Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132385
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.385, "Altuve, Carlos Arturo s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 47.946 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Genoud , Torres , Soria .
La Sala I de Transición del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de agosto de 2018 en virtud del reenvío dispuesto por esta Corte por sentencia dictada en causa P. 125.928, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de Héctor Aníbal Tartaglione contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que lo había condenado a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio. En consecuencia, casó la sentencia impugnada en cuanto a la calificación legal, encuadró el hecho como exceso en la legítima defensa, y lo condenó a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 354/361 vta. con relación a fs. 18/41).
Frente a lo así resuelto, el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación, doctor Carlos Arturo Altuve (v. fs. 366/369 vta.), y el señor Defensor Adjunto ante esa instancia, doctor José María Hernández (v. fs. 397/405 vta.), articularon sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley. Por resolución del 8 de febrero de 2019, el a quo concedió el primero y denegó el segundo (v. fs. 406/409 vta.). Interpuesta queja por parte de la defensa oficial (v. fs. 128/136 vta., causa P. 132.250-Q), el 14 de agosto de 2019 esta Suprema Corte la admitió y concedió el recurso de inaplicabilidad de ley (v. fs. 137/140).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 442/453), dictada la providencia de autos (v. fs. 454), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal?
2ª) ¿Lo es el recurso de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Héctor Aníbal Tartaglione?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Previo a ingresar al análisis del recurso en examen, cabe realizar una breve reseña del derrotero procesal de la presente causa para una mejor comprensión de la solución a la que se arribará en el caso.
I.1. El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora tuvo por acreditado que "...el día 26 de diciembre de 2004 siendo aproximadamente las 19:00 horas en la intersección de las calles Cangallo y Méndez de la localidad de Wilde, Partido de Avellaneda, tras tomar conocimiento que en dicha intersección se estaría cometiendo un hecho ilícito un sujeto de sexo masculino salió a la calle y efectuó con la clara intención de efectuarle la muerte por lo menos seis disparos con un arma de fuego, tipo pistola, marca Browning, calibre 9 mm nº 242100, propiedad de la policía bonaerense, contra Jonatan Ezequiel Mesa, causándole lesiones que le provocaron el óbito" (fs. 18 vta.).
El suceso fue calificado como homicidio en los
términos del art. 79 del Código Penal, condenando a Héctor Aníbal Tartaglione a la pena de trece años de prisión (v. fs. 35 vta. y 36).
El tribunal le reprochó a Tartaglione "...la falta de razonabilidad exhibida al accionar tantas veces su arma reglamentaria contra quien ya herido, emprendía la huida, en una calle de tránsito urbano, habiendo cesado definitivamente la situación de necesidad con que la defensa pretende amparada su conducta, pudiendo haber acudido [...] a un curso causal menos lesivo teniendo en cuenta especialmente que pudo ingresar tres veces -según su declaración- al domicilio en el que se encontraba, solicitando ayuda, permaneciendo a resguardo en espera de la intervención del personal policial" (fs. 31 y vta.).
I.2. Contra ello, interpuso recurso de casación la defensa particular del imputado (v. fs. 49/68 vta.).
I.3. El tribunal intermedio, a pesar de haber señalado inicialmente que el recurso de casación podía descalificarse porque reeditaba elementos que ya se habían considerado en el fallo y se basó, en la mayor parte de sus contenidos, en suministrar un cuadro de los hechos en partes centrales diametralmente distinto del adoptado por los jueces de grado, sostuvo la aplicación del art. 34 del Código Penal y en base a ello decidió la absolución de Héctor Aníbal Tartaglione por entender justificada su conducta (art. 34 inc. 6, Cód. Penal).
I.4. Frente a esa decisión, el señor Fiscal ante la aludida instancia, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 139/148 vta.); igual recurso dedujeron los progenitores de la víctima Jonathan Ezequiel Mesa constituidos en carácter de particulares damnificados (v. fs. 213/231). Ambas presentaciones fueron concedidas por auto dictado por el tribunal intermedio el 26 de junio de 2015 (v. fs. 236/238 vta.).
I.5. Esta Suprema Corte, por sentencia dictada el 31 de octubre de 2016, hizo lugar -por mayoría y de modo parcial- a los recursos extraordinarios deducidos (v. fs. 271/284).
Sin abrir juicio acerca de la solución que en definitiva correspondía asignar a la cuestión debatida, decidió devolver las actuaciones al tribunal intermedio a fin de que se abordaran todas las cuestiones formuladas por la defensa de Tartaglione en ocasión de recurrir a esa instancia, en particular aquellas relacionadas con la falta de acreditación del dolo directo en relación con la subsunción jurídica actuada (art. 79, Cód. Penal) y los planteos formulados en subsidio relacionados con la aplicación de las previsiones del art. 35 del Código Penal (exceso en la legítima defensa propia o de terceros) y el acápite de determinación de la pena (v. fs. 283).
I.6. Vueltos los autos a la Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 7 de agosto de 2018 dictó sentencia y haciendo lugar parcialmente al recurso deducido por la defensa de Tartaglione, mutó la calificación legal de homicidio por la de exceso en la legítima defensa y readecuó la pena fijándola en tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 354/361 vta.).
De conformidad con la decisión adoptada por esta Suprema Corte, el a quo abordó los agravios de la defensa y comenzó por el vinculado con la tacha de nulidad del acta de debate el cual descartó (v. fs. 356 y vta.); también desestimó el referido a la capacidad para atestiguar de Sabrina Chiofalo (v. fs. 356 vta. y 357); igual decisión adoptó respecto de las críticas a la valoración probatoria llevada a cabo para tener por acreditada la autoría del imputado (v. fs. 357/358 vta.).
Por último, y en lo que importa, agrupó los agravios referidos a la calificación legal del hecho y los abordó de manera conjunta. En primer lugar, sostuvo que: "...para que proceda la causal de justificación contemplada en el art. 34 incs. 6 y 7 resulta necesaria la concurrencia de una agresión actual e ilegítima, la racionalidad del medio empleado para repeler esa agresión y falta de provocación suficiente por parte de quien ejerce la defensa", y para la aplicación del art. 35 del Código de fondo "...será necesario que, inicialmente la actuación del autor esté justificada, pero en determinado momento, la situación de base desaparezca sin que el justificado lo advierta. De esta manera, se lo castiga como un 'error de tipo de la justificación', debido a que el individuo no se dio cuenta de que el peligro que lo autorizaba a defenderse había cesado (cfr. c. 67.838, 'Longone')" (fs. 358 vta. y 359).
Seguidamente, señaló que en el caso llegaba indiscutido el hecho de que la víctima apuntó al imputado con un revólver, el cual conforme a las pericias realizadas se hallaba percutido en tres oportunidades consecutivas, y que dicha circunstancia fue la que motivó el accionar del imputado; en ese contexto afirmó que existió una agresión "actual e ilegítima" por parte de la víctima además de falta de provocación suficiente por parte de quien, en principio, ejerció la defensa (v. fs. 359 y vta.).
A partir de ello consideró que, si bien Tartaglione inició su defensa justificadamente pero desproporcionada en el tramo final, por aplicación del beneficio de la duda, correspondía considerar que el imputado había ignorado que el peligro que lo autorizaba a ejercer su defensa ya había cesado, por lo que resultaba pertinente encuadrar su accionar en la figura del exceso en la legítima defensa (art. 35, Cód. Penal; v. fs. 359 vta. y 360).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el representante fiscal contra dicho pronunciamiento, que fuera admitido a fs. 406/409 vta., dicha parte denuncia la errónea aplicación del art. 34 inc. 6 en su relación con el art. 35, ambos del Código Penal y la inobservancia del art. 79 del mismo cuerpo legal, por entender que en el caso no concurrieron los requisitos de la legítima defensa; en particular consideró que no se cumplió con la exigencia de "actualidad o inminencia" de la agresión ilegítima, la que -a su juicio- habría ya cesado cuando Tartaglione produjo los disparos sobre la humanidad de la víctima (v. fs. 367 vta. y 368).
Sostuvo que de conformidad con los testimonios recibidos durante la audiencia de debate y la prueba incorporada al mismo por lectura, Tartaglione efectuó los disparos que provocaron la muerte del joven Mesa con posterioridad a que los sujetos -que previamente habían intentado el despojo- se dieran a la fuga, habiéndose desprendido aquel del arma en su poder, por lo que la agresión ya había sido neutralizada cuando Tartaglione efectuó los seis disparos (v. fs. 368 vta.).
En sustento de su postura citó doctrina de autores y un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 211:482). Finalmente, y de conformidad con lo expuesto, señaló que el suceso tampoco encuadraba en un supuesto de exceso en la legítima defensa conforme el art. 35 del Código Penal (v. fs. 368 vta. y 369).
III. El señor Procurador General sostuvo el recurso deducido por el señor Fiscal al considerar que el tribunal intermedio había inobservado, a través del dictado de una sentencia arbitraria, lo dispuesto por el art. 79 del Código Penal (v. fs. 442/453).
IV. El recurso no prospera, pues la crítica que se formula en la pieza impugnativa en análisis no se encarga de rebatir uno de los argumentos expuestos que dan sostén a la decisión (art. 495, CPP).
Los fragmentos del pronunciamiento recurrido (transcriptos más arriba en el apartado I.6.) hacen pie en la construcción de la materia fáctica sobre las que -en principio- no corresponde la fiscalización de esta Corte. Me refiero en particular a la configuración del estado de duda sobre la situación de necesidad aprehendida por Tartaglione con base en la "dinámica de los hechos" que "...impidió que el imputado observara que la víctima ya no portaba el arma de fuego con la que había iniciado el ataque y que por lo tanto la circunstancia de peligro no se encontraba vigente" (fs. 359 vta.).
En efecto, el Tribunal de Casación aplicó la figura prevista en el art. 35 del Código Penal -planteo subsidiario que esta Corte había ordenado analizar en la anterior intervención- con sustento en el pretenso error en que habría incurrido el imputado sobre la persistencia (real) de la agresión, sin que aquí venga ello derechamente cuestionado a partir de una denuncia de arbitrariedad o con motivo de un absurdo probatorio, únicas excepciones que habilitarían su escrutinio.
En consecuencia, en el acotado margen competencial admitido, la solución dada por el Tribunal de Casación no puede ser revertida sin ingresar al análisis de la acreditación de los elementos que -a su entender- pudieron haber llevado al autor a creer -erróneamente- que repelía un ataque (si bien real) que en rigor ya había culminado.
Por ello, descartada por Casación la posibilidad de arribar a un juicio de certeza negativo sobre la inexistencia de un error (imputable al autor) sobre uno de los elementos del tipo permisivo (actualidad de la agresión), el margen de duda opera favor rei , sin que la aplicación de dicha regla ( in dubio pro reo ) haya sido correctamente discutida en la impugnación (art. 495, CPP).
Por eso no le basta al recurrente con insistir en que no hubo actualidad al momento de la repulsa, porque el tribunal no ha afirmado su existencia, sino que infirió que el autor pudo razonablemente creer que la agresión se mantenía de algún modo latente al estimar que Mesa conservaba el arma en su poder, aunque posteriormente se demostró que no fue así, jugando el beneficio de la duda a favor de la afirmación de esa circunstancia.
Entonces, indemne el argumento de que Tartaglione inició su defensa justificadamente pero desproporcionada en el tramo final, tanto por el exceso intensivo (en los medios), como el extensivo (respecto del elemento "actualidad"), derivado del error evitable sobre dicho tópico, por la indicada insuficiencia impugnativa no logra justificar la arbitraria aplicación de la figura del exceso en la legítima defensa dispuesta por la Casación (art. 35, Cód. Penal; v. fs. 359 vta. y 360).
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan. Concuerdo con mi distinguida colega en que -en el marco de conocimiento habilitado para ante esta Corte- el recurso del señor Fiscal se revela insuficiente para contrarrestar la decisión impugnada (art. 495, CPP y su doctr.).
Ello impide avanzar en consideraciones que quedaron marginadas del ámbito competencial, ya que no fueron esbozadas por el recurrente circunstancias de excepción que habrían posibilitado, en su caso, el análisis sobre la corrección de lo resuelto en la apreciación sobre los hechos, máxime en el caso en el que se investiga un suceso de las características que dan cuenta las actuaciones traídas.
Con esa aclaración, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor Defensor Oficial Adjunto ante la instancia intermedia, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y formuló los siguientes agravios: I.1. Tachó la sentencia recurrida de arbitraria por prescindencia de la letra expresa de la ley e interpretación del art. 35 del Código Penal en infracción directa al principio de legalidad y al principio de culpabilidad (arts. 18, 19 y 33, Const. nac. y 9, CADH; v. fs. 400 vta.).
Sostuvo que el tribunal casatorio agregó al exceso en la legítima defensa un requisito no exigido por la norma: el error sobre la subsistencia de la situación de necesidad que habilita la causa de justificación, en el caso, de la agresión ilegítima.
Refirió que esa interpretación desconoció el art. 34 inc. 1 del Código Penal, en cuanto este prevé el supuesto de un error sobre la concurrencia o subsistencia de un presupuesto fáctico de una causa de justificación y habilita la reducción del reproche o su completa eliminación si se trata de un error invencible; el pronunciamiento en crisis, a su modo de ver, eludió lo normado en el art. 35 del Código fondal pues para que el mismo se aplique alcanzaba con que el autor hubiera excedido objetivamente los límites de la justificación, sin que se requiera error; además, alegó el recurrente que el sentenciante no efectuó una interpretación armónica con lo dispuesto en el art. 34 citado, que regula el error invocado y prevé la imposibilidad de reproche o uno menor de un injusto que fue cometido con exceso en la justificación (v. fs. 401 y vta.).
Agregó que el fallo analizó conjunta y no sucesivamente, bajo un mismo y único instituto -el exceso en la legítima defensa regulado en el art. 35 del Código Penal, la disminución objetiva del grado de injusto y el conocimiento (o falta del mismo) que pudo haber existido sobre dicha circunstancia fáctica en el plano subjetivo error de prohibición indirecto- que debió ser ponderado a la hora de efectuar el juicio de culpabilidad (v. fs. 402).
Estimó que al adunarse el requisito de existencia de un error sobre la subsistencia de las condiciones objetivas de operatividad de una causa de justificación, se desconoce el límite de resistencia semántica de la norma que requiere únicamente la concurrencia objetiva del exceso y nada dice sobre la existencia de un aspecto subjetivo, vulnerando el principio de legalidad (v. fs. cit.).
Suma a lo expuesto, que además se vulneró el principio de culpabilidad en tanto evita sopesar el error (vencible o invencible) que pudo haber existido sobre las circunstancias fácticas que determinan los límites de la tipicidad permisiva, para eliminar o disminuir el reproche; es que "...bajo la vigencia del principio constitucional de culpabilidad, a la hora de efectuar el reproche de un injusto a su autor, se debe tomar en consideración que el sujeto excede por error el límite de lo permitido y tal análisis es independiente y subsiguiente a la verificación del menor grado de injusto dada por una conducta que comienza siendo defensiva y que continúa cuando ya ha cesado la agresión" (fs. 402 y vta.).
Consideró que "...una interpretación del [art.] 35 del CP que resulte compatible con el principio de culpabilidad (y que reconozca la regulación intrasistemática del error en el artículo 34 inc. 1 del CP, no en el art. 35 del CP), demanda la consideración separada de la concurrencia objetiva de la reducción de la antijuridicidad, por tratarse de una conducta que comienza al amparo de una causa de justificación y sólo se agota antijurídicamente, y del reproche personalizado que merece la existencia de un error de parte de Tartaglione dada su inadvertencia de la desaparición de la situación de necesidad" (fs. 402 vta.).
Por las razones expuestas, solicitó la absolución de su asistido al considerar que el error de prohibición relevado por el juzgador resultó invencible a la luz de la situación de emergencia en que se originó, y, subsidiariamente, solicitó se disponga el reenvío de los autos para el caso de que se considere que no han sido tratados los extremos del hecho sobre la vencibilidad o invencibilidad del error por parte del Tribunal de Casación, a fin de resguardar la doble instancia (v. fs. 403).
I.2. Por último, se ocupó de las infracciones federales derivadas de la fijación de una pena omitiendo el previo visu del imputado -derecho a ser oído-, del fin resocializador de las penas, y la necesidad de que las decisiones judiciales se adopten de manera fundada (conf. arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 5.6 y 8.1, CADH) -ver fs. 403-.
Sostuvo que el Tribunal de Casación fijó pena sin haber tomado previamente conocimiento de visu del imputado, y por ende sin tener en cuenta sus condiciones personales, en vulneración a lo dispuesto en el art. 41 inc. 2 in fine del Código Penal y al derecho de defensa en juicio y el debido proceso (v. fs. cit.).
En sustento de su postura trajo a colación lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Maldonado", y añadió a lo expuesto que lo decidido sin previa audiencia de visu del condenado importó prescindir del recto sentido y alcance que debe darse al art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 404 y vta.).
Finalmente, adujo que la decisión adoptada resultó infundada al carecer del soporte fáctico indispensable para resolver, y, en ese sentido, infringió la razonabilidad que debe guiar los actos de los poderes públicos (art. 1, Const. nac.) y e
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