Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132439
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.439, "Z., C. M.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 66.552 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de septiembre de 2014, rechazó -por improcedente- el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de C. M. Z. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Morón que lo condenó a la pena única de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, omnicomprensiva de la sanción de cuatro años y ocho meses -de igual especie de pena- impuesta en el marco de la causa n° 650/12 (por reprocharle la autoría penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por ningún modo acreditada y tenencia ilegal de arma de guerra) y la de tres años y cuatro meses, bajo la modalidad de arresto domiciliario (en virtud de la autoría de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa) en causa n° 334 del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 de Morón (v. fs. 45/49 vta.).
El señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 65/81 vta.), el que resultó concedido por la aludida Sala (v. fs. 82/85 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 108/111 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 112), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido el señor defensor oficial adjunto denunció dos cuestiones:
I.1. Por un lado, la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal en infracción a las Reglas de Beijing.
Afirmó que la sanción del fuero minoril tiene objetivos, medios y propósitos específicos, no resultando equiparable a la de adultos (v. fs. 69 y vta.). Destacó que los principios fundamentales del sistema penal de menores emanan de los arts. 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño, que la condena impuesta bajo ese régimen no puede gravitar en un trámite de mayores, y que las Reglas citadas configuran un estándar interpretativo -art. 21.2. y Observación General n° 10 del Comité de los Derechos del Niño- (v. fs. 70 y vta.).
Denunció absurdo en la unificación de sanciones de distinta naturaleza y explicó que la sentencia revisora confirmó una pena única, comprensiva de otra dictada en el fuero de menores cuyo vencimiento operaba en cinco días, en desmedro de la normativa citada -arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- (v. fs. 71).
Señaló que la sentencia intermedia desconoció el estándar interpretativo mencionado al sostener la inexistencia de una previsión legislativa que impidiera la unificación entre fueros (v. fs. 72). Insistió en la finalidad diversa que posee la privación de la libertad de un menor con relación a la de un mayor -arts. 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño y 1 de las leyes 12.256 y 24.660- y dijo que el órgano de Casación intentó igualar situaciones disímiles e imposibles de equiparar. Destacó que en los procesos de adultos una segunda condena podría dar lugar a la reincidencia, lo que no ocurre con los menores infractores -arts. 50 del Código Penal y 21.2. de la Convención de los Derechos del Niño- (v. fs. 72 vta. y 73). Sostuvo que el Tribunal revisor negó la cuestión constitucional acaecida (v. fs. cit.).
Entendió que la instancia de grado debió ponderar la aplicación del art. 58 del Código Penal bajo un estándar de razonabilidad. Indicó que el retardo con el que el órgano de garantías y la fiscalía intervinientes en el proceso de adultos informaron la detención de Z. al fuero minoril (un año y medio después), repercutió en el término ad quem de la pena y debió gravitar sobre su determinación. Expuso que, de haber sido diligentes, la reanudación del plazo de detención y el vencimiento de la pena hubiesen operado con bastante antelación, esto es, el 25 de octubre de 2013 (v. fs. 73 vta.).
Observó que bajo una interpretación pro homine las normas y garantías que rigen el proceso del menor deben tutelar hasta la ejecución de la pena, aun cuando haya cumplido la mayoría de edad, lo que impide toda unificación con un proceso de adultos -art. 58 del Código Penal, a contrario sensu -. En consecuencia, pidió la anulación del fallo revisor (v. fs. 74).
I.2. En segundo término, en subsidio, denunció la errónea revisión de la sentencia de condena y la interpretación desfavorable del art. 58 del Código Penal -arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- (v. fs. 74 in fine ).
Cuestionó el modo en que la sentencia unificadora contabilizó el tiempo de detención. Se explayó sobre los diferentes supuestos contenidos en la norma fondal (unificación de condenas y de penas), y detalló que -en el caso- la dilación en comunicar la detención en la causa seguida a Z. siendo mayor imposibilitó que el fuero juvenil reanudara el plazo de privación de la libertad en su proceso, y -consecuentemente- operase el vencimiento de la pena con antelación (v. fs. 77 vta. y 78).
Reiteró que el Tribunal en lo Criminal unificó los procesos cinco días antes que operase el vencimiento del reproche impuesto en el fuero especial, sumando ambas sanciones en desconsideración del tiempo que estuvo privado de su libertad, lo que provocó la extensión en el plazo de detención. Es decir, un perjuicio de imposible reparación ulterior (v. fs. 78 y vta.).
Indicó que de utilizarse el sistema más perjudicial (suma aritmética), el reproche total no podría superar los cuatro años, ocho meses y cinco días. Aseveró que, de todos modos, el órgano casatorio confirmó una reacción única compuesta por una fracción de pena ya cumplida, lo que amén de quebrantar el art. 58 citado, torna inaplicables las reglas del concurso (v. fs. 78 vta.). Denunció la violación al principio de legalidad, a la cosa juzgada y a la prohibición de la doble persecución penal (v. fs. 79 y vta.). Explicó que también operó la vulneración al principio de igualdad de trato pues la suma total no contempló su calidad de condenado, todo ello en menoscabo al debido proceso y la defensa en juicio -arts. 16, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional- (v. fs. 79 vta.).
Para finalizar, requirió la aplicación del sistema composicional a fin de resguardar las garantías constitucionales precitadas, y sostuvo que el Tribunal casatorio no dio debida respuesta a esa petición ni atendió la función fiscalizadora sobre la mala interpretación de la ley fondal -art. 58 citado-. Afirmó que ello implicó una revisión meramente formal, en incumplimiento de los estándares fijados por el Máximo Tribunal federal y esta Suprema Corte -conf. "Casal" y causas P. 99.084 y P. 89.939, respectivamente- (v. fs. cit. vta.).
Añadió el menoscabo al in dubio pro reo y requirió la casación del fallo con reenvío para el dictado de una nueva pena única (v. fs. 81).
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso intentado (v. fs. 108/111 vta.).
III. Coincido con lo dictaminado, pues en mi opinión el carril extraordinario impetrado no puede tener favorable acogida.
III.1.a. Tal como ha quedado expuesto la parte esgrime la errónea aplicación del art. 58 del Código fondal con hincapié en la gravitación de las Reglas de Beijing y la normativa convencional (v. apartado I.1.).
En primer lugar cabe señalar que al resolver el planteo sobre la violación al art. 58 del Código Penal con sustento -en lo medular- en que el fuero de menores contiene principios y finalidades específicas que impiden la conjunción de condenas con el de mayores, la Sala Segunda del Tribunal de Casación afirmó que las particularidades que presenta la normativa penal juvenil no obstan a la corrección en el procedimiento unificatorio, pues la finalidad del art. 58 del Código Penal radica en asegurar las reglas del concurso garantizando la unidad penal en el territorio en pos de evitar que un condenado múltiple por diversos organismos quede sometido a un régimen punitivo plural, e indicó que resulta obligatorio para el juez la aplicación de esas reglas (v. fs. 46 vta.).
Añadió que, aunque la sanción juvenil responda a los fines básicos de la Convención sobre Derechos del Niño, consideró ausente -en el caso- impedimento constitucional alguno, máxime cuando en el caso de Z., en el marco del art. 4 de la ley 22.278, se optó por la opción más gravosa y de ultima ratio (imposición de una pena que no presenta ninguna diferencia en su naturaleza), dejándose de lado las opciones tuitivas del procedimiento especial (v. fs. 47).
III.1.b. Ahora bien, la inteligencia del sistema de unificación de penas así interpretada y entendida por el Tribunal de Casación a los efectos de concluir en su aplicación al caso no viene debidamente replicada, en los términos de absurdo y arbitrariedad en que ha encarrilado su agravio el impugnante.
Es que -en rigor- el quejoso insiste en que la pena dictada en el fuero de responsabilidad penal juvenil debe quedar al margen de la regla del art. 58 del régimen de la materia, discrepando respecto de la inexistencia de una previsión legislativa que impida la unificación; empero, más allá de esa discordancia, no logra evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas que rigen el Fuero Penal Juvenil, y sin que -por otra parte- se advierta infracción a norma o principio constitucional alguno (doctr. art. 495, CPP; mutatis mutandis causas P. 125.396, sent. de 18-X-2017; P. 126.356, sent. de 11-IV-2018 y P. 124.568, sent. de 20-III-2019; e.o.).
El mero señalamiento de la Regla 21.2. en cuanto dispone que los registros de menores delincuentes "...no se utilizarán en procesos de adultos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicado el mismo delincuente", no abastece, en el margen de la arbitrariedad invocada, para revocar lo decidido. Pues lo que busca la regla citada es evitar que el uso de dicha información empeore la situación jurídica del joven en un proceso sucesivo. Y en el caso bajo análisis no se demostró que se haya realizado una comunicación de antecedentes contraria a la doctrina en causa P. 114.153 (resol. de 4-V-2016) donde se estableció la imposibilidad de comunicar el resultado del proceso del menor al Registro Nacional de Reincidencia, toda vez que nuestra Provincia posee el específico Registro de Procesos del Niño (de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de la ley 13.634).
Tampoco surge del caso que la condena impuesta en el fuero de responsabilidad penal juvenil fuera utilizada como base para dictar la sentencia en el proceso de adultos.
Es menester recordar que ya en otras oportunidades esta Corte ha repelido impugnaciones que contenían argumentos de similar tenor a los aquí introducidos (v., entre muchas otras, causas P. 123.476, sent. de 31-V-2017; P. 125.396, sent. de 18-X-2017; P. 120.262, sent. de 13-XII-2017; P. 125.235, sent. de 13-III-2018; P. 126.316, sent. de 14-III-2018; P. 129.330, sent. de 4-VII-2018; P. 131.029, sent. de 10-IV-2019) en la medida en que no se logra advertir con meridiana claridad que las específicas garantías que sustentan el fuero de responsabilidad penal juvenil invaliden de algún modo el sistema de reacción penal única que posee nuestro derecho interno.
Es que, justamente, el sistema de pena total impide que dos o más penas sean aplicadas simultáneamente a una misma persona o que ésta deba cumplir paralela o sucesivamente más de una. Sin embargo, la parte impugnante no explica cómo administrar la coexistencia de dos penas a prisión, más allá de que una de ellas se asiente en parámetros, principios y fines específicos del juzgamiento especializado (conf. mi voto en causa P. 131.562, sent. de 15-IX-2020).
De este modo las características de su reclamo obstan su viabilidad por insuficiencia impugnativa (arg. art. 495, CPP).
A ello cabe agregar que las alegaciones en torno a la prontitud del vencimiento de una de las sanciones al momento de ser unificada, las consecuencias disímiles de las penas en relación al art. 50 del Código Penal, y el retardo con el que le fue informada al órgano del fuero específico la detención de Z. -ver fs. 71/73 vta.-, no fueron llevadas en la oportunidad prevista (art. 451, CPP).
III.2. Ahora bien, tampoco progresa la denuncia -traída en subsidio- sobre la errónea revisión de la sentencia de condena, a partir de una interpretación in malam partem de la norma sustantiva (art. 58, Cód. Penal) por no contabilizar el lapso de detención de la condena anterior, en razón del carácter inoportuno que reviste.
Veamos.
III.2.a. Si bien al interponer el recurso casatorio (art. 450, CPP) la parte confrontó el quantum sancionatorio por excesivo e injustificado, postulando que la configuración del reproche a partir del método composicional devenía más adecuada (v. fs. 27/32 vta.), lo cual fue motivo de respuesta por la Sala Segunda del Tribunal intermedio (v. fs. 47/49), lo cierto es que -en dicha oportunidad- nada dijo sobre los menoscabos que aquí denuncia, ni se pronunció sobre el mecanismo de composición de la sanción a partir de la suma por el remanente.
III.2.b. En consecuencia, al ser alegados recién en oportunidad de interposición de la vía aquí examinada dicho órgano jurisdiccional no estaba obligado a su tratamiento (art. 451 tercer párrafo, CPP; conf. arraigada doctrina de esta Corte, causas P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 91.185, sent. de 20-XII-2006; P. 102.093, sent. de 17-XII-2008; P. 106.865, sent. de 16-VIII-2017; P. 128.912, sent. de 29-VIII-2018; P. 131.427, sent. de 24-IV-2019; e.o.).
Este Tribunal ha sostenido que el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término "...el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos".
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Pettigiani y de Lázzari , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2021 10:20:07 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2021 14:01:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2021 14:32:12 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2021 15:46:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/02/2021 16:37:35 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia