Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132451
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.451 "Juárez, Víctor Eduardo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 31.516 del Tribunal Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, de Lázzari.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de diciembre de 2018, luego de las vicisitudes procesales de las que luego se dará cuenta, rechazó el planteo de la defensa en orden a considerar como circunstancia atenuante sobreviniente la excesiva duración del proceso; y confirmó -por mayoría- la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, impuesta anteriormente en esa sede a Víctor Eduardo Juárez, en razón de resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo y por la intervención de menores de dieciocho años de edad, en grado de tentativa, en concurso real con homicidio calificado por ser criminis causae, en grado de conato (v. fs. 338/344; arts. 40, 41, 41 quater, 42, 80 inc. 7, 166 inc. 2, párrafo segundo, Código Penal; 106, 210, 450, 454 y concs., CPP).
El señor defensor oficial de casación adjunto -doctor José María Hernández- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 349/355) el que fue declarado admisible (v. fs. 371/372).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 388/391 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 392) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa?
En caso negativo:
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Para comprender mejor la solución a la que se arribará en el presente caso, haré una reseña preliminar del derrotero procesal de la causa.
I.1. El 9 de octubre de 2007, el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Morón, condenó a Víctor Eduardo Juárez, a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo y por la intervención de menores de dieciocho años de edad en grado de tentativa, en concurso real con homicidio calificado por ser criminis causae, en grado de conato, en concurso material con el de portación no autorizada de arma de fuego de uso civil, según hechos ocurridos el 2 de marzo de 2006 (arts. 5, 9, 12, 19, 29, 40, 41, 41 quater, 42, 44, 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2, párrafo segundo y 189 bis inc. 2, párr. tercero, Cód. Penal y 371, 375, 529 y concs., CPP; v. copia de sentencia a fs. 63/86).
I.2. Ante el recurso de casación presentado por la defensa oficial, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, el 12 de marzo de 2013, en primer lugar, declaró prima facie prescripta la acción penal respecto del delito de portación no autorizada de arma de fuego de uso civil; luego, casó parcialmente la sentencia impugnada suprimiendo la agravante del art. 41 quater del Código Penal, incorporó como atenuante el buen concepto del imputado y, en definitiva, fijó la pena impuesta en nueve años y once meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 141/148 vta.).
I.3. Frente a lo allí resuelto, el Fiscal ante el Tribunal de Casación -doctor Carlos Arturo Altuve-, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 175/178 vta.). Por su parte, el señor defensor oficial en la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal solicitó se considere como circunstancia atenuante sobreviniente el tiempo que el proceso lleva en trámite revisor (v. fs. 192/193).
I.4. Esta Suprema Corte de Justicia -con fecha 14 de octubre de 2015, legajo P. 120.255- acogió favorablemente el reclamo fiscal y reimplantó al caso el art. 41 quater del Código Penal; en consecuencia, devolvió los autos a la instancia para que se gradúe la pena en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal, indicando, a su vez, que la solicitud de que sea valorada como circunstancia atenuante sobreviniente la demora en el proceso revisor, sea sometida a la instancia de origen (v. fs. 195/210).
I.5. El 29 de febrero de 2016, la Sala I del Tribunal de Casación (v. fs. 248/250) expresó hacer "operativo" lo decidido por esta Corte y, previa inclusión de la agravante del art. 41 quater del Código Penal, fijó la sanción a Víctor Eduardo Juárez en once años de prisión, accesorias legales y costas, dejando incólumes el resto de las declaraciones contenidas en la sentencia (v. fs. 249 vta.).
I.6. Contra esa decisión, se alzó el señor defensor de casación mediante un recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 253/259 vta.) denunciando la omisión de tratamiento de la cuestión sometida a análisis de la Casación mediante la memoria de fs. 192/193, reclamo que fue declarado admisible por el órgano inferior (v. fs. 266/268 vta.).
I.7. Una vez más en esta instancia -legajo P. 127.785-, el 11 de abril de 2018 esta Suprema Corte de Justicia hizo lugar a la queja de la defensa, declaró la nulidad de la sentencia obrante a fs. 248/250 y remitió las actuaciones al tribunal de origen para el dictado de un nuevo fallo abordando la cuestión preterida (v. fs. 315/318 vta.).
I.8. Radicados nuevamente los autos en el Tribunal de Casación penal, la Sala I se pronunció el 10 de diciembre de 2018 rechazando -por mayoría- el planteo efectuado oportunamente por el defensor de casación en orden a considerar como circunstancia atenuante sobreviniente la excesiva duración del proceso, y confirmó la pena de once años de prisión anteriormente impuesta (v. fs. 338/344).
II. Frente a lo resuelto por la Sala I del Tribunal, el señor defensor de casación penal dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestionando que no se haya accedido a valorar la demora del proceso como una circunstancia sobreviniente atenuante de la pena, y denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y la violación de doctrina legal de esta Corte (v. fs. 351 vta.).
En esencia, destacó que la demora en el dictado de la sentencia lo fue esencialmente debido a la propia actividad del tribunal intermedio al haber omitido pronunciarse sobre la cuestión que ahora reclama en oportunidad del reenvío dispuesto por esta Corte para fijar pena (v. fs. 352 vta.).
Solicitó se haga lugar a lo peticionado y se remitan los autos al inferior para que se incorpore la "excesiva duración del proceso" como circunstancia atenuante y, en consecuencia, se proceda a reducir la pena impuesta (v. fs. 354 vta. y 355).
III. Sentado ello, para resolver sobre la vigencia de la acción penal en la presente causa, cabe efectuar algunas consideraciones sobre dicha temática.
IV.1. Es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el sólo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722 citada; e.o.).
Y ello debe ser resuelto por esta Corte, aun en el estrecho marco de su competencia extraordinaria, cuando se encuentren verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia, a efectos de evitar la continuación de un juicio innecesario (conf. CSJN Fallos 186:396; 318:2481). Estos son: i] el transcurso del plazo pertinente -art. 62 del Código Penal-; y ii] la inexistencia de actos procesales interruptores y la no comisión de un nuevo delito -art. 67 del Código Penal-.
La ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) -vigente al momento del hecho acaecido el 2 de marzo de 2006- modificó los párrafos cuarto y quinto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo del primero de ellos la expresión "secuela del juicio", como causal interruptora de la prescripción de la acción penal, por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e").
En el régimen actual el último acto enunciado con entidad para enervar el curso de la persecución penal es "El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme" (inc. "e" cit.). De ese modo, la ley 25.990 vino a modificar sustancialmente el instituto relativo a la prescripción de la acción penal, restándole virtualidad interruptora a muchos actos que -según pacífica jurisprudencia- revestían esa entidad en la instancia recursiva (v.gr.: el llamamiento de los autos para dictar sentencia, conf. doctr. causas P. 76.237, sent. de 19-III-2003; P. 83.147, sent. de 14-IV-2004; e.o.). También, lo hizo respecto de los actos que consultaban esa aptitud en la instancia ordinaria, sea en la etapa preliminar o en la contradictoria.
A su vez, estableció en el quinto párrafo que la prescripción corre, se suspende o interrumpe "separadamente para cada delito", consagrando de manera expresa la denominada teoría del paralelismo para su cómputo en los supuestos de pluralidad de ilícitos, que en el caso concurren materialmente (ver mi voto en la causa P. 64.341, sent. de 6-VIII-2003; e.o.).
Por otro lado, esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015) conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-X-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009 y P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
IV.2. Dejando a salvo la posición señalada, recientemente se dejó de lado esa última interpretación en la causa P. 131.745, "Villafañe", sentencia de 21-VII-2020, con voto del doctor Torres al que presté mi adhesión, cuyos términos me permito reproducir en la presente en atención a su aplicación al caso.
En ese pronunciamiento se expresó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, merced al fallo dictado el 26 de diciembre de 2019 en la causa CSJ 2148/2015/RH1 "Farina, Haydée s/ homicidio culposo", por mayoría, instruyó a este Tribunal a fin de que, en lo sucesivo, adopte las medidas necesarias para que los pronunciamientos de los tribunales penales de la jurisdicción se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. "e" del Código Penal y a la doctrina sentada en su jurisprudencia sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de los arts. 18, 31, 116 y 117 de la Constitución nacional.
En lo atingente a la interpretación de la mentada norma sustantiva la Corte federal sostuvo que en el marco de incidencias provenientes del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires (causas CSJ 572/2009 [45-S]/CS1 "Salas Jara, Carlos Patricio s/ causa n° 4646", del 26 de febrero de 2013; CSJ 133/2009 [45-S]/CS1 "Squillario, Adrián Rodolfo y otros s/ defraudación especial - causa n° 267/2001", del 26 de marzo de 2013 y CSJ 1586/2005 [41-F]/CS1 "Farías, Alberto J. s/ homicidio culposo" -voto de la mayoría- del 11 de julio de 2006; e.o.), se dispuso suspender el trámite de la queja a fin de que se resolviese en orden a la vigencia de la acción penal por considerar que el último acto interruptivo de la prescripción al que se alude en el art. 67, inc. "e" del Código Penal es (únicamente) "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
En el considerando 13º, puso de relieve que la interpretación del art. 67 del Código Penal que se deja de lado se aparta de la finalidad perseguida por la sanción de la ley 25.990, modificatoria de esa disposición legal que fue la de "...darle al instituto de la interrupción de la prescripción de la acción penal, la expresión de máxima taxatividad y legalidad al enunciar cada uno de aquellos actos del procedimiento que poseen aptitud para hacer cesar su libre curso" (Fallos: 337:354, consid. 14º).
A su vez, en el considerando 14º, resaltó que el instituto de la prescripción de la acción penal tiene estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (Fallos: 272:188; 306:1688; 310:1476; 316:2063; 323:982 y 331:600, consid. 7° y sus citas; e.o.); y recordó que el derecho del imputado a ser juzgado en plazo razonable no sólo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), y, en definitiva, del principio de inocencia, sino que se encuentra también previsto expresamente en los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a la justicia (arts. 8.1., CADH y 14.3., PIDCP).
Destacó que en la causa de referencia, los pronunciamientos dictados se habían apartado de las "claras y precisas" directivas emanadas de esa Corte Suprema en las reiteradas intervenciones que le cupo en las que se había establecido que "...la única interpretación que salvaguarda el principio constitucional de legalidad en materia penal (consagrado en el art. 18 de la Norma Fundamental) es aquella según la cual se considera al dictado de la sentencia condenatoria como el último acto de interrupción de la prescripción". En ese contexto, coligió que era inherente a la función constitucional propia de ese Tribunal imponer a todos los tribunales nacionales y provinciales, la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones.
Por otra parte, en el considerando 16º dejó en claro que el tema revestía trascendencia institucional, ya que no se limitaba a una falencia de acatamiento de lo resuelto por ese Tribunal en una causa singular aislada, sino que "...la cuestión en debate [...] se proyecta a numerosas causas [...], a punto tal de generar una afectación al funcionamiento de todo un fuero (Fallos: 156:283; 317:462 y 335:2379)", y aclaró que en este caso se trataba del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires, en cuyo ámbito rige la doctrina jurisprudencial que se apoya en una interpretación extensiva del art. 67, inc. "e" del Código Penal.
En el considerando 19° se refirió a que la persistencia de la doctrina jurisprudencial contra legem en el fuero penal de la Provincia de Buenos Aires, frente a reiterados fallos de esa Corte en que se había explicitado que el dictado de la condena no firme es el único acto que interrumpe la prescripción conforme la letra del art. 67, inc. "e" del Código Penal, constituye un "...claro alzamiento por parte del tribunal a quo y los tribunales que de él dependen, contra la autoridad de este Tribunal, en su carácter de último intérprete de la ley en la República Argentina"; y que tal reticencia por parte de las autoridades judiciales provinciales para aplicar en su ejercicio jurisdiccional la doctrina constitucional sentada por esa Corte en casos como el presente, conlleva la lesión de los derechos con relación a los cuales se adoptó el criterio respectivo, la vulneración del derecho a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, y acarrea dispendio jurisdiccional y el riesgo cierto de que se dicten sentencias contradictorias.
Por tal motivo, consideró necesario instruir a esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que "...en lo sucesivo, para evitar dilaciones innecesarias como las verificadas en el extenso derrotero de las presentes actuaciones, adopte las medidas necesarias para que sus pronunciamientos y los de los tribunales penales en la jurisdicción a su cargo se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. ‘e’, del Código Penal y a la doctrina sentada en la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de diversos artículos de la Norma Fundamental del país, a saber: i) art. 18 (vigencia del principio de legalidad estricta en materia penal y su proyección sobre el derecho a la jurisdicción o de juicio previo); ii) art. 31 (vigencia del orden jerárquico establecido por la Ley Suprema de la Nación, en el caso subvertido por la prevalencia de la cuestionada interpretación de un artículo del Código Penal -que es una ley de la Nación- por sobre el mencionado art. 18 de la Norma Fundamental); y iii) arts. 116 y 117 (vigencia de la interpretación de esta Corte, como tribunal supremo de la Nación, en ‘causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución’ como son aquellas que -como la presente- tratan sobre la observancia del principio de legalidad en materia penal)".
En consecuencia, a partir de esa decisión, esta Corte debe adoptar los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Farina, Haydée s/ homicidio culposo" (conf. causa P. 131.745, cit.).
V. Sentado lo anterior, tomando en el caso como último acto interruptivo a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Morón, dictada el día 9 de octubre de 2007, hasta el presente ha transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2 con relación a los delitos tipificados en los arts. 166 inc. 2 en relación con los arts. 41 quater y 42; y 80 inc. 7 también en relación con el art. 42, todos del Código Penal, sin que hubiera actuado la causal prevista en el art. 67 inc. "a", primera parte del Código Penal, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires obrantes a fs. 408/410 y del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal que luce a fs. 412.
Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde declarar de oficio su extinción respecto del imputado Víctor Eduardo Juárez en orden a los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo y por la intervención de menores de dieciocho años de edad en grado de tentativa, y homicidio calificado por ser criminis causae en grado de conato, en concurso real entre sí (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990-, 41 quater, 42, 80 inc. 7, 166 inc. 2, párr. segundo, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la cuestión previa también por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En primer lugar he de dejar a salvo mi opinión (conf. causa P. 131.745, sent. de 21-VII-2020, "Villafañe") sobre la inteligencia que cabe asignarle al art. 67, inc. "e" del Código Penal, la que fuera vertida en los antecedentes destacados por el sufragio del señor Juez doctor Genoud al que me remito brevitatis causae.
Sin embargo, la doctrina mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sólo ha efectuado una interpretación de dicha norma sustantiva al sostener que desde el prisma de la arbitrariedad de las sentencias es la única forma posible de compatibilizar el texto legal con el principio de legalidad y el derecho de todo justiciable de que el proceso en su contra se desarrolle en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, sino que ha decidido que esa postura debe ser seguida inexorablemente po
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