Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133550
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.550, "D., J. E.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa nº 93.192 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 9 de mayo de 2019, rechazó por improcedente el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Morón que condenó a J. E. D. a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo y -por mayoría- corrupción de menores agravada en concurso ideal (que en ocasiones fue mencionado como real) entre sí (arts. 40, 41, 55, 119 párrafo primero en función del párrafo tercero y cuarto inc. "f" y 125 tercer párrafo, Cód. Penal; v. fs. 105/114).
Frente a esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 123/134), el que fue parcialmente concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 136/140 vta.) sin que por el tramo impugnativo denegado se haya articulado queja (v. informe de fs. 199).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 151/155), dictada la providencia de autos (v. fs. 157) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurrente denunció la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal por considerar que no se encontraban dados los elementos típicos de esa figura penal.
Alegó que no concurría prueba categórica de la materialidad ilícita de la corrupción, pues no existía un psicodiagnóstico que avale lo que el juzgador tuvo por acreditado, ni fue agregado elemento alguno que permitiera verificar la tipicidad objetiva, esto es, que la menor hubiera sido depravada en su sexualidad. Agregó que no surgía indicio alguno de daño o perjuicio grave en la sexualidad de la víctima y que, por más que el accionar del imputado hubiera resultado idóneo, ello no significaba que efectivamente haya sido desviada de su normal desarrollo sexual (v. fs. 125).
Asimismo, cuestionó que concurra el aspecto subjetivo del delito de corrupción de menores, en tanto no se acreditó el dolo directo del autor en el sentido de "...conocer y querer que la acción que ejecuta provoque o facilite el estado de corrupción -además del conocimiento de la menor edad reclamada por la figura básica o agravada- no bastando que el acto consumado sea potencialmente idóneo para producir la depravación sexual de la menor..." (fs. 125 vta.).
Sostuvo que no hay elementos de juicio que indiquen que, más allá de satisfacer su propio deseo sexual, haya tenido en cuenta la posibilidad de que "...con ello pudiera generar una práctica prematura o depravada en la víctima, conclusión que va de la mano con la entidad objetiva de su conducta" (fs. 125).
A su vez, afirmó que la interpretación normativa realizada por el a quo para tener por abastecida la tipicidad subjetiva del delito vulneró el principio de máxima taxatividad legal e interpretativa, ya que "...al establecer la configuración del delito de corrupción interpret[ó] automáticamente que los actos de abuso consumados contra la menor resulta[ba]n potencialmente idóneos para facilitar la corrupción de la misma" (fs. 126).
En este punto volvió a sostener la necesidad de acreditar el componente subjetivo del tipo penal que consiste en la actitud finalista de la acción, guiada a desviar el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima a través de prácticas aberrantes (v. fs. 126 vta. y 127).
Objetó que la afirmación del a quo de que el acusado "...sabía claramente la naturaleza perversa y prematura" de las acciones que afectaron a la niña de cinco años es una mera suposición del órgano revisor (v. fs. 126 vta.).
En segundo término, alegó arbitrariedad de la sentencia por haberse despreciado el principio in dubio pro reo por sostenerse el fallo en crisis sólo en afirmaciones fácticas y valoraciones probatorias insuficientes para justificar la aplicación del art. 125 del Código Penal (v. fs. 128).
Por último, se quejó de errónea revisión de la sentencia de condena respecto a la ausencia de fundamentación del monto de la pena (v. fs. 128 vta.).
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General, el recurso no prospera (v. fs. 151/155).
III. Inicialmente es necesario aclarar que el auto que admitió la vía de inaplicabilidad de ley solo lo hizo por infracción a la ley sustantiva, esto es, la vinculada con el encuadre en el art. 125 del Código de fondo (v. específicamente fs. 139 vta./140 vta.).
Con ese alcance, serán abordados los agravios.
IV. Los tribunales intervinientes dieron por acreditados los siguientes acontecimientos: "En fecha indeterminada, pero durante el transcurso del mes de noviembre del año 2015, en el interior de la vivienda sita en la calle … … … n° … de la localidad de Libertad, Partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, J. E. D., aprovechándose de la convivencia preexistente con L. D. G., hija de su pareja y de tan solo cinco años de edad -toda vez que la niña nació el día 6 de junio de 2010- abusó sexualmente de la misma mediante acceso carnal al introducirle el pene en su boca y eyaculando en la misma, con más la concurrencia de otras conductas perversas consistentes en obligarla a que toque su miembro viril, tanto como tocamientos sobre los genitales de la menor, y todo con el único fin de ver satisfechos sus lascivos instintos. Se acreditó también en dicho acto, que las conductas descriptas por la perversidad de su ejecución, lo prematuro que resultaron en función de la edad de la menor y la calidad de su autor, resultaron idóneas para desviar el normal desarrollo sexual de la menor" –el destacado figura en el original- (fs. 107 y vta.).
El tribunal de juicio consideró a J. E. D. autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo y corrupción de menores agravada en concurso real entre sí.
El voto mayoritario, específicamente en orden al art. 125 del Código Penal sostuvo "...al igual que pacíficamente lo hace la doctrina y la jurisprudencia, que el delito en cuestión solo requiere la idoneidad del acto, no su resultado, extremo que por cierto en el debate ha quedado por demás acreditado" (fs. 45 vta.).
A su turno, el Tribunal de Casación Penal con cita de autor señaló que "...la acción para ser calificada de corruptora, debe tender a la alteración antinatural de las condiciones en que el acto sexual se realiza en sí mismo, ya sea por inculcarse a la víctima el hábito de prácticas puramente lujuriosas o depravadas o por actuarse en forma prematura sobre la sexualidad aún no desarrollada" –el destacado figura en el original- coincidiendo con su antecesor en que los hechos encuadraban, además, en el delito de corrupción de menores (v. fs. 111 vta.).
Aseveró que "...el encartado sabía claramente la naturaleza perversa y prematura de los actos sexuales practicados sobre una menor de cinco años, que perfectamente eran idóneos para torcer el normal desarrollo de su sexualidad" (fs. 111 vta.).
Concordó con el órgano de la instancia en que conforme los informes psicológicos y los testimonios prestados por las profesionales en el debate, las conductas desplegadas por el imputado, tanto por su prematura ocurrencia como por su habitualidad, desviaron el normal desarrollo sexual de la niña logrando así la corrupción; a lo que aunó "...los elevados conceptos y conocimientos acerca de la sexualidad evidenciados, ya que vale colacionar el modo claro y gráfico en que representaba la menor actos masturbatorios, erección y la práctica de la eyaculación" (fs. 111 vta. y 112).
Subrayó que se trató "...de actos reiterados de una aberrante práctica libidinosa para sus apetencias, que tuvo por resultado la angustia que los magistrados percibieron de visu y de auditi, la posibilidad cierta de anomalías inherentes a su sexualidad" (fs. 112 cit.).
Agregó que de acuerdo a los testimonios brindados por A. G. (tío de la damnificada) y su mujer, N. F., surge que los perversos actos que D. hacía mantener a L., eran obligados a ser vistos por su hermano C., "...montando un verdadero espectáculo de pornografía infantil que claramente tuvo entidad para torcer la normal visión de la sexualidad de la niña" (fs. cit.).
V. De acuerdo al tema al cual ha quedado circunscripta la admisibilidad de la impugnación, debe decirse que la postura de la defensa sobre la interpretación del art. 125 del Código Penal no se ajusta a la doctrina legal de esta Corte (causas P. 34.247, sent. de 17-II-1987; P. 35.115, sent. de 26-IV-1988; P. 37.610, sent. de 15-XI-1988; P. 42.893, sent. de 7-XII-1993; P. 48.544, sent. de 28-XII-1995; P. 60.359, sent. de 12-VII-2000; reiterada en P. 66.349, sent. de 2-XI-2005, P. 126.328, sent. de 11-IV-2018 y P. 128.666, sent. de 20-III-2019) según la cual dicha figura no tiene por núcleo de referencia a quien corrompiere, sino a quien "promoviere" o "facilitare" la corrupción, por lo cual el tipo no requiere que se produzca la concreta corrupción (más allá de que aquí se la tuvo por efectivamente ocurrida).
Se trata de un delito que pretende reprimir esencialmente la comisión de actos de contenido sexual con aptitud suficiente para adelantar el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima.
En lo que hace a las acciones típicas, "promover" significa "iniciar", "comenzar", "empezar", "dar principio a una cosa", "adelantar" algo "procurando su logro", "mover", "llevar hacia delante". Por lo tanto, para que se perfeccione este supuesto no es necesario que se concrete la corrupción como resultado lesivo, sino que se requiere que el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia delante) actos suficientemente idóneos tendientes a desviar el normal desarrollo psicosexual del sujeto pasivo.
Por su parte, "facilitar" significa crear las condiciones para que algo sea posible o pueda hacerse "sin mucho trabajo" o pueda "suceder con mucha probabilidad".
En cuanto a la tipicidad subjetiva, se trata de un delito doloso en el que el autor debe conocer la edad de la víctima y el contenido potencialmente corruptor de su conducta, así como también tener la voluntad de producir el acto idóneo para corromper.
No hay dudas de que los requisitos típicos enunciados se encuentran satisfechos en el caso, no solo por las características de los hechos y su reiteración, sino especialmente por el componente de la precocidad (dada la corta edad de la niña).
VI. Más allá de cualquier otra consideración, puede señalarse que el tramo del fallo del tribunal intermedio referido a que los actos ejecutados por el acusado en perjuicio de L. eran obligados a ser vistos por otro niño, el hermano de la víctima, no fue objetado desde ninguna perspectiva por la defensa, aún cuando -en una redacción poco clara- parece haber sido dejado de lado como hecho probado por el tribunal del debate (v. fs. 43 vta. y 44).
En consecuencia, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia