Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131375
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.375, "M., Á. E. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 79.933 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Torres.
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de junio de 2017, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la señora defensora oficial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, doctora María Celeste Vazquez, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 departamental que -en lo que resulta pertinente destacar- condenó a Á. E. M. a la pena de veintinueve años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por el vínculo, reiterado, hechos que concursan materialmente entre sí (v. fs. 45/50 -sent. de Casación- en relación con fs. 234/242 vta. de la causa principal n° 07-00-70197-15 -sent. de la instancia de origen-).
Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto de Casación -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 58/75), que fue declarado parcialmente admisible por la mentada Sala el 12 de octubre de 2017 (v. fs. 76/79 vta.), lo que motivó la articulación de recurso de queja por la defensa (v. fs. 164/169 vta.). Esta Corte mediante pronunciamiento de fecha 13 de marzo de 2019, la admitió y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 171/174 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 178/181 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 182) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La defensa de Á. E. M. formuló dos agravios, uno principal (v. fs. 60/65 vta.) y otro en subsidio (v. fs. 65 vta./75).
I.1. Por el primero, denunció la violación al debido proceso, la defensa en juicio, la doble instancia en materia penal y la desnaturalización de la tarea revisora (arts. 18, Const. nac.; 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 60 vta.).
Cuestionó que frente a la denuncia de omisión de tratamiento por parte del tribunal de origen que efectuó la defensa, el tribunal revisor "...asumió competencia positiva e ingresó al estudio [de ese mismo agravio referido a] la verificación o no de un caso de 'imputabilidad disminuida', se pronunció por la negativa y rechazó el recurso de casación" (fs. cit.).
Estimó que, en lugar de ello, el sentenciante debió abstenerse de abordar tal cuestión, declarar la nulidad del veredicto condenatorio recurrido por resultar arbitrario dada la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, casar dicho fallo y disponer el reenvío para que el órgano de juicio resolviera sobre el impacto de la imputabilidad disminuida alegada en la determinación de la pena (v. fs. 61 y vta.).
Señaló la importancia que reviste la naturaleza jurídica de la imputabilidad disminuida, así como su verificación en el caso conforme el acervo probatorio con el que se cuenta y su impacto o no en la medida de la pena que finalmente se imponga (v. fs. 61 vta. y 62).
Adujo, en definitiva, que el órgano revisor, al resolver del modo señalado subrogó al tribunal de grado en una labor que es propia de este último, en la medida que dio respuesta al reclamo de la defensa sobre la imputabilidad disminuida y su reflejo en el monto de la sanción impuesta, siendo que -a su criterio- "...debió abstenerse de resolver el fondo del asunto, y al no hacerlo avanzó sobre aquello que no conoce porque ocurrió exclusivamente ante los jueces en el juicio oral y a ellos se encuentra reservada la valoración probatoria" (fs. 62 vta.).
Agregó que el agravio llevado ante la instancia intermedia no consistía en un "error de derecho" en la fundamentación de la sentencia ni en "errores materiales" en la designación o en el cómputo de las penas que el art. 462 del Código Procesal Penal habilita al tribunal intermedio a corregir (v. fs. 62 vta. y 63).
Afirmó, en razón de haber sido resuelta la cuestión por primera vez en la instancia intermedia, que "El exceso jurisdiccional devino perjudicial y en desmedro de los intereses de [su] asistidoÁ. E. M. quien, de convalidarse este criterio, se vería privado del acceso a una instancia examinadora vasta e integral a la cual tiene un innegable derecho" (fs. 63).
Luego, reclamó la aplicación del precedente P. 108.199, "Carrascosa" (resol. de 24-VI-2015) de esa Suprema Corte, con el fin de que se obtenga la revisión integral de lo resuelto por el tribunal casatorio (v. fs. 63 vta./65 vta.).
I.2. En subsidio, el recurrente denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal: afectación al principio de culpabilidad y proporcionalidad (arts. 1, 18, 19, 33 y 75 inc. 22, Const. nac. y XXVI, DADDH; v. fs. 65 vta.).
En su parecer, el órgano revisor realizó una construcción arbitraria en relación al monto de pena al descartar la "imputabilidad disminuida" reclamada por esa parte, en tanto estimó que la misma se encuentra "...verificada probatoriamente" en el caso (v. fs. 66).
En prieta síntesis, adujo que M. es imputable y que esa cuestión "...se encuentra fuera de litigio[,] de ahí que la condena no venga cuestionada y sea posible la aplicación de una pena", pero observó que "...es inadecuado exigir a la defensa la demostración de la posibilidad de actuar motivado por la norma cuando lo que se encuentra en tela de juicio no es ello sino cuál es la mayor o menor medida del esfuerzo que debió desplegar para alcanzar la comprensión de la norma y actuar motivado por ella al momento de los hechos" (fs. 67 y vta.).
Afirmó que el sentenciante, con base en la cita exclusiva del informe pericial psicológico obrante a fs. 3/5 vta., efectuó un examen fragmentado de las pruebas colectadas "...al no referirse al informe pericial médico psiquiátrico de fs. 1/2[...] [v]inculado con esa temática [y que en sus conclusiones describió que el imputado M.] es '...portador de un trastorno de personalidad de rasgos psicopáticos, entidad que imprime a su conducta escasa tolerancia a la frustración y dificultades en sus relaciones interpersonales'". Además, entendió que la cita probatoria que efectuó el tribunal a quo en respaldo de su decisión resultó selectiva, parcial y sesgada toda vez que no se refiere ni a otras consideraciones contenidas en el mismo examen pericial psicológico transcripto en la sentencia ni a las conclusiones de ese dictamen -cursiva presente en el original- (v. fs. 68).
Criticó, que el tribunal intermedio no acompañó el contenido de la pericia psicológica que reprodujo en su fallo con referencias concretas sobre cómo ello impactó en las conductas exteriorizadas por M. al momento de los hechos, ni tuvo en cuenta la impresión personal que el mismo causó en el debate (v. fs. 68 vta.).
Reiteró que la defensa no discute que su asistido sabía que su comportamiento era socialmente reprochable, sino que M. -en función de la integración de su personalidad y de sus circunstancias subjetivas personales y sociales de vida- "...precisaba de un esfuerzo mayor al de la media de las personas [para adecuar su conducta a la norma actuando motivado en y por ella], y por eso es predicable su capacidad de culpabilidad, pero no por ello deja de ser 'disminuida'" (fs. 69).
Cuestionó la referencia al dictamen pericial psicológico que efectuó el órgano casatorio en orden a que el hecho de que sea común encontrar tales rasgos de personalidad en sujetos activos de delitos de esta aberrante naturaleza como son los juzgados en la causa, resulta ser una afirmación sumamente genérica y que no pasa de ser un fundamento aparente, por lo que ello no debería distraer la atención del foco de la discusión sobre la aducida imputabilidad disminuida y la justa medida del reproche (v. fs. 69 vta.).
Destacó que si bien el juzgador posee facultades legales para apreciar la prueba en un marco más amplio en relación con la actuación del perito que cumple con su labor de dictaminar desde un ángulo más estrecho, ello no habilita a descartar sin fundamentos válidos o apreciar subjetivamente el contenido de informes periciales en materias que son ajenas, en principio, al campo jurídico. En el caso, observó que el órgano revisor para robustecer su decisión -de un lado- soslayó por completo la prueba pericial psiquiátrica y -del otro- efectuó una selección arbitraria de párrafos de la pericia psicológica (v. fs. 70 y vta.).
Por último, insistió en qué si bien M. conocía a la perfección la reprochabilidad jurídica de su conducta, lo cierto es que tal circunstancia no significó que el nombrado pudiera alcanzar un grado óptimo de comprensión y adecuar su voluntad a las prescripciones normativas, en la medida que debió "...destinar un brío y energía incomparablemente mayor con motivo de sus particulares rasgos psíquicos" (fs. 71).
Como conclusión, reiteró que los argumentos de la Sala no abastecen la exigencia de fundamentación de la determinación judicial de la pena en función de la alegada imputabilidad disminuida de su asistido, y adujo que el ámbito de aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal proporciona el contexto propicio para receptar su reclamo en pos de obtener una reducción de la sanción ajustada a la culpabilidad del autor (v. fs. cit. vta.).
Citó, en sustento de su postura que ha sido reseñada, el fallo "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN Fallos: 328:4343- (v. fs. 72 vta.).
Señaló que homologar la sanción impuesta al imputado M. con su historia de vida, de vulnerabilidad social y composición de su personalidad con rasgos psicopáticos, no sólo afecta el principio de culpabilidad y reprochabilidad por el hecho cometido, sino que también transgrede el principio de proporcionalidad de la pena y arrasa con el principio basal de dignidad de la persona humana (v. fs. 73).
Consideró que la fijación del monto de pena en veintinueve años de prisión significó una aplicación -velada- del "derecho penal del enemigo", en tanto que si bien es correcto afirmar que la misma se encuentra dentro de la escala penal aplicable, no menos cierto es que siendo ella tan elevada no se corresponde con el principio de culpabilidad por el hecho reprochado, por lo que mediante la imposición de dicha sanción se pretende neutralizar a M. por el tiempo que dure la pena (v. fs. 73 y vta.).
Afirmó que si "...un Magistrado, al momento de imponer una pena hace a un lado la culpabilidad por el hecho y la aplica como medida de neutralización del delincuente, nos encontramos ante una pena que obedece a los paradigmas del derecho penal del enemigo" (fs. 74) y solicitó finalmente, como corolario de los fundamentos expuestos, se case la sentencia impugnada y se reenvíen los autos para la imposición de una nueva sanción ajustada a derecho (v. fs. cit. vta.).
II. El dictamen de la Procuración General aconsejó rechazar el recurso deducido (v. fs. 178/181 vta.).
III. Coincido con lo así dictaminado, la queja no es de recibo.
El planteo principal vinculado a la desnaturalización de la tarea revisora, no puede prosperar.
III.1.a. Cabe recordar que el tribunal recurrido en respuesta al agravio por el que se reclamó la existencia de una "imputabilidad disminuida" que debía ser computada como atenuante en favor de M., luego de advertir que el sentenciante de juicio omitió su abordaje, se avocó a su tratamiento (v. fs. 47).
Para ello, comenzó señalando que el impugnante no demostraba que el nivel intelectual, instrucción y personalidad de M. no le permitieran actuar motivado por la norma (v. fs. cit. vta.).
Con apoyo en el informe del perito psicólogo (v. fs. 3/5 vta.) destacó que la personalidad de M. presenta "...una tendencia a la racionalización como mecanismo de control, que se expresa de una manera rígida, estereotipada [...] se advierte la implementación de los mecanismos psíquicos de defensa del orden de la desmentida, la proyección y la huida, mediante los cuales toma contacto con los contenidos psíquicos perturbadores y al mismo tiempo los niega, los pone a la distancia de la conciencia...remiten a una etapa madurativa caracterizada por la indiscriminación yo no yo, acompañada de intensas cargas impulsivas agresivas y sexuales [...] en el área de la afectividad, se advierten rasgos de inmadurez, superficialidad y labilidad emocional [...] se evidencia una merma en la tolerancia a la frustración y la necesidad de la satisfacción inmediata de la carga impulsiva, lo que facilita su descarga mediante el comportamiento actuador". Adicionó, que de la experticia también surge que "La función de la ley ha sido internalizada [por el imputado], pudiendo [éste] discriminar la norma socialmente impuesta, pero mediante mecanismo psíquico de defensa de la desmentida, puede manipularla a su conveniencia y transgredirla, justificando su comportamiento" (fs. ídem).
Expuso que "...M. sabía que su conducta era socialmente reprochable, que no estaba bien lo que le hacía a sus hijas; por ello, la circunstancia de que éste intentara justificar su comportamiento, negara las consecuencias que de ello se derivaba o pusiera esos contenidos psíquicos perturbadores a distancia de la conciencia, no es más que un mecanismo de defensa natural en este tipo de agresores" y que "...es común encontrar esos rasgos en la personalidad de sujetos activos de delitos de esta aberrante naturaleza, con mayor razón si las víctimas eran sus propias descendientes" (fs. 48).
Continuó señalando, a los fines de brindar un marco teórico a su decisión, que "...la imputabilidad implica la capacidad de comprender la antijuridicidad de determinada conducta..." y que "Ello requiere cierto grado de capacidad psíquica que va más allá del cociente intelectual, pues exige que se analice la inteligencia del agente -o sus capacidades subjetivas-, en su totalidad" (fs. 48 vta.).
Concluyó que, en el caso, M. sabía perfectamente que su actitud era jurídicamente reprochable, y descartó dicho agravio (v. fs. cit.).
III.1.b. Inicialmente, cabe indicar que el planteo defensista que fuera reseñado en el acápite I.1. de la presente, remite a cuestiones de neto corte procesal, referidas a la interpretación y alcances de lo normado por los arts. 460 y 461 del Código adjetivo -que regulan en qué casos el Tribunal de Casación, luego de casar una sentencia, debe disponer el reenvío a la instancia de origen o en su defecto, puede readecuar el pronunciamiento recurrido, asumiendo competencia positiva-.
Tiene dicho esta Corte que, en principio, la interpretación de las normas procesales que determinan la competencia del órgano revisor escapan a la esfera de conocimiento de esta instancia por medio de la vía de inaplicabilidad de ley (doctr. art. 494, CPP; conf. causas P. 101.036, sent. de 3-III-2010; P. 102.924, sent. de 24-X-2012; P. 118.470, sent. de 26-VIII-2015; P. 126.435, sent. de 16-VIII-2017; P. 130.648, sent. de 15-VII-2020; e. o.).
III.1.c. Dicho esto, el impugnante ha denunciado la violación al debido proceso, la defensa en juicio y la garantía de la doble instancia en materia penal, agravioséstos de naturaleza federal.
Frente a lo así decidido, la crítica de la defensa se exhibe como una mera opinión discrepante con el temperamento adoptado en el fallo; técnica manifiestamente ineficaz para enervar lo decidido. Media, por ende, insuficiencia recursiva (art. 495, CPP).
Y aunque la parte vincula el asunto con derechos constitucionales no consigue evidenciar su compromiso en tanto no se hace cargo de que nuestro código adjetivo en sus arts. 460 y 461 regula puntualmente en qué casos el Tribunal de Casación, luego de casar una sentencia, debe disponer el reenvío a la instancia de origen o en su defecto, puede readecuar el pronunciamiento recurrido, asumiendo competencia positiva sin que el recurrente se haya ocupado de asignar alguna otra inteligencia a las normas que gobiernan ese trámite. Media insuficiencia (art. 495, CPP; conf., mutatis mutandis, P. 126.664, sent. de 5-IV-2017; P. 122.421, sent. de 11-IV-2018; P. 129.234, sent. de 29-VIII-2018; P. 130.530, sent. de 14-VIII-2019; e. o.).
III.2. El planteo traído en subsidio, tampoco es de recibo.
El tribunal revisor, además de lo que fue reseñado supra -v. III.1.a-, brindó los motivos por los cuales descartó que no era más que una hipótesis de la defensa sin aval probatorio alguno considerar que el imputado M. no tendrá posibilidad de sobrevida después de agotar la sanción impuesta; como así también expresó que el inculpado es primario, que existen diversos institutos procesales que le permitirán a éste reingresar gradual y paulatinamente a la vida en sociedad con anticipación al agotamiento de la pena y que era correcta la estimación del daño causado a las menores víctimas -descendientes del procesado- como pauta severizante en razón de que "...las consecuencias dañinas comprobadas excedieron las necesarias para configurar la agravante del tipo aplicada -gravemente ultrajante-" (fs. 48 vta. y 49).
En función de lo así resuelto, se advierte que el embate traído se sustenta sólo en una visión diferente sobre la manera en cómo debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena (art. 495, CPP). Y el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014 y P. 117.680, resol. de 26-III-2014).
Cabe recordar que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; e. o.).
A su vez, los reclamos presentados para la consideración del órgano revisor vinculados con la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 y los principios de culpabilidad y de resocialización de la pena (v. fs. 24/33 -recurso casatorio- y 40/41 vta. -memorial-), se centraron esencialmente en cuestionar -por su arbitrariedad- el quantum de la sanción impuesta. Sin embargo, merecieron el rechazo con fundamentos sobre los que no se han demostrado los vicios reprochados en términos de arbitrariedad de sentencia.
Es sabido que la doctrina sobre la arbitrariedad de los fallos es particularmente restringida y que, en ese sentido, la parte que aduce la existencia de una cuestión federal bajo aquel cauce debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de esa cuestión por la vía del caso excepcional de arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren abastecidos en la especie.
Es que del contenido del recurso en tratamiento no surge argumento válido ni eficaz que intente demostrar de qué manera la pena aplicada al encausado sería incompatible con los principios de culpabilidad, reprochabilidad y proporcionalidad que estimó vulnerados en función de un alegado estado de "imputabilidad disminuida", historia de vida y vulneración social respecto de M., sólo por considerar elevado su monto, sin tener en cuenta los plurales delitos contra la integridad sexual atribuidos a aquel en calidad de autor respo
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