Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133252
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.252, "Báez Sequeira, Víctor Mariano s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 91.464 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, de Lázzari, Torres.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de abril de 2019, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín, que condenó a Víctor Mariano Báez Sequeira a la pena única de treinta y un años y seis meses de prisión, manteniendo su carácter de reincidente, comprensiva de las siguientes condenas: 1) en causa n° 582 del Tribunal Oral de Menores n° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se lo condenó a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas en orden a los delitos de robo agravado por su comisión con arma en grado de tentativa y robo agravado por su comisión con arma y tenencia ilegal de arma de guerra, todos en concurso real, y en definitiva a la pena única de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la anterior y de la de tres años de prisión pronunciada por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 7 en la causa n° 436; 2) en causa n° 34.192 de la mencionada Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, le impusieron una pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas en orden a los delitos de robo seguido de homicidio, en grado de tentativa, en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra; 3) en causa n° 2.440 del Tribunal Oral Criminal Federal n° 1 de San Martín, lo condenaron a la pena de cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, con más declaración de reincidencia, por resultar coautor responsable de los delitos de resistencia a la autoridad en concurso ideal con tenencia ilegal de armas de guerra y tenencia ilegal de explosivos, en concurso ideal entre sí, y en concurso material con falsificación de documento público en carácter de partícipe necesario; y 4) en causa n° 14.132, el Tribunal Oral Criminal n° 2 de San Isidro, lo condenó a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas por ser responsable en carácter de coautor del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, y autor de los delitos de tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal y resistencia a la autoridad (v. fs. 60/65 con relación a fs. 10/14 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 77/83 vta.) que fue concedido merced a la resolución de fs. 85/86 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 91/93), dictada la providencia de autos a fs. 95 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal intermedio denunció la violación al art. 55 del Código Penal por haber resuelto el tribunal revisor que el máximo de la pena privativa de la libertad prevista por la ley aplicable al caso resulta ser de treinta y siete años y seis meses de prisión, al aplicar los arts. 79 y 227 ter del digesto sustantivo (v. fs. 79 vta.).
Sostuvo que la interpretación efectuada respecto de la última norma (art. 227 ter, ley 23.077) que le permitió aumentar el tope punitivo a treinta y siete años y seis meses de prisión, resulta contraria a los principios de legalidad, racionalidad y proporcionalidad mínima de la pena, subvirtiendo la sistemática del Código, al convertir a la reclusión y prisión perpetuas en una penalidad de menor gravedad que las penas privativas de libertad divisibles en razón del tiempo, transgrediendo lo normado en los arts. 5, 6 y 57, lo que -según su mirada- contraría a la lógica diferencia cuantitativa que existe entre una y otra categoría punitiva (v. fs. 80).
Resaltó que, de un análisis teleológico sistemático de la ley, se advierte que la voluntad del legislador al sancionar el art. 227 ter del Código Penal, no fue la de elevar la pena máxima privativa de la libertad en un monto que supere los veinticinco años, como sí consideró el Tribunal intermedio al resolver el recurso, y se desentendió de interpretar la nueva ley en armonía con el cuerpo normativo al que se incorpora, dado que no se ocupó de abordar las graves incongruencias que genera en la sistemática del Código Penal, la interpretación adoptada claramente afecta la armonía entre las sanciones previstas y varios institutos penales (según su regulación al momento de los hechos), de un modo claramente irrazonable (v. fs. 81).
En esa tarea, señaló que, en el caso de la libertad condicional, que conforme el art. 13 del Código Penal podrá concederse para los condenados a reclusión o prisión perpetua a los veinte años, a los condenados a una pena temporal de treinta y siete años y seis meses de prisión o reclusión les correspondería una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena, esto es, a los veinticinco años. Asimismo, puso de manifiesto dicha contrariedad al considerar que un penado a reclusión o prisión perpetua recupere su libertad antes que a quien se le hubiera impuesto una pena privativa de libertad divisible (v. fs. cit.).
Agregó que también resultaría modificada la escala penal de la tentativa que disminuye la pena para los delitos que prevén reclusión perpetua de quince a veinte años y para los de prisión perpetua de diez a quince años, "...sanciones que resultarían inferiores a la de veinticinco años que resulta de la reducción de un tercio, del monto punitivo de treinta y siete años y seis meses, conforme el criterio de disminución de la pena de la tentativa consagrado por esa Suprema Corte" (fs. 81 vta.).
A ello, sumó las penas aplicables a las reglas de la participación (art. 46, Cód. Penal), pues un cómplice secundario sancionado con prisión o reclusión perpetuas cargaría con una pena inferior que el que padeciera una pena temporal divisible. Finalmente, explicó que algo similar se verifica con la estructura de las penas de inhabilitación absoluta perpetua e inhabilitación especial perpetua (v. fs. 81 vta. y 82).
En definitiva, señaló que los defectos hermenéuticos que exhibe la interpretación efectuada en la sentencia impugnada, lo llevaba a sostener que lo normado por el art. 227 ter del Código Penal resultaba aplicable a las escalas penales que no llegan a veinticinco años, por constituir lo allí normado una agravante genérica, dado que no tipifica ninguna conducta ni conmina su correspondiente pena, lo que evidencia que se encuentra erróneamente ubicada en la parte especial del digesto sustantivo, "...defecto que no le quita su naturaleza de norma general y que acota su ámbito de aplicación a los delitos del título en el que se encuentra inserta" (fs. 82 vta.).
Por todo ello, consideró que el máximo de la pena privativa de la libertad divisible debía ser establecido en veinticinco años, dado que las penas perpetuas, por estar reservadas a los delitos más aberrantes, debían necesariamente resultar más graves que las temporales. De ahí que lo resuelto en sentido contrario por el Tribunal de Casación, atentaba contra el principio de proporcionalidad de las penas y de razonabilidad (art. 28, Const. nac.; v. fs. cit.).
En consecuencia, solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto, se case la sentencia recurrida y se establezca que el monto punitivo máximo de prisión que podía imponerse a Báez Sequeira resulta ser de veinticinco años de prisión, por aplicación de lo normado por los arts. 55, 58 y 79 del Código de fondo.
II. Al igual que el señor Procurador General estimo que la impugnación deducida debe ser rechazada (v. fs. 91/93).
III. En lo que aquí interesa, el Tribunal de Casación Penal coincidió con el Tribunal de Alzada al contestar el planteo sobre la sucesión de leyes y compartió las razones expuestas por aquél. En ese sentido, sostuvo que en la resolución en crisis se señaló que: "...el art. 55 del CP -en su anterior redacción-, al que inexorablemente nos remite el texto del art. 58 del mismo cuerpo legal, si bien no establecía con precisión cuál era el ‘quantum’ máximo de las penas privativas de libertad, remitía a las figuras previstas en la parte especial del Código de Fondo, siendo que históricamente ese límite, para las penas divisibles era de veinticinco años, aunque nada impedía que, de producirse alguna modificación respecto de esa especie de pena, variara también dicho monto tanto en lo referido al concurso de delitos como para la unificación de penas" (fs. 62). A continuación se explicaron las razones que daban cuenta que el máximo de la escala penal aplicable en el caso es de treinta y siete años y seis meses de prisión, y no veinticinco como pretendía el condenado: "...no resulta contrario al derecho imponer una pena única dentro de los límites establecidos por la ley, más aún si encuentra fundamento en la agravante genérica prevista en el primer párrafo del art. 277 ter del CP, que aumenta en un medio el máximo de pena de cualquier delito cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, elevándose así ese aquel primigenio tope de veinticinco años, antes enunciado a los treinta y siete años y seis meses de prisión" (fs. 62 y vta.).
IV.1. Frente a lo resuelto por el revisor, la impugnación no ha sido articulada con la suficiencia y la carga técnica necesaria para evidenciar su pretensión (art. 495, CPP).
El impugnante asienta su planteo en que el art. 227 ter del Código Penal solo resulta aplicable a las escalas penales de aquellos delitos que no superan los veinticinco años de pena privativa de la libertad, y considera que se trata de una agravante genérica que ha sido mal ubicada en el Código sustantivo (v. fs. 82 vta.), sin aportar mayor desarrollo argumental ni legal que acompañe esta inteligencia.
Esas consideraciones volcadas en su presentación ante esta instancia dejan al descubierto que la respuesta del Tribunal de Casación compartiendo lo decidido por el de Alzada, fue desatendida por la defensa quien insiste con la tesis contraria sin justificar que el examen de Casación haya importado un menoscabo a los principios de proporcionalidad y razonabilidad que invoca (v. fs. 82 vta.; art. 495, CPP).
IV.2. El razonamiento consistente en que con el criterio aplicado en primera instancia se transformaría a la reclusión o prisión perpetuas en una punición de "menor gravedad" que las penas divisibles en razón del tiempo, no es consistente. Para entender ello, el recurrente afirma que un condenado a prisión perpetua solo cumpliría intramuros veinte años de prisión (conf. art. 13 Cód. Penal -redacción anterior ley 25.892-). Sin embargo, con ese monto solo se cumpliría uno de los requisitos (el temporal), empero el acceso efectivo a la libertad será una contingencia dependiente del cumplimiento de otros recaudos.
En rigor las penas perpetuas, a diferencia de las temporales, se caracterizan por ser aplicables a hechos tan graves que no admiten atenuantes. Por tal razón no exigen ningún esfuerzo argumental adicional para su determinación: son penas fijas y absolutas, que en nuestro sistema pueden ser de prisión perpetua, o la más onerosa de reclusión perpetua, y a su vez se permite su aplicación conjuntamente con la pena de reclusión por tiempo indeterminado (art. 52 en función del art. 80 primer párrafo, Cód. Penal).
Aun cuando estas no son "para siempre" -en tanto el propio código y la ley de ejecución penal establecen las condiciones para su ingreso al régimen de progresividad, permitiendo su preparación para la recuperación de la libertad-, son más graves que las divisibles pues a diferencia de estas, las absolutas no tienen a priori fecha concreta de vencimiento. Ello se aprecia a través del art. 16 del Código Penal que establece que su extinción solo se concretará a los cinco años de concedida la libertad condicional no revocada.
IV.3. En lo que hace a las inconsistencias que se generarían con algunos institutos de la parte general (v. fs. 81/82), la defensa trae las críticas que la doctrina usualmente identifica, pero no se explica cuál sería la afectación puntual en el caso en concreto (conf., art. 495, CPP). Pues de las asimetrías que le achaca a la interpretación legal que cuestiona, la única que podría tener alguna relevancia práctica para su asistido es aquella por la cual postula que, a los fines de acceder a la libertad condicional, un condenado a una pena divisible superior a veinticinco años de prisión debe sufrir un encierro mayor que el que requiere un penado a prisión perpetua (v. fs. 81; conf. causa P. 116.101, sent. de 12-III-2014).
Teniendo en cuenta la calidad de reincidente que detenta su pupilo y que en principio se levantaría como un impedimento legal (conf. art. 14, Cód. Penal) con relación al acceso a ese beneficio, ningún desarrollo hace a su favor.
IV.4. Por otro lado, el límite de veinticinco años que el recurrente sostiene debe regir en el caso, no ha sido expresamente avalado por el legislador (conf. causa P. 107.756, sent. de 4-V-2016).
IV.5. Por otro lado, el postulado de la defensa según el cual la interpretación del Tribunal de Casación transgrede el principio de legalidad (v. fs. 80) tampoco es de recibo, en tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de expedirse desestimando planteos que objetaban -desde el prisma constitucional- una postura similar a la asumida aquí por el impugnante.
Efectivamente, el cimero tribunal sostuvo que: "...el propio art. 55 -en la redacción que aquí interesa- exige al intérprete indagar en la parte especial a fin de establecer el máximo legal previsto para la especie de pena de que se trate", agregando que por sí misma, "...esta sola circunstancia no basta para considerar violado el mandato de certeza (art. 18 de la Constitución Nacional), toda vez que el establecer los alcances y matices de los textos legales frente al caso concreto constituye una característica propia de la tarea de aplicación del derecho" (del fallo "Estévez", sent. de 8-VI-2010; conf., en el sentido indicado, lo resuelto por esta Corte en los precedentes P. 127.708, sent. de 13-XII-2013 y P. 116.101, sent. de 12-III-2014).
IV.6. Finalmente cabe resaltar la evolución legislativa posterior a la ley 23.077 la que también da cuenta de superar el límite máximo de punibilidad que pretende el impugnante para el caso en análisis.
Como lo expusiera mi colega el doctor Daniel Soria al votar en P. 131.026 (sent. de 18-V-2020), esta Corte -al examinar la posibilidad de aplicar la agravante genérica de los arts. 41 bis (ley 25.297, B.O. de 22-IX-2000) o 41 quáter (ley 25.767, B.O. de 01-IX-2003)-, admitió una escala penal que podía sobrepasar el tope de veinticinco años (conf. causa P. 102.647, sent. de 19-VIII-2009; P. 110.202, sent. de 27-IV-2011; P. 109.090, sent. de 17-VIII-2011; P. 110.556, sent. de 21-XII-2011; P. 103.713, sent. de 27-VI-2012; e.o.); misma posibilidad que se adoptó respecto del delito complejo captado por el art. 165 del Código Penal (ver, por todos, P. 111.421, sent. de 18-VI-2014).
Ello puso de relieve, que la legislación posterior a la ley 23.077 no reconoció el límite de pena temporal anclado en veinticinco años, porque mucho antes de que el máximo total aplicable duplicara ese registro (conf. actual redacción del art. 55, Cód. Penal, según texto ley 25.928), el legislador había ya habilitado un monto de pena mayor al referido guarismo, al adicionarle un tercio incluso para un único hecho de homicidio (art. 79) o robo con homicidio (art. 165). Y esto es así dado que aquel, a cuyo cargo se encuentra el diseño de la política criminal puede modificar en cualquier momento las escalas penales según lo estime conveniente, en función de determinado interés (conf. mutatis mutandis, P.131.026 cit.).
Se concluyó en el fallo citado que esto hablaba "...en favor de la postura que interpreta que el máximo de las penas temporales de prisión a que alude el mentado art. 55 del Código Penal se enlaza con la escala del art. 227 ter, pues si el legislador autorizó el aumento en un tercio por sobre el máximo de veinticinco años es porque ‘el máximo de la especie de pena de que se trate’, en esta posible lectura, ya lo desbordaba".
Por todos los argumentos expuestos, es que voto por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos que la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Coincido con lo señalado por mi distinguida colega ponente y adhiero en lo pertinente a los fundamentos de su voto, en tanto el planteamiento realizado por el recurrente se muestra insuficiente para rebatir eficazmente el desarrollo argumentativo efectuado por el a quo.
En rigor, el recurrente opuso una de las interpretaciones dogmáticas posibles en la materia, sin conmover ni revertir la fundamentación esencial expresada por el Tribunal al pronunciarse sobre el tema. La hermenéutica escogida por la defensa, incluso ha sido abandonada por el texto expreso del Código Penal, obedeciendo a un criterio de política criminal diverso al postulado por el defensor, en cuanto la Ley 25.928 (vigente desde el 10 de septiembre de 2004) fijó en cincuenta años de reclusión o prisión el límite máximo para delitos reprimidos con la misma especie de pena, en los supuestos de concurso real.
Por lo tanto, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos que la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia