Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133373
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.373, "Castillo, Miguel Alejandro y Moreno, Maximiliano Ezequiel s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en causa N° 80.515 y su acumulada N° 80524 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, de Lázzari, Torres.
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de septiembre de 2017, rechazó los recursos de la especialidad interpuestos por las defensas de Maximiliano Ezequiel Moreno y Miguel Alejandro Castillo contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que los condenó a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlos coautores responsables del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, con la intervención de un menor de dieciocho años de edad (v. fs. 91/105).
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad en favor de Maximiliano Ezequiel Moreno y de Miguel Alejandro Castillo (v. fs. 107/114 vta. y 125/133 respectivamente) que fueran concedidos con el alcance que surge de la resolución de fs. 135/137.
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 147/150 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 152) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos a favor de Maximiliano Ezequiel Moreno y de Miguel Alejandro Castillo?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Más allá de que el juicio de admisibilidad llevado a cabo por la Sala V del Tribunal de Casación resulta manifiestamente incongruente con el contenido del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en tanto ha sido concedido por agravios que no fueron oportunamente incluidos en la impugnación (errónea aplicación al caso del art. 41 quater del Código Penal e inconstitucionalidad de dicha norma; v. fs. 135/137), a los fines de no dilatar el trámite del proceso (art. 2, CPP), corresponde a esta Corte examinar directamente los recursos incoados por la defensa oficial en favor de los imputados, los que serán abordados de manera conjunta en razón de que ambos presentan identidad de contenido.
II. En los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley la defensa tachó la sentencia de arbitraria por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Superior Tribunal federal, con afectación a la defensa en juicio -derecho a ser oído-, el debido proceso legal y el derecho al recurso (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP), además de considerar que en el caso se realizó una revisión aparente de la sentencia de condena (v. fs. 110 y 128)
Afirmó que habiendo acudido al órgano intermedio en procura de la revisión del modo en que el tribunal de grado tuvo por acreditado el hecho; de la aplicación y validez constitucional de la agravante genérica prevista en el art. 41 quater del Código Penal; y de la incidencia de esta última en la determinación de la pena; el tratamiento dispensado a dichos planteos -desde su óptica- por Casación no satisfizo la garantía de la doble instancia (v. fs. 110 y vta. y 128 y vta.).
Sostuvo que pese a reclamarse expresamente la declaración de inconstitucionalidad de art. 41 quater del Código Penal, el a quo no brindó una respuesta concreta, proporcionando una contestación aparente, vinculada con la aplicación de dicha norma (v. fs. 111 vta. y 129 y vta.).
Tildó, en ese contexto, de arbitraria la sentencia recurrida en el entendimiento que aquella omisión, sin razón justificatoria alguna, afectó el derecho a ser oído, que vinculó con la garantía de defensa en juicio y del debido proceso (v. fs. 112 vta., 113 y 130/131).
Requirió que se declaren procedentes las impugnaciones deducidas y se case la sentencia, por haberse violentado el debido proceso y el derecho a ser oído, como derivación del derecho de defensa en juicio, vinculado con el alcance que debe otorgarse al recurso como garantía del imputado a la revisión integral de la sentencia de condena, reenviándose los autos al Tribunal de Casación para que -integrado por jueces hábiles- dicten un nuevo pronunciamiento (v. fs. 113/114 y 132 y vta.).
III. Los recursos deben ser rechazados.
III.1. El agravio vinculado con la omisión de tratamiento de la declaración de inconstitucionalidad del art. 41 quater del Código Penal, no es de recibo ya que fue introducido por la defensa de Moreno recién en el memorial de fs. 68/69 vta. (legajo n° 80.524) durante el trámite casatorio.
Adviértase que como surge del contenido de los recursos de casación (v. fs. 44/53 vta. del legajo n° 80.524 y fs. 44/53 del legajo n° 80.515) sendas defensas cuestionaron allí la arbitrariedad en la valoración de la prueba por medio de la cual se tuvo por acreditada la participación del imputado en el hecho y la calificación legal atribuida al mismo; es decir que no contenía aquel reclamo.
Entonces, si en el fallo impugnado el órgano revisor guardó silencio respecto a la validez constitucional de la agravante genérica contenida en la norma sustantiva citada, fue en razón de que dicho planteo no había sido propuesto al tribunal intermedio en la oportunidad procesal pertinente. De tal modo, no es posible predicar la arbitrariedad del fallo por no haber ingresado al tratamiento de agravios no formulados (doctr. art. 451, CPP).
El criterio empleado por el Tribunal es coincidente con el de esta Corte en cuanto a que el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos. Las posteriores ocasiones procesales (como las previstas en el art. 458, CPP -audiencia de informes o la presentación de memorial-) están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad.
III.2. En cuanto a la denuncia de arbitrariedad por revisión aparente, en lo referido a la subsunción del supuesto de hecho de la agravante por participación de un menor -art. 41 quater Código Penal-, se advierte que el Tribunal de Casación aplicó la doctrina legal de esta Corte, con especial análisis en las constancia de la causa que determinaban la efectiva intervención del menor en términos de coautoría y que sus consortes mayores tenían conocimiento de la minoridad de aquel, además de haber sido percibida por la propia víctima.
Por ello, y en coincidencia con el dictamen del Procurador, estimo que no ha habido infracción a la revisión amplia de conformidad con la doctrina interpretativa de dicha garantía que el recurrente cita (doctr. CIDH causa "Herrera Ulloa vs. Costa Rica"; arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP; conf. doctr. CSJN causa "Casal", Fallos: 328:3399), por lo que corresponde rechazar los recursos.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, de Lázzari y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia