. 105).
Estimó que con tal proceder incurrió en absurdo y arbitrariedad por no resultar un razonamiento lógico que, a pesar de no constatar violación legal alguna y entender adecuadamente valoradas las pautas agravantes y atenuantes, los magistrados redujeran el monto de pena sin mayores fundamentos, lo que a su modo de ver no se encuentra permitido en el ordenamiento jurídico penal vigente (v. fs. 105 vta.).
Concluyó así que la decisión de disminuir la pena aplicada constituyó una errónea aplicación de las normas de fondo citadas, y se asentó sobre una fundamentación aparente, que generó el vicio de arbitrariedad que la descalifica como acto jurisdiccional válido (v. fs. 106 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al reclamo deducido por el fiscal (v. especialmente fs. 244/249 vta.).
III. Me apartaré de lo así dictaminado, pues estimo que el recurso es insuficiente (art. 495, CPP).
Veamos.
III.1. Los hechos que el tribunal del juicio tuvo por probados y que fueran ratificados por el Tribunal de Casación refieren que "...el 29 de marzo de 2014, alrededor de las 6.30 horas, en la finca n° 132, ubicada en el Pasaje 8 del Barrio Lever, sito en Manuel Estévez al 900 de Dock Sud (Avellaneda), el imputado Banegas extrajo de entre sus ropas un arma de fuego, la cual le había sido previamente entregada por Recalde, con la que, a fin de darles muerte, efectuó disparos contra Gabriel Tapia, Aldo Quinteros, Leandro Almirón y Mauro Ezequiel Martínez; para luego en el exterior de la casa hacer lo propio respecto a Maximiliano Almirón y Jonathan Luis Quinteros, dándose a la fuga" (fs. 88 vta. y 89). Dicho accionar confluyó en la muerte de Gabriel Tapia, Aldo y Jonathan Quinteros y Mauro Martínez, mientras que Leandro y Maximiliano Almirón, fueron gravemente heridos. El tribunal de juicio consideró a Leandro Nicolás Banegas autor responsable de los delitos de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego (cuatro hechos) y homicidio calificado por el empleo de arma de fuego, en grado de tentativa (dos hechos) en concurso real y lo condenó a la pena de cuarenta y ocho años de prisión, accesorias legales y costas.
III.2. En el recurso de casación la defensa denunció inobservancia del art. 41 del Código Penal en cuanto a la determinación de la pena y solicitó la imposición del mínimo de la escala penal (v. fs. 45/51 vta.).
III.3. El órgano casatorio rechazó la denuncia de inobservancia del art. 41 del código de fondo y consideró correcto el cómputo en su favor de la carencia de antecedentes (v. fs. 97).
En contestación a los reclamos de la mejora en lo que respecta al tope máximo establecido por el art. 55 del Código Penal, indicó que para el caso de los delitos cometidos con anterioridad a la sanción de la ley 25.928, la acumulación de montos punitivos no podía superar los veinticinco años de prisión, pero que tras la reforma operada por la ley indicada (del año 2004), tal tope se elevó a cincuenta años de prisión o reclusión, y dado que los hechos en juzgamiento datan del 29 de marzo de 2014, el máximo permitido por la acumulación concursal, en abstracto, resulta ser cincuenta años de prisión.
Luego explicó que, si el tribunal de primera instancia impuso a los acusados la pena pedida por el fiscal, la exclusión de las agravantes contenidas en la acusación, conduciría a la reducción del reproche, "...pues genera una expectativa de pena menor" (fs. 97 vta.).
De seguido rechazó la aplicación del mínimo de la pena, aseveró que la medida de las penas no es un cálculo aritmético de sumas y restas, y por mayoría, teniendo en cuenta los hechos que se le imputaron a Leandro Nicolás Banegas como autor responsable, seis homicidios calificados por el arma de fuego, dos de ellos en grado de conato, en función de la escala penal aplicable y en cuanto resultaba de los indicadores de los arts. 40 y 41 del Código Penal estableció la sanción impuesta en cuarenta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 98/100 vta.).
IV. Como lo adelanté, el recurso no prospera pues los argumentos traídos por el señor representante del Ministerio Público Fiscal no son suficientes para demostrar que la decisión resulte arbitraria (art. 495, en función del art. 15, ley 48).
El Tribunal de Casación redujo la condena impuesta al imputado al considerar que si el tribunal de la instancia, tras dejar de lado las agravantes que propiciaba la acusación (en coincidencia con parte de las críticas defensistas) igualmente individualizaba la sanción en el monto pretendido por el fiscal, ello merecía una modificación pues había generado una expectativa de pena menor no reflejada finalmente en la sanción (v. fs. 97 vta.).
El argumento -aun cuando el recurrente no lo apruebe- parte de comprender que en el marco de la lógica adversarial, para la defensa eran razonables ciertas expectativas de disminución del monto de la sanción originariamente pretendido por su contraparte, dado que el Tribunal de la instancia rechazó circunstancias calificantes que fueron valoradas por el acusador para peticionar el monto de pena que finalmente adoptó el tribunal.
Las objeciones del impugnante no demuestran entonces la configuración de arbitrariedad o algún otro supuesto de excepción que permita revertir lo decidido sobre ese punto (art. 495, CPP).
Es que, conforme se ha expresado en diversas oportunidades no basta la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, en tanto la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende sólo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN Fallos: 250:348). Ningún extremo se advierte en tal sentido en el fallo aquí recurrido (conf. causas P. 126.351, sent. de 28-VI-2017; P. 126.850, sent. de 19-IV-2017; e. o.).
En otras palabras, más allá de su discrepancia con el pronunciamiento atacado, el recurrente no demuestra que lo decidido sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia (conf. causas P. 130.851, sent. de 13-III-2019; P. 128.955, sent. de 21-XI-2018 y P. 120.296, sent. de 12-IV-2017).
Todo ello sella la suerte adversa del reclamo por su insuficiencia (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y de Lázzari, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La defensa denunció errónea aplicación de los arts. 40, 41 y 55 del Código Penal y solicitó que se efectúe una interpretación de lo dispuesto por los arts. 5, 77.1 inc. "a" y 78.3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Aseveró que el fallo impugnado resultó arbitrario por desatender el principio de supremacía constitucional e infringir la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales (v. fs. 118 vta. y 119).
Indicó que la respuesta brindada por el órgano recurrido a los planteos llevados en la memoria donde se pretendía una revisión del monto de pena vigente a la luz de la normativa supralegal importó una afectación a las garantías constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad, culpabilidad y dignidad humana (v. fs. 119 vta. y 120).
Especificó que sin desconocer la viabilidad de que las penas alcancen el tope máximo de cincuenta años de prisión o reclusión conforme las previsiones del art. 55 del Código Penal vigente, en el caso concreto peticionó que se considere treinta años de prisión como tope en los concursos de delitos con penas divisibles de conformidad con lo estipulado para los crímenes más graves de trascendencia internacional (art. 78 inc. 3 de la legislación citada; v. fs. 120).
Requirió que se apliquen e interpreten las previsiones del Estatuto de Roma como un elemento de política criminal perseguido por el Estado nacional armonioso con los tratados internacionales suscriptos por nuestro país y con los principios y garantías constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y culpabilidad (arts. 18, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. fs. 120 vta. y 121).
Concluyó que de una interpretación de los arts. 40, 41 y 55 del Código Penal conforme a la normativa supra legal (Estatuto de Roma) y constitucional, determina la aplicación de una pena inferior a los treinta años de prisión (v. fs. 123 vta.).
I.2. En segundo término, se quejó de lo que a su entender resultó una revisión aparente de la sentencia de la condena con relación al monto de pena impuesto (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDC; v. fs. 124).
Sostuvo que el fallo en crisis no satisfizo la doble instancia por constituir "un mero tránsito aparente" por el Tribunal de Alzada (v. fs. 124 vta.).
Trajo a colación lo resuelto por este Tribunal en la causa P. 83.260, "Ruiz" y por la Corte federal en los precedentes "Casal" y "Martínez Areco" (v. fs. 125 y vta.).
Concluyó que se efectuó una revisión superflua e insuficiente al rechazar la consideración de las previsiones del Estatuto de Roma como elementos vinculantes en la interpretación del art. 55 del Código Penal, lo que tornó en arbitraria por fundamentación aparente a la sentencia impugnada; solicitando finalmente que se case el fallo y se reenvíe al tribunal a quo para que debidamente integrado dicte uno nuevo conforme a derecho (v. fs. 127 y vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 244/252 vta.). Coincido en que el remedio no prospera.
III. Cabe señalar que en oportunidad de presentar el memorial previsto por el art. 458 del Código Procesal, el señor defensor adjunto indicó que se remitía a los fundamentos del recurso de casación, sin perjuicio de lo cual solicitó para el caso de Leandro Banegas, "...la aplicación de la interpretación efectuada por esa Excma. Sala (causa 15.525 -registro de Presidencia n° 51.267) respecto de las previsiones contenidas en el art. 77.1 inciso 'a' del Estatuto de Roma..." (fs. 64).
Como se reseñó en el punto III.2. de la cuestión primera, en contestación a los reclamos de la mejora en lo que respecta al tope máximo establecido por el art. 55 del Código Penal, el órgano intermedio indicó -sin ingresar aquí al acierto o error de lo afirmado- que para los delitos cometidos con anterioridad a la sanción de la ley 25.928, el monto máximo por la regla concursal del art. 55 del Código Penal eran veinticinco años de prisión y que, tras la reforma operada por esa ley antes citada (publicada en el Boletín Oficial el 10 de septiembre de 2004), tal tope se elevó a cincuenta años de prisión o reclusión.
Concluyó así que "...si los hechos materia de juzgamiento ocurrieron el 29 de marzo de 2014, forzoso es concluir que el tope máximo permitido por la acumulación concursal es, en abstracto, de cincuenta años de prisión, como sostiene la Sala abandonando el tope del Estatuto de Roma" (fs. 97 vta.).
IV. En referencia a la arbitrariedad invocada, no se evidencia en lo resuelto por el Tribunal de Alzada la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido.
Al respecto, cabe recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de la discrepancia del recurrente con el pronunciamiento dictado, la parte no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado.
Conforme resulta de lo anteriormente expuesto, ningún reclamo efectuó la defensa ante la Casación relativo a la afectación a las garantías constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad, culpabilidad y dignidad humana, así como la fijación de un tope máximo de treinta años de prisión en el caso, del modo en que ahora se pretende, resultando entonces que los argumentos traídos en la vía recursiva en examen, reseñados en el apartado I.1. constituyen una variación argumental sustancial que lo tornan inaudible ante esta Corte (doctr. art. 451 tercer párrafo, CPP; conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 126.079, sent. de 21-III-2018; P. 131.533, sent. de 11-IX-2019; P. 132.720, sent. de 29-IV-2020; e. o.).
Por lo demás, ya en otras oportunidades señalé que el art. 12 de la ley 26.200 (ley de implementación del mencionado Estatuto) precisamente soluciona cualquier incoherencia que pudiera reputar la incorporación de los delitos previstos en el Estatuto de Roma al ordenamiento interno, recurriendo a un criterio compatible con el carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales que el art. 1° del Estatuto asigna a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
En sintonía con ello, cabe atender al art. 80 del referido Estatuto, cuando establece que "Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las penas prescritas en la presente parte" (conf. mis votos en causas P. 118.716, sent. de 2-XII-2015; P. 120.920, sent. de 11-V-2016; P. 121.730, sent. de 23-V-2017; e. o.).
V. De otro lado se advierte que el Tribunal dio respuesta a los reclamos efectuados por la parte en la memoria y se pronunció por su desestimación, con fundamentación de lo resuelto, específicamente cuando se refirió a que el tope máximo en autos está fijado por la literalidad del art. 55 del Código Penal, así como que la Sala abandonó el tope del Estatuto de Roma.
La crítica esgrimida por la defensa no permite desentrañar, frente al abordaje dado a los agravios llevados oportunamente por esa parte, los extremos respecto de los cuales, a su criterio, el órgano casatorio habría omitido agotar la revisión conforme la doctrina del máximo rendimiento derivada del precedente "Casal" (art. 495, CPP).
En definitiva, la queja se desentiende de lo efectivamente decidido, sin evidenciar la violación del derecho al recurso invocado a tenor de la doctrina y fallos que cita. Los cuestionamientos de la parte no pasan de ser más bien una mera opinión discrepante con el criterio sustentado que, como es sabido, no importa un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014 y P. 117.680, resol. de 26-III-2014).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y de Lázzari, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (doctr. arts. 496 y concs., CPP).
Asimismo, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial en favor de Leandro Nicolás Banegas, con costas (doctr. arts. cits.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia