Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132384
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.384, "Quiroga, Mario Julián s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 76.541 del Tribunal de Casación Penal, Sala III" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de febrero de 2017, rechazó el recurso homónimo de la defensa interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Martín que condenó a Mario Julián Quiroga a la pena de veinticuatro años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia por segunda vez, por encontrarlo autor responsable de los delitos de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, coacción agravada y violación de domicilio en concurso real entre sí (v. fs. 61/64 vta.).
Contra esa decisión, la señora Defensora Adjunta ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 74/81 vta.), que fuera concedido por la Sala interviniente mediante la resolución de fs. 82/83.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 98/102 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 103) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Preliminarmente cabe señalar que de las constancias del expediente surge que en oportunidad de celebrarse la audiencia del art. 338 del Código Procesal Penal (t.o. ley 14.543), más allá de otras determinaciones que no son de interés para lo que aquí se decide, las partes pactaron en el marco de un juicio abreviado, una pena a tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, respecto del concurso real entre el hecho II de los principales, en relación con la portación de arma de fuego de uso civil por parte del imputado que habría tenido lugar el 29 de abril de 2014 (art. 189 bis, inc. 2, párrafo tercero, Cód. Penal; con la salvedad de que en el caso no aplicarían el agravante del párrafo octavo de aquel precepto al haber sido declarado inconstitucional en el caso por el juez garante), y los delitos del hecho III (IPP 15-01-6128/14) que fueran calificados como coacción agravada por el uso de armas y violación de domicilio en concurso real, habiendo el imputado prestado su conformidad y expedido el tribunal de grado sobre su admisibilidad. Por su parte, sometieron al juicio por jurados lo relativo al hecho I (homicidio con empleo de arma de fuego).
I.2. En el veredicto y sentencia de fs. 26/33 del presente legajo, una vez afirmada la existencia de los hechos y la intervención responsable del imputado en cada uno de ellos, por los diversos sistemas de enjuiciamiento a los que se sometió voluntariamente el interesado (juicio abreviado respecto de los hechos II y III, y juicio por jurados en lo concerniente al hecho I) y establecida para el primero de ellos la pena de tres años y seis meses de prisión acordada, sin que respecto a las determinaciones del juicio abreviado existieran objeciones u agravios de ninguna índole: ni en cuanto a la materialidad ilícita, la autoría, calificaciones legales ni la pena acordadas, en ocasión de la cesura del juicio se abordaron las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal referidas al delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y lo concerniente al punto de ingreso a efectos de su dosimetría, así como lo relativo a la declaración de reincidencia y doble ponderación prohibida frente a la consideración como pauta agravante de pena de las condenas previas. Por último, la parte cuestionó la aplicación del sistema de suma aritmética al "componer" la pena de veintiún años de prisión establecida para el hecho I (arts. 79 y 41 bis, Cód. Penal), con la acordada en juicio abreviado de tres años y 6seis meses de la misma especie (por hechos II y III), de lo que resultó la finalmente impuesta de veinticuatro años de prisión.
Entonces, bien discernidos los reclamos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio, corresponde su abordaje.
II.1. Especificando tales reclamos, el recurrente denuncia que la sanción impuesta al imputado Mario Julián Quiroga es arbitraria por falta de debida fundamentación del monto punitivo convalidado tras la revisión efectuada por el órgano casatorio, en violación de la doctrina legal de esta Corte y el art. 18 de la Constitución nacional, en cuanto establece que los jueces deben ponderar las circunstancias concretas probadas en la causa y explicar las razones por las cuales a aquellas corresponde aplicar determinada solución normativa. Refuerza tal reclamo con cita de los precedentes "Laportilla", "Ruiz" y "Spíndola", y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Castillo, Mercedes", "Ramírez, Fernando Román" y "Romano, Hugo Enrique" (v. fs. 75 vta. /78 vta.).
II.2. De otra parte, alega errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y violación del art. 50 del mismo cuerpo normativo, en su vinculación con la declaración de reincidencia.
Sostiene que el juzgador se limitó a mencionar como pauta agravante la pluralidad de antecedentes condenatorios registrados por el imputado, con base en la doctrina de la advertencia de la pena ya sufrida, pese a lo cual cometió un nuevo delito, y que ello sería revelador de mayor culpabilidad. Pero, a su criterio, ese razonar -que reputa contrario al principio de culpabilidad por el acto- pretende pasar por obvio algo que no lo es, ya que entre la supuesta advertencia y el grado de conciencia de lo ilícito no existe relación necesaria alguna. Refiere que no es posible afirmar que quien ha experimentado el encierro posee una mayor capacidad de comprensión de la antijuridicidad del hecho posterior cometido y que por ello es susceptible de un mayor reproche. Completa su argumentación con comentarios relativos a la teoría de la advertencia expresados desde la criminología.
En lo que concierne a la denuncia del art. 50 del Código Penal que formula en subsidio, sostiene que si el art. 41 que fija las pautas para la determinación de la pena, en el segundo inciso establece que se tendrán en cuenta "...las reincidencias en que hubiese incurrido" y este término sólo admite la llamada reincidencia real, no la ficta (v.gr. una condena de ejecución condicional), concluye que no podrían validarse para operar como agravantes de penas, condenas previas que no pudieren dar lugar a reincidencia, tales la citada, si han transcurrido los plazos del art. 50, si se trata de un delito político, previsto en el Código de Justicia militar, amnistiado, cometido con anterioridad a los dieciocho años de edad, pues de lo contrario le hubiera bastado con expresar que se tendrá en cuenta "la comisión de otros delitos" (fs. 80 vta.).
Por eso, considera que al haber abarcado en el art. 41 inc. 2 del Código Penal supuestos no comprendidos, lo aplicó erróneamente y con una interpretación más extensiva del ámbito de punibilidad, en vulneración de principios constitucionales (v. fs. 81), solicitando se case esta parcela del decisorio.
III. Coincido con la Procuración General en cuanto propicia el rechazo de los agravios postulados (v. dictamen a fs. 98/102 vta.).
IV.1. En ocasión de recurrir ante el Tribunal de Casación Penal la defensa de Quiroga, en el marco del agravio vinculado a la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código de la materia, cuestionó que respecto del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por el que fuera condenado por un jurado popular, en la individualización de la pena correspondiente a ese hecho, el tribunal de mérito no tomara como punto de partida el mínimo de pena previsto en la escala respectiva, sino que a través del ingreso por el punto medio justipreciara la incidencia de las pautas aumentativas, que también atacó en particular (v. fs. 41/42).
En lo que aquí es de interés respecto de éstas, se alzó contra la ponderación con cariz severizante de la existencia de antecedentes penales computables, pues también al tomarlos en cuenta para la nueva declaración de reincidencia se incurrió, a su criterio, en doble valoración prohibida (v. fs. 42 y vta.).
Finalmente, se quejó de la aplicación del sistema aritmético para unificar la pena de tres años y seis meses de prisión acordada en vía abreviada y decidida por el tribunal, cuya dosimetría no impugna, con la establecida respecto del homicidio con el empleo de arma de fuego, individualizada en veintiún años de prisión (v. fs. 42 vta.).
IV.2. El tribunal del recurso, al dar respuesta a los planteos vinculados con la determinación de la pena reputó correcta la valoración como agravante de la pluralidad de disparos efectuados, en el número de tres, no sólo porque reforzaba la actitud homicida del autor, sino el mayor peligro al que expuso a las personas circundantes del hipermercado en el que desarrolló su obrar ilícito, incluso con menores de edad en las proximidades. También, estimó de igual modo la ponderación de pluralidad de antecedentes que poseía Quiroga. Señaló que una de las condenas previas, en cuanto importaba el conocimiento de las consecuencias penales de haber delinquido y su indiferencia hacia ese conocimiento, justificaba el mayor reproche en torno de su culpabilidad; mientras que la otra, servía de base para la reincidencia, sin violación al principio de doble valoración prohibida. Ello en el entendimiento de que "...no se vuelve a enjuiciar el hecho punible anterior sino que se imponen condiciones más gravosas por haber vuelto a delinquir" (fs. 63 vta.).
En cuanto a la metodología empleada para la dosimetría penal, convalidó lo actuado, "...resultando facultad de los jueces merituar la proporcionalidad de la sanción penal a aplicar", a la par que trajo a colación doctrina de esta Corte que prescribe que no existe un determinado punto de ingreso a la escala penal, debiendo aquella responder al grado de disvalor de los injustos por los que resultó condenado, por lo que decaía el agravio sobre el monto de pena.
IV.3. Sentado ello, se advierte que los agravios de la defensa fueron revisados en su completitud y se proporcionaron las razones por las cuales se los desestimó. Es decir, que la decisión puesta en entredicho cuenta, en este aspecto, con fundamentación suficiente que la pone a salvo de la tacha de arbitrariedad por supuesto déficit motivacional (doctr. arts. 495, CPP y 15, ley 48).
Tampoco se evidencia la denuncia de apartamiento de la doctrina legal de esta Corte en ese tópico, ni en relación con los fallos de la Corte federal que indica, en tanto aquella viene despojada de todo intento por conectar los precedentes citados con las concretas circunstancias del caso, a efectos de convencer de una solución semejante. Media en todo ello insuficiencia impugnativa (doctr. arts. citados).
Lo indicado por la casación en lo tocante a la determinación de la pena se corresponde con asentada jurisprudencia del Tribunal que establece que no existe legalmente un "punto de ingreso"' fijo a la escala penal, y la única restricción a la cual debe su apego el órgano jurisdiccional se encuentra además de su fundamentación y razonabilidad (art. 1, Const. nac.) en la escala impuesta por el Código de la materia, sea para cada tipo penal en particular o la que resulte de lo normado por los arts. 54 y 55 del mismo ordenamiento (conf. causas P. 98.529, sent. de 15-VII-2009; P. 127.403, sent. de 28-XII-2016; entre muchas otras).
Cabe añadir, como se indica en el dictamen de la Procuración General, que la necesidad de asignar a cada una de las pautas atenuantes y agravantes -aunque acá solamente se ponderaron estas últimas- un valor o incidencia específica y concreta dentro de la escala penal aplicable al caso, como parecería surgir del reclamo de la defensa, no viene impuesta por el ordenamiento ritual ni por la ley sustantiva, de manera tal que basta para fundar la decisión jurisdiccional con mencionar cuales han sido las circunstancias sopesadas y establecer el monto de pena concreto dentro del margen legalmente fijado, con adecuada motivación.
Así las cosas, el criterio divergente de la parte sobre ese apartado del fallo resulta ineficaz para demostrar que en la determinación de la sanción el a quo hubiera incurrido en las transgresiones legales que denuncia (conf. causas RP. 123.701, resol. de 13-VII-2016; P. 126.347, sent. de 20-IX-2017; RP. 128.869, resol. de 13-IX-2017; e.o.).
IV.4. Finalmente, el restante agravio no corre mejor suerte.
Es que tal como fue llevado ante casación (v. fs. 42 y vta.), obtuvo adecuada respuesta por parte del a quo según se transcribiera (supra IV.2).
En línea con ello, tiene dicho el Tribunal que el principio "non bis in ídem" no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal-, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal (en referencia al art. 14 del Cód. Penal). Además, es extraña al ámbito de la tutela constitucional que proscribe la doble persecución penal, la circunstancia de que se compute como agravante la comisión de un delito anterior.
Por fuera de tales consideraciones, el perfil con el que ahora intenta presentar ese reclamo, adicionándole otras postulaciones que no formaron parte de lo llevado ante el órgano intermedio deviene novedoso; siendo, se sabe, esa reflexión tardía un obstáculo para su atendibilidad (doctr. art. 451, CPP; cusa P. 121.652, sent. de 13-XII-2017; e.o.).
Por todo lo expuesto, doy mi voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia