Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131507
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.507, "Bogao, Damián Marcelo s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 83.927 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, Kogan.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 29 de mayo de 2018, rechazó los recursos de la especialidad presentados por las respectivas defensas de Damián Marcelo Bogao y Nicolás Nahuel Díaz contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro que condenó al primero de los nombrados a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, y al segundo a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio en ocasión de robo, hurto en grado de tentativa y robo calificado por el uso de arma de aptitud no acreditada (v. fs. 178/196).
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Bogao.
El a quo lo admitió por estimar cumplidos los requisitos establecidos en el art. 494 del Código Procesal Penal sobre el monto de pena y materia de la impugnación, aludiendo a la errónea aplicación de ley sustantiva (arts. 45, 47, 165 y 166, Cód. Penal -v. fs. 218/219-).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 274/281), dictada la providencia de autos (v. fs. 284) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En atención al alcance con el que fue admitido el recurso (errónea aplicación de los arts. 165, 45, 47 y 166, Cód. Penal) se reseñarán los agravios desarrollados por la defensa oficial, sin referenciar las denuncias sobre afectaciones de pretensa índole federal (violación del principio de culpabilidad y errónea revisión del fallo de condena) por haber quedado fuera del ámbito de competencia de esta Corte (conf. art. 486, CPP; v. fs. 218/219 y 272).
II. Sentado lo anterior, la defensa oficial denunció la infracción de los arts. 45, 47, 165 y 166 in fine del Código Penal (v. fs. 201 y 203 vta.).
Destacó que en las instancias anteriores se hizo aplicación de la teoría sobre coautoría funcional y que se atribuyó a su asistido una intervención esencial en la producción de la muerte de la víctima que -en su opinión- no habría tenido. Sostuvo que, a todo evento, el aporte causal no fue realizado con dolo homicida (v. fs. 201).
En ese sentido, puntualizó que fue el coprocesado Díaz quien arrolló a la víctima del robo con el auto mientras que Bogao habría quedado como mero espectador de dicha secuencia, de modo que si bien se le puede imputar el robo (conf. art. 166 in fine del Código Penal), no acontecería lo mismo con relación a la muerte del damnificado de aquel suceso (v. fs. 206).
A continuación, destacó que el arma utilizada no era apta para el disparo lo que evidenciaría que su empleo no fue para lesionar o herir de muerte, sino para amedrentar. A su entender, es este un dato objetivo que aleja a su asistido de la representación de la muerte de la víctima en el marco del desapoderamiento (v. fs. cit.).
Concluyó manifestando que "...a pesar de que Bogao efectivamente pudo idear el robo con el arma de utilería junto con Díaz, la secuencia que produjo la muerte no ha de ser compartida dado que ello importa una incorrecta extensión de la súbita decisión adoptada por su consorte" (conf. art. 47, Cód. Penal). Sostuvo que el modus operandi no determinaba el riesgo de muerte de la víctima pues en tal caso hubieran empleado un arma con aptitud ofensiva y no una de utilería (v. fs. 206 y vta.).
Insistió en que no se dan los recaudos para afirmar la coautoría funcional pues no surgen datos que determinen un acuerdo previo en el que se pudieran haber representado la posibilidad de dar muerte a la víctima, a lo que se suma que el aporte material realizado por Bogao tampoco permite presumirlo pues no fue él quien atropelló a Fernández. Reiteró que su asistido tampoco hizo ningún aporte en el homicidio, desde que su presencia en el marco del robo no fue determinante a los efectos de que su consorte tomara la decisión de "...apartar a la víctima con el auto". Aclaró que las indicaciones brindadas desde afuera del vehículo por parte de su defendido no daban cuenta de su asentimiento con la muerte de Fernández, sino que sólo se trataba de un diálogo necesario para huir del lugar (v. fs. 206 vta. y 207).
Alegó que "...el hecho de que con posterioridad haya emprendido la fuga junto con Díaz no determina que el mismo consintiera la muerte de la víctima dado que el elemento subjetivo de la tipicidad debe representarse ex ante y no ex post " (fs. 207).
Luego sostuvo que, si bien para la teoría de la coautoría funcional es irrelevante cuál de los coautores efectuó la concreta agresión, no se acreditó desde el plano subjetivo que "...la empresa criminal común haya previsto la muerte como un resultado asequible" (fs. 207).
De seguido, agregó que si bien "...la víctima fue salvajemente lesionada pasándole el auto por encima en más de una oportunidad y que todo ello fue frente a la vista de Bogao; sin embargo, no es cierto que de ello se [pueda] inferir la representación de dicha conducta por parte de [su] defendido ni mucho menos su aceptación". Aseveró que Bogao no intentó neutralizar el auxilio de un vecino a la víctima, sino que pretendió evitar una agresión dirigida hacia Díaz en miras a lograr huir del lugar "...amedrentando para ello al vecino con el hipotético uso de un arma cuyo poder ofensivo sabía nulo" (fs. 207 y vta.).
Concluyó que "...la imputación a título de coautoría funcional en los términos del art. 45 del Código Penal, aun considerando los aportes meramente causales que determinaron el resultado (en el caso hacer de campana, gritarle a un vecino que intentó agredir a Díaz y huir del lugar), debe exigir un componente subjetivo que debe ser acreditado sin un margen de dudas, y en este sentido, es que consider[ó] aplicable el art. 47 del CP en función de no apreciarse elementos que determinen que quiso cooperar en un homicidio en el marco del robo" (fs. 208).
III. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 274/281 en cuanto a que el recurso no puede prosperar.
IV. En efecto, la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva es insuficiente pues la parte no logró evidenciar que el razonamiento del sentenciante dé cuenta de una incorrecta aplicación de los arts. 165 y 45 del Código Penal (conf. art. 495, CPP).
IV.1. El Tribunal de Casación Penal, en lo que aquí interesa, recordó que el órgano de mérito tuvo por debidamente acreditado que "...el 16 de mayo de 2015, alrededor de las 20:30 hs., Jorge Fernández fue interceptado cuando egresaba de la cochera de su vivienda ubicada en la calle [...] a bordo de su automóvil Renault 9 [...] Uno de los activos lo compelió a descender del rodado, colocándose al comando, mientras el segundo agente aguardaba en las proximidades de la vereda asegurando la zona. Que el damnificado ejerció resistencia colocándose en la parte trasera del vehículo, junto al baúl, obstruyendo la salida, ocasión en la que el atracador situado en el automotor, tras los gritos de los vecinos para que despusiera su agresión, hizo marcha atrás arrollando a la víctima, seguidamente movió el vehículo hacia adelante y luego nuevamente reversa, pero el cuerpo de la víctima impedía el desplazamiento del vehículo. En ese momento un vecino se acercó al auto y abrió la puerta del conductor, momento en que el consorte que estaba afuera del vehículo ordenó a su compañero ‘tirale, tirale’. Luego, ante la congregación de muchos vecinos en el lugar, los autores del hecho se dieron a la fuga a la carrera, no logrando consumar su designio criminal por cuestiones ajenas a sus voluntades. Como consecuencia de la embestida el nombrado Fernández sufrió múltiples heridas en el cuerpo que desencadenaron su fallecimiento" (fs. 185 y vta.).
"Durante la fuga los mismos sujetos se toparon con Damián Omar Guerrini, quien había descendido de su automóvil a la altura de la vivienda de Fernández para prestar ayuda, subiéndose los malvivientes a este otro vehículo intentando apoderarse de él, no lográndolo por no haber podido darle arranque, por lo que continuaron con su fuga a pie" (fs. 185 vta.).
"Luego de ello, los imputados interceptaron a Francisco Javier Folino cuando estaba a bordo de su vehículo Ford Ka, y mediante intimidación con armas de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo acreditar, lo desapoderaron ilegítimamente de su automóvil con el que se dieron a fuga" (fs. cit.).
En lo que respecta al pedido de cambio de calificación legal, el a quo explicó que la coautoría presenta dos exigencias una de carácter subjetivo y otra objetiva y a partir de allí cada coautor debe ser subjetivamente coportador a la decisión común y debe prestar un aporte objetivo esencial conforme lo acordado previamente en el plan (v. fs. 189 vta. y 190).
En dicho marco, consideró que se acreditó debidamente la coautoría de Bogao en los hechos toda vez que, de modo conjunto con Díaz, "...intentaron apoderarse ilegítimamente del vehículo automotor de Fernández para lo cual lo abordaron cuando salía de la cochera de su vivienda, ocupándose Díaz de compelerlo mediante intimidación con un arma a descender del rodado, mientras que Bogao se quedó en la vereda asegurando la zona, dándole indicaciones a su compañero. En ocasión de ese intento de robo uno de los coautores produjo la muerte de la víctima atropellándola en más de una oportunidad con el vehículo ante la resistencia [opuesta por esta última] colocándose detrás del auto para intentar impedir su marcha" (fs. 190 vta.).
"Finalmente, ambos coautores se dieron a la fuga, para lo cual intentaron desapoderar a otro vecino de su automóvil y finalmente se apoderaron del vehículo de un tercero, demostrando un persistente actuar mancomunado que da cuenta del asentimiento de ambos intervinientes respecto de las conductas cometidas" (fs. 190 vta.).
Asimismo, explicó que "...independientemente de que, tal como quedó acreditado, haya sido Díaz el que ejecutó materialmente la conducta que produjo la muerte de la víctima, de la prueba también surgió que Bogao consintió claramente ese accionar, dándole órdenes e indicaciones desde afuera del vehículo, y luego ratificó ese consentimiento al emprender una pertinaz fuga junto a su compañero" (fs. 190 vta. y 191).
Argumentó que "...la víctima fue salvajemente lesionada pasándole por encima en más de una oportunidad con el vehículo, todo ello frente a la vista de Bogao, lo cual impide aceptar la hipótesis defensista relativa a que el accionar de Díaz no resultaba ‘previsible’, puesto que se trató de un accionar que consistió durante su desarrollo y con su conducta posterior -aun cuando se haya desencadenado sin premeditación- y con el que en cierto modo colaboró, al intentar con sus indicaciones neutralizar el auxilio que intentó prestarle un vecino a la víctima" (fs. 191).
En suma, resolvió que la calificación legal asignada por el Tribunal de primera instancia resultó acertada (v. fs. 191 vta.).
IV.2. Frente a ello, la manifestación de la parte referida a que habría existido un exceso por parte de Díaz en el homicidio, con la pretensión de que la conducta de Bogao quede enmarcada en las previsiones del art. 47 del Código Penal, no trasciende de un mero criterio divergente con lo fallado y que resulta insuficiente a los fines de demostrar la errónea aplicación de la ley sustantiva que alegó (art. 495, CPP).
En efecto, el recurrente no controvirtió eficazmente la afirmación del sentenciante en cuanto estableció que el homicidio de Fernández fue cometido en el marco de un plan común en el que Bogao hizo aportes concretos, tales como controlar la zona, dar indicaciones a Díaz y neutralizar la ayuda de un vecino que intentaba socorrer a la víctima, a lo que agregó que dicho acuerdo delictivo fue ratificado con el accionar posterior en conjunto de los nombrados al huir del lugar y cometer inmediatamente después nuevos hechos delictivos.
En tal sentido, el argumento del recurrente referido a que al haberse utilizado un "arma de utilería" -cabe aclarar que en la sentencia de primera instancia no se tuvo por probado que el arma utilizada fuera de utilería sino que su aptitud no se pudo acreditar de ningún modo, v. fs. 65/112 vta.- su asistido no se pudo representar la muerte la víctima efectivamente ocurrida, no resulta eficaz pues, conforme se expuso previamente, el revisor edificó los presupuestos de la coautoría funcional sobre circunstancias sin ninguna vinculación con el tipo de arma empleada. De ahí que las conclusiones que la parte extrae de las características de aquella resultan ineficaces para evidenciar la violación legal denunciada, en tanto -en el caso- no logran proyectar sus efectos hacia la solución pretendida en la impugnación en examen.
De igual manera, tampoco puede ser atendida la alegación que efectúa acerca de que la huida posterior al hecho no permite afirmar que Bogao consintiera el homicidio "...dado que el elemento subjetivo debe representarse ex ante " (fs. 207), toda vez que aparece dogmáticamente enunciada y sin una suficiente fundamentación que le dé sustento a los fines de evidenciar la trasgresión legal que denunció (art. 495, CPP).
IV.3. En definitiva, las críticas de la defensa oficial resultan insuficientes para conmover la decisión del Tribunal de Casación Penal que, al confirmar el fallo de primera instancia, afirmó que Bogao resultó coautor funcional junto con Díaz del delito de homicidio en ocasión de robo, aseverando que se demostró el aspecto subjetivo (decisión común al hecho) así como el objetivo (ejecución de esa decisión mediante la división de trabajo), y que existió un "...persistente actuar mancomunado [...] que da cuenta del asentimiento de ambos intervinientes respecto de las conductas cometidas" (fs. 190 vta.).
Frente a esa decisión, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que la categoría de coautoría funcional surge justamente para supuestos en que más de un sujeto codomina el hecho a través de su función específica en la ejecución del suceso total sobre el que existe una decisión común. Desarticular tal coautoría funcional y exigir la acreditación de la causación física en cada tramo fáctico de la ejecución del delito es negar aquella categoría de participación -en sentido lato- pues el dato esencial de la coautoría funcional es justamente la división de tareas (conf. causas P. 98.529, sent. de 15-VII-2009; P. 117.581, sent. de 1-VII-2015; P. 123.527, sent. de 26-X-2016; e. o.).
Por ello, "...la decisión común es el vehículo que determina la conexión de los diversos aportes al hecho llevados a cabo por distintas personas, permitiendo imputar a cada uno de los intervinientes la parte de los otros (conf. por muchos, Stratenwerth, Derecho penal, parte general, I, Madrid, Edersa, 1982, t. 814, p. 248). Ciertamente, no siempre es sencillo distinguir si tal o cual modalidad de aporte objetivo atribuye realmente el dominio del hecho, a fin de imputar coejecución o simplemente otra forma de cooperación. Sin embargo, hay consenso generalizado en afirmar la coautoría cuando quien ejecuta junto con otro u otros el evento criminoso lo hace en virtud de un acuerdo previo por el cual cada uno conoce la acción de los demás y distribución de funciones. Justamente, esto es lo que caracteriza la coautoría de las demás formas de intervención a través de pluralidad de autores. En aquélla el hecho no es dominado por uno de los intervinientes, sino por el conjunto o 'colectivo'. Importa, pues, el despliegue de una parte del suceso típico en combinación con el aporte de los otros. Por ello, rige en la coautoría la imputación recíproca de todas las contribuciones al suceso que tienen lugar en el marco del común acuerdo (conf. Jescheck, Tratado de Derecho Penal, t. II, Bosch, Barcelona, 1981, p. 993)" (conf. doctr. -en lo pertinente- causas P. 82.042, sent. de 30-III-2005; P. 98.727, sent. de 2-VII-2008; P. 128.932, sent. de 17-IV-2019; e. o.).
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar la denuncia de errónea aplicación de los arts. 165 y 45 del Código Penal y la pretensión de aplicar el art. 47 del mismo cuerpo normativo pues la defensa no logró conmover los argumentos esgrimidos en el fallo en crisis al sostener el acierto de la calificación legal establecida en la sentencia de condena (conf. art. 495, cit.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495, CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2021 11:34:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/03/2021 13:34:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2021 13:50:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2021 14:12:12 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2021 14:28:16 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia