Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133316
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Brian Raúl Ezequiel Maldonado, con costas (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.316, "Maldonado Brian Raúl Ezequiel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 92.512 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 2 de mayo de 2019, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, que condenó a Brian Raúl Ezequiel Maldonado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como autor responsable del delito de homicidio criminis causa (arts. 45 y 80 inc. 7, Cód. Penal; v. fs. 80/87 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia intermedia, doctor Nicolás Agustín Blanco, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor del imputado (v. fs. 93/104), que fue concedido parcialmente por la Sala interviniente (v. fs. 106/110). Surge del informe obrante a fs. 125 que la defensa no interpuso queja contra la parcela del auto que declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 133/136), dictada la providencia de autos (v. fs. 138) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La defensa denunció la errónea revisión de la sentencia de condena, violación a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana (art. 1, Const. nac.) y del derecho de defensa (art. 18 y concs., Const. nac.), violación a la presunción de inocencia y al principio del in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac.; 8.2. "h", CADH y 14.2, PIDCP; v. fs. 95).
Citó en apoyo de su postura los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal" y "Martínez Areco", así como también el caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 95 vta./101 vta.).
I.2. En segundo término, se quejó de la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal toda vez que, en su opinión, no se encuentra acreditada la ultrafinalidad consistente en matar para consumar el despojo, o bien para procurar la impunidad (v. fs. 101 vta. y 102).
Adujo que el análisis de la prueba llevado a cabo por los tribunales intervinientes arroja una hipótesis sobre cómo ocurrieron los hechos pero no logra comprobarla de ningún modo ni permite descartar otras posibilidades que conducen a calificaciones legales más benignas (por ejemplo, que quien dio muerte a la víctima solo perseguía ese fin pero aprovechó la ocasión para sustraer objetos de valor; o bien que dicha sustracción se realizó a los fines de despistar la investigación; v. fs. 102/103).
Afirmó que ni la sentencia de primera instancia ni la dictada por el Tribunal de Casación logran acreditar que la sustracción del dinero o los bienes faltantes en el domicilio de Ortiz "...haya sido el motivo que indujo al autor del hecho a actuar, es decir, no se probó que el homicidio haya sido cometido para facilitar un robo o procurar la impunidad de su autor" (fs. 103).
Concluyó que por no haberse podido probar ninguna de las ultrafinalidades previstas en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, a fin de no violentar el principio in dubio pro reo, la conducta desplegada por el imputado debe ser calificada como un homicidio simple (art. 79, Cód. Penal).
Solicitó se case el fallo atacado, se declare erróneamente aplicada la figura del art. 80 inc. 7 e inobservado el art. 79, ambos del Código Penal, y se disponga el reenvío de las actuaciones al a quo a fin de fijar pena conforme la calificación legal reclamada (v. fs. 103 vta.).
II. El dictamen de la Procuración aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 133/136).
Cabe aclarar que el auto que admitió la vía de inaplicabilidad de ley solo lo hizo por la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, por lo cual con esos lindes serán abordados los agravios.
III. El recurso no prospera.
III.1. Las instancias anteriores tuvieron por demostrado que "...entre las 21:30 hs. del día 13 de diciembre y las 00:15 hs. del día 14 de diciembre de 2016, el aquí imputado, ingresó sin ejercer violencia y previo aflojar la lamparita de la puerta de acceso, a la vivienda de la calle Libertad nro. 3121 de la localidad de El Talar, partido de Tigre, con el fin de apoderarse ilícitamente de dinero y bienes allí existentes, a sabiendas que se encontraba solo en su interior la víctima Benancio Ortiz de 86 años de edad; y tras apoderarse de una suma cercana a los $4.500/$5.000, aproximadamente, producto de la jubilación cobrada el día anterior y dos pares de zapatillas, le dio muerte con inusitada violencia mediante la utilización de armas blancas -tipo cuchillo- con el fin de concretar su plan delictivo y lograr la impunidad, pues el anciano lo conocía" (fs. 82 y vta.).
III.2. El Tribunal de Casación Penal convalidó las conclusiones de su antecesor sobre la materialidad ilícita y la autoría del acusado, en la inteligencia de que ambas encontraban respaldo suficiente en el plexo probatorio ponderado en la sentencia de juicio, con especial énfasis en la prueba indiciaria, la obtención de la huella dígito pulgar derecha del imputado en la lamparita exterior de la cocina del domicilio de Ortiz, las declaraciones testimoniales brindadas por el subcomisario Diego José Luis Franco, la de Marcela Mariana Ortiz (hija de la víctima), de Cristian Nahuel Trujillo y Estefanía Noemí Trujillo, quienes afirmaron que Maldonado conocía tanto la disposición interna como los movimientos de la casa, pues existió una relación previa con el fallecido.
Contrariamente a lo afirmado por la defensa, que pretendía excluir la aplicación de la figura penal contenida en el art. 80 inc. 7 del Código Penal por no haberse verificado el dolo homicida ni la ultrafinalidad requerida, indicó que "El elemento subjetivo del tipo está definido por el juzgador al dar tratamiento al veredicto, apoyándose así en el plexo de cargo que evidencia claramente la voluntad de matar para consumar el desapoderamiento e, inclusive, procurar su impunidad. Y ello no merece el más mínimo reparo" (fs. 85 vta.).
Indicó que "Si bien la figura del art. 80 inc. 7 del C.P. requiere una necesaria vinculación subjetiva con otro delito, la preordenación no es indispensable, pudiendo surgir el designio motivante de la conducta sin una previa reflexión, como decisión adoptada en el curso de la ejecución del hecho, tal como sucedió en el 'sub lite', el homicidio se comete frente al seguro intento de Ortiz de resistir el atraco y a efectos de procurar la impunidad del robo, puesto que víctima y victimario se conocían" (fs. 85 vta.).
Advirtió en el autor el designio de matar para facilitar el otro hecho que devino conexo y lograr su impunidad.
Afirmó que si bien en un primer momento la finalidad del imputado fue el apoderamiento del dinero que tenía la víctima, posteriormente "...se presentó en su psiquis la clara intención de dar muerte a Ortiz como único medio necesario o conveniente para poder consumar sin obstáculo alguno el despojo y así poder procurar su impunidad, desde que la víctima [lo] conocía [...] y podía denunciarlo" (fs. 86).
Coincidió con el juzgador en que ello se vio corroborado "...con claros indicios de presencia y oportunidad, que en conjunción con el resto de la prueba permiten inferir el propósito homicida, planificado, deliberado y preordenado a asegurar el desapoderamiento del anciano y la impunidad" (fs. cit.).
Aludió a la cantidad de lesiones punzo cortantes que se encontraron en el cuerpo del difunto (catorce) que "...ilustran [...] un ataque salvaje y decidido a eliminarlo" (fs. cit.)
Aseveró que "...apuñalar en zonas vitales -y no solo una vez, sino catorce veces- no puede representar en una persona otra cosa que no sea su segura muerte; es decir, se configura el consentimiento que el sujeto activo asume de antemano en cuanto al probable daño, amén de demostrar el certero menosprecio por la vida humana que caracteriza la figura contenida en la primera parte del inc. 7° del art. 80 del Código Penal" (fs. 86 y vta.).
IV. Ahora bien, los desarrollos formulados en la impugnación que aquí se examina resultan infructuosos a los fines de descartar la calificación establecida en los cánones del art. 80 inc. 7 del Código Penal, en tanto el fallo, con sustento en las circunstancias comprobadas de la causa que fueron reseñadas, consideró acreditado que el imputado actuó con dolo de matar, al apuñalar en catorce oportunidades a la víctima, para así lograr el desapoderamiento ilegítimo pretendido y su impunidad.
La Casación confirmó el pronunciamiento de origen en el cual se estableció que surgen "...claros indicios de presencia y oportunidad, mala justificación y capacidad delictiva, que en conjunción con el resto de la prueba producida e incorporada con la conformidad de las partes permiten inferir su participación y el propósito homicida, planificado, deliberado y preordenado" para asegurar el desapoderamiento y su impunidad. Aunado a la cantidad de lesiones punzo cortantes que se establecieron en la humanidad de Ortiz, en un contexto de desorden y destrozo -que ilustran las fotografías incorporadas por exhibición-, indicativos de la violencia inusitada del despojo y la lucha para darle muerte (v. fs. 27 y vta.).
A ello agregó que, de acuerdo a las evidencias, el acusado no vaciló frente a la débil resistencia de la víctima octogenaria, ni tampoco frente a su fragilidad -que admitió en la audiencia conocer- y con toda firmeza y determinación le infirió catorce puñaladas que sesgaron su vida, tras lo cual se descartó de los cuchillos y "...huyó saltando por los techos de Ceferina con el botín, la jubilación de Benancio y dos pares de zapatillas de mujer" (fs. 27 vta.).
Con base en esos hechos quedó establecido que el accionar de Brian Raúl Ezequiel Maldonado fue para concretar el desapoderamiento y lograr la impunidad; y frente a ello el recurrente propone hipótesis fácticas fundadas en su particular valoración de la prueba sin desacreditar las razones dadas para confirmar que en el caso se halló justificado el dolo requerido y la ultrafinalidad subjetiva propia del homicidio calificado criminis causa, con lo cual la petición de que se declare mal aplicada la calificación legal, por insuficiente, no prospera (art. 495, CPP).
Respecto del derecho de fondo invocado, es doctrina de esta Corte que para que resulte aplicable la figura del inc. 7 del art. 80 del Código Penal "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito", es decir, que exija una especie de preordenación (conf. causas P. 100.416, sent. de 12-III-2008; P. 101.265, sent. de 30-III-2011; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 98.240, sent. de 14-XI-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 116.777, sent. de 8-VII-2014; P. 114.997, sent. de 10-XII-2014; P. 120.850, sent. de 9-IX-2015; e.o.).
Conforme lo expuesto, el requisito típico se tuvo por debidamente acreditado, sin que la parte logre conmover los argumentos brindados, aunque adversos a su pretensión (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Brian Raúl Ezequiel Maldonado, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia