Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133138
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Julio César Paz, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.138-RC, "Paz, Julio César s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 86.166 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, de Lázzari, Torres.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de marzo de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Azul [rectius Tribunal en lo Criminal n° 1 de Tandil] que no hizo lugar al pedido de ampliar la unificación de condenas efectuado por la defensa de Julio César Paz (v. fs. 391/396).
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 407/410 vta.), el cual fue concedido por resolución del 17 de septiembre de 2019 (v. fs. 413/414 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 421/422 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 423) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial denunció que el fallo en crisis es arbitrario en tanto se basó en una "...errónea comprensión de las resoluciones anteriormente dictadas, con fundamentos que no abastecen el requisito de fundamentación de los pronunciamientos judiciales, de conformidad con la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte provincial (en contradicción con los arts. 18 y 33 de la Constitución nacional y 171 de la Constitución provincial), lo que derivó en la violación al derecho a obtener la revisión del fallo por parte de un Tribunal superior (art. 8.2.h., CADH y 14.5, PIDCyP) así como la violación del principio de legalidad" (fs. 409).
Después de transcribir parcialmente la decisión del a quo señaló que la misma contiene una fundamentación aparente que afecta las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio y a la doble instancia.
Concretamente, estimó arbitraria la interpretación recurrida en cuanto estableció que lo resuelto por el órgano de feria (15 de enero de 1997) debió prevalecer sobre el cómputo de pena efectuado el 4 de noviembre de 1997, el que había establecido que la pena en cuestión (causa 54.662/56.588) vencía el 15 de junio de 2000. En este último se apoyó la defensa para solicitar la ampliación de la unificación que le fuera denegada.
Agregó que el tribunal de feria solo había efectuado un cálculo sobre el tiempo de detención que llevaba el condenado Paz al solo efecto de resolver un habeas corpus presentado con el consecuente pedido de libertad del nombrado.
Asimismo, sostuvo que esa decisión no resultó precisamente un cómputo de pena, sino que allí solo se determinó el tiempo que aquel llevaba detenido para resolver sobre su libertad, la que efectivamente se concedió, sin que pueda sostenerse -expresó- que una decisión de ese tipo integre el proceso de ejecución de sentencia. Sostuvo que el informe que obra en copia a fs. 300 y sirvió de base al decisorio de fs. 301 -en el que se apoyó el Tribunal de Casación para dictar el fallo-, no constituyó un cómputo de pena (v. fs. 410).
Alegó que no puede sostenerse que el pronunciamiento que resolvió favorablemente el mencionado habeas corpus resulte complementario de la sentencia definitiva (v. fs. cit.).
Recordó que este Tribunal ha considerado que el cómputo de pena integra el proceso de ejecución de la sentencia, por lo que la oportunidad para cuestionar el cálculo de la prisión preventiva no es otro que la etapa de ejecución de la pena. Citó el precedente "Méndez" de la Corte federal (v. fs. cit. vta.).
Expuso que, no habiendo sido impugnado oportunamente por las partes, corresponde otorgar validez al cómputo de pena aprobado por el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 3 de Dolores el 4 de noviembre de 1997, el que estableció que la sanción impuesta en la causa n° 54.662/56.588 vencía el 15 de junio de 2000.
Afirmó que la errónea comprensión de las resoluciones dictadas previamente llevó al tribunal revisor a predicar un estado de preclusión o cosa juzgada que -en su opinión- resulta notoriamente extraño a las constancias de la causa.
Concluyó que corresponde establecer que, dado que la sentencia dictada en causa n° 12.196 lo fue por hechos cometidos el 1 de diciembre de 1997 y 11 de agosto de 1998, cuando todavía se hallaba vigente la pena impuesta en la citada causa n° 54.662/56.588 -cuyo vencimiento operaba el 15 de junio de 2000- resultó violado lo normado por el art. 58 del Código Penal.
En suma, requirió que esta Corte declare inobservado el citado art. 58 y disponga el reenvío de la causa a la instancia correspondiente a fin de que se dicte un nuevo fallo de conformidad con lo solicitado (v. fs. 410).
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso (v. dictamen de fs. 421/422 vta.).
III. De modo liminar corresponde efectuar una reseña de algunos hitos procesales que resultan de interés:
III.1.a. El 16 de octubre de 1992, el ex Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 1 de Dolores en el marco de la causa n° 54.662, condenó a Julio César Paz a la pena única de diez años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la de nueve años que se le dictara en dicha causa como coautor de los delitos de robos calificados por el uso de armas, privaciones ilegitimas de libertad y robo calificado de automotores por el uso de armas, hechos en concurso real entre sí, y de la de un año de prisión en suspenso que tramitara por el Juzgado en lo Criminal n° 1 de Azul (22 de marzo de 1989).
III.1.b. La Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Dolores, el 19 de marzo de 1993, en el expediente n° 56.588, casó parcialmente dicha decisión, condenando a Paz a la pena única de nueve años de prisión (v. fs. 290/298).
III.1.c. El 15 de enero de 1997, se hizo lugar al habeas corpus interpuesto a favor de Julio César Paz y se dispuso su libertad por haberse cumplido la pena impuesta (v. fs. 300/301).
III.1.d. A fs. 299 obra cómputo de pena de fecha 4 de noviembre de 1997, en el que estableció que la misma vencería el 15 de junio del 2000.
III.2. El 8 de septiembre de 2003 la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores (causa n° 12.196) condenó a Julio César Paz como coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por homicidio cometido el 1 de diciembre de 1997, y robo agravado por homicidio y tenencia de arma de guerra, estos últimos perpetrados el 11 de agosto de 1998; la pena única que se impuso en ese fallo, luego de la intervención del Tribunal de Casación (9 de agosto de 2007) finalmente quedó fijada en veintitrés años de prisión, con más accesorias legales, a su vez comprensiva de la sanción dictada en la causa n° 4.707 del ex Juzgado Criminal y Correccional n° 1 de Tandil de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y declaración de reincidencia por el hecho cometido en Tandil el 4 de diciembre de 1997.
III.3. En fecha 14 de octubre de 2010, en causa n° 1.325, el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Tandil condenó a Julio César Paz por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado criminis causa en grado de tentativa en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego (hechos cometidos en Tandil el 3 de junio de 2008) a la pena que, luego de su revisión en la instancia casatoria (29 de octubre de 2013), quedó fijada en veinticuatro años y seis meses de prisión.
III.4. Por otro lado, el 23 de junio de 2016, el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Tandil en incidente de unificación (causa n° 2.149) condenó a Julio César Paz a la pena única de treinta y siete años de prisión, accesorias legales del art. 12 del Código Penal, comprensiva de las impuestas en las citadas causas n° 1.325 y n° 12.196, esta a su vez comprensiva de la pena impuesta en la causa n° 4.707, también precedentemente mencionada (v. fs. 304/316 vta.).
III.5. El 16 de marzo de 2017, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal confirmó ese pronunciamiento del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Tandil, y respecto del pedido de Paz efectuado ante esa sede a los fines de que se proceda a unificar también la pena de nueve años de prisión y accesorias legales, fijada por la Cámara de Dolores en el marco de la causa n° 56.588 del Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 3 Departamental (n° 54.662 de dicho órgano colegiado) decidió remitir copias de la presente conjuntamente con el requerimiento de ampliación de la unificación para que el Tribunal a quo conjuntamente con la defensa canalicen el mismo y, de esa manera, se asegure su debido tránsito recursivo (v. fs. 334/343).
III.6. Vueltos los autos a la instancia de origen, el 14 de julio de 2017 el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Tandil no hizo lugar a la petición de unificar también la condena impuesta en la causa n° 54.662/56.588 (pena única finalmente establecida en nueve años de prisión) con las unificadas en las causas n° 12.196 y 1.325, en razón de no encontrarse vigente aquella condena al momento de la comisión de los hechos juzgados en esas últimas causas, en tanto se había resuelto su agotamiento por íntegro cumplimiento temporal (v. fs. 369/377).
Específicamente, consideró que "...el informe actuarial obrante a fs. 263/264, da cuenta del cómputo de pena practicado en la citada causa 56.588 con fecha 15 de enero de 1997, del mismo surge que al día 26 de noviembre de 1996 -firmeza de la causa-, Julio César Paz llevaba cumplido -bajo el régimen de la ley 24.390- un total de ocho años, diez meses y veinticinco días, y que la pena de nueve años de prisión impuesta se encontraba cumplida al día del cómputo" (fs. 372 vta. y 373).
Agregó que "el día 15 de enero de 1997 se decretó su libertad por cumplimiento de la pena impuesta [...]" y que era dable "...referir que se encuentra agregado a fs. 281, el cómputo de pena realizado con fecha 04 de noviembre de 1997 por el que se determina conforme el art. 24 del Código Penal, que la pena impuesta vencía el día 15 de junio de 2000. Dicho cómputo fue realizado en forma lineal, sin aplicar la normativa de la ley 24.390 que se encontraba vigente, y plenamente aplicable a los hechos de la causa de referencia, la cual sí fue considerada en el referido cómputo de fecha 15 de enero de 1997, a resultas del cual se consideró extinguida por cumplimiento la pena impuesta, disponiéndose en la misma fecha la libertad del condenado" (fs. 372).
Sentado ello, concluyó que la pretendida unificación no encuadraba en ninguno de los supuestos del art. 58 del Código Penal por cuanto al momento de cometer los hechos que determinaron la sentencia de la causa n° 12.196 (1 de diciembre de 1997 y 11 de agosto de 1998), la condena emitida en la causa n° 54.662/56.588 no se encontraba vigente por su completo agotamiento (v. fs. 374).
III.7. Frente al fallo reseñado en el ítem anterior se dedujo recurso de casación (v. fs. 3/17), y el 13 de marzo de 2018 la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal lo rechazó.
Para adoptar tal temperamento, luego de aludir a los antecedentes del caso, estimó que compartía lo resuelto por el a quo por entender que el presente no se ajusta a ninguno de los supuestos contemplados en el art. 58 del Código Penal.
Juzgó que no asistía razón a la defensa en cuanto al alegado error que atribuyó al fallo impugnado, esto es, que habría confundido la excarcelación concedida en fecha 15 de enero de 1997 con el agotamiento de la pena en cuestión. Ello tras verificar que en enero de 1997 el imputado Paz interpuso acción de habeas corpus ante el tribunal de feria, por entonces la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional de Mar del Plata, que accedió a la petición y dispuso su libertad por agotamiento de pena, luego de establecerse el tiempo de detención que llevaba cumplido y con el marco de la ley 24.390 que se estimó de aplicación al caso.
Señaló que, no obstante ello, las actuaciones dan cuenta de otro cómputo de pena de fecha 4 de noviembre de 1997 efectuado por el tribunal de origen, en el cual no se procedió a la aplicación de lo dispuesto en la mencionada ley 24.390 (v. fs. 395).
El a quo agregó: "...aquí radica la confusión, pues entiendo que este segundo acto procesal se practica desatendiendo lo proveído por la Cámara de feria en la acción de habeas corpus, en cuanto ésta aplicó la ley 24.390, realizó el cómputo y dispuso la libertad de Paz por agotamiento de pena" (fs. 395).
Sostuvo que encontrándose firme lo resuelto por la Cámara el 15 de enero de 1997, el acatamiento por el juzgado de origen de lo allí dictaminado se tornó obligatorio (v. fs. cit.). Concluyó en el rechazo del reclamo casatorio por entender que "...a la fecha de comisión del hecho que diera origen la causa n° 12.196 -1 de diciembre de 1997-, la pena impuesta en la causa n° 54.662 se encontraba agotada, no ajustándose [el caso] a ninguno de los supuestos de unificación contemplados en el art. 58 del CP..." (fs. cit.).
IV. Luego de este racconto, aun a riesgo de resultar tedioso pero que deviene imprescindible para comprender la situación traída a conocimiento de esta instancia, coincido con el dictamen de la Procuración General en que el recurso debe ser rechazado por insuficiente.
Ello en razón de que la defensa se limitó a reeditar -en lo sustancial- los agravios llevados en el recurso anterior, sin reparar idóneamente en que tanto el Tribunal en lo Criminal de Tandil como la Casación entendieron -y ello se aprecia de la copia de la decisión de fs. 300/301- que al resolverse el habeas corpus deducido no se dispuso la excarcelación de Julio César Paz sino, en rigor, su libertad por agotamiento de pena (con cita del art. 24 del Código Penal y de la ley 24.390 que se reputó aplicable al caso).
Más allá del acierto o error de esa interpretación y, por otra parte, de la ausencia de valoración de la ley 24.390 en el cómputo de fs. 299 y vta., lo cierto es que el recurrente no controvirtió el argumento central esgrimido en el fallo en crisis, esto es, que en la decisión que accedió a la petición de habeas corpus explícitamente se dispuso la libertad por agotamiento de la pena recaída en la causa n° 54.662, encontrándose incluso glosada el acta de libertad del mencionado Paz en los términos antedichos.
Esa fundamentación no fue objeto de un ataque idóneo por parte del recurrente, quien se limitó a reiterar que en el habeas corpus se concedió la libertad en base al cálculo del tiempo de detención que el mismo llevaba cumplido hasta ese momento, pero sin explicar -para de tal modo intentar desvirtuar el razonamiento expuesto por las instancias anteriores- cómo resulta legalmente impuesto que la sanción que se tuvo por agotada, en oportunidad de disponerse la libertad de Paz, luego deba ser considerada a los fines de proceder a la unificación en los términos del art. 58 del Código Penal, teniendo en especial consideración para ello lo argumentado en torno a que los hechos ‘nuevos’, a los que refiere el reclamo de la defensa, fueron cometidos en diciembre de 1997 y agosto de 1998, es decir en fecha posterior a aquella en la que se estableció el agotamiento de la pena anterior (15 de enero de 1997).
IV.1. En este contexto, como se dijo, las alegaciones de la defensa se muestran insuficientes como para demostrar la arbitrariedad endilgada al fallo de la Casación.
Al respecto, cabe recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado (conf. CSJN, Fallos: 310:234). Y más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no logró poner en evidencia vicios de tal magnitud.
En definitiva, los cuestionamientos de la defensa no pasan de ser una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo opuesto a su pretensión. Y como es sabido, el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014 y P. 117.680, resol. de 26-III-2014).
Luego, la denuncia de afectación de las garantías constitucionales aludidas se formalizó, en su cariz federal, de manera genérica al no referirse concretamente a las constancias de la causa y no demostrar su conexión con la materia del pleito.
IV.2. Tales falencias impiden el progreso del agravio y, por tanto, el recurso debe ser rechazado por insuficiente (doctr. art. 495, CPP).
V. Por lo demás, en el marco de conocimiento traído a esta instancia, no es preciso que formule ninguna apreciación en torno de las interpretaciones que en estas actuaciones se efectuaron sobre el art. 55 del Código Penal en su versión anterior a la reforma de la ley 25.928.
Por ello, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Conforme los antecedentes reseñados en detalle por el ponente, coincido en que el recurrente no ha cuestionado debidamente lo argumentado por el Tribunal de Casación Penal en cuanto señaló que la libertad le fue otorgada oportunamente al imputado por agotamiento de la pena que pretende unificar -causa n° 54.662/56.588-.
En tal sentido, en el desarrollo de su recurso el impugnante no se hizo cargo de tal extremo para rebatirlo y dar sus razones en pos de la pretendida unificación, sino que se limitó a reiterar los mismos planteos realizados en la anterior instancia y dirigir sus embates a otros aspectos del fallo, eludiendo así el fundamental y mentando solamente una supuesta falta de fundamentación del mismo que no pudo demostrar. Por ello su técnica recursiva es insuficiente y sella la suerte adversa de su recurso.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Julio César Paz, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia