Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133519
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.519, "Chazarreta, Leandro Ezequiel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 93.369 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 18 de junio de 2019, rechazó el recurso de la defensa interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Morón que condenó a Leandro Ezequiel Chazarreta a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor y autor responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, robo agravado por el uso de arma impropia, robo agravado por el empleo de arma de fuego con la participación de un menor de dieciocho años de edad en grado de tentativa, homicidio agravado criminis causae con la participación de un menor de dieciocho años de edad y con el empleo de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra reiterada, dos hechos, todos en concurso real entre sí (v. fs. 181/188 vta.).
El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 208/213 vta.), que fue declarado parcialmente admisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 215/218 vta.), lo que no mereció objeción de la defensa (v. fs. 227).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 229/231 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 233) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Preliminarmente, corresponde destacar que el señor defensor oficial adjunto, en oportunidad de presentar el recurso extraordinario, formuló dos agravios. Por un lado, denunció la arbitrariedad de la sentencia recurrida con la consecuente afectación del debido proceso y la garantía de defensa en juicio al incurrir en una revisión aparente y, por el otro, la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 208/213 vta.).
La Sala IV del Tribunal de Casación, al realizar el juicio de admisibilidad, concedió parcialmente la vía extraordinaria intentada (v. fs. 215/218 vta.).
En esa oportunidad, el tribunal intermedio precisó que la arbitrariedad atribuida a lo afirmado en cuanto a que la muerte de la víctima había perseguido el fin de consumar el desapoderamiento y procurar la impunidad -por entender la defensa que se apartaba del plexo probatorio-, se vinculaba a temáticas de índole procesal y de derecho común, tales como la producción y valoración de la prueba, sin que la parte hubiera podido explicar por qué lo decidido no resultaba una derivación razonada del derecho vigente atento los hechos imputados ni la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que estimaba comprometidas (v. fs. 216/217 vta.).
Por otra parte, admitió la apertura de la competencia para el análisis de la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal. Lo así decidido, y como se relatara en los antecedentes, no mereció objeción de la parte.
I.2. Sentado lo anterior, solo cabe atender el planteo por el que fue admitido el remedio extraordinario.
II. El recurrente denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal por estimar que no se podía afirmar que el disparo efectuado por Chazarreta, que había ocasionado el deceso de Miriam Cappolillo, hubiera perseguido la finalidad de facilitar el robo o procurar la impunidad, tal como sostuvo el tribunal criminal al imponer la calificación legal, que luego fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal (v. fs. 211).
Para llegar a esa afirmación, sostuvo que el disparo en cuestión fue inmediatamente posterior a una reacción defensiva por parte de la víctima, que intentó resistir el robo -y de hecho lo logró- acelerando el vehículo y atropellando a los agresores, quienes lo amenazaban desde la moto (v. fs. 211 vta.).
Bajo ese entendimiento, aseveró que no podía concluirse que Chazarreta hubiera producido el disparo en forma reflexiva, como medio para facilitar o asegurar los resultados del delito contra la propiedad, sino que lo que había quedado evidenciado era que, por la violenciaínsita en el delito de robo, su defendido también había cometido un homicidio, al ver en riesgo su propia vida (v. fs. 212).
Finalmente, estimó que, al no haberse logrado acreditar la ultrafinalidad exigida por el art. 80 inc. 7 del Código Penal, correspondía recalificar los hechos en los términos del art. 165 del mencionado Código (v. fs. 212 vta.).
III. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General (v. fs. 229/231 vta.), el recurso no prospera.
IV. En lo que es de interés para el caso, al interponer el recurso de casación, la defensa sostuvo que la muerte de Cappolillo había acaecido como resultado de la violencia propia del pretendido desapoderamiento y no estaba en los planes del imputado matar a la víctima, por lo que el hecho debía calificarse como un homicidio en ocasión de robo (v. fs. 138 vta. y 139).
El Tribunal de Casación Penal, a fin de dar respuesta a ese planteo, adelantó que no prosperaba el cambio de calificación legal solicitado en los términos del art. 165 del Código Penal.
Para comenzar, relató los hechos tenidos por demostrados por el tribunal de origen del siguiente modo: "...el día 30 de septiembre de 2016, siendo aproximadamente la hora 20:00, en las inmediaciones del domicilio sito en la calle [...] de la localidad de El Palomar partido de Morón, se hizo presente una banda compuesta por al menos cuatro sujetos masculinos -uno de ellos identificado en la presente como Leandro Ezequiel Chazarreta [otro menor y los restantes prófugos] a bordo de una motocicleta marca Yahamaha modelo XTZ color negro dominio 739 KMX -en la que circulaban Chazarreta como acompañante y [el menor] como conductor-, con el fin de apoderarse ilegítimamente de un vehículo marca Citroen modelo C4 dominio LOA 505, que era conducido por su propietario Claudio Eduardo Cruzans, mediante el empleo de dos armas de fuego, una pistola calibre 9mm marca Mini Thunder que el menor portaba y un arma de fuego del tipo pistola calibre 40 serie 908897 que Chazarreta portaba sin la debida autorización legal para ello, mediante la cual este último con el claro designio de darle muerte y procurar la impunidad del delito contra la propiedad que originariamente se propusiera, le efectuó un disparo contra la humanidad de Miriam Amelia Cappolillo, a la altura de su pecho -tórax-, quien circulaba a bordo del mentado automóvil como acompañante, lo que provocó lesiones de tal gravedad que posteriormente causaron su deceso, no logrando apoderarse del vehículo por razones ajenas a su voluntad" (fs. 185).
Luego de transcribir los testimonios del esposo de la víctima y de un testigo del hecho que permitían tener por convalidado el razonamiento desarrollado en la sentencia de origen, el órgano revisor expresó que, conforme la plataforma fáctica, no tenía dudas de que Chazarreta había efectuado un disparo a Miriam Cappolillo "al solo efecto de lograr la impunidad, al verse acorralado por el señor Cruzans, quien en ese momento se encontraba al comando del rodado que intentaron sustraer; quedando abastecida así la finalidad y la conexión ideológica que requiere el artículo 80 inciso 7° del Código Penal" (fs. 186).
Además, compartió lo afirmado por el tribunal oral en cuanto a que "...desde que Chazarreta supo lo que quería, que no es otra cosa que acometer el delito, y cuando Cruzans, con las mínimas herramientas que tenía y ante la sorpresa de lo que estaba pasándole, se opuso al desapoderamiento y generó la ira de aquél quien al sólo efecto de lograr su objetivo y consecuentemente su impunidad ultimó de un innecesario disparo a alguien totalmente indefenso..." (fs. 186 vta.).
Contrariamente a lo afirmado por la defensa que pretendía excluir la aplicación de la figura penal del art. 80 inc. 7 del Código Penal por no haberse verificado la ultrafinalidad requerida, concluyó que el elemento subjetivo del tipo estaba definido por el juzgador al dar tratamiento al veredicto, apoyándose así en el plexo de cargo que evidenciaba claramente la crueldad de la acción, totalmente innecesaria respecto del delito conexo. Por último, agregó que "Si bien la figura del art. 80 inc. 7 del C.P requiere una necesaria vinculación subjetiva con otro delito, la preordenación no es indispensable, pudiendo surgir el designio motivante de la conducta sin previa reflexión, como decisión adoptada en el curso de la ejecución del hecho, tal como sucedió en el 'sub lite'" (fs. cit.).
V. A partir de lo expuesto, se advierte que la defensa se opone a las conclusiones jurídicas establecidas por el sentenciante respecto del delito en cuestión, con un enunciado desprovisto de toda relación con el contenido de lo resuelto, y sin que halle respaldo en ninguna crítica idónea que permita evidenciar que a los hechos probados no les haya sido correctamente aplicado el art. 80 inc. 7 del Código Penal (art. 495, CPP).
Puntualmente, respecto de la figura penal del art. 80 inc. 7 del Código Penal, es doctrina de esta Corte que para que aquella se aplique "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito...", es decir, que exija una especie de preordenación (conf. causas P. 130.739, sent. de 21-XI-2018; P. 131.772, sent. de 20-XI-2019; P. 129.796, sent. de 5-XII-2018; P. 132.303, sent. de 26-II-2020; e.o.).
Así, el argumento relativo a que la resistencia de la víctima conduciría a la conclusión de que el imputado no tuvo la ultrafinalidad propia de la figura calificada del homicidio "...para asegurar el producto del robo y lograr su impunidad" y, sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran formularse, nada agrega a lo resuelto, en tanto dicha interpretación ha sido descartada en ocasiones anteriores por esta Suprema Corte al establecer que la posible coexistencia en el acusado del propósito de "defenderse" frente a la reacción de la víctima -como lo esgrimió el recurrente-, no obsta a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada que prevé la norma citada (conf. causas P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.176, sent. de 27-XII-2017; P. 127.378, sent. de 28-III-2018; P. 122.858, sent. de 19-IX-2018; P. 129.566, sent. de 29-V-2019; P. 132.981, sent. de 14-X-2020; e.o.).
Conforme los fundamentos vertidos, el requisito típico quedó debidamente acreditado, sin que la parte logre conmover eficazmente los argumentos brindados, aunque adversos a su pretensión (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Fin de la sentencia