Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132991
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.991, "Juambelz, Silvia Elba s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 29.823 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de julio de 2019, confirmó la sentencia dictada por la titular del Juzgado Correccional n° 1 de este mismo departamento judicial que condenó a Silvia Elba Juambelz y a Darcy Elisa Hernández Quispe a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, y seis años de inhabilitación para ejercer las profesiones de farmacéutica y enfermera, respectivamente por resultar autoras responsables de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas agravadas en concurso ideal; y a Delia Esther González a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer la profesión de enfermera, con costas, por ser autora responsable del delito de lesiones culposas agravadas en concurso ideal (v. fs. 154/178 vta.).
Contra esa decisión se alzó el defensor de confianza de la coimputada Silvia Elba Juambelz - doctor Juan Ángel Di Nardo- merced al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 194/205 del legajo n° 5.874), que fue concedido en la instancia anterior (v. fs. 233/235).
Asimismo, el señor defensor oficial de Darcy Elisa Hernández Quispe y Delia Esther González articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de ambas a fs. 241/258, que fue concedido en la instancia intermedia a fs. 285/287.
Ambos recursos fueron admitidos en virtud de la arbitrariedad denunciada y habida cuenta de los agravios de pretensa índole federal que ambos contienen.
El señor Procurador General, dictaminó a fs. 296/305, aconsejando el rechazo de sendos reclamos; dictada la providencia de autos (v. fs. 306), y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 194/205?
2ª) ¿Lo es el deducido a fs. 241/258 por el señor defensor oficial?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El defensor de confianza de Silvia Elba Juambelz, doctor Juan Ángel Di Nardo, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a fs. 194/205.
En el mismo, formuló un único agravio: la vulneración del principio de culpabilidad y legalidad, de los arts. 1, 19 y 33 de la Constitución nacional; 1 de la Declaración de Derechos Humanos y 11 y 8 apartado 2 del Pacto de San José de Costa Rica.
En su desarrollo aludió a la responsabilidad objetiva como antítesis del principio de culpabilidad, a la pérdida de la condición de imparcial del juzgador y a la violación de las normas de los arts. 1, 209, 293, 338, 367 y 371 del Código Procesal Penal; 15 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional (v. fs. 196 vta. y 197).
Argumentó que durante el debate no fue posible demostrar con certeza de donde salió el lactato de calcio y por qué llegó a la sala de neonatología. En consecuencia, sostiene que para arribar a la condena se vulneraron los principios enunciados, habiéndose echado mano de la responsabilidad objetiva, avasallando de tal modo las garantías y derechos constitucionales y convencionales del Estado de Derecho.
En ese sentido, consideró que la sentencia utilizó una cadena de errores para achacar responsabilidad a todos los eslabones de la misma, imaginando que todos sus integrantes actuaron con negligencia o impericia en sus funciones. Y solo se pudo determinar con certeza -a su entender- que a los neonatos se les suministró codeína y que la misma fue producida en la farmacia. No obstante ello, se le atribuyó a cada uno de los intervinientes en el proceso un actuar negligente (v. fs. 202).
De tal modo, insistió en que las sentencias impugnadas se basaron en responsabilidad objetiva (v. fs. 202 vta.), y consideró que no es posible pensar a las figuras previstas por los arts. 84 y 94 del Código Penal, como si estuvieran concebidas en los términos del art. 95 (v. fs. 203 vta.).
Por último, con respecto a la garantía de imparcialidad, refirió que la sentencia se basó en dos testimonios interesados que aportaron conjeturas al proceso y fueron contrarios al resto del plexo probatorio (v. fs. 204 vta.).
II. A fs. 233/235 el tribunal revisor concedió el reclamo deducido al sostener que "...la defensa desarrolla una crítica concreta y razonada de la posición asumida por esta Sede, respecto a que la culpabilidad atribuida y la imposibilidad de pensar a las figuras previstas por los artículos 84 y 94 del C.P., como si estuvieran concebidas en los términos del artículo 95 del C.P. -homicidio o lesiones en riña-, criterio que denota a su juicio, arbitrariedad -aunque refiriéndose al mismo en forma indirecta- denostando además los argumentos de la sentencia que a su criterio hacen una construcción de la culpabilidad a través de conjeturas que no encuentran sustento en la prueba producida" (fs. 233 vta., el destacado me pertenece).
En tal entendimiento, sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad postulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que el tribunal intermedio concedió el reclamo (v. fs. 234 y vta.) y en ese contexto corresponde dar una respuesta a los planteos que antes expuse.
III. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del reclamo (v. fs. 296/305, esp. fs. 300 vta./301 vta.) y adelanto que coincido con su criterio.
IV.1. Para que la cuestión pueda ser mejor comprendida comenzaré por transcribir cuál ha sido el suceso por el cual se condenó a Silvia Elba Juambelz.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de La Plata confirmó el pronunciamiento dictado por la señora jueza Correccional n° 1 que tuvo por acreditado que "...el día 26 de febrero del año 2010, una enfermera del Sector Neonatología del H.I.G.A. Gral. San Martín de La Plata, acudió a la Farmacia del nosocomio para retirar medicamentos destinados a la Sección -entre ellos lactato de calcio-, conforme el requerimiento por escrito efectuado por los médicos de Neonatología. Que, ya en dicha Sección, la farmacéutica especialmente asignada para ello, debió preparar el encargo corroborando que lo entregado coincidiera con el pedido. Que, sin embargo, y con negligencia manifiesta, la profesional omitió observar los deberes de cuidado a su cargo conforme la delicada tarea encomendada, y proveyó codeína además del lactato de calcio solicitado.
Que, de otro lado, con clara negligencia, el encargo no solo fue provisto sin el contralor necesario por parte de uno de los integrantes de la Farmacia -que aún no ha sido identificado- sino que además, la enfermera que los requirió también omitió ser diligente en la sensible tarea encomendada, recibiendo los medicamentos -sin el debido control-, rubricando así por escrito su conformidad. Que ante esa falta de control tanto por parte de la Farmacéutica que aprovisionó el pedido como de la Enfermera asignada a ese fin, es que se incluyeron cápsulas de codeína junto a las de lactato de calcio, las que fueron ingresadas al Servicio de Neonatología, con el real peligro que ello implica para la salud de los neonatos.
Que, ambos fármacos fueron depositados en el office de enfermería, siendo fraccionados por la enfermera instruida para ello, en la mesada correspondiente, distinta y contigua al lugar donde es preparada la leche, sin verificar que efectivamente se tratara de lactato de calcio. Que, con grave negligencia es que entre los días 27 y 28 de febrero, la enfermera que fragmentó las cápsulas de codeína lo produjo como si se tratara de lactato de calcio, siendo suministradas a parte de los internados, lo que provocó que en esa fecha se descompensaran los tres neonatos, diagnosticándose el cuadro como 'sepsis generalizada', no obstante consignarse en la Historia Clínica la favorable evolución que cursaban.
Que, horas después se produce el fallecimiento de V. G. verificándose con posterioridad graves lesiones en las personas de J. J. S. y M. A. A. A.. Que, ante el alarmante e inexplicable cuadro, es que en horas del mediodía del día 2 de Marzo, al presentarse en el sector de fraccionamiento uno de los médicos de Neonatología -Dr. Corvi-, confirmó la presencia de un blíster de lactato de calcio con 34 cápsulas y otro de codeína con 32 cápsulas, ambos correctamente rotulados. Que, analizadas las muestras de orina tomadas a los tres pacientes, se evidenció la existencia de codeína en el organismo de los neonatos, resultado este que fue corroborado por las pericias complementarias de la Operación de Autopsia que se le practicara a V.
G." (fs. 163 y vta.).
IV.2. Ante un idéntico planteo al aquí reseñado -ver el punto I- el Tribunal de Alzada, categóricamente desechó la posibilidad de que en el caso se hubiera condenado a Juambelz en base a una responsabilidad objetiva. Por el contrario, se pronunció argumentando que el reproche jurídico penal se deducía de los elementos de cargo valorados en la sentencia y colectados en el debate (v. fs. 276 vta., punto "b").
Así, detalló que la imputada -tal como lo había reconocido expresamente en su declaración-, se encontraba a cargo de la farmacia del Hospital Interzonal General de Agudos General José de San Martín el día 26 de febrero del año 2010, y ella misma confirmó que ese día preparó varios pedidos de medicamentos para las salas de Cirugía primero y luego preparó la medicación para la sala de neonatología, y que usualmente hacía esto con los medicamentos de esta última.
En el segmento de la sentencia a la que estoy haciendo mención, la jefa de enfermería ratificó que era la farmacéutica Juambelz quien preparaba los medicamentos correspondientes a la sala de neonatología y que existía la posibilidad de que la misma tuviera acceso a la codeína. Asimismo, se valoró que fue la imputada quien firmó el preparado y quien en definitiva colocó la medicación ese día (v. fs. 277).
También la farmacéutica Laura Spagnuolo manifestó que la receta de la farmacia obrante a fs. 125 de fecha 26 de febrero de 2010 estaba firmada por Silvia Juambelz y que en esa fecha ella se encontraba preparando medicación para neo.
Finalmente se ponderó que la propia imputada, al hacer uso de la palabra al terminar el debate dijo que fue ella quien preparó la caja de medicación de la sala de neonatología.
De igual modo la sentencia revisora repasa los testimonios de otros testigos que ratificaron que Silvia Juambelz era la farmacéutica que preparaba la medicación de la sala de neo, como Oscar Alberto Riquelme y María Elizabeth Fuentes.
También los jueces de la Cámara rechazaron la crítica referida a que la jueza del caso no habría tenido en cuenta los dichos de María Ángeles Cristina Panachi, Ramona Correa, Martín Federico Guiñazú, Gisela Guillermina Journet y de Julia Ofelia Flores (testigos y personal del hospital), como así tampoco las manifestaciones de Pazos, Spagnuolo, Fuentes y Riquelme. En tal sentido adujeron que tal circunstancia no era cierta, no obstante no haber valorado la magistrada esos testimonios "como pretende el señor Defensor" (fs. 277 vta.).
La sentencia puesta en crisis tomó en consideración la exculpación expresada por Juambelz en cuanto a que la codeína y el lactato estaban en distintos lugares dentro de la farmacia "bien separados" porque la codeína "es un estupefaciente"; que ambos medicamentos eran bien identificables por la letra -grande- y el nombre de la droga, la fecha de vencimiento, como así también que la codeína era de 30 mg. y el lactato de 200 mg.
Luego de considerar las declaraciones de los testigos Pedro Beltrame -personal policial de la Dirección Departamental de Investigaciones-, quien confirmara la presencia de la codeína cercana al lactato de calcio, y de Carlos Alberto Corvi -Jefe de Neonatología al momento de los hechos- concluyó que aun cuando fuera fácticamente posible la hipótesis de la defensa referida al específico lugar en el que se encontrara la codeína dentro del sector farmacia, "...la violación al deber de cuidado se presenta como más ostensible" (fs. 277 vta.).
Por todo lo antes reseñado, concluyó el juzgador intermedio que ese día "...26 de febrero de 2010, la Sra. Silvia Elba Juambelz preparó ella misma en el sector farmacia, de manera negligente y sin observar los deberes de cuidado, la caja de medicamentos conteniendo la misma por error codeína, para ser llevada, a la sala de neonatología por una enfermera a dicho sector, donde apareció mezclada la codeína con el lactato de calcio donde a la postre la codeína fue suministrada por otra enfermera a las víctimas de autos, generando de esta manera un riesgo no permitido que trajo como consecuencia el fallecimiento del niño V. G. y las lesiones de J. J. S. y M. A. A. A." (fs. cit y 278).
V. Frente a todo ello, se advierte que las críticas del recurrente están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores - dando para ello una particular interpretación de lo sucedido- y de los elementos de convicción tenidos en cuenta, todo lo cual constituye una materia ajena a la potestad revisora de esta Corte en el marco de la vía extraordinaria intentada, sin que el recurrente tampoco logre demostrar en el proceder del revisor el compromiso de las garantías constitucionales y supranacionales que estima vulneradas (doctr. arts. 494 y 495, CPP).
De otro lado, cabe destacar que la defensa formula otras interpretaciones posibles respecto del valor de convicción de los indicios aislados, pero omite hacer un análisis conjunto de todos ellos, tal como fueran considerados por la jueza -y convalidados por el revisor- para fundar el extremo en crisis de la imputación (conf. doctr. causa P. 112.623, sent. de 6-VIII-2014 y su cita - CSJN Fallos 326:8 a contrario sensu; e.o.). Por lo demás, no se advierte que las formulaciones de la Cámara resulten arbitrarias en tanto brindó respuesta a cada uno de los argumentos de defensa de la parte recurrente y expuso las razones para confirmar la condena, según se reseñara, no desde la apreciación aislada de los diversos elementos de prueba -como lo pretende imponer la parte-, sino con una visión de conjunto (conf. entre varias, causa P. 112.623 cit.; P. 117.109, sent. de 26-X-2016 y P. 128.872, sent. de 5-XII-2018).
VI. Por último, el reclamo vinculado con un eventual avasallamiento de la imparcialidad que formula, resulta fruto de una reflexión tardía, habida cuenta que no fue llevado a conocimiento del tribunal intermedio conforme los términos del recurso de apelación obrante a fs. 86/94, por lo cual resulta inaudible en esta instancia (doctr. art. 451 y concs., CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario articulado por la defensa oficial en representación de Darcy Hernández Quispe y Delia Esther González, el señor defensor doctor Manuel Alberto Bouchoux planteó los siguientes motivos de agravio:
I.1. Violación de la garantía de incoercibilidad del imputado como órgano de prueba al incorporar elementos ilegítimos (arts. 18, Const. nac.; 8.2.g., CADH y 14.3.g., PIDCP; v. fs. 243).
Al respecto, la defensa de Darcy Hernández Quispe -tal como lo había expuesto ante la Cámara mediante el recurso de apelación oportunamente deducido- insistió en que durante el debate oral se habría producido la afectación de la garantía de incoercibilidad de su asistida como órgano de prueba, y, que tal afectación engendró un perjuicio concreto para su defendida, con fundamento en que sus efectos se propagaron hacia el veredicto y determinaron la condena de la nombrada Quispe.
Luego de reeditar el argumento sostenido tanto en juicio como en la apelación señaló que en el tramo del fallo que le interesa a esa parte (v. fs. 173/175 del legajo n° 5.874 "Incidente de apelación") el juzgador brindó un deficiente tratamiento a la alegación de esa parte, confirmando de tal modo la afectación de la garantía aludida.
Consideró que a fin de acreditar la intervención de su defendida en el hecho, el juzgador ponderó como elemento dirimente la opinión de una perito caligráfica pero que Hernández Quispe actuó engañada habida cuenta que la rúbrica obtenida -sin posibilidad de asesoramiento legal previo- produjo una flagrante y directa violación a la garantía que protege la negativa del imputado a declarar contra sí mismo, en tanto en aquel acto -declaración testimonial- se la interrogó bajo juramento sobre su participación en el hecho investigado.
Al ser interrogada y considerándosela imputada, sin notificación de sus derechos en los términos del art. 60 del ritual, entre los que cuenta que no estaba obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
En síntesis, sostuvo que la obligación de firmar el acta de fs. 271/272 (del principal) implicó obligar a Hernández Quispe a declarar contra sí misma en los términos del art. 18 de la Constitución nacional.
Solicitó por ende la nulidad de esa pieza procesal, su exclusión probatoria y la imposibilidad de acreditar el extremo de la imputación referida a que fue Darcy Hernández Quispe quien retirara el pedido realizado a la farmacia del hospital ese día 26 de febrero de 2010. I.2. Como segundo agravio planteó la violación de la garantía de defensa en juicio por afectación de la congruencia entre la acusación y el fallo con relación a Delia Esther González (arts. 18, Const. nac.; 8.2.g, CADH, y 14.3.g., PIDCP).
Consideró que la Cámara incorporó en la plataforma fáctica un rango temporal de la conducta de su defendida González por la que no venía acusada, con lo cual entiende se afectó el principio de congruencia, lo que impidió a la defensa producir prueba para discutir ese tramo de la imputación con el evidente perjuicio que implicó para González, en flagrante violación de la defensa en juicio y concretamente del principio de congruencia que surge del art. 18 invocado, correspondiendo en consecuencia, a su juicio, casar el pronunciamiento y decidir la exclusión de ese tramo de la imputación en los términos del art. 496 del Código Procesal Penal.
I.3. En tercer término, denunció la violación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ampara contra el dictado de sentencias arbitrarias, al haberse dictado -a su entender- un fallo carente de fundamentación en relación con los agravios llevados a conocimiento del Tribunal de Alzada, respecto de las coimputadas Hernández Quispe y González (v. fs. 247 vta.).
Precisó que la sentencia de la Cámara brindó fundamentos solo aparentes contrarios a las pruebas producidas en el debate y evidenció un desvío del raciocinio que descalifica el pronunciamiento como un acto jurisdiccional válido.
I.3.a. Se ocupó en primer lugar de la situación de la imputada Hernández Quispe (v. fs. 247 vta.) indicando que ya en el recurso de apelación había denunciado la violación de las reglas de valoración de la prueba y la omisión de cuestiones esenciales en el fallo de primera instancia.
Adujo que allí, tanto al decidir lo relativo a la materialidad ilícita como al resolver la participación de Hernández Quispe en los hechos bajo juzgamiento, la juzgadora originaria habría omitido el tratamiento de cuestiones esenciales y valorado absurdamente la prueba producida en el juicio.
Afirmó que, s
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