Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133104
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31 segundo párrafo, ley 8.904/77 y acuerdo 3871 de esta Corte, de 25-X-2017).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.104, "Serna Rojas, Jesús Ezequiel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 74.385 y sus acumuladas nº 74.388 y nº 74.399 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, de Lázzari, Torres.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de febrero de 2017, en lo que interesa, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que condenó a Jesús Ezequiel Serna Rojas a la pena de trece años y seis meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por resultar coautor responsable del delito de homicidio en ocasión de robo (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 45, 50 y 165, Cód. Penal; v. fs. 112/135 vta.).
Frente a lo así decidido, el abogado particular de Jesús Ezequiel Serna Rojas, doctor Adrián Fernando Corvalán, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 172/198), que fue parcialmente concedido por el órgano inferior (v. fs. 212/218 vta.), sin que por el tramo impugnativo denegado se haya articulado queja (v. informe de fs. 228).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 237/241 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 242) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa denunció la arbitrariedad de la sentencia por haber convalidado la aplicación de pena al imputado con fundamento en los arts. 40, 41, 41 bis, 45, 50 y 165 del Código Penal (v. fs. 176 vta.).
Invocó la garantía de la reformatio in melius, argumentando que existe la posibilidad de modificar la sanción impuesta en un sentido favorable al encausado (v. fs. 177).
De seguido, denunció la inobservancia del art. 165 del Código Penal con relación a los parámetros que el art. 47 del mismo texto legal estructura en orden a la participación stricto sensu, lo que implicó -a su entender- la afectación de la garantía constitucional de defensa en juicio (v. fs. 177 vta.).
Alegó que las críticas recursivas apuntan a dos aspectos del fallo en crisis, uno referido a la calificación legal del suceso y el otro al grado de participación que se le asignó a Serna Rojas en el mismo.
Al desarrollar el agravio sobre la calificación legal que fuera confirmada en el fallo casatorio, formuló consideraciones de orden general referidas a la interpretación de la figura contenida en el art. 165 del Código Penal. Aludió al nullun crimen nulla poena sine conducta, a los principios de culpabilidad, el de responsabilidad por el acto, proporcionalidad y máxima taxatividad legal. En apoyo de sus argumentaciones citó los arts. 18 y 19 de la Constitución nacional, y citó el fallo P. 82.374 de este Tribunal agraviándose por no haber sido observado en el caso (v. fs. 178/179 vta.).
El recurrente alegó que Jesús Ezequiel Serna Rojas no fue quien ejecutó el disparo que causó el deceso de Juan Bautista González y que tampoco desplegó "...ningún obrar activo en tal sentido", desde que solo se limitó a aguardar dentro del vehículo, por lo que el resultado lesivo muerte no puede serle atribuido sin incurrir en la aplicación de la responsabilidad objetiva y en la afectación del principio de culpabilidad (v. fs. 180 vta.).
Agregó que si quedó establecido que fue Isaías Pogonza quien teniendo el dominio del hecho efectuó el disparo mortal, el aporte que realizó Serna Rojas de "...permanecer aguardando dentro del vehículo" no resultó esencial para la ejecución del suceso referido, sino que debió enmarcarse dentro del instituto de la complicidad secundaria, conforme el art. 46 del Código Penal (v. fs. 181 vta. y 182).
Asimismo, formuló consideraciones dogmáticas sobre la coautoría funcional y afirmó que la conducta desplegada por el imputado solo podría encasillarse en una complicidad secundaria, solicitando la aplicación de las previsiones del art. 46 del Código Penal (v. fs. 182).
También expresó que para enmarcar el suceso en los términos del art. 165 del Código Penal no alcanzó con que el a quo señalara que el deceso de la víctima se produjo "...dentro del contexto de robo previo..." o que ocurrió "...con motivo u ocasión de ese robo...", sino que se debió establecer el "anclaje lógico" de esas afirmaciones con el devenir de los hechos tal como fueron plasmados en el acto sentencial (v. fs. 182 y vta.).
En suma, solicitó se revise el pronunciamiento impugnado, declarando mal aplicadas las reglas concursales de los arts. 45, 46, siguientes y 165 del Código Penal y que, asumiendo competencia positiva, se disponga la absolución respecto de dicho evento (v. fs. 182 vta.).
Desde otra arista, denunció arbitrariedad de la sentencia por indebido contralor casatorio en lo atinente a la determinación de la pena impuesta, en violación a las garantías de debido proceso y defensa en juicio. En concreto, se agravió del procedimiento utilizado para la determinación de la sanción al haberse valorado de oficio circunstancias aumentativas de la pena, sin debida fundamentación, y también denunció la afectación de la prohibición de doble valoración en contraposición a las previsiones de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 182 vta./196).
Finalmente, alegó inobservancia "...de la obligación jurisdiccional a favor de la aplicación obligada de la reformatio in melius, como manifestación del derecho de defensa en juicio contemplado en el art. 18 de la Carta Magna" (fs. 196 y vta.).
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazó del recurso (v. fs. 237/241 vta.).
III.1. Inicialmente cabe señalar que el remedio en examen sólo fue concedido a los efectos de abordar el agravio fundado en la inobservancia y errónea aplicación de los arts. 165 y 47 del Código Penal (v. específicamente fs. 215 vta. del auto de concesión parcial), por lo que en ese estricto marco serán abordados los planteos de la defensa.
III.2. En lo que interesa destacar, el tribunal de juicio estableció que: "El día 21 de agosto de 2012, siendo alrededor de las 7.45 horas, tres sujetos de sexo masculino y mayores de edad, se constituyen en la puerta de la vivienda ubicada en la calle Tuyutí 1429 de la localidad de Villa Industriales, partido de Lanús, siendo que a fin de apoderarse ilegítimamente de las pertenencias de Leonardo González, uno de ellos ingresa al domicilio diciéndole 'dame todo o te quemo', apuntándolo con un arma de fuego, oportunidad en la cual, en el contexto de la violencia del intento de robo, el Sr. Juan Bautista González se abalanza contra el asaltante, ante lo cual el sujeto activo le efectúa dos disparos; simultáneamente otro de los ejecutores empuja a la Sra. Silvia Karina García al interior del auto, siendo que luego de los disparos, los dos sujetos antes referidos corren hacia el rodado marca Chevrolet Corsa, en el cual los estaba esperando el tercer sujeto activo, dándose a la fuga todos ellos juntos. Finalmente, el Sr. González (padre) fallece debido a las heridas sufridas por dos proyectiles, uno, en la región parietal derecha del cráneo y, otro, en la región posterior del hemitórax derecho" (fs. 21 vta., sent. de condena).
En el apartado concerniente a la participación de los sujetos en el hecho, con relación a Jesús Ezequiel Serna Rojas afirmó "...dócilmente que su participación ejecutiva, en lo que a este suceso histórico se refiere, se encuentra plenamente acreditada en el proceso..." (fs. 39 vta.).
Al resolver sobre la calificación legal estableció que debía responder en calidad de coautor del delito de homicidio en ocasión de robo, y precisó que "...habiéndose acreditado que ambos inculpados participaron dolosamente en un robo en el que se empleó por lo menos un arma de fuego dotada de poder vulnerante, de manera tal que resultaba previsible su efectivo empleo y que de éste derivara la muerte del sujeto pasivo, el encuadre legal que debe regir en relación a ambos acriminados, es el de coautores del delito de homicidio en ocasión de robo" (fs. 43 vta.). Acompañó esa decisión con cita de jurisprudencia del Tribunal de Casación y de la Cámara Nacional Criminal y Correccional.
III.3. En el recurso de casación la defensa oficial cuestionó la valoración de la prueba que condujo a la condena de Serna Rojas, alegando que correspondía su absolución o, subsidiariamente, la aplicación del art. 47 del Código Penal.
En ese sentido argumentó que su asistido jamás fue visto fuera del vehículo de mención y, además de señalar contradicciones en el relato de los testigos que lo ubicaron en el lugar del hecho, sostuvo que de haber existido participación por parte de Serna Rojas habría sido "...en la medida de su intención [...], participar en un robo con armas, y no en una muerte en la que acabadamente se acreditara que no ha tenido participación...", la que habría resultado del "...exceso de uno de los partícipes" al efectuar los disparos que dieron muerte a Bautista González (v. fs. 63 vta.).
III.4. Por su lado, en lo que aquí interesa, el tribunal revisor analizó el agravio sobre la coautoría de Serna Rojas y el pedido de encuadrar su accionar en los términos del art. 47 del Código Penal.
En primer lugar, con cita de autores, aludió a la conceptualización teórica del tema en discusión. Esencialmente, destacó la necesidad de "...una división de roles, materializada a través de un acuerdo que puede ser expreso como tácito (o mediante un actuar concluyente), en donde cada interviniente tenga a su cargo la ejecución de una función decisiva para la realización del hecho proyectado" (fs. 128 y vta.); precisó, asimismo, que "...cada coautor debe ser, por un lado, subjetivamente coportador de la decisión común y, por el otro, debe prestar un aporte objetivo que fuera acordado previamente en el marco del plan ideado" (fs. 128 vta.).
En ese marco de análisis, el a quo resaltó que "...para calificar a un interviniente como coautor, su aportación al hecho debe representar un requisito de carácter indispensable para la realización del resultado pretendido; de tal manera que sin su contribución la empresa criminal fracasa, pues únicamente si coopera 'funciona' el plan" (fs. 128 vta. y 129).
Tras ello, el tribunal intermedio afirmó que "...la función que le cupo al encartado quedó enmarcada dentro de las referidas exigencias", en razón de haber sido -junto a Pogonza Corvalán- "...quienes participaron del robo en el domicilio del matrimonio conformado por Leonardo González-Silvia Karina García, ocasión en la que se produjo la muerte del padre del primero (Juan Bautista González) por un disparo de arma de fuego" (fs. 129).
Y a los fines de rechazar el agravio llevado a su conocimiento, concluyó que el recurrente se había limitado a formular argumentaciones encaminadas a lograr la aplicación de una figura más benévola pero "...omite refutar todos y cada uno de los extremos fijados en su respecto en la instancia, revelando que se trata de una denuncia impugnativa dogmática que se desentiende de lo analizado por el tribunal a quo" (fs. 129 vta.).
IV. Frente a lo resuelto por el tribunal intermedio, las discrepancias del recurrente tal como han sido planteadas no pueden ser atendidas.
En efecto, la defensa desoyó el razonamiento seguido por el órgano revisor que, en el marco de la coautoría criminal responsable, concluyó que la función que le cupo a Serna Rojas abastecía las exigencias del marco teórico en el que sustentó su decisión, en tanto tuvo por acreditado el acuerdo previo, la distribución de funciones y el aporte de una función indispensable para la realización del resultado pretendido.
Además, el recurrente no opuso argumentos válidos para desvirtuar aquello que el Tribunal de Casación confirmó del fallo de la instancia en cuanto estableció que Serna Rojas y Pogonza Corvalán participaron dolosamente de un robo en el que se empleó un arma de fuego dotada de poder vulnerante, de manera tal que resultaba previsible su efectivo empleo y que de este derivara la muerte del sujeto pasivo.
En atención a ello, viene al caso traer a colación lo dicho por esta Corte en orden a que "...la decisión común es el vehículo que determina la conexión de los diversos aportes al hecho llevados a cabo por distintas personas, permitiendo imputar a cada uno de los intervinientes la parte de los otros (conf. por muchos, Stratenwerth, Derecho penal, parte general, I, Madrid, Edersa, 1982, t. 814, p. 248). Ciertamente, no siempre es sencillo distinguir si tal o cual modalidad de aporte objetivo atribuye realmente el dominio del hecho, a fin de imputar coejecución o simplemente otra forma de cooperación. Sin embargo, hay consenso generalizado en afirmar la coautoría cuando quien ejecuta junto con otro u otros el evento criminoso lo hace en virtud de un acuerdo previo por el cual cada uno conoce la acción de los demás y distribución de funciones. Justamente, esto es lo que caracteriza la coautoría de las demás formas de intervención a través de pluralidad de autores. En aquella el hecho no es dominado por uno de los intervinientes, sino por el conjunto o 'colectivo'. Importa, pues, el despliegue de una parte del suceso típico en combinación con el aporte de los otros. Por ello, rige en la coautoría la imputación recíproca de todas las contribuciones al suceso que tienen lugar en el marco del común acuerdo (conf. Jescheck, Tratado de Derecho Penal, t. II, Bosch, Barcelona, 1981, p. 993)" (conf. doctr. -en lo pertinente- causas P. 82.042, cit., sent. de 30-III-2005; P. 98.727, sent. de 2-VII-2008; P. 104.031, sent. de 3-VI-2009; P. 104.036, sent. de 11-V-2011; P. 123.527, sent. de 26-X-2016; P. 128.932, sent. de 17-IV-2019; e.o.).
En la impugnación en examen la defensa no controvirtió idóneamente los argumentos brindados en el fallo recurrido, exponiendo sólo su propia opinión personal en forma dogmática, lo que imposibilita conmover esa decisión sobre el extremo puesto en jaque (art. 495, CPP).
Por otro lado, en cuanto a la denuncia de apartamiento de la doctrina legal de esta Corte in re P. 82.374, "Arce", más allá de otras consideraciones que cabría formular, lo decisivo para proceder a su desestimación estriba en que el impugnante no ha intentado demostrar su aplicabilidad a este supuesto, máxime ante las disimilitudes que aquel caso ostenta con la situación aquí juzgada (conf. causa P. 130.668, sent. de 26-XII-2018; e.o.).
En resumen, en el probado contexto fáctico, no evidenció la parte que resulte irrazonable la subsunción en los términos del art. 45 con relación al art. 165, ambos del Código Penal, efectuada por las instancias anteriores (art. 495, CPP).
V. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Coincido con el señor Ministro doctor Genoud en que el recurso interpuesto resulta insuficiente, toda vez que el recurrente, más allá de volcar la interpretación que consideró aplicable al caso respecto de la intervención de su defendido, no logró demostrar que la realizada por el tribunal intermedio fuese errónea o arbitraria.
En su desarrollo, en ningún caso desvirtúa la fundamentación que el tribunal ofrece allí a la intervención del mismo y la consecuente calificación del hecho endilgado, trayendo a colación cita jurisprudencial que no resulta aplicable, en tanto difieren sustancialmente las circunstancias del caso "Arce" con las del presente.
Por lo expuesto, ante la insuficiencia técnica del recurso, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31 segundo párrafo, ley 8.904/77 y acuerdo 3871 de esta Corte, de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Fin de la sentencia