Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132367
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.367, "Brandán Juárez, Marcelo Alejandro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 80.729 y su acumulada n° 80.319 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación: doctores Pettigiani , Kogan , Genoud , Torres .
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de abril de 2018, rechazó -en lo que interesa- el recurso homónimo interpuesto por el defensor oficial contra la sentencia unificadora de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, que condenó a Marcelo Alejandro Brandán Juárez a la pena única de reclusión perpetua con más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, accesorias legales y costas, omnicomprensiva de la de reclusión perpetua, con más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, que como autor responsable de los delitos de secuestro coactivo agravado y homicidio calificado -cuatro hechos- en concurso real (arts. 55, 80 inc. 6 y 142 bis inc. 1, Cód. Penal), le fuera impuesta en causa n° 18.191 por el citado Tribunal de Alzada; de la pena única de veinticinco años de reclusión, comprensiva de la de dieciséis años de reclusión, accesorias legales y costas impuesta en causa n° 28.421 por el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro y de la de diez años de reclusión aplicada en causa n° 415 por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y finalmente, de la pena de dieciséis años de prisión que le impusiera el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Morón en causa n° 2.056, manteniendo la declaración de reincidencia, por resultar autor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra, privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la participación de tres personas y por el uso de arma de fuego, todos en concurso real entre sí (v. fs. 61/64 vta. -sent. del Tribunal casatorio- con relación a fs. 1/8 -sent. de la Cámara-).
Contra esa decisión el señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 84/101 vta.), que fue concedido por resolución del 5 de diciembre de 2018 por la Sala interviniente (v. fs. 102/104).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 115/120 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 121) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. En primer lugar, denuncia que el tribunal revisor no analizó correctamente la oportunidad del agravio federal, vinculado con el control de convencionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de la pena de reclusión perpetua con declaración de reincidencia (arts. 52 y 80, Cód. Penal), luego de llevada a cabo la unificación prevista por el art. 58 y concordantes del citado cuerpo legal; ello por haber considerado que el planteo era una reflexión tardía atento que, luego de que esta Corte reimplantara la accesoria aludida por sentencia del día 16 de julio de 2014 en causa P. 99.586, esa defensa no articuló contra ello recurso alguno (v. fs. 89 vta. y 90).
Argumenta el impugnante que la cuestión debía ser analizada primeramente por los tribunales inferiores para, eventualmente, ser efectivizado el reclamo en el marco del recurso extraordinario federal (v. fs. 90).
Considera que de haberse articulado el reclamo a través del aludido recurso extraordinario federal, no habría permitido el tratamiento del agravio en las instancias ordinarias y tampoco podría haber sido analizada por la Corte federal, en tanto no habría tenido abordaje previo en el ámbito local (v. fs. 90 vta. y 91).
En síntesis, sostiene que el requerimiento de convencionalidad no resulta una reflexión tardía ni deviene extemporáneo, en tanto se interpone frente a la sentencia de unificación que luego de la construcción de la escala de penalidades mantuvo -pudiendo no haberlo realizado-, la pena accesoria prevista en el art. 52 del Código Penal para un sujeto que fue declarado reincidente a consecuencia del reenvío que dispuso este Superior Tribunal provincial, pues era necesario el tratamiento por parte de los tribunales inferiores a fin de garantizar una amplia revisión de la condena impuesta (v. fs. 91 y vta.).
A su vez, alega que lo resuelto por la Casación resulta arbitrario con relación a la denuncia de incompatibilidad con el bloque convencional de la sentencia que mantiene la pena de reclusión perpetua por tiempo indeterminado al sostener que la misma resultó reimplantada por esta Corte en la referida sentencia dictada el 16 de julio de 2014 -causa P. 99.586- (v. fs. 91 vta.).
Refiere que de la lectura del pronunciamiento unificatorio como del dictado por el Tribunal de Casación Penal, no surge un tratamiento autónomo de la denuncia de índole convencional de la pena accesoria prevista en el art. 52 del Código Penal, como violatoria de los principios de culpabilidad por el acto, legalidad, resocialización y reserva (v. fs. 94).
Concluye señalando que, en el caso, no existe posibilidad de determinar la fecha de vencimiento de la pena impuesta a Brandán Juárez lo cual quebranta el derecho a la vida por resultar "efectivamente perpetua", a su modo de ver (art. 4, CADH; v. fs. 94 y 96 vta.).
I.2. En segundo término, denuncia la errónea aplicación de los arts. 55 y 58 -en función del art. 80-, todos del Código Penal, así como la afectación a los principios de culpabilidad y proporcionalidad (v. fs. 97 vta.).
Sostiene que el tribunal revisor confirmó una sentencia unificadora que impuso una pena accesoria que resultaba optativa para el juzgador, sin reparar en los planteos de esa defensa respecto a la naturaleza de dicha unificación cuando debieron tenerse en cuenta las escalas y no solamente las penas preestablecidas (v. fs. 98 vta.).
Considera que, si en el caso se llevó a cabo una unificación mixta, surge que la única condena firme no es aquella que abarca la penalidad accesoria por cuanto ésta fue la última en adquirir firmeza e implica que al resurgir las escalas penales en el proceso de unificación del art. 58 del Código Penal, el sentenciante pudo haberla dejado de lado (v. fs. 99).
Señala que el Tribunal de Casación Penal en un solo párrafo clausuró toda explicación respecto de la posibilidad de aplicar o dejar de lado la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado en el marco de la escala que enunció, omitiendo toda consideración y tratamiento sobre la aducida violación al principio de resocialización de la pena consagrado en el art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. cit.).
Cita el precedente "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 323:4343) en cuanto a que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad del autor y peticiona que se case el fallo en crisis, y se reenvíen los autos al tribunal intermedio a los fines de que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (v. fs. 100 vta. y 101).
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso (v. fs. 115/120 vta.).
III. Desde mi punto de vista, la defensa no logra evidenciar que el pronunciamiento del Tribunal de Casación Penal a consecuencia del cual se rechazó el recurso de esa parte, incurra en alguna de las causales de arbitrariedad que alega, ni que haya habido una errónea aplicación del art. 58 del Código Penal (art. 495, CPP).
III.1. En primer término, cabe señalar que la decisión que cuestiona la parte encuentra sus comienzos en el pronunciamiento unificatorio llevado a cabo por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul (v. fs. 1/8).
En esa decisión se explicó que el causante Brandán Juárez registraba tres condenas y que se hallaba cumpliendo en forma paralela dos de ellas (v. fs. 3): la primera dictada por ese tribunal con fecha 13 de abril de 2000 en causa n° 18.191, en la cual se le impuso la pena de reclusión perpetua con más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de secuestro coactivo agravado, homicidio calificado -cuatro hechos- en concurso real, evasión en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, tenencia ilegal de arma de guerra, todos en concurso real -hecho ocurrido en Sierra Chica, partido de Olavarría entre los días 30 de marzo y 7 de abril de 1996-. Aclaró que dicha sentencia había sido recurrida a Casación quien eliminó la reclusión accesoria del art. 52 del Código Penal, luego reimplantada por esta Corte provincial merced al fallo dictado a consecuencia del recurso deducido por el Ministerio Público Fiscal (v. fs. 3 y vta. y 5); la segunda condena fue la pronunciada por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que impuso a Brandán Juárez la pena única de veinticinco años de reclusión, comprensiva de la de diez años de reclusión aplicada en causa n° 415 por sentencia del 1 de diciembre de 1999 y de la recaída en causa n° 28.421 del Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 1 de San Isidro de dieciséis años de reclusión, accesorias legales y costas (v. fs. 3 vta.); finalmente, la tercera fue la dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Morón en causa n° 2.056 del 27 de marzo de 2012, en donde se le aplicó al imputado la pena de dieciséis años de prisión, manteniendo la declaración de reincidente, por ser autor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra, privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la participación de tres personas y por el uso de arma de fuego, todos en concurso real entre sí (v. fs. cit.).
Seguidamente, indicó que se trataba de un caso de unificación mixta: de sentencias por una parte y de penas por otra respecto de los delitos posteriores a ella y que no existían inconvenientes como para establecer -conforme la petición fiscal- una pena definitiva de reclusión perpetua (v. fs. 4 y vta.).
A continuación, abordó el pedido de inconstitucionalidad de la pena accesoria por tiempo indeterminado (art. 52, Cód. Penal) peticionado por la defensa de Brandán Juárez y señaló que el planteo era extemporáneo por cuanto recaía sobre una pena accesoria que había sido impuesta mediante una sentencia que se hallaba firme y consentida, haciendo cosa juzgada (v. fs. 4 vta.).
Señaló que, luego de que esta Suprema Corte -en lo que es de interés- reimplantara la mentada accesoria -causa P. 99.586-, "...lo referido al hecho en su exteriorización material, la autoría [...], la calificación legal otorgada y la pena impuesta quedaron consentidas, al no haber mediado recurso alguno respecto del encartado Brandán Juárez" (fs. 5), y añadió que "De no admitirse [esa] interpretación se estaría poniendo en crisis la estabilidad del procedimiento y el legítimo control que de los actos del proceso hacen los órganos creados al efecto..." (fs. cit.), y que no se debe olvidar que "...el procedimiento es uno solo y que está formado por una sucesión de actos ordenados y consecutivos, vinculados causalmente entre sí, que llevan a transitar sus distintos grados en un progresivo desarrollo hacia una resolución definitiva, grados o etapas que una vez alcanzados hay que consolidar otorgándoles el carácter firme de la llamada 'cosa juzgada formal' para evitar retrogradar en la serie e infringir un grave menoscabo a los principios de economía, perentoriedad y celeridad" (fs. ídem).
Finalmente, en cuanto al pedido de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal por vedar -según la defensa- la posibilidad de obtener la libertad condicional cuando se es declarado reincidente, el Tribunal de Alzada sostuvo que tratándose la suya de una decisión limitada a la pena única, no correspondía expedirse al respecto, debiendo diferir su tratamiento para el caso de una eventual intervención del juzgado de ejecución en el supuesto de que se adoptare alguna decisión que impidiera la obtención de la libertad del condenado y ello fuese motivo de impugnación ante su sede (v. fs. 7).
III.2. En el recurso de casación la defensa oficial de Marcelo Alejandro Brandán Juárez tachó de arbitraria la decisión de la Cámara por omisión de tratamiento de una cuestión dirimente que, sustentada en una errónea interpretación del derecho (erróneo alcance del efecto de la cosa juzgada), terminó por no resolver el caso constitucional planteado (v. fs. 15/21).
III.3. El Tribunal de Casación desestimó el recurso y para ello se valió de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual las cuestiones constitucionales deben plantearse en la primera oportunidad posible en el curso del proceso (CSJN Fallos: 316:64), exigencia que tiene por objeto que el tema de agravio haya sido sometido a las instancias ordinarias y debatido en ellas, evitando así lo que constituye una reflexión tardía (CSJN Fallos: 314:110); a lo que añadió que también ese Alto Tribunal había resuelto la improcedencia de los recursos extraordinarios "...respecto a cuestiones federales que, aunque oportunamente introducidas en el juicio, no fueron mantenidas durante el curso subsiguiente del proceso y [esa] omisión impidió que el tribunal a quo considerara y decidiera aquella materia ([CSJN] Fallos 239:454; 243:330; 248:51; 296:22; 307:1985)" (fs. 62 vta.).
Seguidamente, sostuvo -en coincidencia con la postura del Ministerio Público Fiscal- que las cuestiones federales que el recurrente pretendía introducir en esa oportunidad resultaban extemporáneas, en razón de que reimpuesta la accesoria del art. 52 con relación al art. 80, ambos del Código Penal, por decisión de esta Corte que sostuvo su constitucionalidad al pronunciarse en el marco del recurso extraordinario articulado contra la sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal que la había excluido, y sin que el impugnante hubiera demostrado la imposibilidad de oportuna interposición del recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48, el tema había quedado definitivamente decidido por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (v. fs. 62 vta. y 63).
IV.1.a. Como fuera adelantado el recurso adolece de insuficiencia, por cuanto frente al tratamiento dado a la cuestión -con sustento en la doctrina del Alto Tribunal federal vinculada con que las cuestiones constitucionales deben plantearse en la primera oportunidad posible en el curso del proceso y mantenidas subsiguientemente-, el a quo resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la pena accesoria del art. 52 del Código Penal, frente a ello el recurrente insiste con su postura llevada en el recurso de casación (v. fs. 15/21), sin rebatir todos y cada uno de los argumentos esgrimidos para desestimar la pretensión (art. 495, CPP).
Tal y como lo sostiene el señor Procurador General en su dictamen, la parte tuvo la posibilidad de introducir el agravio constitucional -luego de que esta Corte dictara sentencia el 16 de julio de 2014 en causa P. 99.586, ocasión en donde se decidió acoger el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el fiscal y reimplantar la accesoria cuestionada-, y no lo hizo, de modo tal que ese pronunciamiento ha pasado en autoridad de cosa juzgada sin que la defensa de Brandán Juárez se agraviara de ello en esa ocasión.
El déficit señalado precedentemente resulta dirimente a fin de obturar el progreso del planteo formulado por la defensa técnica del imputado (art. 495, cit.), sin que resulte necesario efectuar ninguna otra consideración en torno al criterio empleado por el tribunal casatorio vinculado con la tempestividad del planteo constitucional, temática esta última respecto de la cual mantengo mi postura vertida en la causa P. 104.085, sentencia de 11-III-2009 y las que le siguieron (conf., mis votos, causas P. 102.000, sent. de 18-III-2009; P. 118.716, sent. de 2-XII-2015; P. 126.331, sent. de 10-V-2017; P. 126.212, sent. de 6-VI-2018; P. 127.718, sent. de 19-IX-2018; e.o.).
IV.1.b. Tampoco prospera la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva.
Por un lado, porque las alegaciones que trae el recurrente en torno a que en el caso se inobservó el art. 58 en función del art. 80, ambos del Código Penal, al confirmar la sentencia unificadora que impuso una pena accesoria que resultaba optativa para el juez de la unificación -a su criterio- (v. fs. 98 vta. y 99), no fue llevado ante la instancia intermedia en el recurso de casación (v. fs. 15/21), de modo tal que este reclamo es extemporáneo (doctr. art. 451, CPP).
Por otro, la Casación resolvió que resultaban "...irrevisables para el tribunal que dicta la pena única las cuestiones federales que pudieran derivarse de la aplicación al caso de una consecuencia accesoria de la pena única de reclusión perpetua impuesta (y por ende necesariamente ligada a ella) ya resuelta por sentencia firme, pues las reglas del artículo 58 del Código Penal, sólo tienen por objeto asegurar el principio de unidad penal, según el cual cuando medie un concurso real de delitos debe aplicarse una pena total dentro de la escala que surge del sistema de los artículos 55 y 56 del mismo código, pero no habilitan al juez o tribunal a volver a decidir sobre lo ya resuelto" (fs. 63).
Aquí he de coincidir con los argumentos expuestos por la Procuración General en virtud de los cuales postuló la desestimación de la pretensión de la parte (v. fs. 120 y vta.), pues frente a lo decidido queda sin sustento la crítica de la defensa fundada en que el Tribunal de Casación Penal no habría dado tratamiento "...ni explícita ni implícitamente, los reclamos en cuanto a la eliminación de la penalidad accesoria" (fs. 99), omitiendo hacerse cargo de lo antes reseñado o evidenciar los motivos, por lo que debería eliminarse la mentada accesoria en el proceso unificatorio (art. 495, CPP).
Cabe agregar que la interpretación dada en el fallo intermedio a lo dispuesto en el art. 58 del Código Penal, resulta ser una de las exégesis posibles y no demuestra la parte que ello resulte erróneo o contrario a los principios constitucionales que alega como vulnerados (art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del doctor Pettigiani. Simplemente, dado que mi colega aludió a su postura sobre la tempestividad del planteo constitucional (v. punto IV.1.a, último párrafo), recuerdo aquí la mía, vertida en P. 131.910, sentencia de 15-IX-2020.
Con esa aclaración, voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2021 12:51:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/02/2021 15:23:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/02/2021 10:48:55 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 0
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.