Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133052
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe resuelve hacer lugar -parcialmente- al recurso extraordinario interpuesto y se remiten los autos a la Presidencia del Tribunal de Casación Penal para que desinsacule los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala que, de acuerdo con los lineamientos aquí trazados, deberá llevar a cabo -a la mayor brevedad posible- la revisión del fallo de la Sala V del mismo órgano.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.052, "García Tapia, Gilmar s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nro. 79.460 y su acum. 79.462 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento emitido el 24 de septiembre de 2019, declaró parcialmente admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el señor defensor oficial adjunto, doctor Daniel Aníbal Sureda, contra la decisión pronunciada el 23 de noviembre de 2017 por ese mismo órgano.
En esa sentencia, en lo que aquí interesa, el Tribunal de Casación resolvió hacer parcialmente lugar al recurso interpuesto por el señor agente fiscal, y casó el fallo de primera instancia en orden a la calificación legal aplicada al hecho conforme la figura prevista en el art. 186 inc. 4 del Código Penal, determinando que el mismo resultaba ser constitutivo del delito de homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, en grado de tentativa, en los términos de los arts. 80 inc. 5 y 42 del digesto sustantivo.
Asimismo, fijó la pena en once años de prisión, accesorias legales y costas, debiendo responder -en definitiva- el imputado por ser coautor del delito mencionado en concurso real con el previsto en el art. 166 inc. 2, tercer párrafo (v. fs. 207/210 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 219/225 vta., dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial en favor de Gilmar García Tapia?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial denunció la arbitrariedad de la sentencia, por cuanto -desde su óptica- el Tribunal de Casación se valió de afirmaciones dogmáticas que no abastecieron el recaudo de fundamentación propio de los pronunciamientos judiciales, contradiciendo de ese tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como la doctrina legal de esta Corte. Al mismo tiempo, denunció la infracción a los principios in dubio pro reo, de culpabilidad, de mínima intervención penal y de proporcionalidad de las penas.
Discrepó con la calificación más gravosa otorgada al hecho por el tribunal revisor, en tanto el plexo probatorio reunido -desde su punto de vista- no permitía tener por acreditado el elemento subjetivo contenido en la figura prevista en el art. 80 inc. 5 del Código Penal.
A su juicio, la Sala V del Tribunal de Casación confundió la tipicidad subjetiva de la mentada figura legal con la prevista en los delitos contra la seguridad pública, a los que de manera oblicua alude el citado inc. 5.
Postuló que para que proceda la aplicación del inc. 5 del art. 80 del Código Penal, el medio al que alude la agravante tuvo que haber sido escogido por el autor como medio idóneo para provocar la muerte de la víctima, extremo que -a su juicio- no fue demostrado (v. fs. 200 y vta.).
Por otra parte, denunció la infracción a la garantía de revisión amplia del fallo y el derecho al recurso, conforme lo establecen los arts. 18 de la Constitución nacional; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución provincial. Cuestionó que el Tribunal intermedio decidiera la extemporaneidad de los agravios llevados por la defensa por aplicación del art. 451 del Código Procesal Penal, privando de ese modo al imputado del acceso a una revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena.
Indicó que la garantía de la doble instancia judicial exige de la casación la revisión amplia de las decisiones adversas para el imputado, y que no puede ser obstaculizada a través de exigencias formales (v. fs. 201 vta.).
En sustento de su postura trajo a cuento el fallo "Casal, Matías" pronunciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de cuyos lineamientos destacó que debe revisarse todo lo que sea posible sin límites formales de ninguna índole (v. fs. 203 vta.). Expresó que la fragmentación de los agravios de la defensa por parte del tribunal llamado a garantizar la doble instancia desnaturaliza la actuación de la defensa pública (v. fs. 203 vta.).
Finalmente afirmó que le irroga agravio a la defensa la imposición de una pena superior a la determinada por el tribunal de grado sin control de la defensa, y sin llevar adelante la audiencia prevista en los arts. 40 y 41 del Código Penal. Como consecuencia de ello solicitó que se deje sin efecto la sentencia impugnada y se ordene el dictado de una nueva (v. fs. 205).
II. El señor Procurador General aconsejó la remisión del expediente al Tribunal de Casación Penal, para que, por medio de jueces hábiles, asegure la revisión del fallo de condena de acuerdo a lo establecido en el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 219/225) criterio con el que coincidió el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal en su presentación posterior (v. fs. 231/234).
III. Estoy de acuerdo con la solución que propician las partes.
IV.1. En el presente caso Gilmar García Tapia fue condenado en primera instancia a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor responsable de los delitos de incendio agravado por haber existido peligro de muerte para alguna persona y robo calificado por el uso de arma cuya aptitud de disparo no pudo ser acreditado, en concurso real entre sí.
Revisada la sentencia de condena, la Sala V del Tribunal de la especialidad -a instancias del recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal- mutó la calificación legal de los hechos, disponiendo un encuadre legal más gravoso (homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, en grado de tentativa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para disparo no pudo ser acreditada; arts. 42, 55, 80 inc. 5 y 166 inc. 2 tercer párrafo, todos del Cód. Penal) e impuso -como consecuencia- una pena mayor (once años de prisión, accesorias legales y costas).
Para ello procedió a realizar una ponderación de las declaraciones de los testigos que depusieron ante el tribunal y las partes actuantes en el juicio, más otras probanzas incorporadas por lectura al legajo (como las fotografías) y sobre tal base probatoria, entendió que estaban presentes los elementos que exige la figura de homicidio calificado (en grado de tentativa).
IV.2. Con respecto al alcance del derecho a recurrir el fallo condenatorio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que "El derecho al recurso debe ser garantizado a todo aquel que es condenado mediante una sentencia que revoca una decisión absolutoria" (conf. "Mohamed vs. Argentina" -Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas- del 23 de noviembre de 2012, CIDH).
Está claro que en el presente caso, García Tapia ya había sido condenado en primera instancia, por lo que el supuesto al que hace referencia el Tribunal interamericano no es de aplicación, y hasta la fecha no ha habido pronunciamientos de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos que cercenen -a la luz de la cláusula del art. 8.2.h- las prerrogativas impugnativas de derecho interno que posibilitan en muchos países del sistema interamericano (como el nuestro), que el acusador logre la agravación de condenas del imputado en instancias recursivas.
Sin embargo, en una interpretación progresiva del derecho al recurso del condenado, cabe interpretar que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha extendido a otros supuestos en los que -como en el sub examine-, existiendo ya una primera condena sometida a revisión amplia, de tal procedimiento resulte otra que "...es tan distinta de la primera e implica un agravamiento tan significativo de la pena, que no es posible describirla ya sustancialmente como una simple revisión del pronunciamiento anterior, sino como una nueva primera condena que, a los efectos de la doble conformidad que busca asegurar la cláusula convencional, se halla en pie de igualdad con la condena dictada por primera vez por el tribunal revisor que conoce en el recurso contra la absolución que revoca" (del dictamen de la Procuradora General de la Nación en los autos "Chambla, Nicolás Guillermo; Díaz, Juan Leonardo; Larrat, Esteban Martín y Serrano, Leandro Ariel s/ homicidio -causa n° 242/2009-" del 13 de octubre de 2013, al cual la Corte aplicara el mismo criterio que "Duarte Felicia", Fallos: 337:901).
En efecto, se ha entendido que estos supuestos, a los efectos de la doble instancia que busca asegurar la cláusula convencional, están en pie de igualdad con aquellos en los cuales la condena fue por primera vez dictada por el tribunal revisor que conoce en el recurso contra la absolución que revoca (conf. CSJN causas C.416.XLVIII.RHE, "Chambla, Nicolás Guillermo; Díaz, Juan Leonardo; Larrat, Esteban Martín y Serrano, Leandro Ariel s/ homicidio -causa n° 242/2009-", sent. de 5-VIII-2014 y C.11.XLIX.RHE, "Chabán, Omar Emir y otros s/ causa n° 11.684", sent. de 5-VIII-2014 y C.382.XLIX, "Carrascosa, Carlos Alberto s/ recurso de casación", sent. de 27-XI-2014).
IV.3. Es cierto que, no en todos los casos de agravación de calificación legal y pena -como consecuencia del recurso del acusador- la Corte ha extendido el derecho de revisión amplio en favor del imputado (v. por ejemplo CSJN, causas CSJ 192/2017/RH1 "Yáñez, Héctor Gastón s/recurso de queja en causa n° 12.943 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II", sent. de 2-VIII-2018 y G.532.L XLVIII, "Ganduglia, Carlos María y otros s/ causa n° 9766", sent. de 2-IX-2014).
Empero, tomando en cuenta los precedentes de "Peñalba" (causa CSJ 3456/2015/RH1, "Peñalba, Raúl César s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", sent. de 11-X-2016 y más recientemente en CSJ 386/2018/RH1, "Colman, Ricardo Luis y otro s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 34.443 del Trib. de Casación Penal, Sala II", sent. de 1-X-2019), puede interpretarse que ante una modificación de los hechos que lleve a una sustancial variación de la significación jurídica, corresponde otorgar un nuevo examen ante otros magistrados del Tribunal de Casación, lógicamente ceñido al punto en cuestión.
Tal como lo sostuve al votar recientemente en la causa P. 124.447 (sent. de 22-VI-2020), parafraseando al dictamen de la Procuración General de la Nación en el ya citado "Chambla" al que remitió la Corte Suprema, si sobre la misma plataforma fáctica, pero atendiendo a los agravios de la parte acusadora, el tribunal revisor reconstruyó el hecho de un modo diferente y, como consecuencia, le atribuyó una significación jurídica diversa, ello habilita su revisión en los términos del art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, criterio que considero que cabe aquí replicar.
V. Por lo dicho es que, de conformidad con la doctrina sustentada por esta Corte en la causa P. 108.199 (resol. de 24-VI-2015), dado que los carriles de impugnación previstos por el art. 161 de la Constitución provincial no están organizados para proveer una fiscalización amplia, sencilla e integral de la condena, es que no debe ser esta Suprema Corte la que emprenda en casos como el presente la revisión integral de aquella, sino que deberá remitirse a la Presidencia del Tribunal de Casación Penal para que desinsacule los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala que, de acuerdo con los lineamientos aquí trazados, deberá llevar a cabo -a la mayor brevedad posible- la revisión del fallo de la Sala V del mismo órgano.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
En atención a las particularidades del caso y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. esp. fs. 225 y vta.), adhiero al voto de la doctora Kogan y suscribo el mío en el mismo sentido.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y de Lázzari, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se resuelve hacer lugar -parcialmente- al recurso extraordinario interpuesto y se remiten los autos a la Presidencia del Tribunal de Casación Penal para que desinsacule los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala que, de acuerdo con los lineamientos aquí trazados, deberá llevar a cabo -a la mayor brevedad posible- la revisión del fallo de la Sala V del mismo órgano.
Regístrese y notifíquese.
Fin de la sentencia