Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131287
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.287, "Adam, Omar Enrique s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 30.720 de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata, merced al pronunciamiento dictado el 14 de agosto de 2014, hizo lugar al remedio de la especialidad interpuesto por el apoderado del particular damnificado contra la decisión del Juzgado en lo Correccional n° 5 departamental que había dictado veredicto absolutorio respecto de Omar Enrique Adam en orden a los delitos de falsificación de documento privado y estafa en concurso ideal. En consecuencia, revocó tal decisión, condenando al nombrado por los delitos antedichos y dispuso la remisión a la instancia de origen a fin de que, con arreglo a lo resuelto, se efectúe el procedimiento indicado para la correcta individualización de la pena a imponer (arts. 54, 172 y 292, Cód. penal; v. fs. 458/466 vta.).
En lo que aquí interesa destacar, el Juzgado en lo Correccional n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, el 3 de febrero de 2015 -en cumplimiento con lo ordenado por la aludida Sala II a fs. 503/505 vta.- resolvió condenar a Omar Enrique Adam a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y costas, por resultar autor de los delitos de falsificación de documento privado y estafa en concurso ideal más la imposición -por el término de dos años- de las siguientes reglas de conducta: fijar residencia en el territorio de la provincia de Buenos Aires y someterse al control del Patronato de Liberados (v. fs. 521/523).
Dicho temperamento fue confirmado por la Sala II de la Cámara departamental al desestimar el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular, doctor Gustavo Adolfo Marceillac (v. fs. 534/540 -recurso- y 543/547 vta. -sentencia-).
Contra ello, el mencionado defensor dedujo ante el propio órgano intermedio -atento la reforma operada por la ley 14.647- las vías previstas en los arts. 491 y 494 del ordenamiento adjetivo (v. fs. 647/665), que fueron concedidas por la Cámara a fs. 666/669 vta. y elevados a esta Corte llevando el registro P. 126.811-RC (v. fs. 687/688).
Esta Suprema Corte, por aplicación del mecanismo revisor sentado in re "Carrascosa" (P. 108.199, resol. de 24-VI-2015), dispuso remitir la causa a la Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata para que desinsacule los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala que, de acuerdo a los lineamientos trazados en dicha resolución, efectúen la revisión integral de la sentencia de condena (v. fs. 698/700 vta.).
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental -mediante el fallo del 27 de marzo de 2018- confirmó en su integridad y en cuanto fuera objeto de recurso la sentencia condenatoria pronunciada por la Sala II de esa misma Cámara a fs. 458/466 vta. y 543/547 vta. (v. fs. 741/748).
Contra este último pronunciamiento, el señor defensor particular del procesado, doctor Gustavo Adolfo Marceillac, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 768/787 vta.), siendo concedido el mismo por el a quo (v. resol. de fs. 799/801).
Este Tribunal declaró la nulidad de la resolución por la que se concedió tal vía extraordinaria y devolvió las actuaciones al Tribunal de Alzada para el dictado de una nueva decisión sobre el punto –causa P. 131.287- (v. fs. 813/815).
En función de lo así decidido, el 12 de junio de 2019, la aludida Sala I declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular por contener planteos de pretensa índole federal (v. fs. 822/824 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 840/848), dictada la providencia de autos (v. fs. 849), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Liminarmente, cabe señalar que conforme lo decidido en la resolución de admisibilidad reseñada en los antecedentes, solo se dará respuesta a los puntuales reclamos que han justificado la apertura de esta instancia extraordinaria (v. fs. 822/824 vta.).
II.1.a. En primer término, la defensa particular denunció la introducción y aceptación ilegal de prueba durante la etapa recursiva (v. fs. 772).
Explicó que contra la sentencia absolutoria dictada por el juez de juicio (v. fs. 394/401), el particular damnificado se valió de la vía recursiva intentada "...para introducir solapadamente prueba documental en el proceso..." en violación de los arts. 434 y 457 del Código Procesal Penal (v. fs. 772 y vta.). Destacó que lo más grave fue que la Cámara la receptó sin informar a la defensa de su existencia y fijó una audiencia oral, que no pudo controlar, refutar, ni alegar sobre la misma, la cual fue considerada indirectamente a fin de revocar la absolución dispuesta en sede originaria (v. fs. 772 vta.).
Continuó refiriendo que la Sala I llamada a intervenir en garantía de la revisión amplia, pese a reconocer todo lo expuesto por la defensa, rechazó la nulidad articulada por esa parte con sustento en que "...no fue citado expresamente como prueba de cargo" y "...no existiría perjuicio que justifique tamaña sanción procesal" (fs. 773).
En suma, concluyó que el argumento esgrimido por el sentenciante viola el principio del contradictorio, el derecho a la defensa en juicio y el debido proceso (v. fs. 773 vta.).
II.1.b. Luego denunció la violación de los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas en la etapa recursiva (v. fs. 773 vta. y 774).
En tal sentido, argumentó que el Tribunal de Alzada fijó una audiencia para que el particular damnificado informe oralmente el recurso, omitiendo su notificación a esa defensa e impidiéndole concurrir y contestar los agravios esgrimidos, asegurando de tal modo el contradictorio (v. fs. 774).
Recordó que la Sala I interviniente desestimó el planteo de nulidad de la defensa, aduciendo que en el régimen procesal actual la notificación o convocatoria del imputado y su defensa a la audiencia de informe oral requerida por la parte acusadora, si bien resultaba aconsejable, no es obligatoria (v. fs. 774 vta.).
Expresó que dicha irregularidad procedimental denunciada habría derivado en uno de los supuestos específicos de nulidad de orden general vinculada a la intervención, asistencia y representación del imputado, lo cual importó -a su criterio- una afectación a los principios aludidos, derivándose de ello una afectación directa de la defensa en juicio y el debido proceso (v. fs. 775 vta.).
II.1.c. En el siguiente tramo de la queja, el señor defensor particular denunció la violación al principio de inmediación (v. fs. cit.).
Dijo que la Sala I del tribunal de segunda instancia, mediante una interpretación equivocada de la teoría del máximo rendimiento revisor desarrollada en el precedente "Casal" de la Corte federal -Fallos 328:3399-, no sólo revocó la sentencia absolutoria, sino que se permitió asumir competencia positiva y dictar un pronunciamiento condenatorio (v. fs. 775 vta.).
Fundó su reclamo en que los camaristas no solo cuestionaron arbitrariamente la valoración de la prueba testimonial efectuada en la instancia de grado "...sino que fueron más allá asignándole a dichos testigos (con los cuales no tuvieron contacto directo) un valor convictivo distinto..." (fs. 775 vta.).
Con apoyo en la doctrina emanada del aludido primer precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se refirió al criterio según el cual "...lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación", siendo ello inobservado en la decisión de la Cámara, a su modo de ver (v. fs. 776 vta.).
En su parecer, la solución jurídica adecuada era la revocación y el reenvío (v. fs. cit.) y concluyó este tramo de la queja, solicitando se declare la nulidad de la sentencia de condena por falta de fundamentación y violación del debido proceso (v. fs. 777).
II.1.d. Luego denunció la omisión de votación, tratamiento y mayorías sobre cuestiones esenciales en el fallo del órgano revisor (v. fs. cit.).
Adujo que al criticar el pronunciamiento de segunda instancia se había cuestionado la omisión de tratamiento de la cuestión atinente a la calificación jurídica que correspondería asignarle al suceso por el que el imputado resultó condenado, sin que ello se haya votado y resuelto con cita expresa de la norma aplicable, concluyendo que la determinación judicial de la pena se termina traduciendo en un acto arbitrario por carecer de marco normativo que la avale (v. fs. 777 y vta.).
II.1.e. Asimismo, conforme el marco en que quedó habilitada la competencia de esta Suprema Corte, el recurrente denunció que la "revisión transversal" llevada a cabo por la Sala I de la Cámara departamental (v. fs. 741/748) no respeta la garantía de la "doble instancia" (v. fs. 778).
Expresó que el primer pronunciamiento condenatorio debía revisarse con la amplitud propia de un recurso ordinario conforme el estándar surgido a partir del mencionado fallo "Casal" de la Corte federal, y que el reenvío dispuesto a tales fines por esta Suprema Corte "...para que el fallo impugnado sea revisado por jueces pares, no cumple con las exigencias constitucionales, pues no abastece las condiciones del 'doble conforme' que impone la normativa constitucional aplicable" (fs. 778 y vta.).
Citó el art. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto establece el "...derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior", y el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entendió que el trámite que aquí se le ha otorgado a la vía recursiva, incumple con la garantía constitucional aludida, debiendo disponerse la nulidad de todo el trámite recursivo ordenado a partir de la sentencia condenatoria de segunda instancia revocatoria de la absolución pronunciada en la instancia de origen (v. fs. 778 vta.).
II.1.f. Finalmente, adujo que el fallo confirmatorio dictado por la Sala I del Tribunal de Alzada incurrió en una arbitraria valoración de la prueba en la medida que no habría contestado los planteos que le fueron llevados por la defensa en su impugnación, lo que condujo -a su modo de ver- a que el órgano revisor formara convicción a partir de premisas fácticas que no resultan comprobadas y desarrollara un razonamiento lógico incorrecto que se apoya en una fundamentación aparente (v. fs. 778 vta./779 vta.). En ese marco, efectuó consideraciones respecto de la esencia jurídica del título de crédito empleado en el hecho atribuido al imputado -pagaré- (v. fs. 780 vta./782 vta.), cuestionó la ponderación de la prueba testimonial rendida en la causa y la verosimilitud de la declaración de la víctima (v. fs. 782 vta./785 vta. y 786/787), como así también negó que se pueda tener por demostrada la existencia de dolo en cabeza de su defendido respecto de los ilícitos investigados (v. fs. 785 vta.).
III. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 840/848 vta.), en cuanto aconseja el rechazo del recurso.
IV.1. Las críticas referidas a la introducción y aceptación ilegal de prueba durante la etapa recursiva, así como la denuncia de afectación a la bilateralidad y contradicción por falta de notificación de la audiencia de mejora oral del recurrente, no son de recibo.
Las temáticas allí desarrolladas, amén de constituir esencialmente una reedición de los agravios llevados a conocimiento del órgano intermedio por parte del defensor particular (v. esp. fs. 650 vta./652), remiten -en rigor- al examen de cuestiones de neto corte procesal, ajenas al acotado ámbito de revisión que habilita el art. 494 del Código Procesal Penal (conf. ley 11.922 y sus modif.). Y pese al cariz federal con que pretenden revestírselos, el recurrente no logra establecer la existencia de una directa vinculación entre los principios constitucionales que denuncia infringidos, y lo concretamente resuelto en el caso (arg. arts. 495, CPP y 15, ley 48).
A todo evento, se advierte que la defensa se desentiende de la puntual respuesta dada por la Sala I de la Cámara, en el entendimiento de que "...si, como sucedió, el material aportado por el particular damnificado no fue valorado como prueba de cargo, dentro de un sistema de nulidades que se rige por la premisa de interpretación restrictiva, la inexistencia de perjuicio concreto veda la posibilidad de habilitar una declaración como la pretendida que, en definitiva, sólo tiene un sustento meramente formal. Y esto es lo que ha pasado, el referido escrito titulado 'Ilustra indicio' y los elementos adjuntos no fueron considerados. Rige en el punto el segundo párrafo del art. 201 del ritual, conforme la interpretación de mayor consenso asumida in re 'Luján, Juan Carlos y Durante, Carlos Gabriel s/infracción art. 1 ley 11825', causa N° 12597 del registro de esta Sala, sentencia del 4/12/07, Reg. N° 62-S" y que "...lo mismo ocurre bajo imperio del primer párrafo de la misma norma en cuanto a la denuncia de afectación a la bilateralidad y contradicción por falta de notificación del acto de mejora oral del recurrente. Ello así porque [...] el trámite que por vía pretoriana con rasgo de originalidad habitualmente imprimimos en procura de una mejor satisfacción del imperativo constitucional no es de obligatorio cumplimiento en el actual CPP y, lógica consecuencia, su omisión no tiene prevista sanción de nulidad. De allí, la invocación del párrafo inicial del art. 201. Sin perjuicio de ello, en el caso puntual se añade que lo señalado en el párrafo anterior termina por evidenciar, también desde esta perspectiva, la ausencia de perjuicio concreto" (fs. 743 vta. y 744).
En suma, se advierte que más allá de la genérica referencia a la afectación de las garantías mencionadas, el recurrente no ha expuesto cuál es el perjuicio concreto, ni qué defensa se privó de ejercer, que pueda eventualmente ser reparada mediante la pretendida anulación de la sentencia confirmatoria de la condena impuesta a su asistido.
Es dable recordar que las nulidades no tienen por fin satisfacer pruritos formales sino enmendar perjuicios efectivos que pudieren surgir de las desviaciones procesales, cada vez que supongan una restricción de la garantía de defensa en juicio o del debido proceso, y en la especie, no concurren estas circunstancias (art. 203 y concs., CPP; conf. doctr. causas P. 79.268, sent. de 8-IX-2004; P. 65.404, sent. de 29-IX-2004; P. 96.779, sent. de 17-VIII-2007; P. 94.386, sent. de 20-VIII-2008; P. 103.201, sent. de 28-V-2010; P. 122.459, sent. de 2-XII-2015; P. 124.355, sent. de 13-XII-2017; P. 125.927, sent. de 27-XII-2017; P. 132.402, sent. de 18-XII-2019; P. 131.143, sent. de 14-X-2020; P. 132.095, sent. de 20-X-2020; e.o.).
IV.2.a. El planteo vinculado con la afectación al principio de inmediación ha sido insuficientemente formulado.
Cabe recordar que en respuesta a idéntico agravio, el sentenciante expresó que "...la inmediación es una nota que no corresponde al modelo vigente de revisión (tal vez sólo podría alcanzarse reproduciendo en su integridad lo actuado en primera instancia en un registro tridimensional; no obstante, aclaro que las cuatro pistas del audio de las audiencias que se acompañó en CD es claro y, a mi juicio, permite acceder con bastante fidelidad a lo acontecido, incluyendo el reiterado olvido del defensor de apagar su celular al comienzo de las audiencias), por lo que se trata de un principio de inevitable quebranto (salvo que se adoptara un modelo de juzgamiento en instancia única, que generaría el problema de no satisfacer la exigencia del doble conforme)" (fs. 744).
Añadió a ello, que "...el control efectuado ha sido de razonabilidad y logicidad de la valoración del juzgador inicial. En ningún segmento de la sentencia de la Sala II de la Cámara departamental se ha incursionado en apreciaciones de aspectos de la prueba testimonial que tengan que ver con la percepción directa (así, gestos, tonos de voz, miradas, actitudes o estados de ánimo). Todo lo contrario: se enfatizaron conclusiones contradictorias (ver fs. 464 y vta.), se resaltó la imposibilidad de prueba de esta naturaleza directa respecto de tramos de la conducta defraudatoria que no suelen hacerse frente a terceros y de allí la necesidad de trabajar con indicios (último párrafo de fs. 464 vta.), para, luego, con base en lo afirmado en la propia sentencia revisada unir los extremos que se dieron por acreditados dotándolos de un sentido que resulta respetuoso de las reglas de la sana crítica (arts. 209 y 210 del rito)" (fs. 744 vta.).
Continuó señalando que "...sin perjuicio de que se califique por el defensor a la primera premisa de irreal (a partir de inferencias que prescinden de lo central, que sería explicar por qué aquellas testimoniales que se invoca dijeron lo que se afirma -aunque no se las haya presenciado- no lo habrían hecho, extremo que no se llega a afirmar ya que es el propio Dr. [Leonardo César] Celsi [-juez correccional interviniente en sede originaria-] quien las avala a fs. 399 vta. -dicho en el sentido de que no son desapegadas a la realidad aunque para él no prueben algo que, en contexto, para los revisores, sí-), y la segunda [premisa se la considere] desvalorada (pero es que, justamente, esta desvaloración sin correlativa consideración de falsedad testimonial es lo que se atribuye como arbitrario en el fallo revocado). De tal suerte, se verifica en mi opinión una actividad plenamente adecuada a la doctrina 'Casal' y cabe rechazar la pretensión nulificante postulada" (fs. cit.).
Concluyó, en cuanto a la necesidad de utilizar la prueba indiciaría frente a la imposibilidad de contar con prueba directa para tener por acreditados tramos de la conducta defraudatoria que no suelen hacerse frente a terceros, que "...insistir sobre esto no cambia ni refuta o descalifica per se que, justamente, la sentencia atacada no desconoce tal déficit sino que utiliza otra metodología de acreditación" (fs. 744 vta. y 745).
IV.2.b. Frente a lo así resuelto, el defensor sólo expone un criterio discrepante, pero no se encarga de demostrar -desde la técnica recursiva- que el análisis y los fundamentos expuestos por el tribunal intermedio que ejerció el control horizontal del fallo dictado por la Sala II de la Cámara, permitan exhibir los vicios que denuncia en torno al principio de inmediación ni a la afectación al debido proceso (doctr. art. 495, CPP).
Por otra parte, la defensa del encartado tampoco demuestra -a tenor de lo antes reseñado- que la decisión del tribunal revisor haya significado un incumplimiento a los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita, como así tampoco de las normas supranacionales cuya transgresión se denuncia (arts. 8.2. "h", CADH y 14, PIDCP), en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravios que habían sido llevados a su conocimiento (art. 495, CPP).
IV.3. El siguiente tramo de la queja tampoco procede.
En efecto, el impugnante pretendió denunciar la omisión de tratamiento de una cuestión reputada esencial, más ello lo debió canalizar a través de la vía recursiva pertinente dado que es cuestión ajena al ámbito de conocimiento del presente recurso y propia del recurso extraordinario de nulidad (arts. 491, CPP y 168, Const. prov.).
IV.4. Igual suerte corresponde a la denuncia por afectación a la garantía de la doble instancia con sustento en que
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.