Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132755
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.755, "Palacio, Jacobo Julián o Palacios, Jacobo Julián s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 88.350 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, de Lázzari, Torres.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de marzo de 2018, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Jacobo Julián Palacio contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable del delito de homicidio criminis causae cometido para facilitar y consumar el delito de robo (arts. 45 y 80 inc. 7, Cód. Penal; v. fs. 97/113 con relación a fs. 17/51).
Frente a lo así resuelto, se alzó el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Daniel Aníbal Sureda, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 118/134 vta.), que fue concedido por el tribunal intermedio por resolución del 11 de julio de 2019 (v. fs. 139/141).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 149/152 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 153), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El señor defensor oficial, en primer lugar, denunció la arbitrariedad de la sentencia casatoria por indebida fundamentación, con afectación de las garantías de la defensa en juicio -derecho a ser oído- y del debido proceso legal, de los principios de inocencia e in dubio pro reo, y del derecho al recurso (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP y 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 121).
Cuestionó el alcance brindado por el Tribunal de Casación Penal al principio de la inmediación, el que estimó desmedido y que redundó en una limitación a la revisión amplia de la sentencia de condena. Sostuvo que, si bien esa parte había cuestionado la acreditación de la autoría y solicitado la aplicación del beneficio de la duda, la revisión encarada resultó "aparente", pues sólo se procedió a un análisis formal de las constancias probatorias (v. fs. 121 vta./125).
Afirmó que la conclusión arribada por el a quo en orden a la identificación de su asistido en los eventos bajo juzgamiento no superó el test de razonabilidad, por lo que solicitó que se haga lugar al reclamo y se declare la absolución de su pupilo o, en su caso, se disponga el reenvío de las actuaciones al tribunal anterior para que -integrado con jueces hábiles- se expida de conformidad a los fines peticionados (v. fs. 126 vta./127 vta.).
I.2. Por otro lado, cuestionó el proceder sentencial del Tribunal intermedio en lo concerniente a la determinación de la pena, extremo respecto del cual -a su criterio- no se puso en marcha el cuadro de exigencias que sobre el particular se desarrolló en el precedente P. 87.172, sentencia de 3-VI-2009 de esta Corte, y alegó la inobservancia de los arts. 1, 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 1 de la Convención contra la Tortura; 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 de la ley 24.660 y 57 de la Constitución provincial (v. fs. 127 vta.).
Señaló que la posibilidad de revisión de lo decidido por el tribunal juzgador debe ser amplia (conf. CSJN, Fallo "Casal", sent. de 20-IX-2005), otorgando al procesado un nuevo juicio sobre el fallo condenatorio y la pena impuesta (conf. art. 8.2.h, CADH y caso "Herrera Ulloa c/Costa Rica" de la CIDH; v. fs. 128).
Se refirió a la reprochabilidad por el acto y destacó que el art. 80 del Código Penal afecta el principio de culpabilidad, en tanto no permite al juzgador diferenciar entre sujetos ni hechos de diversas características o envergadura (art. 16, Const. nac.). Trajo a colación el caso "Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago" de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y señaló que, para los homicidios previstos en la normativa citada, el Código "...impide al juez considerar circunstancias básicas en la determinación del grado de culpabilidad y en la individualización de la pena, pues se limita a imponer, indiscriminadamente, la misma sanción para conductas que pueden ser muy diferentes" (fs. 128 vta. y 129).
Alegó que una interpretación constitucional de la prisión perpetua prevista en el art. 80 del Código Penal, compatible con todo el ordenamiento jurídico, sería otorgarle una sanción numérica que no excediera los veinticinco años de prisión (v. fs. 129 vta. y 130).
En sustento de su postura se refirió al Estatuto de Roma ratificado por la ley 26.200, según el cual el monto máximo de pena para los delitos de genocidio y la violación reiterada e indiscriminada a los Derechos Humanos es de treinta años de prisión (v. fs. 130 y vta.).
Por último, y de no ser posible la interpretación postulada, dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 80 del Código Penal como ultima ratio a la que se debería recurrir (v. fs. 133 vta.).
II.1. El Tribunal casatorio declaró admisible el recurso de inaplicabilidad de ley conforme el auto de admisibilidad que luce a fs. 139/141.
Para decidir de ese modo, el a quo expresó: "...si bien la defensa dirigió ciertos embates a cuestionar la autoría de su asistido que involucran cuestiones de hecho, prueba y derecho común propias de los jueces de la causa, materia en principio ajena a la competencia revisora de esta Corte (art. 494 del código citado), en el caso también desarrolló distintos argumentos que encaminó hacia la obtención de la declaración de inconstitucionalidad de las normas del Código de fondo que, en esta situación concreta, posibilitaron la aplicación de la cuestionada pena con fundamento en los arts. 5, 40, 41 y 80 del C.P.; 1, 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la C.N.; 5.6 de la CADH y 10.3 del PIDCyP" (fs. 140 vta.).
II.2. El señor Procurador General, en su dictamen de fs. 149/152 vta., propuso declarar la nulidad del auto de admisibilidad y devolver las actuaciones al Tribunal de Casación Penal para que proceda a realizar un correcto análisis de los agravios del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, oportunidad en la que se debería detallar adecuadamente cuáles de los planteos "sortean los límites formales" (fs. 151).
II.3. No coincido con el señor Procurador General.
Del auto de admisibilidad se advierte que el a quo concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley respecto de los planteos que se encaminaron hacia la obtención de la inconstitucionalidad del art. 80 del Código Penal, en tanto establece la aplicación de la pena perpetua para los delitos allí previstos, no así con relación al resto de los agravios incoados por entender que ellos involucraban cuestiones de hecho, prueba y derecho común, las cuales -a su juicio y con cita del art. 494 del Código Procesal Penal- resultaban ajenas a la competencia de esta Suprema Corte.
Ahora bien, más allá de la técnica empleada y sin abrir juicio sobre el acierto o error de esa decisión, lo cierto es que de los términos empleados resulta que el Tribunal intermedio consideró admisible el agravio relacionado con la pena perpetua prevista en el art. 80 del Código Penal y con la petición de inconstitucionalidad de la misma, dejando afuera al resto de los reclamos contenidos en la impugnación por entender que resultaban materia ajena a esta instancia, y sobre ese aspecto de lo resuelto no hubo presentación alguna de la parte tendiente a su cuestionamiento, tal como resulta del informe obrante a fs. 146 de estas actuaciones.
Así entonces, en el marco de la admisibilidad declarada a fs. 139/141 y no controvertida, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no es de recibo.
III.1. En el recurso de casación la defensa oficial de Jacobo Julián Palacio formuló como único agravio la inobservancia de los arts. 1, 210 y 373 del Código Procesal Penal, que -en su opinión- habría llevado a tener por acreditada la participación de Palacio en forma arbitraria. Alegó la existencia de vicios in iudicando en la determinación de los hechos materia de juzgamiento y que la sentencia omitió dar tratamiento a los planteos sobre la prueba que -a su juicio- hubiesen permitido generar un margen de duda que obstara a la certeza necesaria para fundar una sentencia de condena (v. fs. 57/72 vta.).
III.2. En el memorial que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal, el señor defensor adjunto ante la instancia intermedia, doctor Daniel Aníbal Sureda, mantuvo expresamente los agravios del recurso de casación y añadió como un nuevo planteo la crítica a la pena de prisión perpetua impuesta a su defendido. Reclamó la aplicación de los principios de mínima intervención penal, culpabilidad, proporcionalidad y razonabilidad de la pena, y solicitó se imponga a su pupilo una sanción cercana al mínimo legal. Postuló una interpretación de la pena perpetua con un máximo de veinticinco años de prisión. Subsidiariamente, peticionó la inconstitucionalidad del art. 80 del Código Penal (v. fs. 84/91).
III.3. En lo que interesa para el caso, el Tribunal de Casación sostuvo que el nuevo motivo de agravio llevado por el señor defensor adjunto ante esa instancia, era una cuestión que no había sido incluida en el recurso originario, y por tanto "...su conocimiento se encuentra vedado [...] por no tratarse de un desarrollo de las razones que provocaran su intervención sino distinto, conforme lo dispuesto por el art. 434 y doctrina del art. 451 -último párrafo- del C.P.P. (SCBA P.58.417; P.59.379, P.75.534, P.77.329; P.78.901, P.81.725, P.83.841, P.85.039, P.89.638, P.91.185, entre otros)" (fs. 110).
No obstante advertir sobre su extemporaneidad y señalar, asimismo, que el planteo no abastecía los requisitos mínimos de fundamentación (v. esp. fs. 110), el a quo, de todos modos, ingresó en el tratamiento del agravio.
En ese contexto, tras efectuar consideraciones generales acerca de la normativa de orden constitucional y convencional que rige la ejecución de las penas privativas de libertad y su finalidad "en términos de prevención especial positiva" (fs. 110 vta.), el tribunal revisor destacó que "...la prisión perpetua aplicada a Palacio no constituye un acto cruel, inhumano ni degradante de los que prohíbe el artículo 16.1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en virtud que no se consideran tales, aquellos dolores o sufrimientos que sean consecuencia de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas", y que "...las penas a perpetuidad son admisibles en la medida que el Estado autorice una revisión periódica del encierro que sufre el condenado, de modo que -más allá del ‘nomen’- exista la posibilidad de acceder a una liberación anticipada y que en caso de denegación, la misma esté supeditada a un control regular" (fs. 111).
Agregó que en nuestro sistema jurídico "...ninguna sanción es ejecutable de por vida", ya que incluso en los casos de reclusión o prisión perpetuas está reglado el derecho a obtener libertad condicional, bajo los requisitos establecidos en el art. 13 del Código Penal.
Asimismo, ante la posibilidad de cualquier interpretación que se quiera efectuar sobre lo establecido en el art. 14 segunda parte del Código sustantivo, expresó que "...fluye con meridiana claridad que dicho extremo aparece como una cuestión eventual, hipotética y futura que no merece discusión actual, por no ser éste el momento oportuno ni configurar un perjuicio real, por prematuro" (fs. 112).
Concluyó que "...al no estar basada la concepción de la pena perpetua en un juicio de peligrosidad, sino que conciliándola bajo parámetros de readaptación y de resguardo de la dignidad del hombre, y de los principios de razonabilidad y culpabilidad que excluyen toda acepción literal del término en cuestión, las objeciones de la defensa no pueden prosperar y deben ser rechazadas" (fs. 112 vta.).
III.4. De tal modo, frente a lo llevado y lo resuelto por el Tribunal de Casación respecto de la pena de prisión perpetua, no se advierte en ello una restricción cognoscitiva en la revisión encarada por el citado tribunal a la luz del fallo "Casal" (CSJN, sent. de 20-IX-2005) citado por el recurrente, puesto que, sin perjuicio de haber señalado la extemporaneidad e insuficiencia del planteo, no obstante, lo abordó y esgrimió las razones para proceder a su rechazo.
Ante esa decisión, la parte no se encargó de impugnar todos los argumentos tenidos en cuenta para decidir de ese modo, especialmente el vinculado a que el reclamo no merecía discusión en ese momento por ser una cuestión "eventual, hipotética y futura", es decir, un planteo "prematuro". En definitiva, las críticas fueron enunciadas como una opinión discrepante a la del revisor, en una exposición que se limita a reeditar en lo sustancial los argumentos llevados en el memorial de fs. 84/91 (doctr. art. 495, CPP).
Cabe asimismo advertir que la defensa denunció el apartamiento a lo establecido por esta Corte en el precedente P. 87.172 (v. fs. 127 vta.), pero prescindió de hacerse cargo de las circunstancias sustanciales que distinguen ambos casos, de modo que el planteo es insuficiente (art. 495, CPP).
Por lo demás, el pronunciamiento se ajusta -en lo sustancial- a la doctrina legal de esta Corte en cuanto se sostuvo que el agravio no es actual, lo que se condice con lo decidido en causas P. 107.832, sentencia de 4-VI-2014; P. 118.280, sentencia de 26-III-2015 y P. 123.946, sentencia de 2-XII-2015; entre otras tantas.
De tal modo, la necesidad de fijar un límite temporal surgiría -eventualmente- al momento de serle negada la libertad, por lo que no se advierte el interés actual que motiva el agravio (art. 421, CPP).
Además, la parte no ha desarrollado argumentos que resulten suficientemente concluyentes como para justificar una decisión de tal gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico, como sería declarar la inconstitucionalidad reclamada (causas P. 100.754, sent. de 9-IV-2009; P. 99.833, sent. de 29-XII-2008; P. 100.072, sent. de 12-XI-2008; P. 109.700, sent. de 15-VI-2011; P. 128.646, sent. de 20-XI-2019; e.o.).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, de Lázzari y Torres, por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia