Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132140
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia impugnada en el nivel de la determinación de la pena y se dispone el reenvío al órgano de origen a fin de que -con nueva intervención- se resuelva conforme a derecho (arts. 496, CPP; 40 y 41, Cód. Penal).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.140, "Aguirre, Germán Raúl s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 84.635 del Tribunal de Casación Penal, Sala V" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 27 de marzo de 2018, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Germán Raúl Aguirre contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Azul que lo condenó a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual reiterado con acceso carnal (v. fs. 53/63 vta.).
Contra lo así decidido, el defensor oficial, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue admitido por el a quo en orden a los planteos de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, afectación de los derechos de defensa en juicio, debido proceso, derecho a ser oído, revisión amplia, presunción de inocencia, culpabilidad, humanidad, razonabilidad y proporcionalidad de la pena (v. fs. 80/86 y 87/89).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 104/107), dictada la providencia de autos (v. fs. 109) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa oficial alegó que se impuso un monto de pena arbitrario que quebrantó los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad (conf. arts. 18, Const. nac.; 40 y 41, Cód. Penal; v. fs. 82 y vta.).
Por otra parte, alegó que la respuesta del Tribunal de Alzada frente a los agravios llevados no cumplió con los estándares que exige la garantía de revisión amplia lo que derivó en la afectación del debido proceso, derecho de defensa y a ser oído (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1., 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP; v. fs. 82 vta. y 83).
A su entender, el Tribunal de Casación realizó una revisión meramente aparente al afirmar "...genéricamente que los jueces de mérito impusieron la pena partiendo de la naturaleza, el modo y las circunstancias de los hechos", sin analizar los planteos llevados en concreto (v. fs. 83 vta. y 84).
Puntualizó que la defensora oficial de primera instancia expuso diversas razones por las cuales debían descartarse cada una de las agravantes ponderas; asimismo, recordó la carencia de antecedentes penales y peticionó se pondere como atenuante la culpabilidad disminuida de Aguirre, solicitando la reducción de la condena (v. fs. 84).
Concluyó que el a quo dio una respuesta meramente aparente y afectó el derecho a ser oído, derivado del derecho de defensa en juicio. En su apoyo, trajo a colación los fallos "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y "Casal" de la Corte nacional (arts. 18, 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1, 8.2.h., CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 84 vta. y 85).
II. Al igual que el señor Procurador General (v. fs. 104/107), considero que el recurso es procedente.
III. Asiste razón a la defensa oficial en cuanto denuncia que el Tribunal intermedio efectuó una revisión meramente aparente de los agravios vinculados con la determinación judicial de la pena (conf. arts. 8.2.h., CADH; 14.5, PIDCP y 496, CPP).
Veamos.
III.1. En lo que aquí importa, en el recurso de casación la defensa oficial denunció la absurda valoración de pautas agravantes y atenuantes y la imposición de una pena desproporcionada (v. fs. 32).
En primer lugar, cuestionó la agravante referida a la "...modalidad en que se desarrolló el ataque sexual [...] que presentó una inusitada violencia tanto para la sujeción -uso de cinturón- como para doblegar a la víctima -golpes en la cabeza contra la pared y amenazas-". Frente a ello, la parte argumentó que no se constató ninguna lesión en el cuerpo de la víctima que permitiera sostener que se hubiera desplegado una violencia que hubiera excedido el medio típico (v. fs. 32 vta.).
En segundo término, criticó la agravante vinculada a la "elección del lugar" para la realización de los hechos (baño público ubicado en el subsuelo de la terminal de ómnibus) pues tratándose de un lugar público podría haber ingresado cualquier persona, más aún, teniendo en cuenta que los hechos acontecieron a las 8 hs. (v. fs. cit.).
Como tercer punto, se agravió de la ponderación de la "duración", argumentando que los hechos no se extendieron a lo largo de años, días ni horas (v. fs. cit.).
En cuarto lugar, alegó que tampoco procede la agravante relativa a la "...reiteración de accesos carnales por distintas vías -anal y oral-" pues ello forma parte de la descripción típica y valorarlo nuevamente en la mensuración de la pena afecta la garantía de ne bis in idem (v. fs. cit.).
Por último, criticó la valoración de la extensión del daño causado "...en razón de las dificultades que experimentó la víctima para socializar producto del hecho que la tuviera como víctima" pues con la prueba producida durante el juicio se demostró que la víctima pudo retomar su vida normalmente sin graves consecuencias (v. fs. 32 vta. y 33).
Por tales motivos, solicitó se descarten dichas agravantes y se pondere, junto con la carencia de antecedentes penales, la disminución del ámbito de autodeterminación de su asistido, extremo que -a su entender- se demostró en el juicio (v. fs. 33).
III.2. Frente a tales planteos, el Tribunal de Casación Penal, aclaró que el control de la condena se limita a examinar si la cuantía del monto seleccionado resulta sumamente desproporcionada según la gravedad del injusto, si excede la medida de la culpabilidad por el acto o si existen errores en la valoración de cualquier circunstancia que impacte en la mensuración de la pena (v. fs. 61 vta.).
Partiendo de dicho presupuesto, explicó que los jueces de mérito impusieron la pena tomando en consideración la naturaleza, el modo y las circunstancias de los hechos juzgados. Agregó que "Dichas pautas, aparecen mencionadas en la quinta cuestión del veredicto, aunque su contenido se encuentra explicitado en el análisis global de la sentencia; por lo que, habiéndose tomado en cuenta parámetros fijados legalmente al graduar la pena impuesta, el juicio de mensuración practicado, abastece la exigencia de motivación" (fs. 61 vta. y 62).
Por último, en lo que atañe al pedido de imposición del mínimo previsto en la escala penal, recordó que el punto de partida para la valoración de atenuantes y agravantes queda a criterio del juez que determina la pena pues no existe un parámetro legal vinculante sobre el punto (v. fs. 62 y vta.).
III.3. De lo expuesto se desprende que en el recurso de casación la defensa oficial efectuó críticas concretas respecto a las diversas pautas agravantes ponderadas y solicitó la incorporación de otra atenuante -culpabilidad disminuida-, extremos que no recibieron una adecuada respuesta por parte del órgano intermedio que se limitó a formular consideraciones dogmáticas en cuanto a la determinación judicial de la pena y se remitió genéricamente a la cuestión quinta de la sentencia y al "análisis global" realizado por el Tribunal de mérito, dejando sin respuesta las concretas críticas desarrolladas por la recurrente.
Ahora bien, más allá del acierto o no de los planteos formulados por la parte, el Tribunal de Casación Penal no cumplió con el estándar de revisión fijado por la Corte nacional a partir del caso "Casal" (Fallos: 328:3399 y precedentes subsiguientes sobre el punto) en tanto no hizo un examen específico de las críticas en torno a las agravantes ponderadas y a la incorporación de una nueva atenuante, utilizando fórmulas dogmáticas que nada dicen sobre los cuestionamientos en concreto (conf. causa P. 132.476, sent. de 3-VI-2020; CSJN, causas "Civitarreale, Jorge y otros s/ homicidio a Jorge Morado causa N° 130/02C", sent. de 14-XI-2006 y "Centurión, Luis Alberto y Baini, Andrés Maximiliano y otros s/ presentación", sent. de 6-XII-2016).
IV. En función de lo expuesto en el punto precedente, resulta innecesario el tratamiento de la tacha de arbitrariedad en la determinación judicial de pena y afectación de las garantías de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad (v. fs. 82 y vta.).
En consecuencia, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial, doctor Daniel Aníbal Sureda, revocar el fallo impugnado en el nivel de la pena y disponer el reenvío al Tribunal de Casación Penal a fin de que se resuelva conforme a derecho (arts. 496, CPP; 40 y 41, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a mi colega, y en sintonía con lo expuesto en el dictamen del señor Procurador General, considero que, cabe hacer lugar al reclamo.
Por tal motivo, y sin que lo dicho implique un adelanto de opinión o el acierto de los planteos esgrimidos por el recurrente contra la sentencia de primera instancia, me remito a los fundamentos expuestos por el doctor de Lázzari, debiendo en consecuencia el tribunal revisor -con una nueva intervención- dar respuesta a los agravios expresamente planteados en punto a la determinación de la pena.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia impugnada en el nivel de la determinación de la pena y se dispone el reenvío al órgano de origen a fin de que -con nueva intervención- se resuelva conforme a derecho (arts. 496, CPP; 40 y 41, Cód. Penal).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia